SALA PLENA


AUTO SUPREMO:                        22/2015

FECHA:                                Sucre, 3 de marzo de 2015

EXPEDIENTE Nº:                        78/2011

PROCESO:        Revisión de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada

PARTES:                Rosario Montenegro Pedraza en representación legal de José Abel López Añez contra la Sentencia condenatoria Nº 09/08 de 11 de febrero de 2008, pronunciada por el Tribunal de Sentencia de la provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido contra su representado por el Ministerio Público y Germán Vergara García.

                               

VISTOS EN SALA PLENA: El recurso de revisión de la Sentencia condenatoria Nº 09/08 de 11 de febrero de 2008, pronunciada por el Tribunal de Sentencia de la provincia Quillacollo del departamento de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido contra su mandante por el Ministerio Público y Germán Vergara García, los antecedentes e informe adjuntos, y;

CONSIDERANDO I: Que revisados los antecedentes del proceso se advierte que el 20 de mayo de 2011, amparada en el art. 421.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), Rosario Montenegro Pedraza en representación legal de José Abel López Añez, solicitó a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia revisión de la Sentencia condenatoria Nº 09/08 de 11 de febrero de 2008, pronunciada contra su mandante como coautor en el delito de asesinato de José Vergara Ruiz, pidiendo se aplique correctamente el art. 23 del Código Penal e imponga la sanción de 10 años de reclusión por su participación en grado de cómplice (fs. 36 a 43), por lo que sorteada la causa a través del Sistema Judicial Boliviano IANUS, fue radicada en la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante decreto de 20 de mayo de 2011, de conformidad con los art. 423 y 418 ambos del CPP (fs. 45).

CONSIDERANDO II: Que en cumplimiento del art. 8.II de la Ley Nº 212 de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional de 23 de diciembre de 2011, ante la designación de las nuevas autoridades judiciales, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia procedió a la conformación de las Salas Liquidadoras, a efecto del proceso de liquidación de todos las causas pendientes de resolución que fueron recibidas y presentadas ante la extinta Corte Suprema de Justicia hasta el 31 de diciembre de 2011, habiéndose cumplido el traspaso de las Salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia a las Salas Especializadas Liquidadoras del Tribunal Supremo de Justicia -Civil, Social y Penal- al ser esas las materias en las que existían causas en espera de turno para ser resueltas (fs. 92-A).

Que reconformada la Sala Penal Liquidadora por Resolución Presidencial Nº 002/2014 de 29 de abril de 2014, ante la posesión de un nuevo Magistrado Suplente del Tribunal Supremo de Justicia (fs. 48 y vta.), se tramitó la causa en dicha Sala, instruyéndose por decreto de 29 de agosto de 2014, su sorteo (fs. 60).

CONSIDERANDO III: Que al haberse dispuesto por Acuerdo de Sala Plena Nº 210/2014 de 16 de diciembre de 2014, el cese de las funciones de los Magistrados Liquidadores, ante la existencia de causas pendientes de resolución, las mismas fueron entregadas en el estado que se encontraban, a las Salas especializadas de este Tribunal para su correspondiente resolución o conclusión del trámite (fs. 70 y vta.), ante el decreto de 4 de febrero de 2015, por el que la Presidenta de la Sala Penal remitió la causa a la Sala Plena para su tramitación, en observancia de la atribución contenida en el art. 38.6 de la Ley del Órgano Judicial y considerando que la Revisión Extraordinaria de Sentencia fue formulada con posterioridad a la promulgación de dicha Ley (fs. 71), mediante Cite Pres. Nº 078/2015 de 30 de enero de 2015, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia solicitó a dicha autoridad -Presidenta de Sala Penal-continuar con el trámite correspondiente y no perjudicar a los litigantes debiendo determinar lo que corresponde por ley, respecto de once expedientes que en su momento no fueron recibidos en Secretaría de dicha Sala (fs. 69), los que por el contrario fueron remitidos a la Encargada de Ventanilla Única del Tribunal el 18 de febrero de 2015, funcionaria que el 19 de febrero de 2015, a través de un Acta los entregó a Presidencia, según el Informe Nº 10/2015-SP-TSJ, brindado por la Secretaria de Sala Plena.

CONSIDERANDO IV: Que, si bien la Ley Nº 025 del Órgano Judicial promulgada el 24 de junio de 2010, dispuso que al momento de su publicación entren en vigencia algunos Títulos, Capítulos y Secciones exceptuándose de manera expresa determinados artículos; por previsión de la Disposición Transitoria Segunda que estableció la vigencia de todas las demás normas a partir de la posesión de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, y Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, con excepción del Capítulo IV del Título II; Sección II y III del Capítulo II, y Capítulo III del Título III, lo que sucedió el 3 de enero de 2012, al tratarse de una causa que ingresó antes del 31 de diciembre de 2011 a la extinta Corte Suprema de Justicia, corresponde a la Sala Penal del ahora Tribunal Supremo de Justicia asumir la competencia asignada por la Ley Nº 1455, al ser la disposición que se encontraba vigente al momento de la presentación de los recursos de revisión de sentencias conforme al art. 421 del Código de Procedimiento Penal C.P.P., al no operar en el caso la irretroactividad de la ley, principio establecido en la Constitución Política del Estado que garantiza que: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado, y en el resto de los casos señalados por la Constitución”; vale decir, al ser un mandato expreso de la propia Constitución la irretroactividad de la ley, regla, y la retroactividad, la excepción, dicho principio no puede ser utilizado para determinar la competencia de las autoridades jurisdiccionales que deben conocer y resolver un determinado asunto, al no encontrarse dicha competencia sometida a cuestionamiento o discusión, sino definida y ya establecida, constituyendo una cuestión principal ya asumida por la Sala Penal Liquidadora de acuerdo con las normas legales establecidas, resultando las diligencias de notificación del Auto Supremo ya pronunciado, algo accesorio que debe ser observado y cumplido, sin mayores dilaciones ni excusas por la Sala que retomó la dirección de los procesos penales antes en liquidación.

De igual forma es necesario referirse al derecho que tienen las partes de ser juzgados por el Juez Natural, que como ha establecido en la jurisprudencia constitucional, es parte constitutiva y un elemento esencial del derecho al debido proceso y debe ser entendido como aquel juez constituido conforme a ley antes de la iniciación del proceso, constituyéndose en el juez competente, independiente e imparcial; así la SC 0491/2003-R de 15 de abril señaló: "Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al Juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la Resolución”.

En el caso, por lo referido, se establece que el juez natural, en resguardo del derecho al debido proceso y el derecho de las personas que están siendo juzgadas, son los Magistrados de Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que se encuentran investidos de jurisdicción y competencia, con anterioridad al hecho que motiva el proceso, y tienen la facultad de conocer y resolver todas las emergencias del mismo.

CONSIDERANDO V: Que revisada la presente causa, del referido Informe Nº 10/2015-SP-TSJ de 24 de febrero de 2015, se advierte también que al haber pronunciado la Sala Penal Liquidadora el Auto Supremo Nº 900/2014 de 30 de diciembre de 2014, el mismo se encuentra pendiente de notificación a las partes, por lo que en resguardo a los principios que sustentan el Órgano Judicial contenidos en los arts. 3 y 30 de la Ley Nº 025, referidos a la seguridad jurídica, para que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de la administración de justicia; publicidad, ya que los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley; transparencia, que supone procurar ofrecer, sin infringir el Derecho vigente, información útil, pertinente, comprensible y fiable, facilitando la publicidad de sus actos, cuidando que no resulten perjudicados los derechos e intereses legítimos de las partes; celeridad, que comprende la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia; legalidad, con sujeción a la Constitución Política del Estado, constituye el hecho de que el administrador de justicia, esté sometido a la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas; eficiencia, que comprende la acción y promoción de una administración pronta, con respeto de las reglas y las garantías establecidas por la ley, evitando la demora procesal; inmediatez, que promueve la solución oportuna y directa de la jurisdicción, en el conocimiento y resolución de los asuntos planteados ante las autoridades competentes; debido proceso, al comprender el conjunto de requisitos que debe observar toda servidora o servidor judicial en las instancias procesales, conforme a la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la ley; por lo que al poseer los Magistrados de la Sala Penal potestad para garantizar la seguridad jurídica, transparencia, legalidad, celeridad y publicidad en sus actuaciones dentro de este proceso, es su deber hacer conocer a los interesados, la resolución ya adoptada por la Sala Penal Liquidadora.

Por consiguiente, a efecto de evitar futuras responsabilidades ante la evidente demora en la conclusión de la tramitación de esta causa que ya cuenta con decisión asumida (art. 128 de la Ley Nº 025), la que inclusive puede acarrear procesos penales; sin mayor dilación, corresponde a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia continuar e imprimir el trámite correspondiente a este proceso, tarea que ante el cese de funciones de los Magistrados de la Sala Penal Liquidadora, deben asumirla.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en atribución al art. 38.16 de la Ley del Órgano Judicial, instruye a los Magistrados que conforman la Sala Penal imprimir y continuar el trámite que correspondiere al ya emitido Auto Supremo Nº 900/2014, que data del 30 de diciembre de 2014.

No suscriben las Magistradas Maritza Suntura Juaniquina y Norka Natalia Mercado Guzmán  toda vez que conforman la Sala Penal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena