TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 832/2015-RA-L

Sucre, 24 de noviembre de 2015


Expediente                : La Paz 5/2011

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros

Parte Imputada        : Jaime Orozco Paxi y otros

Delitos        : Abigeato y otros


RESULTANDO


Por memorial presentado el 11 de diciembre de 2010, que cursa de fs. 681 a 682, Silverio, Celso Víctor, Regina todos de apellidos Quispe Silva y Carmen Silva Mamani interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 92/2010 de 18 de noviembre, cursante de fs. 669 a 671 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Juan Fidel Cerezo Álvarez y los recurrentes contra Jaime Orozco Paxi, Enrique Huanca Sánchez, Francisco Valero Layme, Plácido Copa Sánchez, Severo Sánchez Layme, Marcelino Sánchez, Wenceslao Calle y Néstor Apaza Kapa, por la presunta comisión de los delitos de Abigeato, Daño Calificado y Robo Agravado, previstos y sancionados por los arts. 350, 358 inc.2) y 332 inc. 2) todos del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   En mérito a las acusaciones pública (fs. 2 a 12,  subsanada a fs. 26 y vta.) y particular (fs. 41 a 42 vta.), y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Tercero de Sentencia de la ciudad de El Alto del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 35/08 de 12 de febrero de 2008 (fs. 451 a 461); por la que, declaró a los imputados Jaime Orozco Paxi, Enrique Huanca Sánchez, Francisco Valero Layme, Plácido Copa Sánchez, Severo Sánchez Layme, Marcelino Sánchez, Wenceslao Calle y Néstor Apaza Kapa, autores de la comisión de los delitos de Abigeato y Daño Calificado, previstos y sancionados por los arts. 350 y 358 inc. 2) del CP, imponiéndoles la pena privativa de libertad de tres años de reclusión, con suspensión condicional de la pena cuyas obligaciones serán determinadas en ejecución de sentencia, con costas a favor del Estado y costas, daños y perjuicios a favor de la parte civil; asimismo, los absolvió de la comisión del delito de Robo Agravado tipificado por el art. 332 inc.2) de la citada norma, en mérito a que la prueba aportada no fue suficiente.


b)  Contra la mencionada Sentencia, los imputados Jaime Orozco Paxi, Enrique Huanca Sánchez, Francisco Valero Layme, Plácido Copa Sánchez, Severo Sánchez Layme, Marcelino Sánchez, Wenceslao Calle y Néstor Apaza Kapa (fs. 473 a 476 vta.), los acusadores particulares Celso Víctor, Silverio y Regina todos de apellido Quispe Silva, Carmen Silva Mamani y Juan Fidel Cerezo Álvarez (fs. 503 a 504 vta.), yel imputado Severo Sánchez Layme, (fs. 619 a 621 vta.); respectivamente, formularon recursos de apelación restringida, siendo resueltos por Auto de Vista 92/2010 de 18 de noviembre (fs. 669 a 671 vta.), pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que anuló totalmente la Sentencia por inobservancia de los arts. 335, 336 y 420 segunda parte del Código de Procedimiento Penal (CPP); en consecuencia, ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal; en la vía disciplinaria se sanciona con un día de haber, a los representantes del Órgano Jurisdiccional de origen, por provocar demora y por no cumplir a cabalidad con su servicio.


c)   Notificados los recurrentes con el referido Auto de Vista el 6 de diciembre de 2010 (fs. 672), interpusieron recurso de casación el 11 del mismo mes y año, que es objeto del presente análisis de admisibilidad.


II. SOBRE EL MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Del memorial de fs. 681 a 682, se extrae el siguiente motivo:


Los recurrentes denuncian, que el Auto de Vista recurrido, vulneró sus derechos constitucionales; por cuanto, habría determinado la anulación de la Sentencia, ordenando la reposición del juicio, bajo el fundamento de que durante la tramitación del juicio, se habría vulnerado los principios de inmediación y continuidad por no haberse cumplido con los plazos previstos por los arts. 335 y 336 del CPP; empero, no habrían considerado que la dilación en los plazos habrían sido vulnerados por los propios juzgadores, quienes por sus recargadas labores u otros motivos se habrían apartado radicalmente de los plazos, situación no atribuible a sus personas como  querellantes, no correspondiendo en consecuencia, a sus criterios la extinción de la acción penal conforme establecería la Sentencia Constitucional 033/2006-R, que de alguna manera tendría relación con el cómputo de los plazos.


Agregan, que se vulneró la seguridad jurídica en la que habrían confiado y el derecho a la tutela jurisdiccional; ya que, los querellantes, así como los condenados, en ningún momento habrían reclamado la vulneración del principio de inmediación; sin embargo, la determinación asumida repercutiría en un enorme perjuicio moral, económico y de tiempo; habida cuenta, que para el desarrollo de las audiencias se habrían tenido que trasladar desde sus comunidades hacia la ciudad de El Alto, erogando un gasto económico considerable, dejando de lado sus actividades.


A los efectos de la admisión, citan los Autos Supremos 04/02 de 29 de abril, 414/02 de 19 de octubre ambos de 2002 y 95/04 de 18 de febrero de 2004.


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN


El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales, que se constituye a su vez en una garantía judicial conforme lo determinan los arts. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; debiendo los sujetos procesales, a tiempo de interponer los distintos recursos que la norma adjetiva prevé, observar las condiciones de tiempo y forma establecidas por la ley conforme la disposición contenida en el art. 396 inc. 3) del CPP.


En este contexto, el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista, dictados por las Cortes Superiores de Justicia (actualmente Tribunales Departamentales), que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de Tribunales análogos o del máximo Tribunal de Justicia en la materia; entendiéndose que existe contradicción cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente, que en el actual régimen de recursos establecido por el Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación dada su función nomofiláctica, tiene como atribución, que este órgano desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia, a fin de garantizar la aplicación correcta y uniforme de la ley penal, por razones de seguridad jurídica y respecto al derecho a la igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y material será efectivamente aplicada por igual.


Por otra parte, para la admisibilidad del recurso de casación es menester observar los requisitos prescritos en los arts. 416 y 417 del citado cuerpo legal, cuales son:


i)   Interposición del recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la notificación con el Auto de Vista impugnado o en su caso con el Auto de Complementación, ante la Sala que emitió la resolución impugnada.


ii)  Invocación del precedente contradictorio a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, debiendo el recurrente señalar en términos claros y precisos la contradicción existente entre el Auto de Vista impugnado y el precedente invocado; es decir, este requisito constituye una carga procesal para el recurrente de efectuar la debida fundamentación sobre la existencia de precedentes contradictorios entre la resolución judicial impugnada con otros precedentes consistentes en Autos Supremos emitidos por las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo) o Autos de Vista pronunciados por Cortes Superiores de Distrito (ahora Tribunales Departamentales de Justicia); los cuales deberán ser expuestos de forma clara y precisa, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas con sentidos jurídicos diversos; especificando en qué consisten los defectos del pronunciamiento impugnado, las disposiciones inobservadas o erróneamente aplicadas, cuáles serían los preceptos que debieran aplicarse y la solución pretendida.


Esto significa que, no basta la simple mención, invocación, trascripción del precedente, ni la fundamentación subjetiva del recurrente respecto a cómo cree que debió ser resuelta la alegación; sino, la adecuación del recurso indefectiblemente a la normativa legal, para que a partir de ello, este Tribunal de Justicia, pueda cumplir con su competencia (art. 419 del CPP), sin que pueda considerarse a este medio de impugnación una nueva oportunidad de revisión del fallo de mérito.


iii)  Como única prueba admisible se acompañará copia del recurso de apelación restringida, pues el precedente contradictorio deberá ser invocado a tiempo de su interposición; a menos que la Sentencia le fuera inicialmente favorable a la parte y por lo tanto aquella resolución judicial no le genere agravio alguno, sino que éste surge en apelación cuando se dictó el Auto de Vista; caso en el cual, el recurrente tiene la carga procesal de invocar el precedente contradictorio en el momento de interponer el recurso de casación.


El precepto legal contenido en el citado art. 417 de la Ley Adjetiva Penal, concluye señalando que el incumplimiento de dichos requisitos determinará la declaración de inadmisibilidad del recurso.


IV.SUPUESTOS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN


Los datos estadísticos sobre el movimiento de causas penales en este Tribunal Supremo, demuestran la existencia de un alto porcentaje de denuncias de falta de debida fundamentación o incongruencia omisiva en la resolución de los recursos de apelación restringida, o en su caso, de existencia de agravios generados por la valoración probatoria efectuada dentro del proceso, invocando en todos estos supuestos la vulneración de derechos o garantías fundamentales, en cuyo mérito, se solicita la apertura excepcional de competencia del Tribunal de Casación, a los fines de que no obstante la falta de concurrencia de los requisitos de admisibilidad, como la invocación de precedente y la explicación fundada de contradicción con la resolución impugnada, se ingrese a resolver el fondo del asunto planteado en el recurso de casación: sin embargo, ante la verificación de falencias detectadas por parte de este Tribunal en su planteamiento, se ve la necesidad de efectuar las siguientes precisiones.


En primer término, cabe recordar que este Tribunal de manera uniforme y reiterada ha establecido que un supuesto de flexibilización de los requisitos del recurso de casación que permite abrir excepcionalmente su competencia, es aquel en el que se denuncie la existencia de graves y evidentes infracciones a los derechos fundamentales de las partes y que constituyan defectos absolutos no susceptibles de convalidación; posibilidad que se justifica teniendo presente: 1) Que el fin último del derecho es la justicia; 2) La tarea encomendada por ley al Tribunal Supremo de Justicia referida precedentemente; 3) La necesidad de precautelar se observen las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio que prevén no se cometan actos procesales defectuosos, teniendo en cuenta que conforme la disposición contenida en el art. 115.II de la CPE, el Estado garantiza entre otros, los derechos al debido proceso y a la defensa; y, 4) Las disposiciones relativas a la nulidad de actos procesales.


También precisó que este entendimiento, no implica que el recurrente se limite en el recurso de casación a formular una simple denuncia de actividad procesal defectuosa sin la debida fundamentación; por el contrario, en este tipo de situaciones, la parte recurrente deberá formular las denuncias vinculadas a la existencia de defectos absolutos, teniendo la obligación de cumplir con las siguientes exigencias: a) Proveer los antecedentes de hecho generadores del recurso; b) Precisar el derecho o garantía constitucional vulnerado o restringido; c) Detallar con precisión en qué consistente la restricción o disminución del derecho o garantía; y, d) Explicar el resultado dañoso emergente del defecto.


Cabe destacar que esta doctrina de flexibilización de los requisitos de admisibilidad y permisibilidad de activar el recurso de casación ante la denuncia de defectos absolutos adoptada por este Tribunal, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 1112/2013 de 17 de julio, al señalar que guarda conformidad con los valores de justicia e igualdad y el principio de eficacia de los derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la justicia y a la justicia material, esta última que exige adoptar criterios que permitan enmendar y reparar la afectación grave de derechos y garantías constitucionales ocurridas en la tramitación de los procesos.


Ahora bien, en armonía con los criterios referidos, este Tribunal considera necesario precisar las siguientes exigencias que permitan la apertura excepcional de su competencia, en los supuestos antes destacados, de acuerdo a lo siguiente:


V. ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS REQUISITOS


De la revisión de antecedentes, se tiene, que los recurrentes cumplieron con el primer requisito relativo al plazo para la interposición del recurso de casación; habida cuenta, que fueron notificados con el Auto de Vista recurrido, el 6 de diciembre de 2010 (fs. 672), presentando su recurso de casación el 11 del mismo mes y año, conforme consta en el cargo de recepción a fs. 682 vta., cumpliendo de esta manera con el art. 417 del CPP.


Ahora bien, los recurrentes denuncian que en ningún momento sus personas como querellantes, ni los condenados, habrían reclamado la vulneración del principio de inmediación; sin embargo, el Auto de Vista recurrido vulnerando derechos constitucionales, habría determinado la anulación de la Sentencia, ordenando la reposición del juicio, arguyendo que durante la tramitación del juicio, se habrían vulnerado los principios de inmediación y continuidad por no haberse cumplido con los plazos previstos por los arts. 335 y 336 del CPP; no considerando, que la dilación en los plazos habrían sido vulnerados por los propios juzgadores, situación no atribuible a sus personas; sin embargo, la determinación asumida por el Tribunal de apelación, vulneraría la seguridad jurídica en la que habrían confiado; y, el derecho a la tutela jurisdiccional, ocasionándoles un enorme perjuicio moral, económico y de tiempo; habida cuenta, que para el desarrollo de las audiencias se habrían tenido que trasladar desde sus comunidades hacia la ciudad de El Alto, erogando un gasto económico considerable, dejando de lado sus actividades. Sobre este reclamo los recurrentes invocan los Autos Supremos 04/02 de 29 de abril, 414/02 de 19 de octubre ambos de 2002 y 95/04 de 18 de febrero de 2004;empero, se limitaron a su mera enunciación, no observándose el trabajo de contraste; es decir, la explicación de contradicción en los términos exigidos por el segundo párrafo del art. 417 del CPP, pues para el efectivo cumplimiento con lo recurrido en la carga procesal interpuesta, no basta con citar los Autos Supremos, como  se advierte en este caso; sino, corresponde explicar, por qué consideran, que el Auto de Vista recurrido contradijo los entendimientos de los precedentes invocados, para que con esos insumos este Tribunal pueda ingresar a verificar si existe o no contradicción, aspecto que no ocurrió en el presente recurso.


En cuanto a la invocación de la Sentencia Constitucional 033/2006-R corresponde señalar que, en el marco de una correcta interpretación del art. 416 del CPP, las Sentencias Constitucionales, no tienen la calidad de precedentes contradictorios, constituyendo tales, únicamente los Autos de Vista dictados en recursos de apelación restringida y Autos Supremos donde se establezca y ratifique doctrina legal aplicable; no siendo válido el acudir a jurisprudencia constitucional a objeto del cumplimiento de la cita de precedente y explicación de contradicción que exige la ley.


No obstante lo anterior, en la fundamentación del recurso, los recurrentes denunciaron la vulneración de derechos constitucionales, señalando como antecedentes generadores del hecho (que el Tribunal de alzada determinó la anulación de la Sentencia, arguyendo que durante la tramitación del juicio, se habrían vulnerado los principios de inmediación y continuidad por no haberse cumplido con los plazos previstos por los arts. 335 y 336 del CPP, cuando sus personas como querellantes ni los condenados habrían reclamado dicho extremo), identificando los principios y derechos vulnerados (seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional), precisando las restricciones de los mismos y el resultado dañoso (a decir de los recurrentes, les ocasionaría un enorme perjuicio moral, económico y de tiempo; toda vez, que para el desarrollo de las audiencias se habrían tenido que trasladar desde sus comunidades hacia la ciudad de El Alto, erogando un gasto económico considerable, dejando de lado sus actividades). De la fundamentación expuesta, se observa que los recurrentes cumplieron con los presupuestos de flexibilización establecidos por este Tribunal y explicados en el acápite IV del presente Auto.


En consecuencia, cumplidos como están los presupuestos de flexibilización, este recurso deviene en admisible.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por Silverio, Celso Víctor, Regina todos de apellidos Quispe Silva y Carmen Silva Mamani, de fs. 681 a 682; asimismo, en cumplimiento del segundo párrafo del referido artículo se dispone que por Secretaría de Sala se haga conocer a las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, mediante fotocopias legalizadas, el Auto de Vista impugnado y el presente Auto Supremo.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidente Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA