SALA PLENA


AUTO SUPREMO:                            17/2015.        

FECHA:                                Sucre, 23 de febrero de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        403/2013.

PROCESO        :                        Caso de Corte.

PARTES:                Ministerio Público a querella de Gualberto Valverde Guzmán y otros, en calidad de representante del Comité Cívico, Juntas Vecinales y Comité de Vigilancia del Municipio de Independencia del Departamento  de  Cochabamba, por los delitos de conducta antieconómica y otros.

MAGISTRADA RELATORA:        Rita Susana Nava Durán.

VISTOS: En Sala Plena el Recurso de Casación interpuesto por Moisés Torrez Veizaga de fs. 1618 a 1623, en del fenecido proceso penal en Caso de Corte, seguido por el Ministerio Público a querella de Gualberto Valverde Guzmán y otros, en calidad de representante del Comité Cívico, Juntas Vecinales y Comité de Vigilancia del Municipio de Independencia del Departamento  de  Cochabamba, por los delitos de conducta antieconómica y otros.


CONSIDERANDO I: Que Moisés Torrez Veizaga, deduce Recurso de Casación,  invocando los art. 270 y 298 del Código de Procedimiento Penal abrogado (Decreto Ley Nº 10428) contra el Auto de Vista de 16 de abril de  2012 que rechazó la solicitud de Perdón Judicial, manifestando en síntesis lo siguiente:

  1. Refiere que el Auto de Vista recurrido no admite recurso ulterior; sin embargo aclara que el derecho a impugnar, es un derecho constitucional irrestricto conforme se pronunció la Sentencia Constitucional 0636/2010-R.
  2. Que la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, mediante Sentencia de 7 de abril de 2006, lo condenó a la pena privativa de libertad de 2 años, Resolución que fue confirmada por Auto Supremo de Nº 160/2011 de 28 de junio, con posterioridad a dicha Resolución solicitó Perdón Judicial, empero, dicha solicitud fue rechazada por el Auto de Vista ahora impugnado.
  3. Señala que fue procesado con  normas del Código  de Procedimiento Penal contenido en la Ley Nº1970 que tiene vigencia anterior a las Leyes  Nº 004 y 007, por otro lado demostró que no fue procesado por otro delito, por lo que correspondería en  su caso, la aplicación del Perdón Judicial en virtud a que la decisión de concesión no es potestativa sino imperativa, conforme el art. 368 del Código de Procedimiento Penal, porque esta norma faculta conceder el perdón judicial, cuando se condena a pena privativa de libertad igual o menos a 2 años, y se haya comprobado que el solicitante no tiene antecedentes penales.
  4. Refiere que la Resolución impugnada aplicó erróneamente el art. 37 de la Ley Nº 004 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz que modificó el art. 368 de la Ley Nº 1970, al haberse negado la solicitud en virtud a dicho artículo; asimismo señala que fue inobservado el art. 116 de la Constitución Política del Estado, que dispone la aplicación de la norma más favorable al imputado en caso de duda, por lo que al rechazar su solicitud de Perdón Judicial, se desconoció su derecho adquirido en sentencia condenatoria en su contra.
  5. Continua señalando que por principio general del derecho, la ley no puede ser retroactiva, sin embargo las diferentes Constituciones en Bolivia y en el mundo, han contemplado la retroactividad de la norma en beneficio de los trabajadores y en beneficio de un encausado por un delito penal, empero en la práctica se presentarían  contradicciones del texto Constitucional en su art. 123 al determinar que la Ley no tendrá efecto retroactivo excepto en materia laboral, cuando esté debidamente determinado y en materia penal cuando beneficie al imputado, y por otro lado se busca aplicar sanciones mediante la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, contradiciendo el principio de irretroactividad.
  6. Sostiene que al considerar su solicitud, se debió tener presente los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos, haciendo prevalecer el criterio que más le beneficie, conforme al principio de Pro Hómine, en consecuencia al haber sido juzgado con normas antes de las modificaciones establecidas por las leyes 004 y 007 correspondía en su caso la aplicación del perdón judicial.
  7. Que el Tribunal a quo violó el principio de legalidad establecido en el art. 122 de la Constitución Política del Estado, al no haber ceñido sus actos a lo dispuesto en la ley, permitiendo la retroactividad de la ley penal en materia de corrupción, porque el principio de legalidad no significa solamente sujeción a la Ley, sino un límite al ejercicio del poder penal y subordinación de este poder a la ley.
  8. Finalmente refiere que la Sentencia Constitucional Nº1968/2011-R de 28 de noviembre de 2011, estableció que la ley penal nueva que afecta la esfera de la libertad personal del imputado, no es aplicable retroactivamente a situaciones anteriores a su entrada en vigencia, por lo que solicita que éste Tribunal pronuncie resolución casando el  Auto de Vista Impugnado, o en su caso anule obrados hasta el pronunciamiento de nuevo Auto de Vista.


CONSIDERANDO II: Que concedido el recurso por Auto de 11 de abril de 2013 cursante a fs. 1631 y radicada la causa, el Fiscal General Ramiro Guerrero Peñaranda, presenta su requerimiento que cursa de fs. 1644 a 1647 de obrados, señalando lo siguiente:


  1. Que la sentencia de 7 de abril de 2006 dictada contra el recurrente, adquirió ejecutoria el 26 de septiembre de 2011; radicado el recurso en el juzgado de origen, la Ley Nº 004 de 31 de marzo de 2010, ya se encontraba vigente, tomando en cuenta que la petición del recurrente fue efectuada el 5 de diciembre de 2011, fundada en el art. 368 del Código de Procedimiento Penal, el cual fue modificado por la Ley Nº 004 de 31 de marzo de 2010.


  1. El recurso interpuesto por el recurrente carece de sustento legal al no haber expresado las infracciones o violaciones, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, en consecuencia no fundamentó cuál el derecho vulnerado ni el agravio ocasionado, por lo que requirió que el recurso sea declarado infundado, conforme el art. 307 num. 2 del CPP abrogado.



CONSIDERANDO III: Con los antecedentes descritos, el Tribunal Supremo de Justicia procede a resolver el recurso en los siguientes términos:

  1. De la revisión de fs. 1441 a 1455 de obrados, se  establece que  la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, el 7 de abril de 2006 emitió Sentencia Condenatoria contra el ahora recurrente y otros procesados, declarándolo culpable del delito de conducta antieconómica, tipificado por el art. 224 del Código Penal por el que fue sancionado con pena de reclusión de dos años, resolución que fue impugnada por el recurrente mediante recurso de casación por memorial de fs. 1527 a 1534, que fue resuelto por la entonces Corte Suprema de Justicia mediante el Auto Supremo Nº 160/2011 de 28 de junio de 2011 de fs. 1577 a 1584, declarando infundado el recurso, devolviéndose el expediente al tribunal de origen. Por memorial de fs. 1589 de 5 de diciembre de 2011, el ahora recurrente presentó solicitud de Perdón Judicial que fue rechazada por Auto de Vista de 16 de abril de 2012 cursante a fs. 1608 a 1610, cual es impugnado en el presente recurso de casación. 
  2. Los arts. 265 a 276 del Código Procedimiento Penal abrogado,  promulgado por Decreto Ley Nº 10426, establecían un procedimiento  especial denominado Caso de Corte, dirigido al juzgamiento de funcionarios públicos mencionados en el art. 98 num. 9)de la Ley Organización Judicial abrogada, con el cual fue condenado el recurrente.
  3. Al tratarse de un Caso de Corte, el art. 270 de la citada disposición legal establecía: “Contra la Sentencia a que se refiere el artículo anterior procederá el recurso de nulidad o casación ante la Corte Suprema de Justicia”, infiriéndose que en el citado proceso solo podía interponerse recurso de nulidad o casación contra la sentencia.
  4. A ello se añade que el Código de Procedimiento Penal de 1972, en los arts. 297 y 298, establece los recursos que pueden ser objeto de recurso de nulidad o casación en proceso penal común, entre las que no se encuentra el rechazo a la petición de perdón judicial,  estableciéndose que solamente podían recurrirse en nulidad o casación, en materia penal, de las causales que estaban expresamente señaladas en las referidas disposiciones legales, que  son concordantes con el art. 277 del mismo cuerpo legal, cuando dispone que las resoluciones serán recurribles solamente cuando la ley establezca su admisión.
  5. En conclusión, al no ser recurrible vía recuso de casación el Auto de Vista de 16 de abril de 2012 que rechazó el perdón judicial, solicitado por el recurrente que fue procesado en Caso de Corte, conforme las reglas del Código de Procedimiento Penal de 1972, se debe rechazar el recurso de casación interpuesto.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en sujeción los arts. 297 y 298 el Código de Procedimiento Penal de 1972, RECHAZA el Recurso de Casación interpuesto por Moisés Torrez Veizaga.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.


Regístrese, notifíquese y archívese.


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena