SALA PLENA


AUTO SUPREMO:                    57/2017.

FECHA:                                Sucre, 18 de abril de 2017.

EXPEDIENTE Nº:                        42/2015.

PROCESO:        Recurso de Revisión de Sentencia.

PARTES:        Freddy Chipata Flores contra la Sentencia Nº 48/2013 de 16 de octubre de 2013.

MAGISTRADA RELATORA:        Maritza Suntura Juaniquina.

VISTOS EN SALA PLENA: El recurso extraordinario de revisión de sentencia interpuesto por Freddy Chipata Flores emergente del concluido proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la comisión del delito de asesinato en grado de complicidad; y, demás antecedentes expuestos por la Magistrada Relatora: Dra. Maritza Suntura Juaniquina.

  1. CONTENIDO DE LA DEMANDA.

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

En audiencia de juicio oral, mediante Sentencia Nº 48/13, el Tribunal de Sentencia de Quillacollo-Cochabamba, le impuso la pena de 15 años sin derecho a indulto, por el delito de asesinato en grado de complicidad; conforme a su certificado de nacimiento, contaba con la edad de 16 años de edad a momento de sucedido el hecho. Con base en ese antecedente, al amparo del art. 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la causal 5 del artículo 421 del Código de Procedimiento Penal (CPP), plantea recurso de revisión extraordinaria de la Sentencia antes citada.

I.2. Fundamentos de la demanda.

Sostiene que el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014), es una norma especial de aplicación preferente a la Ley General y, por el principio de favorabilidad y retroactividad de la Ley, prevista en el art. 123 de la CPE debe admitirse su petición [de revisión extraordinaria de sentencia] a fin de atenuar la pena a cuatro quintas partes de los 15 años impuesto por el delito de asesinato en grado de complicidad. A la fecha se encuentra privado de libertad por casi 5 años, razón por la cual pide expedir mandamiento de libertad.

I.3. Petitorio.

Solicita se admita el Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia y, se anule la Sentencia Nº 48/13 a fin de que se dicte un nuevo fallo atenuado a cuatro quintas partes del delito previsto por el art. 252 del Código Penal (CP) en relación al art. 23 del mismo cuerpo legal; es decir, 3 años de reclusión, expidiéndose mandamiento de libertad definitiva por el cumplimiento de condena definitiva.

II. DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO

Ramiro José Guerrero Peñaranda, Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, por memorial cursante de fs. 47 a 55, requirió por la procedencia del recurso con base en lo siguiente: 1) Citando el art. 123 de la CPE y los Autos Supremos Nº 63/2013 de 11 de marzo, referida a la retroactividad de la ley penal más favorable, el Auto Supremo Nº 100/2015-RRC de 12 de febrero, sobre la aplicación de la norma más beneficiosa para el imputado con base en el principio de favorabilidad y, el Auto Supremo Nº 578/2015-RRC de 4 de septiembre, en cuanto a la responsabilidad penal atenuada del adolescente, prevista en el art. 268.I de la Ley 548, afirma que se promulgó un Ley más benigna y favorable para los adolescentes imputables o con responsabilidad penal, por lo que los hechos y pruebas aportadas por el recurrente están previstas en el numeral 5 del artículo 421 del Código de Procedimiento Penal; 2) El accionante, Freddy Chipata Flores, al momento de realizar el hecho delictivo tenía 16 años de edad, adolescente para los fines del derecho, siendo sentenciado y privado de libertad aproximadamente por 5 años y 8 meses, por el delito de asesinato en grado de complicidad, previsto por el art. 252 numeral 2 y 3 con relación al art. 23 del CP, condenándosele a 15 años; y, 3) Durante el cumplimiento de la condena, se puso en vigencia la Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014, que en sus art. 267.I y 268.I resultan favorables a los adolescentes a partir de 14 años de edad y menores de 18 años, correspondiendo aplicar la interpretación pro persona/pro homine de la Convención Americana de Derechos Humanos; es decir, la retroactividad de la ley penal más favorable. 

II.1. Petitorio.

Con base en lo expuesto, dictamina que se declare procedente el Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia interpuesto por Freddy Chipata Flores; y, de conformidad al art. 424.2 del CPP se dicte Sentencia, atenuando el quantum de la pena a la previsión del art. 268 de la Ley Nº 548.

