SALA PLENA


AUTO SUPREMO:                        123/2015

FECHA:                                Sucre, 10 de diciembre de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        07/2015.

PROCESO        :                        Conflicto de Competencias.

PARTES:        Elevado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.


VISTOS EN SALA PLENA: El Conflicto de Competencia suscitado entre la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa y la Sala Plena, ambas del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, los antecedentes procesales, el informe de la Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina.


CONSIDERANDO I: Que de la compulsa de los antecedentes se puede observar que por memorial de 29 de diciembre de 2011, Florencio Gutiérrez Medina y María Elizabeth Sempertegui Alcocer de Gutiérrez, interpusieron demanda contencioso administrativa contra la Honorable Alcandía Municipal de Quillacollo y su Consejo Municipal, ante Sala Plena de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de Cochabamba, solicitando la invalidez de las Resoluciones Municipales Nos. 65/2009, 147/2010 y 26/2011 con el propósito de dejar sin efecto la orden de demolición de su vivienda. Posteriormente se puede evidenciar que la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de 26 de septiembre de 2012 (fs. 217 a 218 del segundo cuerpo), se declaró incompetente para tramitar la causa en razón de la naturaleza del proceso y en previsión del art. 70 de la Ley 2341, disponiendo la nulidad de obrados y su remisión a la autoridad llamada por Ley, es así que recepcionado dicho proceso contencioso administrativo por parte del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció el Auto Supremo Nº 164/2013 de 13 de mayo (fs. 227 a 229), disponiendo la devolución de antecedentes en razón de que los Tribunales Departamentales de Justicia a través de sus Salas Plenas son los competentes para conocer y resolver los procesos contenciosos administrativos en materia municipal en los cuales se impugnen resoluciones municipales, en función de la línea jurisprudencial establecida por este Tribunal.


Devuelto el proceso al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y encontrándose en pleno trámite, mediante decreto de 09 de marzo de 2015 (fs. 284 del segundo cuerpo), emitido por el Vocal José Eddy Mejía Montaño, tramitador del caso de autos, se dispuso remitir antecedentes procesales ante la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa del mismo Tribunal, para su tratamiento correspondiente, en función a la promulgación de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014; remitido el proceso, la referida Sala, pronunció el Auto de 16 de marzo de 2015 (fs. 287 del segundo cuerpo) por el que en observancia del art. 6 de la Ley Nº 620 y en virtud de que dicha demanda fue presentada el 29 de diciembre de 2011; es decir, con anterioridad a la promulgación de la precitada Ley y en consideración que la nueva Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa comenzó a funcionar a partir del 09 de marzo de 2015, dispuso devolver el proceso para continuar su tramitación a Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia.


Devuelto el expediente, Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de 22 de abril de 2015 (fs. 290 y vta. del segundo cuerpo), por el que se declara incompetente para conocer el presente proceso, en previsión del art. 3 de la Ley Nº 620, disponiendo la devolución a la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa para que realice las actuaciones que en derecho correspondan; enviado el expediente, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa mediante Auto de 19 de junio de 2015 (fs. 293 y vta. del segundo cuerpo), en observancia del art. 6 de la Ley Nº 620, al haberse declaro implícitamente incompetente para conocer el presente proceso por Auto de 16 de marzo de 2005, así como la Sala Plena del mismo Tribunal, mediante Auto de 22 de abril de 2015, por lo que determinó que existe conflicto de competencia, disponiendo la remisión de antecedentes ante este Tribunal Supremo de Justicia, con el objeto de dirimir dicho conflicto.


CONSIDERANDO II: Con base en los antecedes descritos precedentemente, es preciso señalar que de acuerdo al art. 38.1 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), este Tribunal, tiene competencia para: “Dirimir conflictos de competencias suscitados entre los Tribunales Departamentales de Justicia y de juezas o jueces de distinta circunscripción departamental” (negrillas añadidas).


A su vez, el art. 50.2 de la LOJ, refiere como competencia de Sala Plena de los Tribunales Departamentales de Justicia: “Dirimir conflictos de competencias entre juezas o jueces del departamento”.


De esta manera, se determina que el presente conflicto de competencia indebidamente promovido ante este Tribunal, constituye una CONSULTA al margen del procedimiento que hace propiamente al procedimiento previsto en la norma, para el tratamiento del conflicto de competencias como instituto del derecho procesal civil.


En ese sentido corresponde aclarar los siguientes aspectos:


1.- La competencia no emana de resolución judicial alguna, sino que nace de la Constitución Política del Estado y las Leyes.


2.- La vigencia del nuevo régimen en materia contenciosa y contenciosa administrativa que impone la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, desde ningún punto de vista debe o puede justificar demora en la administración de justicia o restringir derechos de los ciudadanos quienes requieren esa vía para resolver sus conflictos.


3.- Se debe entender que la transformación normativa en el paradigma de la Constitución Política del Estado, demanda a los operadores de justicia la aplicación de principios generales de la ciencia del Derecho para optimizar el acceso a la justicia pronta y oportuna.


En el marco de estas puntualizaciones y por los actos ejecutados, llama la atención la conducta de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por haber provocado en este caso, demora injustificada del trámite de la presente causa, siendo que la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, es clara respecto de la competencia en los procesos contenciosos y contenciosos administrativos, cuando en su art. 6, señala que: “Los procesos en curso, archivados y los presentados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, continuarán siendo de competencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas Plenas de los Tribunales Departamentales de Justicia, hasta su conclusión, conforme a normativa legal aplicable hasta antes de la promulgación de la presente Ley” (negrillas agregadas). En esa lógica, debe entenderse que se refiere aquellos procesos presentados ante autoridad competente, deben ser tramitados hasta su conclusión por dichos Tribunales ante los que se iniciaros estos procesos.


Es importante destacar, que el Código de Procedimiento Civil de 1975, incorporó los procesos contencioso y contencioso administrativo, distinguiéndolos totalmente y atribuyendo la competencia para sustanciar dichos procesos a la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia, actual Tribunal Supremo de Justicia, nunca a los jueces o tribunales ordinarios, porque se comprendió que se trataba de procesos especiales, que en lo procesal se tramitan en la vía ordinaria, respetando sus propias connotaciones, tal como lo establecen los arts. 775 y 778, respectivamente, del Código de Procedimiento Civil.


Producto de las recientes reformas en la materia, la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, con la finalidad de mejorar las condiciones de acceso al servicio de justicia, descongestionar la carga procesal y optimizar el trámite procesal del contencioso y contencioso administrativo, estableció que la competencia en este tipo de procesos la ejercerán las Salas Especializadas en el nivel nacional y en el nivel departamental, incorporando en la estructura tanto del Tribunal Supremo de Justicia como de los Tribunales Departamentales de Justicia,  estas Salas especializadas al efecto; dejando claramente establecido, en su art. 6 citado precedentemente que los procesos en curso, archivados y los presentados con anterioridad a la vigencia de dicha Ley, permanecerán siendo de competencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas Plenas de los Tribunales Departamentales de Justicia, hasta su conclusión, de donde se infiere que no hay nada que dirimir, sino disponer que la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, acomode su proceder a la regulación jurídica pertinente, ya que de obrados se tiene que la demanda fue presentada el 29 de diciembre de 2011; es decir, con anterioridad a la promulgación de la Ley Nº 620, por lo que corresponde dar aplicación a la previsión contenida en el art. 6 de la tantas veces citada Ley Nº 620, habiendo con su accionar vulnerando los principios de celeridad y seguridad jurídica, establecidos en el art. 3 de la Ley 025.


Que, en consecuencia, no se abre la competencia del Supremo Tribunal de Justicia por inexistencia de conflicto o disputa.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, identificando inadecuada aplicación de las normas procesales y del Derecho, al haberse promovido indebidamente conflicto de competencia ante este Tribunal, traduciéndose este actuar en demora injustificable, dispone en ejercicio de la atribución contenida en el numeral 9 del art. 38 de la Ley Nº 025, y en mérito a los principios de seguridad jurídica y celeridad, la REMISÓN de todos los antecedentes del proceso ante la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por ser dicha autoridad competente para la tramitación y resolución de la demanda incoada por Florencio Gutiérrez Medina y María Elizabeth Sempertegui Alcocer de Gutiérrez contra la Honorable Alcaldía Municipal y el Consejo Municipal de Quillacollo.


Se llama la atención a los Vocales de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que emitieron el Auto de 22 de abril de 2015, por haber provocado un inexistente conflicto de competencias, retardando sin razón alguna la decisión del proceso contencioso administrativo antes señalado.


Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena