SALA PLENA


AUTO SUPREMO:                                112/2015

FECHA:                                        25 de noviembre de 2015

EXPEDIENTE:                                01/2015

PROCESO:                Trámite de Extradición a solicitud de la Embajada de la República del Perú, en relación al ciudadano Martín Antonio Belaunde Lossio.

VISTOS EN SALA PLENA: La solicitud de ampliación de extradición de 20 de octubre de 2015, correspondiente al trámite de extradición del ciudadano Martín Antonio Belaunde Lossio, remitido a este Tribunal por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tratado de Extradición suscrito entre la República del Perú y la República de Bolivia, en fecha 27 de agosto de 2003, ratificado por Bolivia por Ley No. 2776 de 7 de julio de 2004, demás antecedentes y;

CONSIDERANDO I.  Que el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el 23 de octubre de 2015, presenta a secretaria de Sala Plena, el Cite Nº 2728/2015, por el cual, hace conocer a este Tribunal que la representación diplomática de la República del Perú, vía Nota 5-7-M/452, solicita que dentro el presente trámite, se amplíe en relación al ciudadano Martín Antonio Belaunde Lossio, la extradición por el delito de lavado de activos.

Que previo a resolver lo solicitado, este Tribunal acredita que de fs. 1335 a 1338 cursa el Auto Supremo Nº 51/2015 de 11 de mayo, por el que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia autorizó la extradición del ciudadano Peruano Martín Antonio Belaunde Lossio, por los delitos de peculado y asociación ilícita, resolución con la que se notificó a la Embajada de la República del Perú, el 12 de mayo de 2015. (ver fs. 1380).

Que la referida decisión judicial, fue ejecutada el 29 de mayo de 2015, en la localidad fronteriza de Desaguadero.

Queda establecido que el conocimiento del presente requerimiento de ampliación es dentro de la tramitación de solicitud de extradición que ya fue autorizada por Resolución Suprema Nº 056-2015-JUS de 18 de marzo de 2015 por el cual el Gobierno peruano accedió a la solicitud de extradición activa  de Martín Antonio Belaunde Lossio con el fin de que éste sea procesado por los delitos de peculado y asociación ilícita, hechos distintos a la presente solicitud de ampliación por el ilícito de Lavado de Activos, siendo que este tercer tipo penal además es conexo a los otros dos delitos, cumpliendo de esta manera el segundo requisito previsto en el artículo XIII, numeral 1 inciso a), en relación al punto (i) de dicho inciso, todos del Tratado de Extradición vigente, suscrito entre Perú y Bolivia.

De los anexos, que fueron remitidos por la Embajada de la República del Perú, que constan de 1191 fojas, con la que fundamenta la referida solicitud, se acredita la existencia de la solicitud de ampliación de extradición activa formulada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, la resolución que declara procedente la ampliación de solicitud de extradición emitida por la Sala Penal Transitoria Extradición Nº29-2015  y la Resolución Suprema Nº 101-2015-JUS de 3 de junio de 2015 emitida por el Gobierno del Perú por el cual resuelve acceder a la solicitud de ampliación de extradición  de Martín Antonio Belaunde Lossio, para ser procesado por la presunta comisión del delito de Lavado de Activos, por lo que con los antecedentes en examen, compete al Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia conocer la solicitud del Estado peruano.

CONSIDERANDO II. Que revisado minuciosamente los antecedentes procesales, este Tribunal procede a resolver lo solicitado en mérito a los siguientes argumentos:

La Legislación Boliviana, concretamente el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 149 dispone: “La extradición se regirá por las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del presente Código o por las reglas de reciprocidad cuando no exista norma aplicable”. De lo transcrito se advierte que dentro un trámite de extradición, de existir una Convención o Tratado, vigente entre ambos países, el mismo tiene prioridad en cuanto a sus disposiciones, con relación a lo previsto en una Ley interna.

En el caso de autos, el instrumento legal que debe aplicarse preferentemente en casos de extradición es el Tratado entre Perú y Bolivia, suscrito en fecha 27 de agosto de 2003, ratificado por Bolivia por Ley No. 2776 de 7 de julio de 2004.

El artículo II del referido tratado regula lo relativo a aquellos delitos que dan lugar a la extradición, destacándose dos reglas esenciales, la primera: “Darán lugar a la extradición los delitos punibles con pena máxima privativa de libertad superior de dos años o una pena más grave” y la segunda: “que la conducta subyacente se considere delictiva en ambos Estados”.

El artículo XIII del mencionado tratado prevé que una persona no podrá ser detenida, procesada ni sancionada dentro del trámite de extradición, salvo se trate; primero: de un delito  por el cual se haya concedido la extradición o segundo: se trate de un delito diferente al que en origen fue el fundamento para autorizar la extradición, siempre que en este último caso; este nuevo delito este constituido por los mismos hechos por los que se concedió la extradición.

En el caso en examen, es evidente que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia por Auto Supremo Nº 51/2015 de 11 de mayo, autoriza la extradición del ciudadano Belaunde Lossio, por dos delitos, peculado y asociación ilícita.

Posteriormente vía Representación Diplomática, la República del Perú en base a la decisión de la autoridad judicial peruana, que está a cargo del proceso penal que se sigue contra el referido ciudadano Belaunde Lossio, pide que este Tribunal, amplié la extradición por un tercer delito, lavado de activos.

El tipo penal mencionado, en la legislación de la República del Perú, -para el caso en examen - se encuentra desarrollado en los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 27765 (Ley Penal contra el Lavado de Activos), según se advierte de la resolución emitida por la Sala Penal transitoria de Extradición de la República del Perú, Nº 29-2015, que declaró procedente la ampliación de solicitud de extradición activa, cursante en el tercer anexo.

El artículo 1 de la referida Ley dispone: “(Actos de Conversión y Transferencia). El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir y dificulta la  identificación de su origen, su incautación o decomiso; será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte o trescientos cincuenta días multa”.

El artículo 2, refiere: “(Actos de ocultamiento y Tenencia). El que adquiere, utiliza, guarda o custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa”.

En el Código Penal Boliviano, el referido tipo penal se denomina  “Legitimación de Ganancias Ilícitas”, previsto en el Art. 185 Bis, contiene una sanción, superior a dos años, norma que establece que “El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos vinculados a delitos de elaboración, tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas, terrorismo y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de ocultar o encubrir su naturaleza, origen ubicación destino, movimiento o propiedad, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años,(…)El que facilite, o incite a la comisión de este delito, será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años.”, consiguientemente  la referida solicitud cumple el primer requisito previsto en el artículo XIII del Tratado de Extradición suscrito entre Perú y Bolivia.

En los tipos penales descritos en ambos países, el bien jurídico afectado y que debe ser protegido, es el orden socioeconómico, especialmente relacionado a la idea de la licitud de los bienes que circulan en el mercado. En el caso en examen de los tipos penales, la generación de un aspecto de legalidad sobre bienes de origen delictivo constituye un comportamiento no compatible con una figura sustancial del sistema económico, que es, la conformación de un acervo socialmente reconocido únicamente se puede lograr sobre la base del esfuerzo propio y ahínco en actividades permitidas intrínsecas de una economía de libre mercado.

Al respecto, La Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (de la que ambos países son signatarios) establecen de los tipos penales descritos anteriormente, que se está ante ilícitos que deben ser perseguidos sin importar el país en donde se cometió la transgresión normativa previa.

De lo precedentemente expuesto queda claramente establecido que tanto la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 23. 1. a) señala que cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas para tipificar como delito “la conversión o la transformación de bienes, a sabiendas que estos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito (….)” condenan estas conductas, así como lo hacen los ordenamientos peruano y boliviano. De la interpretación de estas conductas a la luz de lo manifestado, en aplicación de la referida Convención, se concluye que Bolivia y Perú prohíben, todo acto realizado para dar apariencia de legitimidad a los bienes y capitales que tienen su origen en actos ilícitos.

En mérito a lo explicado y fundamentado, este Tribunal considera que lo solicitado por la representación diplomática de la República del Perú, por Nota 5-7-M/452, de ampliar la autorización de extradición, dentro el caso concreto, por un tercer delito, está acorde a lo previsto en el Tratado de Extradición suscrito entre ambos Estados.

POR TANTO: El Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, constituido en Sala Plena, en aplicación de lo previsto por el Art. 108 de la Constitución Política del Estado, en relación al Art. 38 numeral 2 de la Ley del Órgano Judicial y 44 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, dejando sin efecto el proveído de 10 de agosto de fs. 1570, AUTORIZA la ampliación de la extradición del ciudadano peruano Martín Antonio Belaunde Lossio, por el delito, de Actos de Conversión y Transferencia y/o Actos de ocultamiento y Tenencia, establecido en la Ley Penal contra el Lavado de Activos de la República del Perú.

No se dispone remisión alguna, toda vez que la entrega dispuesta por este Tribunal de Martín Antonio Belaunde Lossio a las autoridades de la República del Perú ha sido ejecutada.

Líbrese los exhortos suplicatorios correspondientes con el objeto de: 1.- Poner en conocimiento la presente resolución al Estado peruano. 2.-  Solicitar a la autoridad competente de la República del Perú cooperación judicial con el objeto de hacer conocer la presente resolución al extraditado.

La presente resolución se acumula al Auto Supremo Nº 51/2015 y complementario, emitido dentro el presente trámite.

Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

PRESIDENTE

Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

DECANO

Fdo. Rómulo Calle Mamani

MAGISTRADO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

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