II.2. Notificación a la víctima.

Julieta Soto Vallejos -pariente de la víctima- no se apersonó ni presentó memorial a pesar de su notificación mediante provisión citatoria practicada el 20 de octubre de 2016 (fs. 71 de obrados).

  1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES.

En principio se tiene reconocida la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Plena, para conocer y resolver los casos de revisión extraordinaria de sentencia, conforme prevé el art. 184.7 de nuestra Norma Suprema y el art. 38 numeral 6 de la Ley del Órgano Judicial; y, en observancia del art. 423 del CPP, previa revisión de los argumentos expuestos por el recurrente, éste Tribunal a través del Auto Supremo Nº 145/2015 de 10 de diciembre, admitió el Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia, ordenando al Tribunal de Sentencia de Quillacollo-Cochabamba, remita los antecedentes originales del proceso penal, que según consta del oficio de fs. 43 fue cumplido; también dispuso la citación a la víctima y al Fiscal General del Estado, para que comparezca y conteste dentro del término de ley al recurso planteado.

En ese sentido, de la revisión de obrados se advierte lo siguiente:

III.1.        Cursa Acta y resolución de audiencia pública de aplicación de medidas cautelares, de 3 de septiembre de 2010, realizado en el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar N° 2 de Quillacollo-Cochabamba, que determinó la detención preventiva de Freddy Chipata Flores en el Centro Penitenciario de San Sebastián Varones de la ciudad de Cochabamba (fs. 4 a 7 de obrados).    

III.2. Sentencia No. 48/13, pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Quillacollo-Cochabamba, que dictó Sentencia condenatoria contra Freddy Chipata Flores por el delito de asesinato en grado de complicidad, previsto y sancionado por el art. 252 numerales 2 y 3 con relación al art. 23 del CP, imponiéndole la pena de 15 años de presidio sin derecho a indulto, a cumplir en el Penal de San Sebastián varones de la ciudad de Cochabamba; asimismo, dispuso que Freddy Chipata Flores, cumpla con la pena impuesta hasta el 2 de septiembre de 2025, tomando en cuenta inclusive la detención preventiva del imputado en sede policial (fs. 12 a 18 vta.; y, 120 a 126 vta. del Anexo 1).  

III.3.        Auto de Vista de 10 de octubre de 2014, que declaró improcedente la apelación restringida interpuesta por el coimputado Leonardo Coyo Coca, confirmando la Sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Quillacollo-Cochabamba antes mencionada (fs. 12 a 23 vta.; y fs. 165 a 169 vta.).

III.4.        Auto Supremo Nº 327/2015-RA, de 22 de mayo, que declaró inadmisible el recurso de casación planteado por Leonardo Coyo Coca (fs. 24 a 26; y fs. 185 a 187 del Anexo 1).

III.5.        Se arrimó fotocopia legalizada del mandamiento de condena de Freddy Chipata Flores (fs. 28); y, certificado de nacimiento de la mencionada persona (fs. 29).

  1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

Con base en lo descrito y los argumentos expuestos por ambas partes se advierte que la controversia radica en lo siguiente: Si, el sentenciado Freddy Chipata Flores puede ser beneficiado con un fallo atenuado a cuatro quintas partes previsto por el art. 268.I de la Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014.

  1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO


De acuerdo a la previsión contenida en el art. 423 del CPP, el recurso de revisión de una sentencia condenatoria ejecutoriada debe plantearse adjuntando la prueba correspondiente, exponiendo la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables; en el caso presente, el recurrente ampara su pretensión en la causal establecida en el inciso 5) del art. 421 del CPP, que estipula: Procederá el recurso, en todo tiempo y a favor del condenado; en los siguientes casos: “5) Cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna”.

Por su parte, el art. 180.II la CPE, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales pronunciados en la jurisdicción ordinaria, en esta lógica el art. 184 numeral 7 de la norma Constitucional, señala como atribución del Tribunal Supremo de Justicia, conocer y resolver casos de revisión extraordinaria de sentencia, precepto que está íntimamente ligado al art. 38.6 de la Ley Nº 025 LOJ.

Que, el Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia es un mecanismo a través del cual se busca la invalidación de una sentencia que ha adquirido firmeza y autoridad de cosa juzgada, en procura de reivindicar la justicia material, porque la verdad procesal declarada es disonante con la verdad histórica del acontecer objeto de juzgamiento; esta demostración sólo es posible jurídicamente dentro del marco que delimitan las causales taxativamente señaladas en la Ley.

Al ser dicho recurso, un instituido para invalidar sentencias condenatorias firmes, su procedencia debe sustentarse en alguna de las causales contenidas en el art. 421 del CPP, en relación con los arts. 25 del Pacto de San José de Costa Rica, 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; es decir, cuando existan elementos nuevos y distintos a los que determinaron la decisión, por resultar incompatibles con situaciones relevantes posteriormente descubiertas o por circunstancias sobrevinientes. La causal de procedencia que posibilite cuestionar la resolución condenatoria ejecutoriada, debe tener la fuerza suficiente para declararla ineficaz jurídicamente, de ahí que en el caso, quién promueva la revisión de sentencia condenatoria penal con base al núm. 5 del art. 421 de la norma adjetiva penal, debe fundarla en una normativa más benigna y diferente a la señalada al fallo cuya revisión se pretende, de tal naturaleza que demuestre que el sentenciado es acreedor a la aplicación de dicha norma bajo los principios de favorabilidad y retroactividad.

En el caso de Autos, corresponde ingresar al análisis a efecto de dar respuesta al reclamo planteado, así verificar si el recurso de revisión extraordinaria de sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, tiene o no sustento legal. En ese sentido, el art. 252 del CP establece que: “Será sancionado con la pena de presidio de treinta años, sin derecho a indulto, el que matare: 2) Por motivos fútiles o bajos y 3) Con alevosía o ensañamiento”; y, siendo que en juicio oral público y contradictorio se demostró la participación de Freddy Chipata Flores, en grado de complicidad, previsto por el art. 23 del CP, corresponde su sanción tomando en cuenta la pena prevista para el delito de asesinato (30 años sin derecho a indulto) y la atenuación especial (en razón a la edad) señalada en el art. 39 del citado cuerpo legal sustantivo que señala: “En los casos en que este Código disponga expresamente una atenuación especial, se procederá de la siguiente manera: 1) La pena de presidio de treinta (30) años se reducirá a quince (15)”.

Establecido que la sanción que corresponde a Freddy Chipata Flores es de 15 años de reclusión por su participación en grado de complicidad en el asesinato de Ángela Soto Vallejos, se tiene que el impetrante al interponer Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia, con el argumento de que a la promulgación de la Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014 (Código de Niña, Niño y Adolescente), resulta aplicable por el principio de favorabilidad y retroactividad de la Ley más benigna para el sentenciado, inmerso en el art. 123 de la CPE, equiparable también al art. 4 del CP, que señala: “Si durante el cumplimiento de la condena se dictare una ley más benigna, será ésta la que se aplique” y, siendo que la nueva normativa legal referida modificó el tratamiento de todos los adolescentes a partir de los catorce (14) años de edad, y menores de dieciocho (18) años de edad con responsabilidad penal, corresponde aplicar los arts. 267-II y 268-II de la Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014.

En ese contexto, no queda duda que el hecho criminoso, por el cual se halla condenado el recurrente, se perpetró antes de la publicación de la Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014, que establece una norma más benigna, en cuanto al tratamiento de todos los adolescentes con responsabilidad penal atenuada, aplicables retroactivamente en su caso en consideración a la edad que tenía cuando cometió el hecho. Por consiguiente, se trata de algo ocurrido después de la sentencia, con posterioridad al delito que se imputó al procesado y por el que se le condenó, de un acontecer inescindiblemente ligado al hecho por el que fue sentenciado, del que no tuvo conocimiento el juzgador.

En ese contexto, el recurrente Freddy Chipata Flores, nacido el 13 de noviembre de 1993 (fs. 29), tenía 16 años de edad al momento en que cometió el delito tipificado como asesinato en grado de complicidad -23 de agosto de 2010-, por el que fue condenado, mediante Sentencia Nº 48/13 pronunciada el 16 de octubre de 2013, a cumplir la pena de quince años de presidio sin derecho a indulto. En observancia del art. 268.I de la Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014, que prevé: “La responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en cuatro quintas partes respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la norma penal” (el resaltado es nuestro), se tiene que las cuatro quintas partes de los 15 años de reclusión que corresponden al recurrente Freddy Chipata Flores, resulta 3 años de reclusión (pena atenuada por la Ley Nº 548); es decir, en el caso presente nos encontramos ante un proceso penal por el que Freddy Chipata Flores es autor del delito de asesinato en grado de complicidad, correspondiéndole una pena de tres (3) años de presidio, en atención a la pena atenuada prevista por el art. 268.I de la Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014, en relación al art. 252 numeral 2 y 3 del CP y art. 23 del mismo cuerpo legal.

La aplicación de la ley más favorable del imputado con base en los principios de retroactividad y favorabilidad, fueron desarrollados ampliamente a través de los Autos Supremos Nos. 63/2013 de 11 de marzo y 100/2015-RRC de 12 de febrero, emitidos por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y, encuentran sustento en el art. 123 de la CPE; teniendo presente además que el principio pro homine o pro persona, mismo que conforme la Convención Americana sobre Derechos Humanos; “es un principio interpretativo que implica que se deberá de preferir, privilegiar o favorecer la aplicación de aquella norma que otorga una mayor protección a los derechos de la persona, independientemente si dicha norma se encuentra en un tratado internacional o en una disposición de derecho interno, sí en una misma situación son aplicables la Convención Americana u otro tratado internacional, deben prevalecer la norma más favorable a la persona humana. El principio pro persona, en su vertiente preferencia de normas, en el sentido de preferir la norma más protectora, sin importar la ubicación jerárquica, que mejor proteja o menos restrinja el ejercicio de los derechos humanos, así en algunos casos la norma más protectora será la establecida en un tratado internacional; y en otros podrá ser una norma propia del orden jurídico interno que posea un estándar mayor de protección de la persona que la norma internacional aplicable; o bien podrá ser determinado tratado internacional sobre otro tratado internacional, o bien una norma inferior sobre una jerárquicamente superior. Así parece que el principal operador de dicho principio es el juez quien tendrá que resolver en el caso concreto que se le presenta cual es la norma que prevalece sobre la otra, a ser más protectora”.

En el mismo orden, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 9, bajo el nomen juris de Principio de legalidad y retroactividad, proclama: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiara con ello”.


El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 15 establece: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posteridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiara de ello” (las negrillas son nuestras). En ambos casos se advierte la prohibición de la retroactividad de la ley penal desfavorable, previendo sin embargo la posibilidad de la retroactividad cuando la nueva ley penal fuera más benigna; consiguientemente, aplicando este principio cuando la ley penal fuera más favorable como en el caso que nos ocupa, como se tiene instituido el principio de retroactividad de la ley penal más favorable en los párrafos segundo y tercero del art. 4 del CP, que propugna la aplicación de la norma más benigna posterior a la comisión del hecho delictivo, con la condición de que dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo, constituyendo la excepción al principio de irretroactividad de la aplicación de la ley, sustentada en razones político criminales, primordialmente, en virtud al principio de humanidad de las penas, que se fundamenta en la dignidad de las personas.

En ese sentido, los derechos fundamentales y garantías constitucionales tienen un lugar preeminente en el orden constitucional, en nuestro caso, se encuentran en un amplio catálogo de derechos y garantías jurisdiccionales, en los fines y funciones del Estado, así como en los criterios de interpretación de los derechos humanos los cuales deben ser utilizados por los jueces y tribunales, así, los arts. 13-IV y 256-II de la CPE, establecen principios de interpretación de los derechos fundamentales: La interpretación pro persona (pro homine) y la interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos. En virtud a la primera, los jueces y tribunales tienen el deber de aplicar la norma más favorable para la protección del derecho en cuestión, y de adoptar la interpretación más favorable y extensiva al derecho en cuestión, y conforme a la segunda, la interpretación del derecho de acuerdo a las normas contenidas en tratados e instrumentos internacionales, siempre que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución.

  1. CONCLUSIONES.

Conforme a los datos del proceso y lo expuesto ut supra, Freddy Chipata Flores, al momento del hecho contaba con la edad de 16 años, según el certificado de nacimiento adjunto a fs. 29 de obrados; El Código Niña, Niño y Adolescente (Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014), norma especial de aplicación preferente frente a la ley general, incide en el ámbito de la esfera de la libertad del imputado Freddy Chipata Flores, encontrándose dentro de los alcances del principio de favorabilidad y consiguiente retroactividad de la Ley prevista como excepción en el art. 123 de la CPE; en consecuencia, corresponde dar curso al recurso de revisión extraordinario de la Sentencia condenatoria Nº 48/13 de 16 de octubre de 2013.

Consiguientemente, este Tribunal en acuerdo con el Dictamen Fiscal presentado por el Fiscal General del Estado Plurinacional, arriba al entendimiento de que el recurrente Freddy Chipata Flores, al momento de cometer el delito tenía dieciséis (16) años de edad y, fue Sentenciado a la pena de quince (15) años de presidio sin derecho a indulto, que viene cumpliendo en el Penal de San Sebastián, varones de la ciudad de Cochabamba, por el delito de asesinato en grado de complicidad previsto en el art. 252 numeral 2 y 3 del CP en relación con el art. 23 del mismo cuerpo legal; y, durante el cumplimiento de la condena, efectivamente se ha promulgado la Ley 548 de 17 de julio de 2014, que en el contenido de los arts. 267 y 268.I de la citada Ley, son favorables para los adolescentes a partir de catorce (14) años de edad y menores de dieciocho (18) años de edad, sindicados por la comisión de hechos tipificados como delito en el Código Penal, aspectos que se consideran para la revisión de la sentencia condenatoria, conforme a la causal prevista en el núm. 5) del art. 421 del CPP, que señala: “cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna”; para el caso de autos, la Ley Nº 548 de 17 de julio de 2014 del Código de Niña, Niño y Adolescente, son aplicables por el principio de favorabilidad, al haberse modificado el tratamiento de todos los adolescentes a partir de los catorce (14) años de edad y menores de dieciocho (18) años de edad con responsabilidad penal, debiendo en consecuencia aplicarse innegablemente los artículos citados precedentemente.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 184.7 de la Constitución Política del Estado y art. 38.6 de la Ley de Organización Judicial, falla en única instancia disponiendo lo siguiente:

       ANULA la Sentencia Nº 48/13 pronunciada el 16 de octubre de 2013, pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Quillacollo-Cochabamba, dentro del proceso penal que siguió el Ministerio Público contra Freddy Chipata Flores, por el delito de asesinato en grado de complicidad, previsto y sancionado por el art. 252 numerales 2 y 3 con relación al art. 23 del CP, únicamente respecto al ahora recurrente y sobre el quantum de la pena o tiempo de reclusión que le fue impuesto; en su mérito,

       Se DISPONE la aplicación de la Ley N° 548 de 17 de julio de 2014 y, en consecuencia, la reducción del tiempo de cumplimiento de la sanción de privación de libertad a una quinta parte de la que fue impuesta por la Sentencia revisada; es decir, en aplicación a la responsabilidad penal atenuada, prevista en el art. 268.I de la Ley N° 548, se impone la sanción de tres (3) años de reclusión a Freddy Chipata Flores, en el recinto penitenciario de San Sebastián, manteniendo firme y subsistente los demás términos dispuestos en la Sentencia condenatoria N° 48/13 tantas veces mencionada; y.

       Considerando que el recurrente, acreditó estar privado de libertad desde el 3 de septiembre de 2010, fecha de realización de las medidas cautelares dispuestas en su contra por el Juez de Instrucción Penal Cautelar de Quillacollo, habiendo transcurrido hasta el presente más del tiempo del fijado en el presente fallo judicial, se ORDENA a la Jueza o Juez de Ejecución Penal de turno de la ciudad de Cochabamba, previa verificación de que el ahora recurrente no esté recluido por otro delito, expida el mandamiento de libertad definitiva a favor de FREDDY CHIPATA FLORES

Regístrese, devuélvase y archívese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena