SALA PLENA


AUTO SUPREMO:                        18/2015

FECHA:                                Sucre, 23 de febrero de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        500/2011.

PROCESO:        Caso de Corte.

PARTES:        Krunoslav Katusic Delic c/ Javier Fernando Méndez Postigo y Ángel Katusic Delic.

MAGISTRADO RELATOR:        mulo Calle Mamani.        

       

VISTOS EN SALA PLENA: Los recursos de nulidad y casación de fs. 5523 a 5529, 5533 a 5543 y 5557 a 5583, interpuestos por Javier Fernando Méndez Postigo, Ángel Katusic Delic y Krunoslav Katusic Delic, independientemente, cada uno contra la Sentencia Resolución Nº 02/2011 de 14 de febrero de 2011, cursante de fs. 5495 a 5501, dictado por la Sala Plena de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; dentro el proceso penal en Caso de Corte seguido por Krunoslav Katusic Delic contra Javier Fernando Méndez Postigo y Ángel Katusic Delic, por los delitos de incumplimiento de deberes, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y apropiación indebida; los requerimientos del Fiscal General de la República de fs. 937 y 941 a 945 y los antecedentes del proceso.


CONSIDERANDO I: Que Krunoslav Katusic Delic en representación de su señora madre Elizabeth Delic de Katusic, por memorial de fs. 2 (1° cuerpo), presenta denuncia criminal por los presuntos delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, apropiación indebida y otros, contra Ángel Katusic Delic, Mirna Cuentas de Katusic y el abogado Vicente Sierra, por Requerimiento Fiscal de fs. 273 a 274, solicita a la R. Corte Superior de Distrito de La Paz, dictar Auto Inicial de Sumario contra Ángel Katusic Delic, Mirna Cuentas de Katusic y Javier Méndez Postigo, formalizando querella  Elizabeth Delic de Katusic (fs. 280 a 289), y previos los trámites de rigor, la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de La Paz, en el Caso de Corte, con la facultad prevista por el art. 103 num. 7) de la Ley de Organización Judicial, pronunció en audiencia pública, la Sentencia de 14 de febrero de 2011, que corre de fs. 5495 a 5500 (26° Cuerpo), declarando:

A Javier Fernando Méndez Postigo, autor de los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica, condenándole a sufrir la pena privativa de libertad de 6 años en reclusión, y con relación a los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, se le absuelve de pena y culpa.

Ángel Katusic Delic, autor de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, condenándole a sufrir la pena privativa de libertad de 6 años en reclusión, y con relación a los delitos de falsedad material y apropiación indebida, se le absuelve de pena y culpa.


Debiendo ambos condenados resarcir el daño civil ocasionado, costas a favor del Estado y parte civil constituida, que serán calificados y regulados en ejecución de sentencia conforme a Ley. 

Contra dicha Sentencia, Javier Fernando Méndez Postigo, Ángel Katusic Delic y Krunoslav Katusic Delic, en forma independientemente cada uno interpone recurso de nulidad y casación, bajo los siguientes fundamentos:

-Javier Fernando Méndez Postigo, después de una narración cronológica de los hechos que motivaron el presente proceso y de los actuados procesales relacionados a las pruebas de cargo y descargo que fueron ofrecidas, el recurrente acusa la violación de las leyes sustantivas, por no haberse aplicado correctamente sus principios, al determinar la Corte incoherentemente que los documentos incriminados sean verdaderos y falsos a la vez, sin demostrar en qué consistió la falsedad ideológica ni cuando se la cometió, no considera que la Sra. Katusic firmó personalmente las transferencias en calidad de copropietaria de lo que estaba vendiendo, si los poderes eran falsos, porque suscribió las minutas de transferencia en relación a su parte, tampoco existen los presupuestos para la configuración del delito de falsedad ideológica porque no se demostró la falsedad ni quien lo cometió.


Y que respecto a su conducta, el fallo no resultaría  certero ni evidente, además que no podría ser falso el documento tan solo por no haber concurrido a la Notaria, de lo que no existiría la falsedad ideológica si el documento es verdadero, más aun si la copropietaria suscribió personalmente la minuta de transferencia del laboratorio.


Acusa también que la pena impuesta a su persona por el delito de falsedad ideológica resulta ser una atrocidad mayúscula, porque nunca se demostró que se haya insertado una declaración falsa en el documento, violando el num. 4) del art. 298 del Código de Procedimiento Penal (1972), y si el Tribunal asevera que el documento es verdadero, entonces por qué se impuso semejante pena, pudiendo ser un error administrativo pero jamás un delito.

Concluye su fundamento, indicando que al existir infracción directa a las leyes sustantivas, solicita casar la Sentencia recurrida y dictar Sentencia declarativa de inocencia.

- Ángel Katusic Delic, en su recurso de nulidad y casación indica que al amparo del art. 296 num. 1) del CPP (1972), plantea recurso de nulidad por inobservancia de las formas procesales sancionadas con pena de nulidad invocando como tales las siguientes:

Recurso de nulidad.

1.- Art. 297 num. 3) CPP (1972) “Falta de publicidad en el debate y en la lectura de la sentencia”, que por acta de audiencia de fecha 10 de marzo de 2009, se dispone la lectura de varias actas del debate a efectos de su publicidad y aprobación, de las mismas solo se publicitan algunas, las restantes actas del plenario no han sido publicitadas, incurriendo en la causal de nulidad prevista por el num. 3) del art. 297 del CPP (1972) que se relaciona con el art. 237 del mismo cuerpo legal, y que al no haberse publicitado la totalidad del debate no se contaría con la aprobación de estas actas conforme a Ley, en la que también se omitió la lectura de la prueba del Ministerio Público, incurriendo en infracción del art. 234 num. 1) del CPP (1972), y que al no ser publicitada el acta de apertura del debate, esta omisión se constituye en el vicio más antiguo de la tramitación de la causa, correspondiendo la nulidad de obrados hasta ese estado.

También acusa que en el acta de lectura de Sentencia no lleva la firma de nadie, es decir no existe constancia legal de que se hubiera procedido a la publicación de la lectura de la sentencia, por lo cual no existe en la vida del derecho y no surte efectos jurídicos, por lo tanto es nula, incurriéndose en la inobservancia de los arts. 94, 237 y 234 num. 1) del CPP (1972). Concluye solicitando se declare admisible su recurso y se anule lo obrado hasta el vicio más antiguo, o sea hasta el acta de solemne apertura de debates y vista de la causa.

2.- Art. 297 num. 4)  CPP (1972) “Falta de firmas del Juez en las actas del debate” que en el presente caso varias audiencias se hubieran realizado sin el quórum necesario y ello se constata por la cantidad de firmas que aparecen en las actas, careciendo de varias firmas de los Vocales que conocieron del debate o sin identificación del suscribiente, además en las actas falta las firmas de la secretaria abogada, por lo que no se cumplió con lo establecido en el art. 94 del CPP (1972), así también el Fiscal debió firmar esas actas, pero en ninguna consigna firma del Ministerio Público, de los fundamentos expuestos al haberse violentado el art. 94 del CPP (1972) se ha incurrido en el vicio de nulidad previsto en el art. 297 num. 4) de la norma antes citada.

3.- Art. 297 num. 7) CPP (1972) “Falta de requisitos esenciales que debe contener el fallo”, en el num. 1) del art. 242 del CPP (1972), señala que en la sentencia se debe hacer mención del juicio, los nombres de los que en el intervienen y el delito que motiva el juzgamiento, en el presente caso la sentencia en la parte superior consigna el nombre como querellante a Krunoslav Katusic Delic, lo cual no es correcto ya que él solo es apoderado de la querellante Elizabeth Delic de Katusic, y que además esta señora falleció hace muchos años, sin embargo el Sr. Krunoslav siguió actuando en representación de la nombrada, por lo que esos actos constituyen en causal de nulidad por mandato expreso del num. 7) del art. 297 del CPP (1972), concordante con el art. 242 num. 1) de la misma norma.

El num. 2 del art. 242 del CPP (1972), señala: “se debe incluir en la sentencia una breve exposición de los hechos que dieron origen a la formación de la causa, los cargos formulados contra el encausado, de la defensa y sus fundamentos”, en el primer considerando de la sentencia como hecho que dio origen a la causa, que su persona en coparticipación con otras habría fraguado un testimonio de compra y venta de un laboratorio de prótesis dental y la confección de un poder notarial, supuestamente otorgado por Drago Katusic a favor de Elizabeth Delic de Katusic, estos son los únicos hechos que aparecen en el considerando y son los que debieron ser objeto de interpretación y apreciación, sin embargo en las conclusiones aparecen otros hechos que nunca fueron expuestos en la parte inicial del fallo, sentencia que incurre en incongruencia jurídica, siendo una causal de nulidad prevista en el art. 297 num. 7) del CPP (1972). Asimismo, indica que la prueba de descargo presentada no ha sido relacionada en su totalidad, menos valorada en su conjunto como manda la Ley, la sentencia por esta circunstancia conlleva insuficiente fundamentación, es incompleta, incongruente por lo que se a inobservado la forma procesal prevista en el art. 135 del CPP (1972). Y amerita su nulidad conforme el art. 297 num. 7) de la norma antes citada.

Del art. 297 nums. 3), 4) y 7) del CPP (1972) denunciadas precedentemente por hechos y actos que incurren en causal de nulidad, al amparo del art. 296 del CPP (1972). Plantea recurso de nulidad, y pide se conceda el recurso y se disponga la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, que resulta ser el acta de apertura de debates y vista de la causa, por no ser publicada y aprobada.


Recurso de casación.

Indica que existió mala calificación del tipo, por no determinarse alguna o varias circunstancias constitutivas del mismo, toda vez que se le habría condenado por delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, sin que las autoridades que le condenaron prueben la falsedad ideológica con que actos se realizó, cuando y en presencia de quien se instruyó al Notario que incluya afirmaciones falsas en los protocolos en los poderes tachados de falso, como con quien se colocó las huellas de Drago Katusic, al no tener la certeza que el documento es falso, menos se puede acusar de falsedad ideológica, incurriéndose en la causal prevista en el num. 1) del art. 298 del CPP (1972) que hace referencia a la causal directa, por lo que su conducta no se subsumiría al tipo penal previsto en el art. 199 del Código Penal, ya que como primer elemento del tipo penal debe existir en un instrumento público verdadero, de donde se tiene que los poderes tachados han sido reconocidos como verdaderos por el Tribunal de Juzgamiento, para subsumir su conducta en este tipo penal; y en el segundo elemento constitutivo del tipo penal de la falsedad ideológica es que el sujeto activo proceda a insertar en ese documento verdadero, en el presente caso, no se ha señalado ni fundamentado en este documento verdadero que declaraciones falsa se insertó, en qué parte de los documentos, en definitiva no se ha señalado cuales son las declaraciones falsas que se han insertado en los protocolos. Por lo que su conducta no se subsumiría al tipo penal previsto en el art. 199 del Código Penal.


También indica que el delito de falsedad material, no cuenta con una sentencia fundada que contenga la relación de cada uno de los hechos con la indicación de sus respectivos comprobantes y una fundamentación de los elementos que respaldan los mismos, por ello basta remitirse a los defectos de la sentencia señalados, la sentencia es arbitraria, incompleta y sin fundamentación, violentándose el num. 3) del art. 242 y la clara disposición del art. 135 del CPP (1972), y que al no haberse configurado los elementos constitutivos del tipo, no se ha aplicado correctamente el precepto del art. 199 del Código Penal.

Con referencia al delito de uso de instrumento falsificado, no se ha demostrado que el poder sea falso ideológicamente porque nadie puede afirmar el sentir o razonar que tenía Drago Katusic, si estaba o no de acuerdo con el poder, por lo que no se configura el elemento de “a sabiendas de su falsedad”, documento que fue utilizado por la querellante y el querellado, en total inobservancia a la Ley sustantiva, y que no se ha presentado evidencia que conocía que el documento era falso, ya que ningún testigo declaró sobre ese punto.


Finalmente indica que se ha incurrido en infracción de la Ley sustantiva, porque en la imposición de la pena no se observa lo dispuesto por los arts. 37 y sgtes. del CP, concordante con el num. 6 del art. 242 del CPP (1972).

Por todo lo expuesto, concluye solicitando se case la sentencia recurrida y deliberando en el fondo se le declare inocente de la comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

-Krunoslav Katusic Delic, formula recurso de casación, indicando que la Sentencia resulta contradictoria, ya que por una parte reconoce que Drago Katusic Stipancic, nunca otorgo esos tres poderes falsos, sin embargo se declara la absolución a los acusados por la comisión del delito de falsedad material de tales poderes, porque solo existiría prueba semi plena, cuando por lógica consecuencia, si el Tribunal reconoce que no se otorgaron los tres poderes, pero sin embargo, fueron forjados, resultando ser falsos si los mismos no fueron otorgados por el supuesto otorgante, por lo que el único que pudo forjar esos tres poderes es Javier Fernando Méndez Postigo, quien para hacerlo contó con la colaboración de Ángel Katusic Delic, quien es el que consigue los testigos a ruego, que figuran firmando como tales, a pesar que nunca tuvieron esa calidad. Por lo que el tribunal que dictó la Sentencia y autos recurridos incurrió en violación del art. 198 del CPP (1972) por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, en virtud de los cuales, quien forja en todo o en parte un documento público falso, se constituye en autor del delito de falsedad material, por tanto si se ha probado que quienes forjaron los documentos públicos falsos contenidos en los tres poderes, son los procesados, la lógica consecuencia es que se ha comprobado la comisión del delito de falsedad material.


Si el Tribunal calificó la conducta antijurídica de los acusados, por forjar esos tres poderes falsos, como falsedad ideológica, en lugar de tipificarlo como falsedad material, no solo incurre en violación del art. 198 del CP  sino que igualmente incurre en violación del art. 199 de la citada norma, al subsumir la conducta de forjar esos tres poderes falsos, como si se tratara de una falsedad ideológica, cuando aquella conducta antijurídica se subsume perfectamente en el tipo penal descrito por el art. 198 del CP.

De lo expuesto, concluye solicitando que se resuelva el presente recurso, de la siguiente manera:

Casar parcialmente la Sentencia y autos recurridos, y deliberando en el fondo revocar, la absolución de los procesados Javier Fernando Méndez Postigo y Ángel Katusic Delic, por el delito de Falsedad Material, declarándoles culpables, porque sus conductas se han subsumido en el tipo penal descrito por el art. 198 del CP al haberse probado que los mismos han forjado los documentos públicos falsos contenidos en los protocolos notariales Nºs 221/92, 222/92 y 223/92, testimonio de escritura de compraventa falsa Nº 469/93 utilizada por Ángel Katusic Delic para registrar a su nombre la línea telefónica Nº 366043. Revocar la absolución de Ángel Katusic Delic, por el delito de apropiación indebida, declarándole culpable, porque su conducta se ha subsumido en el tipo penal descrito por el art. 345 del CPP (1972) por apropiarse indebidamente en base a instrumentos falsos de un vehículo marca FORD, dineros depositados en la Mutual La Primera, que fue utilizado para adquirir un departamento, oficina y un garaje, y también declararle culpable del delito tipificado en el art. 200 del CP, por instar a realizar declaraciones falsas relativas a un precio no pagado, reflejados en los poderes falsos que el fraguó.


Por último, casar parcialmente la sentencia, y deliberando en el fondo determinar imponer a los procesados declarados culpables, al existir un concurso ideal y real de delitos, la pena máxima correspondiente al delito más grave, aumentando el máximo hasta la mitad; es decir:

A Javier Fernando Méndez Postigo, una pena de ocho años conforme el art. 199. II del CP, aumentando la misma en la mitad, hasta doce años, por concurrir un concurso ideal y real de delitos.

A Ángel Katusic Delic, una pena de seis años, conforme disponen los arts. 198 y 199 del CP, aumentando la misma en la mitad hasta nueve años, por concurrir un concurso ideal y real de delitos.


Solicitando también, se mantenga la comisión del delito de falsedad ideológica, de la escritura pública Nº 482/93, y la reparación del daño por los delitos procesados, e imposición de costas a favor de la parte querellante y del Ministerio Público.   


CONSIDERANDO II: Que conforme al mandato de los arts. 297 y 298 del CPP (1972), taxativamente son diez las causales de nulidad por infracción de ley adjetiva y cuatro las de casación por violación de ley sustantiva. En ese marco, por previsión del art. 301 del CPP aprobado por Decreto Ley Nº 10426 de 23 de agosto de 1972, aplicable al caso, conforme a la disposición transitoria primera del Código de Procedimiento Penal vigente aprobado por Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, el recurso que nos ocupa debe contener la especificación de los motivos con cita de la ley o leyes procesales cuya inobservancia se impugne, o de las leyes sustantivas o de fondo cuya violación se acuse, indicando igualmente en qué consiste el quebrantamiento de las primeras y la violación de las segundas. En concordancia, el art. 307 del mismo cuerpo de leyes establece que el recurso será declarado improcedente por falta de los requisitos señalados en el art. 301 ya referido y por la presentación extemporánea, por su parte el art. 303 del citado Código impone el término de diez días para su interposición, el mismo que corre de momento a momento desde el día de la notificación a la parte interesada con el Auto de Vista.


Asimismo, no puede dejar de mencionarse que conforme a criterio ya consolidado en el Tribunal Supremo de Justicia, a partir del mandato contenido en el art. 308 del CPP de 1972, en la regulación de la actividad procesal defectuosa, las formalidades procesales precautelan los derechos y garantías constitucionales de las partes y, en consecuencia, no se puede decretar la nulidad sino cuando esté formalmente prevista por ley y el defecto cause agravio a la parte que la solicita. A este efecto, el último párrafo del art. 308 de la Ley Adjetiva Penal de 1972 establece que “… Las infracciones de leyes que interesan al orden público, que no hayan sido acusadas en el recurso, serán consideradas de oficio…”

Determinado el marco legal y analizados los recursos interpuestos por Javier Fernando Méndez Postigo, Ángel Katusic Delic y Krunoslav Katusic Delic, corresponde expresar las conclusiones arribadas por este Máximo Tribunal de Justicia:

  1. Respecto al recurso planteado por Javier Fernando Méndez Postigo, en el que invocó como causales de casación las señaladas en el art. 298 nums. 1) y 4) del CPP de 1972.

El recurrente limita su recurso a dar antecedentes de los actuados y realiza fundamentos referidos a lo que pretendía acreditar con determinadas pruebas, extrayendo que aduce algún vicio procesal es decir de nulidad sin identificar cuál de los nums. del art. 297 se adecuarían, o si esa prueba fue mal valorada o no fue siquiera valorada o de qué manera se vulneró el art. 135 del CPP; asimismo, debe tomar en cuenta el recurrente que la apreciación de las pruebas en el fondo es facultad privativa de los jueces  de grado conforme lo previsto en los art. 397. I) y II) y 476 del CPC, siempre dentro del recurso de casación sin fundamento alguno y apartado de las causales de procedencia, realiza una copia de los puntos solicitados dentro de su memorial de complementación y enmienda aspecto que no hacen el recurso de casación o nulidad. Por lo que no da cumplimiento al art. 301 del CPP (1972), toda vez que no identifica la ley o leyes procesales y en qué consiste su quebrantamiento.


Con relación a la única causal de casación expresada en el art. 298 num. 1)  no identifica de qué manera se aplicó incorrectamente la ley sustantiva, es decir de qué manera los elementos del tipo penal no se adecuaron a su conducta, o cual el elemento del tipo penal que no fue probado o fue desvirtuado con una determinada prueba; asimismo, la infracción directa refiere una incorrecta aplicación, debiendo haber referido cual era la correcta aplicación, toda vez que el recurrente limita su recurso a dar una explicación de los hechos sin ninguna fundamentación jurídica, debiendo tomar en cuenta que existe una intangibilidad de los hechos, ya que este Tribunal no puede descender al examen de los hechos, modificarlos, completarlos o desconocerlos.


Con relación al num. 4 del art. 298 del CPP de 1972, se debe tener presente que la norma señala dos motivos de infracción a la ley sustantiva: “la infracción de la Ley sustantiva penal en la calificación de los hechos reconocidos en la sentencia, o en la imposición de la sanción a los hechos calificados.”, el recurrente no denuncia de manera expresa si ataca “la calificación de los hechos  reconocidos en la Sentencia” o “la imposición de la sanción a los hechos calificados”, omitiendo identificar cual es la infracción de la ley sustantiva que denuncia, puesto que limita a señalar: “En el análisis efectuado y demostrado como esta mi persona no incurrió en el delito de falsedad ideológica la pena impuesta resulta una atrocidad …” (sic), para continuar refiriendo: “Entonces porque semejante pena, pudo haber existido un error administrativo…”(sic), debiendo tener presente que el concepto de ley sustantiva comprende no solo las normas incriminadoras, sino también las que establecen circunstancias agravantes, calificantes, atenuantes o relativas a la pena, por lo cual se debe expresar de manera fundamentada y puntual las presuntas vulneraciones, aspecto que el recurrente omite.  

  1. Respecto al recurso planteado por Ángel Katusic Delic, en el que invoca como causales de casación y nulidad, las señaladas en los art. 297 num. 3), 4) y 7), así como el art. 298 num. 1) del CPP de 1972.

Con relación a las normas procesales.-

Con relación a la falta de publicidad en el debate y en la lectura de la sentencia, se evidencia que en el acta de audiencia de 10 de marzo de 2009, el ahora recurrente no realizó ninguna reclamación en los momentos procesales correspondientes, asimismo no indica en qué parte de la celebración del debate no existió publicidad, puesto que conforme el art. 235 del CPP de 1972, el debate se compone de recepción de las declaraciones de los testigos, inspecciones, reconstrucciones, pericias y lectura de piezas del proceso, por lo cual es importante que en dichos actuados, si se creyere son faltos de publicidad, debieron ser reclamados en su momento y quedar plasmados en las actas puesto que la sola enunciación de los mismos no es suficiente, por lo que el acta es el mecanismo de verificación, y la publicidad en los juicios criminales en el estado plenario, debe verificarse mediante el debate en audiencias públicas; en ese sentido, en el acta de lectura de sentencia no se evidencia ningún reclamo respecto de la falta de publicidad, máxime si el ahora recurrente se limita a señalar falta de publicidad en el debate y la lectura de la sentencia, sin mayor fundamento, debiendo tener presente que el principio de publicidad es entendido como aquella garantía orientada a lograr la transparencia, probidad e imparcialidad de los actos y decisiones, por lo cual es necesario que el recurrente le dé una correcta fundamentación a su denuncia expresando de qué manera se vio vulnerado el principio de publicidad, hecho que en el caso de auto no sucede.       


Con relación a la falta de firmas en las actas de debate, el recurrente realiza argumentos genéricos sin dar una clara especificación a su denuncia, puesto que se limita a señalar que serían varias las audiencias que se realizaron sin quórum, cuando ese aspecto pudo ser reclamado en audiencia y pedir la suspensión de las mismas, para que quede plasmado en ellas dicho reclamo, máxime si las actas cuentan con las firmas correspondientes según procedimiento, ya que el defecto de nulidad que hace referencia, se da cuando se trata de un juez unipersonal y las actas no cuenten siquiera con una firma que avale lo expresado en ellas. Respecto a la falta de firmas del Ministerio Publico, el recurrente no señala de qué manera dicho aspecto vulnera derechos y garantías.

Respecto a la falta de requisitos esenciales que debe contener el fallo, el recurrente señala que no se dio cumplimiento a los nums. 1 y 2 del art. 242 del CPP de 1972, y pretende la nulidad porque en la sentencia figura el nombre del apoderado del querellante, mas no así de la querellante, aspecto sin fundamento y denota una cierta malicia de dilatación en la impugnación. Ahora bien, respecto a la breve exposición de los hechos que debe contener la Sentencia, se extrae que de la misma, detalla los hechos acusados en la denuncia, conclusiones policiales, querella, Auto Inicial de Instrucción Penal, Sumario Penal, Auto Final de Instrucción de Procesamiento, por lo que se tiene que la Sentencia cuenta con un breve detalle de los hechos acusados y probados según los cargos.

Los defectos previamente descritos, se encuentran directamente vinculados a los principios procesales que rigen las nulidades, cuya finalidad es la de asegurar la garantía jurisdiccional de la defensa (art. 15. III de la CPE); sin embargo, la nulidad procesal encuentra su límite en los principios que la rigen y a su vez excluyen los actos de la nulidad procesal; porque bajo ningún aspecto se puede consentir el uso indiscriminado de esta institución, que de forma lógica atenta al principio de celeridad, que es una de las características principales de nuestro actual sistema procesal, por lo que resulta trascendental dejar sentando que no todo defecto y/o irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento tiene como efecto la nulidad, tal cual señala nuestra normativa.

Entre los principios que rigen las nulidades procesales, se tiene entre otros, los siguientes:

El principio de legalidad o especificidad, señala que no hay  nulidad sin texto (pas de nullite sans texte); es decir, que el acto procesal irregular reclamado, debe estar castigado con nulidad de manera expresa en la ley, no siendo suficiente que la ley procesal establezca ciertas formalidades, y que ante su omisión o incumplimiento, se produzca la nulidad, sino, ella debe estar específicamente predeterminada en aquella Ley.

El principio de finalidad de las formas o de instrumentalidad de las nulidades procesales, mantiene que las nulidades no tienen como fin establecer el incumplimiento de las formas procesales, sino, sostiene que los actos procesales son válidos si han cumplido sus efectos, no obstante que hubiese algún defecto formal; es decir, cuando la normativa establece la exigencia de ciertos requisitos para el cumplimiento de un acto procesal, pero esa formalidad no se encuentra sancionada con nulidad de forma expresa, el acto será válido aunque haya sido realizado de forma distinta y haya cumplido su fin o su propósito.


El principio de convalidación, constituye un remedio procesal que evita que el acto sea declarado nulo por su efecto “saneador”. Nuestra normativa procesal penal, consagra este principio en el art. 170 del CPP -transcrito anteriormente- estableciendo los supuestos en los que la nulidad queda convalidada. Es preciso recalcar que la invalidez de un acto, necesariamente debe ser estudiada en función a la trascendencia del vicio o defecto alegado, respecto a la garantía alegada como infringida, consecuentemente, no opera contra actos castigados con nulidad absoluta, por ser inconvalidables.


El principio de trascendencia (pas nullite sans grief), que significa que “no hay nulidad sin perjuicio”; es decir, que únicamente es posible declarar la nulidad, cuando los defectos procedimentales denunciados provoquen un daño de tal magnitud, que dejen en indefensión material a las partes y sea determinante para la decisión adoptada en el proceso judicial, debiendo quedar claro que de no haberse producido dicho defecto, el resultado sería otro, o que el vicio impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido. Para que opere la nulidad, quien la solicite debe: i)  Alegar el perjuicio o daño, señalando de forma clara, cuál el acto que no pudo realizar o que se realizó incumpliendo las formas procesales, no resultando suficiente una invocación genérica de algún defecto, sin explicación clara y precisa de dichas circunstancias; ii) Debe acreditar de forma específica la existencia de perjuicio cierto, concreto y real en desmedro de sus derechos y/o garantías constitucionales, demostrando que la única forma de enmendar el error es por medio de la declaratoria de nulidad; iii) Debe existir interés jurídico en la subsanación, por lo que  quien solicita nulidad, debe explicar por qué la solicita, toda vez que el argumento de impetrante es el que permite, al juzgador, establecer el ámbito de pronunciamiento. 


El principio de protección, referido a que nadie puede solicitar la invalidez de un acto cuando esa es la parte que provocó la causal de nulidad, aplicándose el aforismo “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, que interpreta como “nadie será oído si alega su propia torpeza”, ya que nadie puede ir legítimamente contra sus propios actos.


El principio de subsanación, que establece que no hay nulidad si el vicio alegado no influye en el sentido o resultado del fallo, o en las consecuencias del acto viciado, por lo que puede ser objeto de subsanación sin que afecte al fondo del proceso.


Todos estos principios (y otros que no fueron citados) orientadores de las nulidades, deben ser interpretados de manera restrictiva cuando se alegue nulidad. Se debe tomar en cuenta el interés y la magnitud del detrimento ocasionado, toda vez que “no hay nulidad por la nulidad misma”, sino, requiere para su declaración, que el incumplimiento de las formas se traduzca en un efectivo detrimento a los intereses de la defensa; es decir, que este tenga relevancia constitucional, lo contrario implicaría aceptar nulidades con base en un excesivo formalismo, que en muchos de los casos daría lugar a la invalidación de una gran cantidad de actos y en algunos casos de procesos, afectando con ello la búsqueda de la verdad material, por errores u omisiones involuntarias, en clara infracción al principio de celeridad (art. 115. II de la CPE).      

  1. Respecto al recurso planteado por Krunoslav Katusic Delic, en el que no invoca de manera clara, ni siquiera referencias causales de nulidad y/o casación establecidas en los arts. 297 y 298 del CPP de 1972.

En ese sentido corresponde recordar que conforme el art. 301 del CPP. Abrg., existen requisitos de contenido del recurso de casación que en el presente caso no se cumplieron, toda vez que de acuerdo al análisis del recurso, en cuanto al primer requisito relativo a la precisión de los motivos, el recurrente simplemente refiere que la Sentencia incurre en violación del art. 198 del CPP de 1972, sin siquiera identificar qué pruebas no fueron apreciadas o mal apreciadas, ya que dicha denuncia tendría su efecto en la errónea calificación de la conducta de los acusados, existiendo una errónea subsunción, sin acusar un artículo del Código Penal, es decir, cuáles son los elementos del tipo de falsedad ideológica y cuáles son los elementos del tipo de la falsedad material, e identificar la violación a los numerales establecidos en alguno de los cuatro numerales del art. 298 del CPP de 1972, de lo cual se evidencia ser simplemente una pretensión genérica e imprecisa, respecto a qué consideran los recurrentes como mala interpretación del juzgador respecto al art. 198 del CPP de 1972; no precisan qué pruebas de descargo o cargo, no fueron analizadas en relación a la valoración realizada en Sentencia.


Consiguientemente, del análisis y fundamentación vertida precedentemente por este Tribunal Supremo de Justicia, corresponde declarar la improcedencia de los tres recursos de casación y nulidad formulados por los recurrentes, ante el incumplimiento de los requisitos exigidos para la presentación del recurso de casación, en sujeción a lo establecido en el art. 307 num. 1) del CPP de 1972.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la atribución conferida por el art. 55 num. 26) de la Ley de Organización Judicial (Ley Nº 1455 de 18 de febrero de 1993) abrg., y en aplicación del art. 307 num. 1 del Código de Procedimiento Penal de 1972, declara IMPROCEDENTES los recursos de casación interpuestos por Javier Fernando Méndez Postigo, Ángel Katusic Delic y Krunoslav Katusic Delic, dentro el Caso de Corte, que cursa a fs. 5495 a 5500 (cuerpo 26).


Regístrese, notifíquese y devuélvase.



Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena