SALA PLENA


AUTO SUPREMO:                    88/2017

FECHA:                                Sucre, 14 de septiembre de 2017.

EXPEDIENTE Nº:                        21/2017.

PROCESO:        Revisión Extraordinaria de Sentencia.

PARTES:        Oscar Francisco Viscarra Garitano Zabala y Magdalena Urquieta Méndez.

MAGISTRADA TRAMITADORA:   Rita Susana Nava Durán.


VISTOS EN SALA PLENA: El Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia interpuesto por Oscar Francisco Viscarra Garitano Zabala y Magdalena Urquieta Méndez dentro del Proceso Coactivo Civil seguido por el Fondo Financiero Privado (PROCEM) contra  Oscar Francisco Viscarra Garitano Zabala y Magdalena Urquieta Méndez, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I: Que mediante memorial de fojas 814 a 820, Oscar Francisco Viscarra Garitano Zabala y Magdalena Urquieta Mendez interponen Recurso de Revisión Extraordinaria de  la Sentencia de 23 de enero del 2013, del Juzgado de Materia Civil y Comercial de Santa Cruz, manifestando en síntesis que:

  1. En cuanto a la subsidiariedad. Al haberse resuelto un incidente, el único recurso de apelación que otorga la Ley es ante el Tribunal Departamental de Santa Cruz, a través de la Sala Civil Segunda se ha dictado el Auto de Vista de 5 de septiembre de 2016, el mismo que no amerita recurso alguno en consecuencia al ser la última actuación, se apertura el proceso de revisión extraordinaria de sentencia.
  2. En cuanto al plazo. Se puede evidenciar que en fecha 14 de noviembre de 2016, se notifica el auto que resuelve la complementación y enmienda, por lo tanto se activa el plazo de los 6 meses para presentar la acción de conocimiento, remitiéndose al art. 490 del antiguo Código de Procedimiento Civil.
  3. Exposición precisa y clara de los hechos que sirven de fundamento de la acción. a) Es necesario considerar que el proceso coactivo se ventiló con el antiguo Código de Procedimiento Civil y en su art. 490 establecía que se puede acudir a la vía ordinaria en el plazo de 6 meses, asimismo el art. 297 inc. 3) y siguientes del antiguo Código de Procedimiento Civil aperturandose la posibilidad de que en proceso ordinario se demuestre el fraude procesal; b) El Juez de Partido Segundo de Materia Civil y Comercial, así como la Sala Civil Segunda del Tribunal departamental de Santa Cruz, dejaron pasar inminente fraude procesal que se dio durante proceso coactivo; c) De fecha 5 de febrero de 2003  cursa informe del oficial de diligencias del juzgado señalando que en fecha 5 de febrero de 2003 a horas 10, se constituyó en el domicilio ubicado en Av. 3 pasos al frente Calle Hurtado Nº 184 y que fue atendido por el Sr. Elio Antezana, que les manifestó que los coactivados no viven en ese domicilio. El Juez de Partido Segundo de Materia civil y Comercial, conociendo que en los procesos de monitoreo (debió decir monitorios) se brindó poca posibilidad de defensa a la parte coactivada, debió conocer en forma directa el Informe del Oficial de diligencias y poder determinar que éste insista una vez más en la búsqueda de los demandados o en su defecto solicitar Informe del SEGIP, para llegar a conocer cuál fue el último domicilio de los coactivados, en consecuencia, debería haber agotado toda instancia para que se notifique personalmente a la parte demandada a fin de que se haga el derecho constitucional a la defensa y no basarse en el simple informe del oficial de diligencias donde tampoco se tiene certeza de quien es Elio Antezana, ya que no lleva apellino materno lo que significa que ni siquiera se le pidió Cédula de Identidad y tampoco se tiene la descripción precisa del color, tipo y puerta del inmueble. Al dar curso directamente a los edictos, el Juez vulneró, el art. 30 del Código Civil que dice: “ cuando el domicilio actual de una persona no puede determinarse con certeza, rige el último domicilio” y de acuerdo a esta norma era obligación del juez notificar en el domicilio que señalan los carnets de identidad que fueron acompañados por el coactivante y que fueron aceptados por el Juez; d) Por memorial de fs. 60 de 28 de abril de 2013, el fondo financiero Privado PRODEM S.A. representado por Juan Federico López Videla Burgos, presenta las 3 publicaciones de edictos, que se habría practicado en la Estrella del Oriente. Es de conocimiento general que las notificaciones por edictos deben practicarse en un matutino de circulación nacional y no local, por lo que jamás se podrían haber enterado del proceso, incumpliéndose el art. 125.I del Antiguo Código de Procedimiento Civil, además acto seguido, cursa alteración de la foliación con un poder especial y amplio que otorga Humberto Juan Olmos Olmos, en calidad de Gerente Regional del Fondo Financiero Privado PRODEM, testimonio que no tiene providencia alguna, por lo tanto, la demanda coactiva no cumplió con los requisitos establecidos en el Código de Comercio en sus arts. 29, 30, 31, 34 y 35 y por consiguiente el representante legal Federico López Videla Barba carecía de legitimación activa para interponer el proceso coactivo; e) A fs. 63 cursa un acta de notificación que señala: “En Santa Cruz, a horas 15:30 del día jueves veinticuatro de abril de 2003 notiqué a los señores FFP PRODEM S.A. en su domicilio señalado con la providencia de fs. 62, quien interpuesto de su tenor se dio por notificado dejando copia de ley en presencia de testigo que firma en constancia…”. Se puede diferencia que cuando se trata del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A. sí se utiliza testigo de actuación y cuando notifica a los recurrentes de forma personal no existe testigo de actuación, a fs. 62 cursa el Auto Nº 425 que resuelve declara la ejecutoria de la sentencia, lo que quiere decir que la ejecutoria es mucho más antes del mismo auto y si se remite a fs. 62 y 63, jamás se notificó con dicho auto; f) Otro vicio es que los poderes especiales Nº 580/2002 y 581/2002 ambos de fecha 5 de agosto de 2002, no lleva inserto a que juzgado deben apersonarse, es decir donde radica la causa tal como establece la S.C. 945/2003 de 7 de julio, asimismo el AC 013/2005 establece que las sociedades concurrirán a través de sus  representantes con facultades suficientes y como dice la S.C. 1171/2000 de 13 de diciembre con facultades precisas, hecho que no ha sucedido en el caso de autos; g) Los principios procesales que cita el Auto de Vista Nº 73/2016 de la Sala Civil Segunda, si bien son citados, pero contradictoriamente no se han aplicado al caso, así no se habría aplicado el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial sobre: “ La revisión de las actuaciones procesales, será de oficio y se limitará a aquello previstos por ley…” y dicha revisión podía haberles otorgado convicción inclusive sobre la desproporción entre los $us. 30.000 otorgado en préstamo y los 10 bienes inmuebles entregados en garantía y finalmente rematados, con avalúos mal practicados, sin parámetros reales y verdaderos.
  4. El bien demandado con exactitud. Como la pretensión está dirigida a la nulidad del proceso coactivo, la suma es de $us. 28.866.54 por existir fraude procesal y además por el contrato previsto en la escritura pública Nº 182/2002 de 9 de abril de 2002 por el préstamo de dinero de $us. 30.000.
  5. Invocación del derecho en que se funda. El art. 115 de la C.P.E. establece principios procesales constitucionales como la efectividad, oportunidad, transparencia y el debido proceso y otros previstos por el art. 180 del Texto constitucional y como quiera que los procesos de monitoreo (debió decir monitorios) pueden tener control posterior a través de un proceso de conocimiento, tiene que ver con el valor justicia y el valor supremo del vivir bien, cuyos principios son transversales a los proceso judiciales que deben desarrollarse sin fraude procesal bajo el principio de legalidad que implica la aplicación correcta de la Ley. Por otra parte, el derecho que se invoca está previsto en el art. 410. III del Código Procesal Civil, es decir el objeto es en relación al título coactivo, sin embargo el proceso judicial se desarrolló con el antiguo Código de Procedimiento Civil que establecía que la revisión extraordinaria de sentencia en su art. 297 inc. 3), que daba lugar a demandar fraude procesal, por lo tanto esa norma goza del principio de congruencia y no es concebible que con la mentalidad del nuevo Código Procesal Civil se resuelva lo demandado, ya que la aplicación de la Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013 , no es retroactiva conforme al art. 123 del Texto Constitucional. Por lo expuesto el derecho en el que se funda la presente demanda de conocimiento tiene su respaldo en el art. 490 del antiguo Código de Procedimiento Civil, solicitando la nulidad de la Sentencia de 23 de enero de 2013 y con referencia al Auto de Vista de 5 de septiembre de 2016 Nº 73/2016 debió anular obrados por existir vulneración al debido proceso.


CONSIDERANDO II: Que una vez analizado el contenido del memorial de Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia y la documentación acompañada, procede decidir sobre la admisibilidad, en los siguientes términos: 

  1. Antes de resolver la admisión del presente recurso, se debe considerar que la Disposición Transitoria Quinta parágrafo II del Código Procesal Civil, dispone que: “En los procesos ejecutivos y coactivos civiles, que tuvieren auto intimatorio o sentencia, se regirán por el Código de Procedimiento Civil, en lo demás se estará al presente Código. La ejecución de la sentencia se regirá por la nueva norma”, de tal modo que es plenamente aplicable las reglas de la revisión extraordinaria de sentencia del Código de Procedimiento Civil Abrogado, al tratarse de un proceso coactivo civil.
  2. Dilucidada la norma aplicar, corresponde señalar que el Código de Procedimiento Civil de 1975 en su art. 297 disponía claramente que la revisión extraordinaria de sentencia únicamente era aplicable a procesos ordinarios, descartándose y prohibiéndose para los procesos coactivos y sumarios, por lo que la presente revisión extraordinaria de sentencia debe ser declarada inadmisible.
  3. Se debe añadir a lo ya razonado, que en el caso de autos, no existe la sentencia de fraude procesal debidamente ejecutoriada y tampoco se convirtió el proceso coactivo civil en proceso ordinario para poder interponer el recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada y menos se ha hecho protesta formal de uso del recurso dentro del plazo de 1 año que dispone el art. 298.I del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia nuevamente se reitera que se debe declarar inadmisible

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad al art. 297 y 299 del Código de Procedimiento Civil de 1975 aplicable al caso de autos por la Disposición Transitoria Quinta parágrafo II del Código Procesal Civil, DECLARA INADMISIBLE el Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia interpuesto  a fs. 814 a 820 por Oscar Francisco Viscarra Garitano Zabala y Magdalena Urquieta Méndez.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena