SALA PLENA


AUTO SUPREMO:                        64/2015

FECHA:                                Sucre, 7 de junio de 2015.

EXPEDIENTE N°:                        01/2015

PROCESO:        Conflicto de Competencia

PARTES:        Por el Juzgado de Partido Primero en lo Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.



VISTOS EN SALA PLENA: El “conflicto de competencias” elevado por Juzgado de Partido en lo Civil Nº 1 de Cobija, Tribunal Departamental de Justicia de Pando; el Auto de Vista Nº 01/2015 de 9 de enero de 2015 de fs. 188, Auto Nº 041/2015 de 6 de marzo de 2015 de fs. 221 (reverso); antecedentes del proceso y el informe del Magistrado Informador  Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano.


CONSIDERANDO I: Que el 4 de septiembre de 2014 la Universidad Amazónica de Pando, presentó ante el Juzgado de Instrucción de turno en lo civil y comercial de Cobija, demanda nulidad de escritura pública y cancelación de partida en registro de derechos reales, puntualizando que la Universidad,  sin seguir el procedimiento y lograr que la Ley que permita la trasferencia de los bienes de la Universidad, vendió 17 lotes de terreno a Marco Antonio Blanco Sarabia, lo que motivó la interposición de la indicada demanda judicial que fue admitida por la Jueza de Instrucción en lo Civil Nº 1 de la ciudad de Cobija mediante Auto de admisión  de 8 de octubre de 2014, esta resolución, fue objeto de recurso de apelación (fs.177 a 180), mereciendo el Auto e Vista Nº 001/2015 de 9 de enero de 2015, en el que el Juez de Partido en lo Civil Nº 1 de Cobija dispuso la nulidad de obrados hasta el Auto de Admisión y la remisión del proceso ante la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Pando en virtud del art. 6 de la Ley Transitoria Nº 620 en materia contenciosa y contenciosa administrativa.

El 14 de enero de 2015, el demandado Marco Antonio Blanco dirigió memorial al Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial de Cobija, pidiendo la remisión del proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia en aplicación del citado art. 6 de la Ley Nº 620, al considerar que la competencia en este caso le correspondería, solicitud que fue diferida en virtud de que ya se había dispuesto la remisión ante la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia, disposición ratificada por decreto de 21 de enero de 2015 (fs. 207).

Una vez radicada la causa en Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Pando , el 30 de enero de 2015 resolvió (fs. 215) disponiendo que la competencia para resolver el proceso le corresponde al Juzgado de Partido en lo Civil Nº 1, cuya determinación se basó en el mismo art. 6 de la Ley Nº 620.

Recibido el expediente por el Juzgado de Partido Nº 1 en lo Civil, mediante Auto Nº 04/2015 de 6 de marzo de 2015, se declaró incompetente remitiendo antecedentes ante este Tribunal promoviendo conflicto de competencias en este caso.

CONSIDERANDO II: Que en base a los antecedentes identificados, corresponde puntualizar que la figura jurídica del conflicto de competencia, regulado en el Capítulo III del Código de Procedimiento Civil, establece que la competencia discutida podrá ser promovida por inhibitoria o declinatoria, de oficio o a instancia de parte. Asimismo, se debe resaltar que el Tribunal Supremo de Justicia según establece la Ley del Órgano Judicial art. 38. 1, tiene competencia para dirimir conflictos de competencias suscitados entre los Tribunales Departamentales de Justicia y de juezas o jueces de distinta circunscripción departamental, aspecto con el que no guarda coherencia el conflicto de competencia promovido por el Juez de Partido Nº 1 en lo Civil y Comercial de Cobija. De esa manera, se determina que el presente conflicto de competencia indebidamente promovido ante este Tribunal, constituye una consulta al margen del procedimiento que hace propiamente al procedimiento previsto en la norma, para el tratamiento del conflicto de competencias como instituto del derecho procesal civil. En ese sentido, corresponde aclarar los aspectos siguientes:

1.  La competencia no emana de resolución judicial alguna, sino que nace de la Constitución Política del Estado y las Leyes.

2.  La vigencia del nuevo régimen en materia contenciosa y contenciosa administrativa que impone la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, desde ningún punto de vista debe o puede justificar demora en la administración de justicia o restringir derechos de los ciudadanos quienes requieren de esa vías para resolver sus conflictos.

3.  Se debe entender que la trasformación normativa en el paradigma de la Constitución Política del Estado, demanda a los operadores de justicia la aplicación de principios generales de la ciencia del Derecho para optimizar el acceso a la justicia pronta y oportuna.

En el marco de estas puntualizaciones y por los actos ejecutados, llama la atención las conductas, tanto de la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, como del Juez de Partido en lo Civil Nº 1 de ese distrito judicial por haber provocado en este caso, demora injustificada del trámite de la causa, siendo que la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, es clara respecto de la competencia en los procesos contenciosos y contencioso administrativos cuando señaló en su “Artículo 6. (PROCESOS EN TRÁMITE). Los procesos en curso, archivados y los presentados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, continuarán siendo de competencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas Plenas de los Tribunales Departamentales de Justicia, hasta su conclusión, conforme a normativa legal aplicable hasta antes de la promulgación de la presente Ley.”. En esa lógica, debe entenderse que se refiere a aquellos procesos presentados ante autoridad competente, que habiendo asumido competencia y se encuentren tramitando en ejercicio de sus atribuciones -que no es el caso que nos ocupa- deben ser tramitados hasta su conclusión por dichos Tribunales ante los que se iniciaron estos procesos.

Es importante destacar, que el Código de Procedimiento Civil de 1975 incorporó los procesos contencioso y contencioso administrativo, distinguiéndolos totalmente y atribuyendo la competencia para sustanciar estos procesos a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, actual Tribunal Supremo de Justicia, nunca a los jueces ordinarios, porque se comprendió que se trataba de procesos especiales, que en lo procesal se tramitan en la vía ordinaria, respetando sus propias connotaciones, tal como establecen los arts. 775 y 778, respectivamente, del Código de Procedimiento Civil.

Producto de las reformas en la materia, la Ley Nº 620 con la finalidad de mejorar las condiciones de acceso al servicio de justicia, descongestionar la carga procesal y optimizar el trámite procesal del contencioso y contencioso administrativo, estableció que la competencia en este tipo de procesos la ejercerán las Salas Especializadas en el nivel nacional y el nivel departamental, incorporando en la estructura tanto del Tribunal Supremo de Justicia como de los Tribunales Departamentales de Justicia, estas Salas Especializadas al efecto. En virtud de ello la citada ley, establece como plazo máximo para la creación de estas Salas 45 días desde su promulgación, sin que ello fuera limitante para negar o prohibir su competencia ya encomendada por ley. En esa lógica no es comprensible el presente conflicto suscitado respecto de la competencia, pues el primer Juez de Instrucción que conoció el proceso, en su primera intervención debió rechazar la demanda sin más trámite por incompetencia y sugerir al actor regirse por el Código de Procedimiento Civil art. 775 y siguientes de ese cuerpo procesal.

De la evaluación actual de la causa, se tiene que por efecto de la nulidad dispuesta por Auto de Vista Nº 001/2015 (fs. 188), el proceso está en etapa inicial o de postulación, debiendo la autoridad llamada por Ley, en ejercicio de su competencia tramitar el proceso ejerciendo la dirección del mismo y resolver lo que corresponda en derecho.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, identificando inadecuada aplicación de las normas procesales y el Derecho, al haberse promovido indebidamente conflicto de competencia ante este Tribunal, traduciéndose este actuar en demora injustificable, dispone en ejercicio de la atribución contenida en el núm. 9 del art. 38 de la Ley Nº 025, y los principios de seguridad jurídica y celeridad, la REMISIÓN de todos los antecedentes del proceso ante la Sala Especializada Contenciosa y Contencioso Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando -de acuerdo al estado del proceso- por ser dicha autoridad competente para la tramitación y resolución de la demanda incoada por la Universidad Pública de Pando en la vía contenciosa.

No interviene la Magistrada Norka Natalia Mercado Guzmán por encontrarse en comisión de viaje oficial.



Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

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