SALA PLENA


RESOLUCION:                        113/2014

FECHA:                                Sucre, 16 de julio de 2014

EXPEDIENTE Nº:                        197/2013

PROCESO:        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Fondo Financiero FASSIL S.A. contra el  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

VISTOS EN SALA PLENA: Las solicitudes de suspensión de la ejecución de acto administrativo de fojas 163 a 165 y 188 a 193, respecto a la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 085/2012 de 28 de diciembre de 2012, que formula Roberto Arturo Corrales Dorado en representación del Fondo Financiero Privado FASSIL S.A.; los antecedentes procesales y el informe de la Magistrada Norka Natalia Mercado Guzmán.

CONSIDERANDO: Que en el memorial que cursa de fojas 163 a 165, el demandante, para “evitar grave perjuicio a la institucn financiera, solicita se suspenda la ejecución del acto administrativo que ordenó la suspensión del cobro por concepto de mantenimiento de líneas de crédito, verificaciones domiciliarias y gestiones de cobranza y consiguiente aplicación de medidas restitutorias a favor de los clientes que hubiesen sido objeto de dichos cobros, tomando en cuenta que la ASFI al amparo de lo dispuesto en el artículo 59 parágrafo II de Ley N° 2341 y el artículo 40 del DS N° 27175, suspendió la ejecución del acto en la vía administrativa y como quiera que estamos en la fase judicial de la impugnación de un acto administrativo, solicitan al Tribunal Supremo de Justicia que se suspenda la ejecución del acto en calidad de medida precautoria, toda vez que el perjuicio sería irreversible, solicitando se aplique el artículo 169 del Código de Procedimiento Civil, concordante con la facultad que tienen los órganos administrativos para suspender la ejecución.

Que en el memorial que cursa de fojas 188 a 193, el demandante, además de reiterar su solicitud, acompaña como “muestra de buena fe y su apego al derecho así mencionan depósitos judiciales que cubrirían en exceso los montos que la ASFI pretende “se devuelvan a “clientes afectados pues, no se procedió al descuento de los impuestos que el Fisco ya percibió y que los clientes utilizaron como crédito fiscal, pidiendo se acepte la contracautela prestada por un monto de Bs.5.289.297.- cuyos montos fueron traspasados en dos partidas a la Cta. 1-8829365 de “Depósitos Judiciales - Tribunal Supremo de Justicia.”

CONSIDERANDO: Que mediante providencia de 26 de abril de 2013 que corre a fojas 161, el Tribunal Supremo de Justicia, respecto al otrosí 2o de la demanda contencioso administrativa que refería a la solicitud de suspensión de la ejecución del acto, respondió categóricamente, no ha lugar, en razón de la presunción de legalidad, legitimidad, ejecutividad y exigibilidad de las resoluciones de la administración pública, conforme lo establece el artículo 59 de la Ley N° 2341 y el 49 del DS 27113.

En ese sentido, retomando el análisis de lo impetrado, establecemos que entre los principios generales de la actividad administrativa establecidos en el artículo 4 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, en el inciso b), encontramos el principio de auto tutela, por el que la administración pública  puede ejecutar sus actos por sí misma, sin perjuicio del control judicial posterior.

El artículo 55 de la Ley N° 2341, establece que los actos administrativos se ejecutan en forma inmediata en razón del poder de auto tutela que tiene cualquier ente público de ejecutar sus actos o disposiciones, sin necesidad de aprobación, autorización o declaratoria de conformidad de ningún órgano jurisdiccional, por ser atribución y privilegio del ente administrativo en procura de legitimar la ejecutoriedad del acto administrativo, toda vez que estos entes se constituyen en instrumentos que persigue la satisfacción del interes público.

El artículo 40 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Financiera aprobado mediante DS N° 27175 de 15 de septiembre de 2003, establece que la interposición de cualquier recurso, no suspenderá la ejecución de la resolución impugnada, y tratándose de actos que causen un efecto o perjuicio irreversible, de oficio o a solicitud de parte el ente que dictó el acto podrá suspender la ejecución del acto mientras se agote la vía administrativa.

Con la emisión de la Resolución Ministerial Jerárquica MEFP/VPSF/URJ-SIREFI 085/2012 de 28 de diciembre de 2012, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa ASFI N° 408/2012 de 16 de agosto, se agotó la vía administrativa, en consecuencia conforme lo establece la normativa supra citada, es atribución facultativa de la ASFI ejecutar o no su acto.

Respecto al ofrecimiento de la contracautela en instancia jurisdiccional, efectuada por el recurrente al amparo del artículo 169 del Código de Procedimiento Civil, advertidos y entendidos en el razonamiento previsto en el artículo 2 de la Ley N° 3092, por el que se podría aplicar este entendimiento en razón de la presunción de legalidad, legitimidad, ejecutividad y exigibilidad de las resoluciones de la Administración Pública, de que esta contracautela debe ser presentada ante la entidad administrativa que dictó el acto, que atendiendo a los fundados motivos del periculum in mora o existencia de un peligro inminente como causa de un daño de difícil o imposible reparación, que constituye la base de las medidas cautelares, debe ser esta instancia la que acepte o no la contracautela, tomando en cuenta el tipo de garantía ofrecida.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, por los fundamentos arriba desarrollados RECHAZA la solicitud de suspensión de la ejecución del acto, y toda vez que esta instancia jurisdiccional no aceptó contracautela alguna, se ordena la inmediata devolución de las sumas de dineros depositados en tal condición, en favor del demandante Fondo Financiero Privado FASSIL S.A., depositados en la Cta. 1-8829365 de Depósitos Judiciales-Tribunal Supremo de Justicia”, instruyéndose a la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial proceder con la celeridad del caso.

No intervienen los Magistrados Pastor Segundo Mamani Villca y Maritza Suntura Juaniquina por no encontrarse presente.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

Fdo. MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de sala

Sala Plena