SALA PLENA


AUTO SUPREMO:                        126/2015

FECHA:                                Sucre, 10 de diciembre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        03/2015.

PROCESO        :                        Conflicto de Competencia.

PARTES:        Elevado por el Juzgado de Partido Segundo en lo Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.


VISTOS EN SALA PLENA: El conflicto de competencia suscitado entre el Juez de Partido Segundo en lo Civil y la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia, ambos del Distrito Judicial de Pando, dentro del proceso de nulidad de escritura pública presentada por la Universidad Amazónica de Pando, contra Héctor Montecinos Candia, los antecedentes del proceso y el informe del Magistrado Informador Pastor Segundo Mamani Villca.


CONSIDERANDO l: Que por memorial presentado el 89 de octubre de 2014, el Rector de la Universidad Amazónica de Pando presenta la demanda de nulidad de escritura pública de venta de lote de terreno, ante la Juez de Instrucción Primero en lo Civil y Comercial (fs. 23 a 26), dicha autoridad a momento de resolver la excepción de incompetencia presentada por el demandado, declinó competencia en razón a la cuantía ante el Juez de Partido Segundo en lo Civil (fs. 97), quien a su vez, con el argumento de que la demanda no tenía como objeto la devolución del monto pagado de $us3.610.- $us. sino la nulidad de la escritura pública de transferencia de un lote de terreno, consideró como competente al Juez de Partido en lo Civil, quien motivó un conflicto de competencia, derivando la causa ante el Tribunal Departamental de Justicia de Pando de conformidad a lo establecido en el art. 103. num. 13) de la Ley 1455 Ley de Organización Judicial (LOJ) ahora abrogada (fs. 101).


Mediante Auto de 8 de enero de 2015, la Sala Plena de dicho Tribunal, se declaró incompetente para resolución del presente conflicto de competencia, ordenando sea devuelto el expediente al Juez de partido Segundo en lo Civil (fs. 104), autoridad que nuevamente por Auto de 12 de enero de 2015, alegando su incompetencia esta vez en razón a la materia, ya que el contrato fue suscrito por un particular con una entidad estatal a nivel departamental (Universidad Amazónica de Pando), en atención a lo previsto por el art. 6 de la Ley 620 Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo, nuevamente volvió a declararse incompetente y ordenó la remisión de la causa ante la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Pando (fs. 106).


Por Resolución de 10 de febrero de 2015, la Sala Plena aplicando la Ley 620 resolvió el conflicto de competencia, manifestando que según la cuantía y la materia el juzgado competente para conocer el caso era uno de partido en lo civil y dispuso que el expediente sea tramitado por el Juzgado de Partido Segundo en lo Civil en razón a la cuantía (fs. 113).


Devuelto los antecedentes ante el referido Juez, éste argumentando haberse suscitado un conflicto de competencia entre el Tribunal Departamental de Justicia de Pando y el Juzgado de Partido Segundo en lo Civil de la capital, sin respaldo legal alguno, remitió antecedentes en consulta ante este Tribunal (fs. 116).


CONSIDERANDO II: Conforme lo señalado por este Tribunal en el Auto Supremo N° 41/2015 de 15 de abril de 2015, es necesario indicar que: “...la figura jurídica del conflicto de competencias, regulado en el Capítulo III del Código de Procedimiento Civil, establece que la competencia discutida podrá ser promovida por inhibitoria o declinatoria, de oficio o a instancia de parte. Asimismo, se debe resaltar que el Tribunal Supremo de Justicia según establece la Ley del Órgano Judicial art. 38. 1, tiene competencia para dirimir conflictos de competencias suscitados entre los Tribunales Departamentales de Justicia y de juezas o jueces de distinta circunscripción departamental, aspecto con el que no guarda coherencia el conflicto de competencias promovido por el Juez de Partido N° 1 en lo Civil y Comercial de Cobija. De esa manera, se determina que el presente conflicto de competencias indebidamente promovido ante este Tribunal, constituye una consulta al margen del procedimiento que hace propiamente al procedimiento previsto en la norma, para el tratamiento del conflicto de competencias como instituto del derecho procesal civil. En ese sentido, corresponde aclarar los aspectos siguientes:


1. La competencia no emana de resolución judicial alguna, sino que nace de la Constitución Política del Estado y la Leyes.


2. La vigencia del nuevo régimen en materia contenciosa y contenciosa administrativa que impone la Ley 620 de 29 de diciembre de 2014, desde ningún punto de vista debe o puede justificar demora en la administración de justicia o restringir derechos de los ciudadanos quienes requieren de esa vía para resolver sus conflictos.


3. Se debe entender que la trasformación normativa en el paradigma de la Constitución Política del Estado, demanda a los operadores de justicia la aplicación de principios generales de la ciencia del Derecho para optimizar el acceso a la justicia pronta y oportuna”.


Por otra parte, de acuerdo con el registro informático que posee el Tribunal, ésta resulta ser la tercera causa en la que el Tribunal Departamental de Justicia de Pando y los jueces de dicho distrito, incurren en demora injustificada en la resolución de las cusas sometidas a su conocimiento sin observar la previsión contenida en el art. 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, que textualmente indica: “Los procesos en curso, archivados y los presentados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, continuarán siendo de competencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas Plenas de los Tribunales Departamentales de Justicia, hasta su conclusión, conforme a normativa legal aplicable hasta antes de la promulgación de la presente Ley.”; disposición legal emitida con la finalidad de mejorar las condiciones de acceso al servicio de justicia, descongestionar la carga procesal y optimizar el trámite procesal del contencioso y contencioso administrativo, al establecer que la competencia en este tipo de procesos la ejercerán las Salas Especializadas en el nivel nacional y el nivel departamental, siendo incorporadas en la estructura tanto del Tribunal Supremo de Justicia como de los Tribunales Departamentales de Justicia, toda vez que: “...el Código de Procedimiento Civil de 1975 incorporó los procesos contencioso y contencioso administrativo, distinguiéndolos totalmente y atribuyendo la competencia para sustanciar estos procesos a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, actual Tribunal Supremo de Justicia, nunca a los jueces ordinarios, porque se comprendió que se trataba de procesos especiales, que en lo procesal se tramitan en la vía ordinaria, respetando sus propias connotaciones, tal como establecen los arts. 775 y 778, respectivamente, del Código de Procedimiento Civil”.


Por lo referido resulta incomprensible y hasta deliberado que el Juez de Partido Segundo en lo Civil del Tribunal Departamental de Pando hubiere suscitado el presente conflicto de competencia, cuando este Tribunal ya emitió un pronunciamiento al respecto en dos asuntos similares, estableciendo una línea de acción, que es de conocimiento de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que de manera contradictoria ordenó la remisión del expediente ante la autoridad llamada por ley (Juez de Partido Segundo en lo Civil), en aplicación de lo establecido en el art. 50 num. 2) de la Ley 025 LOJ, lesionando el principio de celeridad previsto en el art. 3 de la referida Ley 025 LOJ y provocando una dilación y perjuicio a las parte litigantes con sus resoluciones inadecuadas.


En esa lógica no existe justificativo que evidencie las razones por las que se hubiere generado el presente conflicto de competencia, pues el primer Juez de Instrucción Primero en lo Civil y Comercial que conoció el proceso, en su primera intervención debió rechazar la demanda sin más trámite por incompetencia y sugerir al actor observar los arts. 775 o 778 del Código de Procedimiento Civil, según sea el caso, o por el contrario derivada la causa ante la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, sea esta quien disponga lo señalado observando el art. 6 de la Ley N° 620, habiendo por el contrario, demorando el conocimiento, análisis y resolución de la presente causa desde el mes de octubre de 2014, por lo que la autoridad llamada por ley en ejercicio de su competencia debe tramitar el proceso ejerciendo la dirección del mismo y resolver lo que corresponda en derecho.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, al haberse promovido indebidamente conflicto de competencias ante este Tribunal, ocasionando una demora injustificable, en ejercicio de la atribución contenida en el núm. 9 del art. 38 de la Ley 025, y los principios de seguridad jurídica y celeridad, dispone la remisión de los antecedentes procesales ante la Sala Especializada Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que resulta ser la competente para la tramitación y resolución de la demanda presentada por la Universidad Pública de Pando, en la vía contenciosa.


Al tratarse de una conducta reiterativa, remítase a la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura una copia de la presente resolución, para fines consiguientes.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena