SALA PLENA


AUTO SUPREMO:                        02/2015

FECHA:                                Sucre, 13 de enero de 2015

EXPEDIENTE Nº:                        1005/2014

PROCESO:        Recurso de Revisión de Sentencia.

RECURRENTE:        Rudy Limbert Anze Gutiérrez.


VISTOS EN SALA PLENA: El recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada interpuesto por Rudy Limbert Anze Gutiérrez emergente del fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público e Hilda Choque Quispe contra Mauricio Matienzo y otros por la comisión de los delitos de robo agravado, lesiones y asesinato; y el informe de la Magistrada Tramitadora Rita Susana Nava Duran.

CONSIDERANDO I: Que Rudy Limbert Anze Gutiérrez por memorial de fs. 80 a 91 y subsanación de recurso de fs. 95 a 100 interpone recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada fundado en el art. 421 núm. 6 del Código de Procedimiento Penal, manifestando que:

  1. Frente a la Sentencia N° 17/2012 de 20 de noviembre de 2012 del Tribunal de Sentencia N° 1 del Departamento de Chuquisaca, que constituye agravio y lesión a sus intereses, interpuso recurso de apelación restringida en fecha 18 de diciembre del 2012, en sujeción a lo previsto por el art. 407 de la norma adjetiva penal y supuestamente en fecha 12 de abril del 2013, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca emitió Auto de Vista N° 114/2013, que fue notificado mediante cédula judicial conforme consta en el cuaderno de autos, que transcrita en su integridad señala: “En fecha 15 de abril de 2013 a horas: 17:50, notifiqué a los Señores Vladimir Echevarría Murillo y Rudy Limbert Anze Gutiérrez con el auto N° 114/2013 de fojas 730 a 737, mediante cédula judicial cuya copia fue fijada en su domicilio procesal de Calle Ravelo N° 217 interior Bufete Arancibia, en presencia de testigo Ornar Zamora con CI. N° 1091962 Ch., quien firma en constancia junto a la Oficial de Diligencias”.
  2. Es evidente que la notificación anterior no se ajusta a lo previsto por el art. 163 núm. 2 del Código de Procedimiento Penal y vulnera el art. 394 de la Ley N° 1970, atentando al derecho constitucional y legal del debido proceso en su vertiente de derecho a recurrir y derecho a la defensa, provocando un estado de indefensión absoluta, pues al no conocer de forma certera y eficaz el Auto N° 114/2013 de manera ilegal ha precluido el derecho de recurrir en casación y como consecuencia quedo ejecutoriada la Sentencia.
  3. El recurso se funda en los arts. 115. II, 117. I y 180. I y II de la Constitución Política del Estado, 14 núm. 5) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8 núm. 2 inc. h) de la Convención Américana de Derechos Humanos y 160, 163, 166, 167, 169, 394, 396 y 417 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
  4. El acto procesal de la notificación a Rudy Limbert Anze Gutiérrez con el Auto de Vista N° 114/2013 contraviene la Jurisprudencia de la ex Corte Suprema de Justicia, que entre otros el Auto Supremo N° 026/2007 de 26 de enero del 2007 que determina: "... Desconociendo el tribunal a quo que para cumplir con el mandato de la ley, sus resoluciones deben ser obligatoriamente notificadas a las partes, conforme determinan los arts. 160 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. En el caso de autos esta omisión privó en forma indebida el derecho del Ministerio Público y de la víctima a utilizar el recurso de casación como medio de impugnación contra la resolución, medio de impugnación que dada su configuración procesal, es el único recurso idóneo e inmediato establecido expresamente en la Ley para impugnar la decisión del tribunal a quo...”. Esta línea jurisprudencial esta ratificada por el Auto Supremo N° 041/2007 de fecha 27 de enero de 2007 y especialmente por el Auto Supremo N° 131/2012 de fecha 2 de julio de 2012 que fija En cuanto a los medios de notificación, el art. 161 del Código de Procedimiento Penal dispone:“Las notificaciones se practicarán por cualquier medio legal de comunicación que el interesado expresamente haya aceptado o propuesto salvo las notificaciones personales”, y el art. 162 (Lugar de Notificación) del similar cuerpo procesal dispone: ‘‘Los fiscales y defensores estatales serán notificados en sus oficinas y las partes en el domicilio que hayan constituido en la primera actuación o en su defecto en estrados judiciales, salvo en el caso de notificaciones personales”, teniéndose que las notificaciones personales conforme dispone el art. 163 del Código Procedimiento Penal, deben efectuarse en los siguientes casos: 1) primera resolución que se dicte respecto de las partes, 2) las sentencias y resoluciones de carácter definitivo, 3) las resoluciones que impongan medidas cautelares y 4) otras resoluciones que por disposición de este Código, deban notificarse personalmente...”.Sin embargo obligado por la urgencia de establecer el defecto absoluto en la actuación procesal consistente en la notificación a Rudy Limbert Anze Gutierrez con el Auto de Vista N° 114/2013 de 12 abril de 2013, mediante cédula judicial fijada en el domicilio procesal y siendo evidente que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca no corrige este procedimiento ilegal, violenta el derecho al debido proceso (Sentencia Constitucional N° 1662/2013-R), el derecho a la defensa, el derecho a recurrir y ha impedido el conocimiento oportuno del Auto de Vista y de esta manera impide la contradicción al interior del proceso, que se encuentra reconocida en el art. 5 en relación al art. 84 del Código de Procedimiento Penal.
  5. A mayor abundamiento de la fundamentación de la ilegal notificación del acto procesal consistente en la notificación con el Auto de Vista, resulta trascendente referirse a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que a través de la Sentencia Constitucional N° 0110/2006-R de 1 de febrero de 2006 determina ...Las normas procesales penales citadas son categóricas al utilizar el término personal y esto significa de manera directa al interesado por lo que los recurrentes no podían ser notificados mediante otra persona aunque hubiera sido su abogado”; en igual sentido se pronuncia la Sentencia Constitucional N° 1845/2004 de 30 de noviembre. Asimismo el acto procesal señalado contraviene la Sentencia Constitucional N° 1456/2010-R de 4 de octubre de 2010.
  6. Habiéndose demostrado que la actuación procesal contraviene la línea jurisprudencial establecida por la ex Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional y vulnera normas procedimentales penales, es innegable la ineficacia del acto procesal consistente en la notificación ilegal, ya que como determina el Auto Supremo N° 107/2005 de 31 de marzo de 2005 se entiende por nulidad: ...como la ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesaria para su validez, sean ellas de fondo o de forma o como también determina Francisco Carrara, refiriéndose a la aplicación de la nulidad cuando exista un vicio en el acto jurídico, si se ha realizado en violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido”. Además que la línea jurisprudencial constitucional ha fijado los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal que son: a) Principio de Especificidad o legalidad; b) Principio de finalidad del acto; c) Principio de Trascendencia; y d) Principio de convalidación.
  7. La ex Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado a través del Auto Supremo N° 373/2006 de 6 de septiembre de 2006 disponiendo que. ...La línea jurisprudencial establecida por el Alto Tribunal de Justicia se encuentra en el Auto Supremo N° 562/2004 que señala: “Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio; si en obrados se observan defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos y atentan derechos fundamentales, deben ser corregidos de oficio por el Tribunal de Alzada o el de casación en ejercicio de la facultad conferida por el art.15 de la Ley de Organización Judicial (actual art. 17 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial), aunque el recurrente no hubiera efectuado reclamo oportuno para su saneamiento, facultad que está restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos absolutos que determinen nulidad”. En el presente caso, la revisión de oficio respecto a una notificación ilegal correspondía al Tribunal de Alzada y la omisión de esta obligación por parte del Tribunal de Alzada, quebranta la línea jurisprudencial establecida en los Autos Supremos N° 373/2006, 635/2003 y 442/2004 y el art. 17. I de la Ley del Órgano Judicial.
  8. Se ha violentado igualmente el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica que establece el principio pro actione y el pro homine que determinan que: ...los principios que rigen la interpretación de los derechos humanos, son entre otros el de favoravilidad, progresividad y pro homine y dentro de este el actione que impelen a realizar una interpretación extensiva, favorable y no restrictiva de los derechos humanos”.
  9. El memorial de subsanación de recurso (fs. 95 a 100 de obrados) añade a lo anteriormente señalado, el recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada tiene como causal invocada el numeral 6 del art. 421 del Código de Procedimiento Penal que señala: Procederá el recurso de revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas, en todo tiempo y a favor del condenado, en los siguientes casos:...6)Cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tenga efecto derogatorio sobre el tipo o norma penal que fundó la condena”.

CONSIDERANDO II: Que la revisión extraordinaria de sentencia es de carácter extraordinario y que el art. 421 del C.P.P. dispone que para su admisión se deben cumplir cualquiera de los casos previstos en dicha norma para su procedencia.

Que del análisis y fundamentos del recurso interpuesto se establece que:

  1. La causal invocada por el recurrente para interponer el recurso es la prevista en el núm. 6 del art. 421 del C.P.P. que se refiere a: Procederá el recurso de revisión de las sentencias condenatorias ejecutoriadas, en todo tiempo y a favor del condenado, en los siguientes casos: ...6) Cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tenga efecto derogatorio sobre el tipo o norma penal que fundó la condena”. La señalada causal se circunscribe específicamente a la acción concreta o abstracta de inconstitucionalidad, puesto que con estas acciones constitucionales se puede dejar fuera del ámbito normativo una norma por contravenir a la Constitución o dicho de otra forma porque no existe conformidad de la norma sea penal, civil,  etc. con el enunciado jurídico previsto en la Constitución Política del Estado.
  2. Cabe recalcar que la acción de incostitucionalidad abstracta conforme al art. 103 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (Ley N° 027 de 6 de julio de 2010) procede contra toda ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto o cualquier género de ordenanzas y resoluciones no judiciales de carácter normativo que puedan resultar contrarias a la Constitución Política del Estado y la acción de inconstitucionalidad concreta de acuerdo al art. 109 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional ( Ley N° 027 de 6 de julio de 2010) procede en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, estatuto autonómico, carta orgánica, decreto y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales aplicables a aquellos procesos y es promovida por el juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio o a instancia de parte.
  3. En el presente caso, la causal recurrida de nulidad de notificación por cédula del Auto de Vista N° 114/2013 de 12 de abril de 2013, no se ajusta a la causal prevista en el art. 421 núm. 6 del C.P.P., que se refiere a que una sentencia constitucional sea por intermedio de una acción de inconstitucionalidad abstracta o concreta haya expulsado del ordenamiento jurídico penal la norma sea adjetiva o sustantiva que haya servido de base a la condena del recurrente del recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada.
  4. En conclusión, al no haberse configurado la causal invocada por el recurrente del recurso de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada prevista en el art. 421 numeral 6 del C.P.P. corresponde declarar la inadmisibilidad del recurso.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad a los arts. 421 núm. 6) y 423 Código de Procedimiento Penal y art. 38 núm. 6 de la Ley del Órgano Judicial, declara INADMISIBLE el recurso de Revisión de Sentencia interpuesto por Rudy Limbert Anze Gutiérrez emergente del fenecido proceso penal seguido por el Ministerio Público e Hilda Choque Quispe contra Mauricio Matienzo y otros por la comisión de los delitos de robo agravado, lesiones y asesinato.

Se dispone el archivo de obrados, previo desglose de la documentación adjuntada.

No intervienen los Magistrados Jorge Isaac von Borries Méndez y Fidel Marcos Tordoya Rivas por haber  emitido el Auto Supremo Nº 164/2013 de fecha 12 de junio de 2013,  cuando conformaban la Sala Penal Primera.

Regístrese,  notifíquese y archívese.

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena