SALA PLENA


RESOLUSION:                        026/2014

EXPEDIENTE Nº:                        130/2013

PROCESO:        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Carlos Ortiz Leyton contra el  Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

FECHA:                                Sucre, 15 de Abril de 2014

VISTOS EN SALA PLENA.- La demanda contenciosa administrativa interpuesta por Carlos Ortiz Leyton contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre Capital; antecedentes del proceso y el informe del Magistrado tramitador Jorge Isaac von Borries Mendez.

CONSIDERANDO: Que de la revisión de antecedentes se tiene que el accionante demanda proceso contencioso administrativo contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, solicitando dejar sin efecto la Resolución Administrativa Nº 173/2011 de 13 de septiembre.

Respecto a la competencia para el conocimiento y resolución de procesos contencioso administrativos contra actos administrativos suscritos o resoluciones que emergen de los Gobiernos Municipales, la Ley 3324 de 18 de enero de 2006 incorporó el núm. 22 al art. 103 de la Ley de Organización Judicial abrogada (Ley 1455), otorgando a la Sala Plena de las Cortes Superiores de Distrito, competencia para:“Conocer y resolver los procesos contencioso-administrativos señalados en la Ley de Municipalidades, correspondientes a los Municipios de todo el Departamento o Distrito Judicial”.

Posteriormente, la Ley 1455, con sus modificaciones e incorporaciones, fue abrogada por determinación expresa de las Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias de la Ley 025 del Órgano Judicial, esto en el marco de su Disposición Transitoria Segunda, es decir, a partir de la posesión de las Autoridades Electas del nuevo Órgano Judicial el 3 de enero de 2012, fecha en que entró en vigencia plena la señalada Ley, lo que generó un vacío jurídico en lo que respecta al conocimiento y resolución de los procesos contenciosos administrativos en materia municipal; sin embargo, esta situación fue resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional con el entendimiento jurisprudencial desarrollado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 371/2012 de 22 de junio, que respecto a la materia señala que: “(…) ni la Constitución Política del Estado vigente, ni la Ley del Órgano Judicial, le asignan esa facultad al Tribunal Supremo de Justicia ni a los Tribunales Departamentales de Justicia en su Sala Plena, respectivamente -art. 184 de la Constitución Política del Estado y art. 50 de la Ley de Organización Judicial. Esta ausencia normativa ocasiona un vacío jurídico, provocando que los administrados no tengan la vía jurisdiccional para que se dirima una determinada situación jurídica; al respecto, es importante precisar que las características de dicho proceso son las de un ordinario en todas sus etapas. En ese sentido, de acuerdo al art. 158 numeral 3 de la Constitución Política del Estado, será la Asamblea Legislativa Plurinacional, quien deberá pronunciarse a la brevedad posible sobre la regulación y/o reglamentación de los procesos contencioso-administrativos(...)’’; línea jurisprudencial que advirtiendo este vacío normativo, ha sido modulado por la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº  0693/2012 de 02 de agosto y complementando el entendimiento asumido en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0371/2012 de 22 de junio, establece que: (...)para no dejar en indefensión al ciudadano frente al poder público y específicamente los actos administrativos, independientemente a efectivizar la exhortación contenida en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0371/2012, debe entenderse que a efectos del resguardo de derechos, valores y principios constitucionales, y hasta mientras se desarrolle la legislación respectiva por el legislador ordinario los Tribunales Departamentales continúan teniendo la competencia para conocer el recurso contencioso administrativo en la materia".

Las ratios decidendi extractadas de las referidas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio conforme lo establecen los arts. 203 de la Constitución Política del Estado y 15 paragrafo II del Código Procesal Constitucional, y aplicables por analogía al caso presente, toda vez que la presente demanda trata de un proceso contencioso-administrativo en materia municipal, donde se demanda a una autoridad edil, solicitando dejar sin efecto resoluciones administrativas municipales, por lo que siguiendo la línea jurisprudencial, estos procesos deben seguir siendo de conocimiento de los Tribunales Departamentales de Justicia, mientras no exista una regulación y/o reglamentación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, consecuentemente corresponde remitir antecedentes a la autoridad llamada por Ley.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por el art. 38 numeral 16 de la Ley del Órgano Judicial impartiendo justicia en nombre del pueblo boliviano, dispone la REMISIÓN de la demanda contencioso administrativa interpuesta por Carlos Ortiz Leyton contra el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca a efecto que dicha Sala resuelva conforme a ley.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Fdo.Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo.Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo.Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo.Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo.Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo.Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo.Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo.Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo.Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo.Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena