SALA PLENA


AUTO SUPREMO:                    132/2017

FECHA:                                Sucre, 30 de noviembre de 2017.

EXPEDIENTE Nº:                        38/2017.

PROCESO:        Revisión Extraordinaria de Sentencia.

PARTES:        Lucio García Martínez contra la Sentencia de fecha 16 de septiembre de 2005.

MAGISTRADA RELATORA:        Maritza Suntura Juaniquina.


VISTOS EN SALA PLENA: El recurso de revisión extraordinaria de la Sentencia Nº N° 09/11 de 11 de marzo de 2011, presentado por Lucio García Martínez en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a querella de María Rosario Montaño Morales contra el recurrente y José Antonio Lima Roca.


CONSIDERANDO I: Que Lucio García Martínez se apersona y pide la revisión extraordinaria de la Sentencia N° 09/11 de 11 de marzo de 2011, pronunciada por el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, bajo los siguientes argumentos:


Citando la SCP 0088/2013 y el Auto Supremo 104/2005 de 31 de marzo, contextualiza la diferenciación entre autoría y complicidad, como también de acuerdo a lo expresado por el autor Manuel Gómez Tomillo, en su libre “Comentarios al Código Penal de España”.


Luego de las citas jurisprudenciales y doctrinales, indica que en la Sentencia que se recurre se evidencia que a Lucio García Martínez se lo clasifica como coautor del hecho, sin realizar la valoración correspondiente, no habiendo fundamentado con base en la jurisprudencia, autores, conceptos y diferenciaciones con relación a la autoría haciendo caso omiso a la duda razonable (in dubio pro reo).


Añade que presenta ante este Tribunal para la “valoración”, de la “Sentencia Condenatoria de 16 de septiembre de 2005”, en la cual se puede constatar que es una Sentencia similar, en la cual la fiscalía acusda por Asesinato, robo Agravado, y Asociación Delictuosa a Danny Pozo Farrel y Marcial Oscar Piuca, en la cual los jueces del Tribunal Primero de Sentencia, valoraron de manera razonable y tomando como precepto el principio in dubio pro reo, en la que se condenó en grado de complicidad y no como autores, invocando como precedentes para su valoración al momento de tomar una decisión los Autos Supremos 97 de 01 de abril de 2005 y 431 de 11 de octubre de 2006.


Finalmente, solicita la revisión extraordinaria de sentencia, en aplicación de los arts. 421.1, 422 y 423 de Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitando se declare culpable por los delitos de Asesinato en grado de complicidad y robo agravado, al no ser parte esencial del delito cometido, pidiendo se admita el presente recurso y se dicte nueva sentencia en contra de Lucio García Martínez como Cómplice, amparado en los arts. 14.I, 179.I, 180 y 184.7 de la Constitución Política del Estado (CPE).


CONSIDERANDO II: El art. 180 parágrafo II de la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales pronunciados en la jurisdicción ordinaria, en esta lógica el art. 184 inc. 7) de la norma Constitucional, señala como atribución del Tribunal Supremo de Justicia, conocer y resolver casos de revisión extraordinaria de sentencia, precepto que está íntimamente ligado al art. 38 inc. 6) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Es así que corresponde precisar, que el recurso de revisión de sentencia tiene la característica de ser extraordinario y tiene un trámite específico, por ello no puede constituir parte del proceso que dio origen a la sentencia. El Código de Procedimiento Penal en su artículo 421, señala que procederá el recurso de revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas, en todo tiempo y en favor del condenado, en los casos y supuestos expresamente señalados.


En este sentido y con carácter previo, corresponde examinar la admisibilidad y procedencia de la solicitud como lo establecen los artículos 422 y 423 del Código de Procedimiento Penal, para que en caso de ser admisible se ingrese al examen de fondo del asunto, siendo que en el presente caso el demandante funda la Revisión Extraordinaria de Sentencia en el art. 421 núm. 1) del Código de Procedimiento Penal.


El procedimiento establecido en el art. 423 del Código de Procedimiento Penal, es claro al sostener que: “El recurso de revisión extraordinaria se interpondrá por escrito, se acompañará la prueba correspondiente y contendrá, bajo pena de inadmisibilidad, la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables”. En relación a la revisión solicitada, se constata que ha sido presentada por escrito, adjuntando documentos que el demandante considera que son prueba suficiente para fundar su petición; sin embargo, no da cumplimiento a la parte in fine del referido art. 423 del Código de Procedimiento Penal, que establece que el demandante debe exponer, fundar y justificar la concreta referencia de los motivos principales en que se basa para acudir a la Revisión Extraordinaria de Sentencia, más los preceptos legales aplicables, normativa que no ha sido cumplida por el demandante, por lo que da cabida a la penalidad de la inadmisibilidad conforme la citada norma.


Es así que al haberse apoyado el recurso deducido en el inc. 1o del art. 421 del antes mencionado Código, correspondía al recurrente adjuntar como prueba y como precedente, la sentencia penal ejecutoriada, mediante la cual se demuestre que los fundamentos de la sentencia impugnada resultan incompatibles con dicho fallo. De lo expuesto se advierte que no basta presentar un memorial escrito adjuntando documentos que se consideren prueba, sino también se demuestre la incompatibilidad de fundamentación de la sentencia impugnada con otra sentencia penal ejecutoriada. En el presente caso, el recurrente se limitó únicamente a contextualizar los conceptos de autoría y complicidad, de lo que se infiere que el impetrante además de encaminar inadecuadamente su razonamiento de revisión extraordinaria de sentencia, olvida lo más importante: precisar la incompatibilidad de la sentencia impugnada con otra sentencia penal ejecutoriada señalando y puntualizando dichas incompatibilidades, resaltando que en ninguna parte de su recurso refiere cuál es la contradicción o incompatibilidad exigida por ley, confundiendo el demandante en todo sentido los requisitos formales y de fondo de los Recursos de Apelación Restringida, Recurso de Casación y de Revisión Extraordinaria de Sentencia, culminando con un reclamo comparativo de hechos, inobservando que se trata de un Recurso Extraordinario en el que se pone en tela de juicio la "cosa juzgada”, por lo que en síntesis no es viable siquiera considerar la petición de demandante [art.424 núm. 2) del Código de Procedimiento Penal], correspondiendo declarar su inadmisibilidad por la deficiencia de los argumentos plasmados en el memorial.


Por último, debe tenerse presente que la revisión de sentencia es una nueva acción impugnatoria, que no ataca la errónea aplicación o interpretación de la norma sustantiva ni los vicios en la aplicación de la norma adjetiva (errores in iudicando o in procedendo), y que por su particular naturaleza, cual es someter a revisión la cosa juzgada, requiere para su procedencia, que el recurso no sólo se sustente en la manifestación de la posible existencia de causales o motivos que pudieran invalidar la sentencia, sino que además debe sustentarse en pruebas cuya calidad sea equiparable a la sentencia cuya revisión se pretende.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad del art. 38 numeral 6 de la Ley N° 025, y en aplicación de la disposición contenida en el art. 423 del Código de Procedimiento Penal, declara INADMISIBLE el recurso de revisión de la Sentencia N° 09/11 de 11 de marzo de 2011, pronunciada por el Tribunal Segundo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emergente del proceso penal que siguió el Ministerio Público a querella de María Rosario Montaño Morales contra el recurrente y José Antonio Lima Roca, por la comisión de los delitos de Asesinato y Robo agravado, previstos y sancionados por los arts. 252 incs. 2) 3) y 6) y 331, ambos del Código Penal; recurso interpuesto por Lucio García Martínez; salvando el derecho del recurrente de interponer otro nuevo recurso de conformidad a lo establecido por el art. 427 del citado Código Adjetivo Penal. En consecuencia se dispone el archivo de obrados.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena