SALA PLENA


AUTO SUPREMO:                        48/2017.

FECHA:                                Sucre, 6 de abril de 2017.

EXPEDIENTE Nº:                        14/2015.

PROCESO:        Detención Preventiva con Fines de Extradición. .

PARTES:        A solicitud de la República Argentina contra José Luis Sejas Rosales.

MAGISTRADA TRAMITADORA:        Rita Susana Nava Durán.                        


VISTOS EN SALA PLENA: La Sentencia Constitucional  Nº 1210/2016-S3 de 4 de noviembre de 2016, los memoriales presentados, el 3 de junio, 22 de junio y 28 de junio todos del año 2016, antecedentes procesales.


CONSIDERANDO I: Que, la Sentencia Constitucional  Nº 1210/2016-S3 de 4 de noviembre de 2016 ha concedido la tutela y dejado sin efecto, las providencias 6, 22 y 28 de junio de 2016 del presente proceso.


Que, José Luis Sejas Rosales por los memoriales presentados el 3 de junio, 22 de junio y 28 de junio todos del año 2016, solicita la cesación de la detención preventiva con fines de extradición por vencimiento del plazo y se emita mandamiento de libertad, con los siguientes fundamentos en resumen:


  1. De la revisión tanto del Auto Supremo Nº 64/2016, así como la Resolución Nº 35/16 con relación a la complementación y enmienda solicitada, en ambas resoluciones se establece que la ejecución del mandamiento de detención preventiva deberá diferirse a la conclusión del proceso penal abierto en el Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que es evidente que al encontrarse en este momento privado de libertad desde el 3 de marzo de 2016, se encuentra ilegalmente detenido, pues el proceso en Bolivia se encuentra en plena etapa preparatoria, sin haber concluido conforme a procedimiento.


  1. Es evidente que una de las atribuciones del Tribunal Supremo es la disponer la detención preventiva con fines de extradición por un plazo máximo de 90 días, cuando no se hayan presentado todos los documentos requeridos para la procedencia de la extradición, sin embargo se puede apreciar que es evidente que desde la detención preventiva en fecha 3 de marzo de 2016 hasta la fecha 3 de junio de 2016 han transcurrido los 90 días, encontrándose vencido el plazo establecido y se hace evidente que al encontrarse vencidos los plazos dispuestos por la ley, implica generar una detención ilegal y vulnerar derechos y garantías. 


  1. La libertad como derecho fundamental se encuentra tutelado por el art. 23 de la CPE que indica: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La Libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por Ley”. A su vez el Pacto de San José de Costa Rica, del cual Bolivia es signatario y que forma parte del bloque de constitucionalidad por mandato del art. 410 de la CPE en su art. 8 inc. l) señala: “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal imparcial…”, así también el referido pacto establece las garantías mínimas que deben ser respetadas al decir: “Toda persona privada de libertad, tiene derecho a recurrir ante un Juez o Tribunal competente a fin de que este decida, sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o detención fueron ilegales”.


  1. Es necesario que se considere el art. 130 del CPP que establece: “ Los plazos son improrrogables y perentorios…” y a su vez existe una amplia jurisprudencia respecto a la detención ilegal o indebida, es por ello necesario mencionar la Sentencia Constitucional Nº 1019/2013-R de 27 de junio, que establece en su ratio decidendi lo siguiente: “Según el constitucionalista José Antonio Rivera Santivañez, el apresamiento ilegal o indebido es la privación de libertad de una persona que habiendo sido dispuesta por la autoridad judicial competente, como medida cautelar o sanción punitiva, se prolonga más allá de los  límites establecidos por ley…”


  1. Además, es evidente que lo dispuesto por el Tribunal, en la complementación y enmienda, resulta errado puesto que el imputado dentro del proceso penal radicado ante el Juez 4º de Instrucción Penal de la Capital, se encuentra con mandamiento de libertad, debiendo cumplir las correspondientes medidas sustitutivas, dispuestas por la Sala Penal III, mediante auto de fecha 31 de mayo de 2016, por lo que solo se encuentra pendiente y vigente el mandamiento de detención preventiva dictado por el Tribunal Supremo de Justicia.


CONSIDERANDO II: Que, habiéndose revisado los antecedentes de la solicitud de cesación de la detención preventiva con fines de extradición por vencimiento del plazo y se emita mandamiento de libertad del Ciudadano Boliviano José Luis Sejas Rosales, el Tribunal Supremo de Justicia se  pronuncia sobre el fondo de la misma en los siguientes términos:


  1. Sin duda el plazo y presupuestos de la detención preventiva son distintos en una extradición que en una detención judicial dentro de un proceso penal, en el primer caso, el Tribunal Supremo de Justicia se limita a ordenar la detención preventiva  cuando se cumplen los presupuestos de admisibilidad y procedencia de la petición extraditoria y en el segundo caso, el juez de instrucción cautelar cumple los presupuestos establecidos en el Código de Procedimiento Penal.


  1. En el caso de autos, en la Resolución Nº 35/2016 (auto de complementación y enmienda) se ha señalado claramente que: “En el presente caso, la parte recurrente omite que señalar que la parte dispositiva de la sentencia, es clara al disponer que: “ …el respectivo mandamiento de detención preventiva, cuya ejecución se difiere hasta que el proceso penal abierto en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el Juzgado 4 de Instrucción en lo Penal de la Capital de Santa Cruz  (Proceso Penal Público  Nº IANUS 701199201525963) por los delitos Legitimación de Ganancias Ilícitas y Tráfico de Sustancias Controladas previstos en los arts. 185 bis del Código Penal y 33. Inc. m) y 48 de la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), cese o concluya conforme al procedimiento y cumpla, en su caso, la condena que se le imponga, es decir que la detención preventiva se ejecutará a fines de la entrega al Estado Requirente (República Argentina) cuando cese o concluya el procedimiento penal seguido en proceso penal abierto en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el Juzgado 4 de Instrucción en lo Penal de la Capital de Santa Cruz  o se cumpla, en su caso, la condena que se le imponga, no pudiendo adelantarse la sentencia al resultado del proceso penal que se prosigue contra José Luis Sejas Rosales y estar a las resultas de éste para entrega del ciudadano al Estado Requirente”, de tal modo que no es necesario determinar la cesación de detención preventiva y realizar la emisión de un mandamiento de libertad, por ello se ha utilizado la frase cuya ejecución se difiere en la parte dispositiva  del Auto Supremo 64/2016.


  1. Acotando a lo ya razonado, se hace imperioso señalar que el Auto Supremo 64/2016, fue dictado dentro de los 90 días de la detención preventiva ordenada y no se extralimito en su plazo, por lo que la parte dispositiva se encuentra en plena vigencia y el solicitante se niega a reconocer que el citado Auto Supremo ha diferido la ejecución de la entrega de José Luis Sejas Rosales al Estado Requirente (Argentina) e igualmente se ha diferido la detención preventiva hasta que concluya el proceso penal que se prosigue contra el citado ciudadano, no siendo necesario emitir ninguna disposición de cesación de detención preventiva y consiguiente mandamiento de libertar y en todo caso la parte solicitante deberá acudir al Juez de Instrucción cautelar delegado por este Tribunal para que ejecute el diferimiento de entrega y detención preventiva.


  1. Asimismo, sobre el vencimiento del plazo máximo previsto en el art. 154 del Código de Procedimiento Penal que argumenta la parte solicitante se debe señalar que este plazo está previsto para que el Estado Requirente, formalice su solicitud, hecho que en el caso de autos se dio y fue resuelto mediante Auto Supremo 64/2016 de 2 de junio, por lo cual no corresponde la errónea interpretación que pretende el solicitante.


  1. En razón a lo expuesto precedentemente corresponde disponer no ha lugar a la solicitud de cesación de la detención preventiva con fines de extradición por vencimiento del plazo y se emita mandamiento de libertad del Ciudadano Boliviano José Luis Sejas Rosales.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia de conformidad a los arts. 38.II de la Ley del Órgano Judicial y el art. 154 numeral 3) del Código de Procedimiento Penal, DECLARA NO HABER LUGAR a la solicitud de cesación de la detención preventiva con fines de extradición por vencimiento del plazo, así como la solicitud de emisión de mandamiento de libertad del ciudadano boliviano José Luis Sejas Rosales.


Asimismo, siendo que debe tener conocimiento el Estado requirente, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores notifíquese a la  Embajada de la República Argentina con el presente Auto Supremo y en aplicación del principio de celeridad previsto en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado notifíquese vía fax, sin perjuicio de emitirse el correspondiente oficio de Ley, ordenándose que dicho Ministerio de Estado, remita a éste Tribunal constancia de la fecha de la comunicación correspondiente e igualmente notifíquese a los Juzgados 4º y 2º de Instrucción en lo Penal de la Capital de Santa Cruz, sea por intermedio de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, para lo cual emítanse los oficios de Ley.


No suscriben los Magistrados Jorge Isaac von Borries Méndez, Fidel Marcos Tordoya Rivas por emitir voto disidente.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano (DISIDENTE)

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena