SALA PLENA


AUTO SUPREMO:                        63/2015

FECHA:                                Sucre, 7 de julio de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        04/2015.

PROCESO:        Conflicto de Competencia.

PARTES:        Elevado por el Juzgado de Partido Tercero del Trabajo y Seguridad Social Administrativo del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

               

VISTOS EN SALA PLENA: El Auto interlocutorio de 28 de febrero de 2015 de fs. 109 a 110, pronunciado por el Juez Tercero 3o de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la Ciudad de Sucre, que promueve el conflicto de competencia con el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social N° 1 del Tribunal Departamental de Cochabamba; los antecedentes del proceso y el informe del Magistrado Rómulo Calle Mamani.


CONSIDERANDO I: Que el Juez Tercero de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la Ciudad de Sucre (fs. 109 a 110), suscita conflicto de competencia con el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social N° 1 del Tribunal Departamental de Cochabamba, manifestando que a través de la Sentencia de 26 de enero de 2012, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social N° 1 del Tribunal Departamental de Cochabamba, declinó competencia en razón de territorio para conocer la acción, después de haber dictado sentencia y medidas precautorias, disponiendo que se cite a la parte coactivada o demandada, anulando su propio fallo sin causa justificada, en base de los arts. 7 y 10 del Código de Procedimiento Civil. Se ha de entender que conforme determina el art. 190 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que la sentencia pone fin al litigio en primera instancia, conteniendo decisiones expresas, positivas y precisas, recayendo sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandas, sin embargo en el presente caso el nombrado juzgador, una vez finalizado el litigio con la emisión de la sentencia, toma la decisión de despojarse del proceso, con el argumento de que la parte coactivada tiene su domicilio en la ciudad de Sucre, y que la competencia de ese Juzgado no se hubiera abierto porque aún no se citó a la parte coactivada o demandada.


Que la parte dispositiva de la Sentencia de 26 de enero de 2012, emitida por el Juez Io de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad de Cochabamba, dispone declarar probada la demanda e intima al coactivado a pagar las deudas demandadas hasta su totalidad, como así dispone se libre medidas precautorias a favor del demandante.


CONSIDERANDO II: Que en el presente caso es aplicable la Ley del Órgano Judicial, al suscitarse los hechos en vigencia de la citada Ley de conformidad a su Disposición Transitoria Segunda, que señala: Una vez posesionadas las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, con excepción del Capítulo IV del Título II; Sección II y III del Capítulo II, y Capítulo III del Título III, entrarán en vigencia todas las demás normas de la presente Ley”.

Que justificada la competencia del Tribunal Supremo de Justicia, es necesario referirse al art. 38 num. 1 de la Ley del Órgano Judicial que determina que: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia tiene la atribución de dirimir conflictos de competencias suscitados entre los Tribunales Departamentales de Justicia y de juezas o jueces de distinta circunscripción departamental”.

Que en el caso de autos, con respecto a los procesos ejecutivos sociales seguidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), es imprescindible determinar la norma aplicable debido la sucesión de normas que se dieron sobre este tipo de procesos. Así se tiene que la Ley de Pensiones vigente (Ley 065 de 10 de diciembre de 2010), en su art. 106 establece que: La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo está facultada al cobro de las deudas por concepto de contribuciones, aporte nacional solidario y el interés por mora, el interés incremental y recargos que correspondan, a través de la Gestión Administrativa de Cobro, del Proceso Coactivo de la Seguridad Social y/o del Proceso Penal”. La anterior disposición fue complementada con el art. 188 de la citada Ley que establece: Los procesos Ejecutivos Sociales instaurados por las Administradoras de Fondos de Pensiones, con anterioridad a la promulgación de la presente Ley, deberán ser concluidos por éstas bajo su entera y absoluta responsabilidad”. Al establecerse un vacío jurídico sobre quien se haría cargo de los procesos por cobro de cotizaciones y primas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), a la cual no está facultada la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y que la Ley de pensiones abrogada (Ley 1732 de 26 de noviembre de 1996) fijaba en su art. 23 que: Procederá la ejecución social cuando se persiga el cobro de cotizaciones, primas, comisiones, intereses y recargos adeudados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La sustanciación se realizará ante los jueces de trabajo y seguridad social, de acuerdo a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo... ”; se debe aplicar en este caso el principio de ultractividad de la Ley, que determina que las situaciones jurídicas al entrar en vigencia una nueva ley, se rigen por la ley antigua, mientras no se encuentre plenamente instituida la nueva entidad, como es el caso presente.


Que al ser aplicable el art. 23 de la Ley de Pensiones abrogada (Ley 1732 de 26 de noviembre de 1996) que dispone que la sustanciación de la ejecución social se realizará ante los jueces de trabajo y seguridad social, de acuerdo a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo, y por ende aplicables también las reglas de competencia previstas en el art. 10 del Código de Procedimiento Civil.

Que en el caso de autos, el proceso ejecutivo social interpuesto por la Previsión BBVA Administradora de Fondo de Pensiones S.A. (BBVA Previsión AFP S.A.), al tratarse de una acción personal, dirigida contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Petrosud Ltda., como consecuencia de la obligación del pago de cotizaciones de parte del empleador, prevista en el art. 33 de la Ley de Pensiones abrogada (Ley 1732 de 26 de noviembre de 1996, que se sujeta a las reglas de competencia establecidas en el art. 10 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, para las acción personales que son: el juez del domicilio del demandado, el del lugar donde debe cumplirse la obligación o de donde fue suscrito el contrato a elección del demandante, y que en el caso concreto de análisis, conforme a las reglas de competencia ya indicadas, el juez competente para conocer la acción ejecutiva social es por una parte, el de la ciudad de Sucre, donde el coactivado o demandado tendría su domicilio; o la ciudad de Santa Cruz, puesto que la obligación debía ser cumplida en dicha ciudad, como también la ciudad de Cochabamba, lugar donde se procedió al contrato o afiliación a la AFP.


Es inexcusable referirse al derecho al juez natural, que como ha establecido en la jurisprudencia constitucional, es parte constitutiva y un elemento esencial del derecho al debido proceso y debe ser entendido como aquel juez constituido conforme a ley antes de la iniciación del proceso y que es el juez competente, independiente e imparcial, en ese sentido se pronuncia la SC N° 832/2012 de 20 de agosto del 2012 que indica: En esa orientación, la SC 0491/2003-R de 15 de abril, estableció lo siguiente: "Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al Juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la Resolución”. Dogma jurisprudencial que ha sido aplicado también en la SC 0759/2011-R de 20 de mayo...”.


Que en el caso sujeto a análisis, el juez competente para conocer la accn ejecutiva social, de conformidad al art. 10 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, fue el elegido en la demanda, en la ciudad de Cochabamba (lugar donde se realizó el contrato o filiación a la AFPs), lo que motivó que asumiera competencia conforme a derecho, habiendo tramitado la causa desde el año 2011, habiendo dictado la correspondiente Sentencia de 26 de enero de 2012 (fs. 13 a 15) y sustanciado la fase de ejecución, por lo que al haber declinado competencia en el estado de la causa, el Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social N° 1 del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba después de haber asumido todo el proceso de manera válida, no solo actúa al margen de la norma, sino  también provoca demora injustificada en sus funciones, transgrediendo los principios de celeridad procesal, eficiencia y eficacia previstos en el art. 180. I de la Constitución Política de Estado.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a los arts. 38 núm. 1 y art. 23 de la Ley de Pensiones abrogada (Ley 1732 de 26 de noviembre de 1996) y art. 10 num. 2 del Código de Procedimiento Civil, declara COMPETENTE al Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social N° 1 del Tribunal Departamental de Cochabamba, quien deberá continuar conociendo el proceso Ejecutivo Social seguido por Previsión BBVA Administradora de Fondo de Pensiones- BBVA Previsión AFP S.A., contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Petrosud Ltda.


Regístrese, notifíquese y cúmplase.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena