SALA PLENA


AUTO SUPREMO:                    19/2017.

FECHA:                                Sucre, 1 de febrero de 2017.

EXPEDIENTE Nº:                        05/2017.

PROCESO:        Detención Preventiva con fines de Extradición.

PARTES:        Consulado General de la Republica de Chile contra Gabriel Ayca Lutino y Sulma Miguelina Moya de Ayca.

MAGISTRADA TRAMITADORA:        Rita Susana Nava Durán.


VISTOS EN SALA PLENA: La solicitud de Detención Preventiva con fines de Extradición, de fs. 1, formulada por el Consulado General de la República de Chile en La Paz-Bolivia, mediante Nota Nº 12/17 de 17  de  enero de 2017; la documentación adjunta, la normativa aplicable; el informe de la Magistrada Dra. Rita Susana Nava Durán y;

CONSIDERANDO: Que, adjuntando el cuaderno de Detención Preventiva con fines de Extradición correspondiente, por nota Nº 12/17 dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección General de Asuntos Jurídicos- de nuestro país, el  Consulado General de la República de Chile en Bolivia, solicita la Detención Preventiva con fines de Extradición de los ciudadanos bolivianos Gabriel Ayca Lutino, con Cédula de Identidad boliviana Nº 3522306 y Miguelina Ayma Moya, con Cédula de Identidad boliviana Nº 3549977, por existir en sus contras investigación formalizada como autores de los delitos de Tráfico de Migrantes y Asociación Ilícita, causa signada como RUC 1600073321-4, RIT 2667-2016; sustentando la solicitud en el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile suscrito en Rio de Janeiro, a los 10 días del mes de diciembre de 1998,  y Tratado de Extradición entre Chile y Bolivia de 1910.

CONSIDERANDO: Que, del análisis de la documentación acompañada, se desprende que por Acta de Formalización de la Investigación RUC 1600073321-4, RIT 2667-2016, el Juzgado de Garantía de Calama, dio inicio a la investigación debido a que en junio de 2014, Gabriel Ayca Lutino, Sulma Miguelina Ayma de Ayca y otros tales como Soledad Maquera Clabetia, Reyna Huaringa Maquera, Yemeyel Morales Álvarez, Juan Castillo Vilca, Kharlo Zarate Sunción y Kliver Zarate Sunción, conformaron una organización  criminal dedicada al Tráfico de Migrantes especialmente de nacionalidad dominicana, a quienes les ofrecían ingresar a Chile, en algunos casos engañándoles respecto a la forma de ingreso al país, para lo cual les cobraban sumas de dinero que oscilaban entre los 300 y 3.000 Dólares Norteamericanos; es así que la organización, a través de sus miembros, cumpliendo instrucciones de la jefa de la organización Soledad Maquera y su brazo operativo principal Juan Castillo Vilca, lograban el ingreso de los migrantes a Chile, para lo cual disponían medios logísticos en los países del Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, a efectos de poder  lograr el traslado, estadía, ocultamiento de los extranjeros, hasta su ingreso a Chile, utilizando principalmente dos vías de pasos no habilitados, por lo que las rutas que utilizaban la organización, consistían en partir con los extranjeros desde Ecuador, para lo cual le daban instrucciones a los migrantes de llegar a ese país donde (salvo alguna excepciones) eran recibidos por miembros de la organización, quienes procuraban su ingreso a Perú por pasos no habilitados y movilizándose por tierra. Una vez en Perú, los transportaban por tierra deteniéndose en diversas localidades donde los extranjeros eran ocultados. Una vez en Tacna, la organización durante un tiempo utilizó para efectos de asegurar su impunidad, la ruta de Tacna paso de Desaguadero hacia Bolivia, donde los extranjeros eran ingresados ilegalmente, y donde eran llevados a Pisiga, lugar de “acopio” de los extranjeros antes de ser ingresados a Chile por rutas habilitadas cercanas a la zona de Colchane. La ruta mas utilizada por la organización era Tacna Arica, donde los extranjeros luego de ser “acopiados” en ese lugar, eran trasladados a la frontera con Chile, por el sector costero, cercano a Los Palos, donde se les daba instrucciones de seguir caminando, o bien eran conducidos por un  guía, atravesando la frontera de manera clandestina por el sector del hito 1 y Quebrada Escritos, lugar donde existen minas antipersonales. Es así que a través de las mencionadas rutas, los migrantes eran trasladados en condiciones inhumanas, donde los extranjeros en algunos casos fueron víctimas de otros delitos, con riesgo para su integridad y vida.

De la forma antes detallada, los imputados formaban parte de una organización en la cual  cada uno tenía un rol específico, para el caso de los bolivianos Gabriel Ayca Lutino y Sulma Niguelina Moya de Ayca, matrimonio que estaba bajo las órdenes de Soledad Maquera, eran los encargados de la logística en relación a la recepción, traslado y acopio de los extranjeros en el sector de la frontera entre Perú y Bolivia, del cruce de la frontera entre ambos países, así como del cruce  de la frontera entre Bolivia y Chile, previamente coordinando con los otros miembros de la organización; se ocupaban también del cobro de otras cantidades de dinero a los extranjeros a fin de ser trasladados a Chile. Su lugar de operaciones es el sector de la frontera entre Perú y Bolivia, en especial  la localidad de Pisiga.

Que, se calificaron los hechos y se sindicaron a los imputados Gabriel Ayca Lutino y Sulma Miguelina Ayma Moya de Ayca,  como autores, ejecutores de los delitos de Tráfico de Migrantes y Asociación Ilícita para Tráfico de Personas, existiendo en  contra de ambos orden de detención (fs. 139 y 140), formulada por el Juzgado de Garantía de Arica (fs.6), en atención a los argumentos esgrimidos por el Fiscal del Ministerio Público, (fs. 23 a 34).

CONSIDERANDO: Que, el Código de Procedimiento Penal Boliviano (CPPB), en su art. 149 establece que “La extradición se rige por las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y, subsidiariamente, por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”. Asimismo, en el art. 154 núm. 1) de la misma norma penal adjetiva, contempla la detención preventiva con fines de extradición, siempre que se acredite la existencia de una resolución judicial de detención.

Por cuanto Bolivia y Chile han suscrito el “Acuerdo sobre Extradición entre los Estados partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile” suscrito en Rio de Janeiro, a los diez días del mes de diciembre de 1998, en cuyo art. 1 ambos países se comprometen a entregarse recíprocamente “a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes del otro Estado parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún  delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad”; a su vez, el art. 2 del citado Acuerdo señala los delitos que dan lugar a la Extradición, entre los que se encuentra el Tráfico de Migrantes y Asociación Ilícita para Tráfico de Personas;  asimismo en el art. 18, han convenido que: 1) “La solicitud de extradición será transmitida por vía diplomática. Su diligenciamiento será regulado por la legislación del Estado Parte requerido; 2) “Cuando se tratare de una persona no condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o copia de la orden de prisión o resolución equivalente, conforme a la legislación del Estado Parte requerido, emanado de la autoridad competente”. Sseñalándose en el mismo artículo, que las demandas deberán ir acompañadas de los siguientes requisitos: “i) Indicar el lugar y fecha en que ocurrieron, su calificación legal y la referencia, a las disposiciones legales aplicables; ii) Todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad, domicilio o residencia de la persona reclamada y, si fuere posible, su fotografía, huellas digitales y otros medios que  permitan su identificación; iii) Copia o transcripción auténtica de los textos legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena aplicable, los textos que establezcan la jurisdicción de la Parte requirente para conocer de ellos, así como una declaración de que la acción y la pena  no se encuentran prescriptas, conforme a su legislación”.

Finalmente, el Capítulo III del  Acuerdo, determina las causales de improcedencia de la extradición, no siendo aplicable en autos, ninguno.

CONSIDERANDO: Que, en el contexto legal precedente y los antecedentes descritos, se tiene que:

  1. La demanda de extradición cumple los requisitos exigidos por el art. 18 del Acuerdo; por cuanto, la solicitud de Detención Preventiva con fines de Extradición ha sido presentada por vía diplomática, mediante el Consulado General de la República de Chile en Bolivia; los datos y antecedentes remitidos que cursan de fs. 1 bis a 140, los argumentos esgrimidos por el Fiscal del Ministerio Público de fs. 23 a 34,  Acta de Audiencia de Formalización de Investigación de fs. 51, el proveído emitido por el Juez de Garantía Titular, donde se instruye se despache la orden de detención de Gabriel Ayca Lutino y Sulma Miguelina Ayma Moya de Ayca cursante a fs. 6, las órdenes de detención de los reclamados de fs. 139 y 140, ambas de 26 de septiembre de 2016, Solicitud de Audiencia de Formalización en Ausencia, con  fines de Extradición de fs. 68,  Acta de Audiencia de Control de la Detención de fs. 35, Certificación de datos franqueado por el Servicio General de Identificación Personal SEGIP del ciudadano boliviano Gabriel Ayca Lutino de fs. 88, Extracto de Filiación y Antecedentes de fs. 89 a 92, Certificación de datos franqueado por el Servicio General de Identificación Personal SEGIP de la ciudadana boliviana Sulma Miguelina Ayma Moya de Ayca de fs. 93, Extracto de Filiación y Antecedentes de fs. 94 a 96, permitiendo comprobar la identidad de los individuos reclamados. Asimismo de fs. 97 a 107 cursan copias referidas a: la ley aplicable al delito de Tráfico de Migrantes, Asociación Ilícita para Tráfico de Personas, su tipificación y sanción, así como de la extinción de la responsabilidad penal, también adjuntan la normativa aplicable, sobre el Acuerdo de Extradición entre los Estados Parte del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile.
  2. No existen motivos para declarar la improcedencia de la extradición.
  3. De los documentos en los que se explica de manera suficiente el hecho, se puede apreciar que se trata de una figura delictiva prevista en el Código Penal, específicamente en el art 281 ter, incorporado por la Ley 3325 de Trata y Tráfico de Personas y otros Delitos Relacionados, de 18 de enero de 2006, que sancionan con pena de presidio de 4 a 8 años. Así también el delito de Asociación Delictuosa y  Organización Criminal previstos en los arts. 132 y 132 Bis de la misma norma Penal boliviana, que señalan una pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
  4. Los delitos por los que se juzga a los reclamados en el país requirente, es el de   Tráfico de Migrantes, Asociación Ilícita para Tráfico de Personas, tipos penales comprendido en los delitos por los que se puede conceder la extradición, señalados en el art. 2 del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y La República de Chile.
  5. Asimismo, se ha invocado la extradición por la perpetración de delitos de carácter común sancionados tanto en  Chile por  los artículos  411 bis, 411 quinquies del Código Penal chileno; como en nuestro país por los arts. 281 ter, 132  y 132 Bis de nuestro Código Penal, todos con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no es inferior a dos años, cumpliendo lo establecido por el  art. 2  núm. 1 del Acuerdo de Extradición.

La solicitud de extradición, no se encuentra dentro las causales de improcedencia, señaladas por el Capítulo III del Acuerdo de Extradición, al haberse cometido el delito en la jurisdicción del país requirente, no habiendo sido juzgado los reclamados en nuestro país por los mismos hechos.

CONSIDERANDO: Que, por las circunstancias anotadas precedentemente, corresponde dar curso a la Detención Preventiva con fines de Extradición, por lo que es menester señalar que con relación a la aplicación del artículo 29 núm. 4 del Acuerdo de Extradición, que a la letra dice: “La persona detenida en virtud del referido pedido de detención preventiva será puesta inmediatamente en libertad si, al cabo de 40 días corridos, contados desde la fecha de notificación de su detención al Estado Parte requirente, éste no hubiere formalizado la solicitud de extradición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Parte requerido”. Y núm. 5, que cita “Si la persona reclamada fuere puesta en libertad en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Estado Parte requirente sólo podrá solicitar una nueva detención de la persona reclamada mediante una solicitud formal de extradición”. La norma penal adjetiva del Estado Plurinacional de Bolivia con relación a la formalización de la solicitud de extradición, en su art. 154 del Código de Procedimiento Penal boliviano, faculta a este Tribunal, “ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de seis meses, siempre que se acredite la existencia de una sentencia condenatoria o resolución judicial de detención”, presupuesto procesal que en razón a la distancia y al cumplimiento de formalidades del Estado requirente es aplicable, y no así la norma establecida en el art. 29 núm. 4 y 5 del antes indicado Convenio de Extradición, a efectos de garantizar la finalidad de la detención preventiva con fines de extradición.

Se concluye, que en el caso de Autos, el país requirente por la vía diplomática, ha cumplido todos los requisitos exigidos por el Convenio de Extradición entre Bolivia y Chile, y de conformidad a este instrumento de derecho internacional, se encuentra acreditada la existencia de una orden judicial de detención y la naturaleza del delito perseguido, requisitos que aperturan la facultad de proceder con la detención preventiva de  los requeridos ciudadanos bolivianos: Gabriel Ayca Lutino y Sulma Miguelina Ayma Moya de Ayca.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 184 núm. 3) de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 38 núm. 2) de la Ley 025 del Órgano Judicial, así como el art. 50 núm. 3) y el art.  154 núm. 1) ambos de la Ley Nº 1970, DISPONE LA DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN de los ciudadanos bolivianos: Gabriel Ayca Lutino, con Cédula de Identidad boliviano Nº 3522306, nacido el 18 de marzo de 1975  y Sulma Miguelina Ayma Moya de Ayca, con Cédula de Identidad Boliviano Nº 3549977, nacida el 29 de septiembre de 1979, ambos mayores de edad,  con domicilio en Urbanización Villa Dorina L.T. 18, MZ 2, Zona Norte de la ciudad de Oruro Bolivia.

Al efecto, se dispone que el Juez de Instrucción Cautelar en lo Penal de Turno de la  ciudad de Oruro, expida el mandamiento de detención respectivo, cuya ejecución se la efectuará con auxilio de la INTERPOL o cualquier otro organismo policial, a nivel nacional, debiendo procederse a la notificación expresa al detenido con la presente resolución y el mandamiento de detención, con el advertido de que el último dato que se tiene, es que los requeridos tienen su domicilio conyugal en la Urbanización Villa Dorina L.T. 18, MZ 2, Zona Norte de la ciudad de Oruro.

Una vez ejecutado el mandamiento y la notificación dispuesta, la autoridad comisionada, deberá informar de manera inmediata a este Tribunal sobre aquellas circunstancias, acompañando lo documentos originales, así también ofíciese a los Presidentes de los Nueve Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que ordenen a quienes corresponda, se sirvan certificar si los requeridos  Gabriel Ayca Lutino, con Cédula de Identidad Nº 3522306 y  Sulma Miguelina Ayma Moya de Ayca, con Cédula de Identidad Nº 3549977, tienen algún proceso en su contra, debiendo especificar el tipo de delito, si se encuentran detenidos, desde que fecha, y si tienen sentencia condenatoria, para el caso de que no, se informe el estado de la causa.

Así también,  ofíciese al Registro Judicial de Antecedentes Penales para que certifique sobre la existencia de antecedentes a los que se refiere el art. 440 de la Ley Nº 1970, con relación a los ciudadanos bolivianos  Gabriel Ayca Lutino  con C.I boliviano Nº 3522306 y  Sulma Miguelina Ayma Moya de Ayca, con C.I. boliviano Nº 3549977.

Póngase, la presente resolución, en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y del País requirente, a los fines consiguientes.

Regístrese y notifíquese.



Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena