SALA PLENA


AUTO SUPREMO:                    115/2017

FECHA:                                Sucre, 20 de noviembre de 2017.

EXPEDIENTE Nº:                        90/2004.

PROCESO:        Caso de Corte.

PARTES:        Proceso seguido por el Ministerio Público y la Honorable Alcaldía Municipal de Potosí contra Justo Javier Villavicencio Calderón, Juvenal Filipps Berna, Gil Villegas Michel, Fausto Arrieta Pinto, Wilbert Rivera Muñoz y otros.

VISTOS EN SALA PLENA: El memorial de incidente de nulidad de notificación por violación de derechos y garantías constitucionales de Justo Javier Villavicencio Calderón, Requerimiento Fiscal y antecedentes del proceso penal.

CONSIDERANDO I: Los antecedentes a tener en cuenta en la resolución del presente incidente de nulidad de notificación  y así derivan del expediente de proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Honorable Alcaldía Municipal de Potosí contra Justo Javier Villavicencio Calderón y Otros, son los siguientes:

  1. Justo Javier Villavicencio Calderón por memorial de fs. 10763 interpone incidente de nulidad de notificación con los siguientes fundamentos: a) Para la resolución de la presente solicitud, resulta necesario determinar cuál es la norma procesal aplicable, en efecto si bien los hechos que se atribuyen al incidentista tuvieron lugar en 1990 y el proceso se inició en la gestión 1995, es necesario aclarar que la tramitación procesal a la presente fecha debe ser realizada aplicando el actual y vigente Código de Procedimiento Penal, Ley 1970, ya que conforme a lo establecido en la jurisprudencia constitucional, la norma adjetiva o procesal aplicable es siempre la vigente al momento de la tramitación del proceso en virtud al principio tempus regit actum, extremo claramente establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 770/2012 de 13 de agosto;  b) Desde hace bastante tiempo, el presente proceso estaba a la espera de la emisión de resolución definitiva (Auto Supremo), el incidentista todo el tiempo estaba esperando  la emisión de dicha resolución, sin embargo dicha resolución fue notificada de forma totalmente irregular, ya que fue notificada mediante cédula judicial el 29 de junio de 2017, fijada en Secretaria de Sala Plena; c) Considerando que por mandato judicial y jurisprudencial la norma procesal aplicable al actual procedimiento penal, al amparo de los arts.  314 y 315 del Código de Procedimiento Penal, se interpone incidente de nulidad de notificación fundado en el art. 314.IV  del Código de Procedimiento Penal que dispone que las partes cuando concurran defectos absolutos que agravien derechos y garantías constitucionales que provoquen indefensión, podrán interponer incidentes con fines correctivos; d) El defecto absoluto a la actividad procesal defectuosa que se reclama radica en que Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ha notificado con la resolución más importante (Auto Supremo) mediante cédula fijada en Secretaria de Sala Plena y no así de forma personal conforme establece la norma procesal penal en el numeral 2) del art. 163 del Código de Procedimiento Penal, aspecto que genera enormes perjuicios y que además vulnera flagrantemente la garantía procesal del debido proceso (art. 115.II de la Constitución Política del Estado) en sus vertientes de legalidad y derecho a la defensa, ya que dicho error impide que el incidentista pueda hacer uso de algunos recurso o solicitudes que la ley le franquea. Siguiendo la lógica del art. 163 del Código de Procedimiento Penal, resulta evidente e innegable el hecho de que las resoluciones de carácter definitivo deben ser notificadas personalmente; e) El criterio de notificación personal de autos definitivos ha sido ampliamente ratificado por las Sentencias Constitucionales Nº 474/2014 de 25 de febrero y 0521/2014 de 10 de marzo, siguiendo el sentido de la jurisprudencia señalada, resulta evidente que la notificación no es eficaz si la misma no cumplió su finalidad, es decir, sino cumplió con poner en conocimiento real y efectivo del sujeto procesal la resolución respectiva, extremo que en el presente caso no se ha cumplido, toda   vez que, al haber sido supuestamente notificado mediante cedula en secretaria de Sala Plena, la resolución no ha sido efectiva y concretamente puesta a conocimiento del incidentista, que hasta la fecha desconoce si contenido y no ha recibido un ejemplar de la misma, pese a dicha resolución por su importancia procesal debe, por mandato legal ser notificada personalmente, aspecto que pone en un estado de indefensión absoluta, toda vez que debido a este defecto el plazo complementación y enmienda o cualquier otro recurso se encontraría ampliamente vencido.
  2. Corrido el traslado a las partes y a Vista Fiscal, el Ministerio Público a fs. 1790 a 1793 presenta requerimiento fiscal con el siguiente fundamento: a) Es preciso resaltar que el presente proceso, tuvo su inicio, el 23 de noviembre de 1995, por lo que su trámite se sujetó a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal de 1972, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1970 que dispuso: “ Las causas en trámite continuaran rigiéndose por el Código de Procedimiento Penal anterior , Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972”; b) Justo Javier Villavicencio Calderón plantea incidente de nulidad de notificación por violación de derechos y garantías constitucionales, alegando que no fue notificado personalmente con el Auto Supremo Nº 62/2017 de 16 de mayo. Esta pretensión sobre la presunta falta de notificación, es nada más que un pretexto de dilatar el proceso, pues en varias oportunidades el incidentista ha admitido la forma de notificación en el Tribunal Supremo que ahora recién reclama, como ser el Auto Supremo Nº 103/2011 ( Fs. 9448) donde Justo Javier Villavicencio Calderón a fs. 9476, ha sido notificado en tablero del Tribunal Supremo de Justicia, sin haber incidentado ni reclamado nada al respecto; c) Sobre las nulidades procesales y la relevancia constitucional, se tiene la Sentencia Constitucional 0995/2004-R de 29 de junio que señala: “…corresponde recordar que  los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección  por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedi0mentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados”, similar criterio tiene la Sentencia constitucional Nº 1262/2014-R de 10 de agosto; c) La Sentencia Constitucional Nº 770/2003-R señala sobre los principios de inmediatez, preclusión y celeridad, los mismos que no solo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud de modo que cuando no ha sido diligente en su propia causa no se puede pretender que esta jurisdicción este supeditada en forma indefinida para otorgarle protección, teniendo el deber las partes de actuar con lealtad y responsabilidad, primero porque al ser sujetos procesales están impelidos al seguimiento de la causa, y segundo, debido a que el órgano jurisdiccional representa al Estado Plurinacional, de ahí porque su actitud no debe ser pasiva, sino diligente, con la debida celeridad que es extensiva a los sujetos procesales inclusive por lo que resulta ilógico restar validez a una notificación practicada por el Tribunal Supremo, cuando tiene la misma formalidad y efecto en otras actuaciones con respecto al ahora incidentista; d) Hay que remitirse a lo estipulado conforme las normas del Código de Procedimiento Penal de 1972, que en el art. 68 inc. 3) establece que la obligación del imputado es de señalar domicilio en el bufete de su defensor, que de la revisión de lo actuado no se verifica dicho señalamiento del domicilio por lo que se procede a notificar en tablero del Tribunal esto de conformidad a los arts. 99 y 104.2 del Código de Procedimiento Penal de 1972 y se debe tomar en cuenta el art. 77 del Código de Procedimiento Penal de 1972 que prevé que los sujetos procesales están sometidos a las normas establecidas en dicho código, como ya se manifestó el incidentista no arguyo reclamo alguno en anteriores notificaciones y de admitir de estar enterado de la existencia de dicha resolución y que espero pasivamente a que lo notifiquen, acto por demás malicioso y que demuestra que incurrió en negligencia en causa propia siendo aplicable el principio de protección, referido a nadie puede solicitar la invalidez de un acto cuando esa es la parte que consintió  el presunto defecto reclamado, aplicándose el aforismo “nadie será oído si alega su propia torpeza”, ya que nadie puede ir legítimamente contra sus propios actos expresos o tácitos; e) Finalmente, el art. 102 del Código de Procedimiento Penal de 1972 que desarrolla las causales de nulidad de diligencia de notificaciones, aplicable al caso, no ha sido invocado ni fundamentado en alguna de su dos alternativas, tampoco se puede alegar que pueda existir relevancia constitucional puesto que la explicación, complementación y enmienda prevista en el art. 283 del Código de Procedimiento Penal de 1972 no puede modificar sustancialmente la resolución asumida en la Sala, que falla en única instancia, en consecuencia no podría haber modificación esencial en la situación procesal del condenado, por lo que el incidentista también resulta falto de fundamentación jurídica pertinente; y f) Además el incidentista debería haber actuado diligentemente demostrando responsabilidad y lealtad exigida, pretendiendo confundir al Máximo Tribunal de Justicia, cuando anteriormente este tipo de diligencias de notificación ya han sido convalidados por el mismo accionante, con mayor  razón sí el incidentista interpuso el recurso de casación y por tanto, era su deber realizar el seguimiento respectivo al recurso activado por el mismo que define su situación jurídica, a ello se debe añadir que Justo Javier Villavicencio Calderón admite tener conocimiento del Auto Supremo emitido, tal situación sanearía cualquier defecto en la diligencia observada.

CONSIDERANDO II: El Tribunal Supremo de Justicia, procede a resolver el incidente de nulidad de notificación, en los siguientes términos:

  1. Antes de resolver el fondo del incidente de nulidad planteado, se debe dilucidar la norma jurídica a aplicar para la resolución del mismo, con ese objetivo se tiene que el Código de Procedimiento Penal de 1999 (Ley Nº 1970 de  25 de marzo de 1999) en su Disposición Transitoria Primera dispone: “Las causas en trámite continuarán rigiéndose por el Código de Procedimiento Penal anterior, Decreto Ley 10426 de 23 de agosto de 1972 y la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, salvo lo previsto en las siguientes disposiciones”, de tal forma que la Disposición Transitoria Primera del Código de Procedimiento Penal de 1999, estableció la ultractividad del Código de Procedimiento Penal de 1972 a las causas que se encontraban en trámite y habían sido iniciados con este cuerpo adjetivo penal, quedando claro que al haberse iniciado y proseguido el proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Honorable Alcaldia Municipal de Potosí contra Justo Javier Villavicencio Calderon y Otros con las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Penal de 1972 y determinarse expresamente la últractividad de este a los procesos en trámite, la norma jurídica a aplicar para resolver el presente incidente de nulidad de notificación debe ser el Código de Procedimiento Penal de 1972.
  2. Dilucidada la norma jurídico procesal aplicar en el caso de autos, se tiene que sobre la notificación del recurso de casación no existe norma expresa sobre la forma en que debe realizarse en el Código de Procedimiento Penal de 1972, empero existen la reglas generales para las citaciones, notificaciones y emplazamientos y régimen de nulidades sobre las notificaciones y precisamente el art. 102 del Código de Procedimiento Penal de 1972, dispone sobre la nulidad de diligencia que:  “Se declarará nula una diligencia de notificación o de citación en los casos siguientes: 1) Cuando hubiere error en la identidad de la persona notificada o citada; 2) Cuando en la diligencia no se hubieran cumplido con las formalidades previstas por Ley”, de modo tal que las causales para la nulidad de notificación o citación, conforme al  Código de Procedimiento Penal de 1972 son error en la identidad de la persona notificada o citada y el no cumplimiento de formalidades prevista en el Cuerpo Adjetivo Penal, ahora bien, sobre las formas  previstas para la notificación o citación el Código de Procedimiento Penal de 1972 es claro al determinar en su art. 104 que: “Las notificaciones y citaciones podrán hacerse: 1) En forma personal, cuando se trate de mandamiento de comparendo o de emplazamiento; 2) Por Cédula, en el domicilio señalado; 3) Por Edicto; 4) Por exhorto y orden instruida”, quedando manifiesto que las formas de notificación con los actuados y resoluciones judiciales de acuerdo al Código de Procedimiento Penal de 1972 son: a) En forma personal con mandamiento de comparendo o de emplazamiento; b) En forma de Cédula, en el domicilio señalado por los sujetos procesales; c) En forma de Edicto y d) En forma de exhorto u orden instruida.
  3. Con los anteriores antecedentes normativos del Código de Procedimiento Penal de 1972, se tiene que el art. 104.2) del Código de Procedimiento Penal de 1972 prevé la notificación por cédula en el domicilio señalado por las partes procesales y que en el presente caso el ahora incidentista para interponer el recurso de casación cuya notificación del Auto Supremo Nº 62/2017 de 16 de mayo de 2017 se impugna de nula, al presentar el memorial de recurso de casación que cursa a fs. 9163 a 9167 no señalo ningún domicilio para fines de notificación conforme establece el citado art. 104. 2) del Código de Procedimiento Penal de 1972, de forma tal que la notificación efectuada a Justo Javier Villavicencio Calderón por cédula fijada en Secretaria de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (fs. 10697 de actuados), es legal y plenamente eficaz, al no haberse señalado domicilio en el memorial de interposición de recurso de casación de Justo Javier Villavicencio Calderón.
  4. Añadiendo a lo ya razonado, se tiene que el art. 65 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal de 1972 determina como obligación del imputado señalar domicilio en el escritorio de su defensor, de modo tal que el incumplimiento al no señalar domicilio en el recurso de casación no puede ser tomado ahora como una causal de nulidad de notificación, pretendiendo que se le notifique personalmente cuando no se señaló domicilio en el memorial de interposición del recurso y por consiguiente no acreditarse infracción del derecho al debido proceso y derecho a la defensa en forma real y efectiva, que vicie la notificación judicial en Secretaria de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad a los arts. 102 y 104. 2) del Código de Procedimiento Penal de 1972 aplicables por la ultractividad dispuesta en la Disposición Transitoria Primera del Código de Procedimiento Penal de 1999 (Ley Nº 1970 de  25 de marzo de 1999) DECLARA NO HABER LUGAR AL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIÓN de Justo Javier Villavicencio Calderón, quedando firme y subsistente la notificación de fs. 10697 de actuados de fecha 29 de junio de 2017.

No intervienen la Magistrada Norka Natalia Mercado Guzmán al encontrase con licencia por viaje, asimismo el Magistrado Antonio Guido Campero Segovia por hacer uso de vacación individual conforme a la Ley Nº 586 de 30 de octubre de 2014.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena