TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 828/2015-RRC-L

Sucre, 20 de noviembre de 2015


Expediente                        : La Paz 89/2011

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Alfredo Romero Espejo y otros

Delito                : Estelionato y otro 

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 27 de abril y 9 de mayo, ambos de 2011, cursantes de fs. 1746 a 1749 vta. y de fs. 1764 a 1768 vta., Alfredo Romero Espejo y Josefina Juana Quispe de Romero, interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 322/2011 de 2 de abril, de fs. 1729 a 1733, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Daniel Arapa Garabito contra los recurrentes y Felipa Romero de Salvatierra, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   Desarrollada la audiencia del juicio oral y público, por Sentencia 3/2009 de 17 de junio (fs. 1470 a 1485), el Tribunal Primero de Sentencia de El Alto, declaró a: Alfredo Romero Espejo, autor de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, imponiéndole la pena de dos años de reclusión, más al pago de costas procesales a ser calificados en ejecución de Sentencia, concediéndole el beneficio del perdón judicial y absuelto por el delito de Estafa, tipificado por el art. 335 del CP; y, a Josefina Juana Quispe de Romero y Felipa Romero de Salvatierra, absueltas de la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del CP, con costas a calificarse en ejecución de Sentencia.


b) Contra la mencionada Sentencia, interpusieron recursos de apelación restringida, el acusador particular Daniel Arapa Garabito (fs. 1502 a 1507) subsanado (fs. 1557 a 1560), el imputado Alfredo Romero Espejo (fs. 1515 a 1518 vta.) y el Ministerio Público (fs. 1529 a 1534) subsanado (fs. 1561 y vta.), resueltos por el Auto de Vista 322/2011 de 2 de abril (fs. 1729 a 1733), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró procedentes  los recursos planteados por Daniel Arapa Garabito y por el Ministerio Público, y revocó en parte la Sentencia impugnada. Por otro lado, declaró a Alfredo Romero Espejo, autor de la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del CP, condenándole a cumplir la pena de siete años de reclusión. Asimismo, declaró a Josefina Juana Quispe de Romero, autora de la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos por los precitados artículos, condenándole a cumplir la pena de cinco años de reclusión, más al pago de costas a calificarse en ejecución de Sentencia. Deja sin efecto el beneficio de perdón judicial otorgado a Alfredo Romero Espejo, manteniendo en todo lo demás subsistente la Sentencia.


I.1.1. Motivos de los recursos


De los recursos de casación y del Auto Supremo de admision 569/2015-RA-L de 16 de septiembre (fs. 1792 a 1795), se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, aspectos sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Recurso de casación de Alfredo Romero Espejo.


1)  El recurrente acusa al Tribunal de alzada de incurrir en revalorización de la prueba al declararle culpable de la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, sobre la base de los documentos de 29 de julio de 1999 y 4 de julio de 2001, respecto a los cuales no ejercitó el principio de inmediación; asevera que el Tribunal no tomó en cuenta que la culpabilidad no depende de uno u otro medio de prueba; sino, del conjunto de pruebas valorada conforme el art. 173 del CPP. Transcribe una parte del Auto Supremo 277 de 13 de agosto de 2008, señalando que en similar sentido se pronunció el Auto Supremo 141 de 6 de junio de 2008 y al respecto sostiene que el Auto de Vista que agravó su situación, incurrió en contradicción con los Autos Supremos señalados, al haberle declarado autor del delito de Estafa, vulnerando con ello el debido proceso en sus componentes derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.


2) Denuncia falta de fundamentación en el incremento de la pena, dado que inicialmente fue condenado a dos años, pero al declarársele en el Auto de Vista, culpable además por el delito de Estafa, se incrementó la pena a siete años de privación de libertad, sin ningún fundamento, del texto del fallo de alzada dice- no se advierte análisis de los arts. 37 a 40 del CP; que contrariamente, se revalorizó prueba, suponiéndose dolo en el accionar de los imputados, incumpliéndose el mandato del art. 124 del CPP, por no existir fundamentación fáctica ni jurídica. Invoca y transcribe parcialmente el Auto Supremo 114 de 20 de abril de 2006, señalando que en el mismo sentido se pronunció el Auto Supremo 99 de 24 de marzo de 2005. Afirma que el Auto de Vista impugnado incurrió en contradicción con los precitados fallos, al agravar y modificar la pena impuesta, de dos a siete años de privación de libertad, en infracción con el debido proceso y sus componentes derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.


Recurso de casación de Josefina Juana Quispe de Romero.


1)  Acusa al Tribunal de alzada de incurrir en revalorización de la prueba judicializada en juicio, señalando los documentos de venta de 29 de julio de 1999 y 4 de julio de 2001; la recurrente transcribe partes del Auto de Vista que observa y aduce que de ello resulta evidente la revalorización de la prueba por parte del citado Tribunal. Invoca los Autos Supremos 223 de 28 de marzo de 2007 y 16 de 26 de enero de 2007, señalando que cuando los de alzada advierten defecto en la Sentencia, descrito en el inc. 6) de art. 370 del CPP, corresponde aplicar el art. 413 del mismo cuerpo legal, anulando la Sentencia impugnada; que en el caso de autos, en los puntos 1, 2 y 6 del último considerando, el Auto de Vista impugnado, hace una nueva valoración de la prueba judicializada en juicio, con el argumento de que existía defectuosa valoración de la prueba, que contrariamente a lo establecido en los precedentes, retrotrayendo su actividad a hechos y pruebas que ya fueron valoradas,  cambia su situación jurídica, sin considerar que el ordenamiento jurídico no reconoce la doble instancia.


2)  Alega que el Tribunal de alzada no se encuentra facultado para cambiar la situación jurídica de absuelto a condenado o a la inversa; que en su caso, con los fundamentos expuestos en la parte considerativa, el Tribunal de alzada revocó en parte la Sentencia que la declaró absuelta por los delitos de Estafa y Estelionato, y contrariamente dictó Sentencia condenatoria en su contra por ambos delitos. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 277 de 13 de agosto de 2008 y 409 de 20 de octubre de 2006, y refiere que de ambos precedentes se puede extraer que el Tribunal de alzada no tiene facultad para revalorizar prueba ni para cambiar la situación jurídica de absuelto a culpable y a la inversa, que en el caso de autos, es evidente la contradicción porque el Tribunal de alzada a través  de la revalorización de prueba, revocó la Sentencia de absolutoria emitida a su favor y emitió Sentencia condenatoria en su contra, vulnerando el debido proceso.


3)  Alega, que aparte de dictarse Sentencia condenatoria en su contra, se le sanciona a cinco años de reclusión, sin que exista en ninguna parte del fallo, fundamento legal para tal determinación. Como precedente contradictorio invoca el Auto Supremo 114 de 20 de abril de 2006, aduciendo que el Auto de Vista impugnado, revocando la Sentencia absolutoria emitida, dictó Sentencia condenatoria, sancionándola a la pena de cinco años de reclusión sin que se fundamente la operación lógica realizada por el Tribunal para establecer el quantum de la pena, que únicamente se señaló que el A quo infringió los arts. 37 y 38 del CP, al haberla absuelto y al imponer a su esposo la pena de dos años cuando su actuar es ostensiblemente doloso, resultando así completamente arbitraria la fijación de la pena, en contradicción con lo señalado en el precedente citado.


I.1.2. Petitorio


Los recurrentes, solicitan se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 569/2015-RA-L de 16 de septiembre, cursante de fs. 1792 a 1795, este Tribunal admitió el recurso formulado por Josefina Juana Quispe de Romero  y sólo los motivos primero y segundo del recurso interpuesto por Alfredo Romero Espejo, los cuales coinciden en denunciar que el Tribunal de apelación incurrió en revalorización de la prueba; otro motivo radicará en el análisis de la  falta de fundamentación en el incremento de la pena de coimputado que el Tribunal de alzada no se encuentra facultado para cambiar la situación jurídica de la imputada.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.        De la Sentencia.


Concluido el juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia de El Alto de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dictó Sentencia condenatoria en contra del imputado Alfredo Romero Espejo, autor de la comisión del delito de Estelionato, imponiéndole la pena de dos años de reclusión, más el pago de costas procesales, concediéndole el beneficio de perdón judicial y absuelto por el delito de Estafa; y, a Josefina Juana Quispe de Romero y Felipa Romero de Salvatierra, absueltas de la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, con costas a calificarse en ejecución de Sentencia, en base a los siguientes fundamentos:


Hechos probados.


i)   Que el imputado, mediante minuta de 4 de julio de 2001, fungiendo como único y legítimo propietario, transfirió a favor de Daniel Arapa Garabito cinco departamentos y un “penthouse” por la suma de Bs. 100.000.- (cien mil bolivianos), sin ser legítimo propietario conforme se tiene del informe de Derechos Reales, hecho probado por las pruebas PC-6, MP-1, MP-2, MP-3 y MP-10.


Hechos no probados.


i)    Que el imputado hubiere obtenido para sí o un tercero un beneficio económico indebido mediante engaños o artificios o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, conforme consta de las declaraciones testificales; además que el imputado y el querellante llegaron a una conciliación el 23 de octubre de 2000, donde dejan sin efecto el acuerdo inicial debido al desistimiento de la parte acusada por no existir documentos que acrediten el derecho propietario de Daniel Arapa Garabito, respecto del inmueble en cuestión.


ii)   No se probó que Juana Josefina Quispe de Romero, obtuvo para sí o un tercero un beneficio económico indebido mediante engaños o artificios o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, conforme las declaraciones testificales; además que su conducta no se adecúa al delito de Estelionato debido a que, si bien firmó la minuta de transferencia  de 4 de julio de 2001 en ninguna de sus partes declaró como única y legítima propietaria  del inmueble objeto de la litis, según las pruebas MP-1, MP-2, MP-3, MP-7, MP-9, MP-10,  PC-6, PC-13,  PC-19,  PC-20, PC- 21, PC-27,  PC-28, PC-30, PC-31,  PC-33, PC-35 y PC-37.


iii)  Con relación a la co-imputada Felipa Romero de Salvatierra, no existe prueba testifical o documental idónea que acredite la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato.


II.2.Del recurso de apelación restringida.


Contra la mencionada Sentencia, el imputado Alfredo Romero Espejo, así como el acusador particular y el Ministerio Público, interpusieron a su turno, recursos de apelación restringida, de los cuales, por ser atinente para la resolución del caso concreto, se glosaran los fundamentos correspondientes al recurso planteado por precitado imputado, cursante de fs. 1515 a 1518 vta.:


i)    Con total falta de técnica recursiva, el apelante sostiene que, siendo base de la presente acción penal, el documento suscrito el 4 de julio de 2001; y, tomando en cuenta que los delitos de Estafa y Estelionato establecen como pena máxima cinco años de privación de libertad, los delitos acusados habrían prescrito, ello considerando que no se pudo verificar la presentación de causas de suspensión o interrupción; por cuanto, habría operado la prescripción prevista en el art. 29 inc. 2) del CPP, debido a que transcurrieron siete años y nueve meses desde la suscripción del citado documento hasta el 4 de julio de 2009; es decir, más de los cinco años previstos por el referido artículo del adjetivo penal, teniendo presente que la prescripción opera desde el momento en que se comete el delito hasta el momento de la interposición del incidente de prescripción, no habiéndose verificado la interrupción o suspensión del término conforme los arts. 31 y 32 del CPP, debiendo tomarse en cuenta que, ni la denuncia, acusación o sustanciación del proceso implican actos constitutivos de interrupción o suspensión del término de prescripción. En ese entendido, interpone apelación contra la Resolución 042/2009 de 24 de marzo que rechaza la excepción de extinción de la acción penal por prescripción.


ii)   Que, el presente proceso se inició el 18 de noviembre de 2002 a raíz de la querella penal presentada contra su persona y otras; transcurriendo hasta el presente seis años y cinco meses, siendo las dilaciones atribuibles al órgano judicial y a la acusación particular, por cuanto corresponde revocar la Resolución 042/2009 .


II.3.Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa ante la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista 322/2011 de 2 de abril, declaró procedentes los recursos planteados por Daniel Arapa Garabito y por el Ministerio Público, revocando en parte la Sentencia, declarando a Alfredo Romero Espejo, autor de la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, condenándole a la pena de siete años de reclusión; y a Josefina Juana Quispe de Romero, autora de la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, sancionándola a la pena de cinco años de reclusión, dejando sin efecto el beneficio de perdón judicial otorgado a Alfredo Romero Espejo, manteniendo en todo lo demás subsistente la Sentencia, decisión asumida en base a los siguientes fundamentos:


i)    Que el A quo incurrió en errónea aplicación del art. 337 del CPP, con relación a la co-imputada Josefina Juana Quispe, en razón a los documentos de venta de 29 de julio de 1999 y de 4 de julio de 2001 fueron suscritos por Alfredo Romero Espejo y Josefina Juana Quispe de Romero en razón a que el inmueble es un bien ganancial; asimismo, ambos suscriben la Escritura Pública 342/2001 por la cual, transfirieron el citado inmueble a favor de Felipa Romero de Salvatierra, evidenciándose que suscribieron la Minuta de 29 de julio de 1999 y luego transfirieron a Felipa Romero de Salvatierra  sin ser propietarios debido a que lo transfirieron a Daniel Arapa Garabito, negando sus firmas y rúbricas que fueron debidamente comprobadas, produciéndose la venta de cosa ajena por ambos imputados; además existió errónea aplicación de los arts. 37 y 38 del CPP, al imponer la sanción al imputado de dos años cuando se evidencia claramente el actuar doloso del imputado.


ii)   Errónea aplicación del art. 335 del CP, en razón a que Alfredo Romero Espejo  y Josefina Juana Quispe de Romero, aparte de vender el inmueble una y otra vez, actuaron con el manifiesto propósito de enriquecerse ilícitamente a costa de la víctima Daniel Arapa Garabito; toda vez, que éste realizo construcciones en el terreno que beneficiaron a los imputados pese a que existían acuerdos que no fueron honrados suscribiendo el documento de 1999 con la partida 01051863, cuando la verdadera partida era la 01140770 referida en la Minuta del 2001, evidenciándose los elementos constitutivos del delito de Estafa, al obtener un beneficio económico indebido, provocando error en la víctima al hacerle creer le estaban transfiriendo el inmueble y lograr que construya para luego apoderarse del mismo, nombrando apoderada a la hermana del co-imputado para que solucione el conflicto  firmando un documento ya no del terreno sino de departamentos  negando sus firmas y rúbricas, apoderándose del gasto y trabajo ajeno.


iii)   Que existe  concurso real de los delitos de estafa y Estelionato incurriendo en el error previsto por el art. 370 Inc. 1) del CPP, error in iudicando que no amerita renovar el juicio al amparo del art. 413 del CPP, que permite resolver directamente la causa.


iv)  Con relación a la conducta de Felipa Romero de Salvatierra, el A quo obró correctamente al absolverla porque no se adecua su conducta a Estafa y Estelionato, sino de complicidad y como no fue acusada sobre el mismo, no puede ser sancionada.


v)  Que no resulta cierto que la Sentencia carezca de fundamentación; sin embargo, es errónea al absolver de pena y culpa a Josefina Juana Quispe de Romero e imponer una pena leve al coimputado, dado que la fundamentación está expuesta en los epígrafes “Medios de prueba Testificales de las partes” “Medio de pruebas documentales de las partes”  y “Fundamentación probatoria”.


vi)  Que el Tribunal de alzada admite como defecto de la Sentencia  la defectuosa valoración de la prueba , sin incurrir en revalorización de la misma, debido a que absuelve a Josefina Juana Quispe de Romero con una defectuosa valoración de la Minuta de 4 de julio de 2001 judicializada como MP-1, contenida en la Escritura Pública 342/2001 en la que se observa que ambos esposos Alfredo Romero Espejo y Josefina Juana Quispe de Romero se atribuyeron la propiedad de un inmueble como suyo cuando no lo era; y, luego de legalizar a su nombre el derecho propietario lo transfieren a Felipa Romero de Salvatierra; además tampoco se considera la minuta de venta de 1999 (prueba MP-3) por la cual vende el inmueble que aún no era suyo, originando que la víctima realice construcciones en el lote de cinco pisos con nueve departamentos  y un “penthouse”; las pruebas MP-1, MP-3, MP-9, PC-35 no fueron adecuadamente valoradas bajo el argumento de que no demostraron el beneficio económico, absolviéndose a Josefina Juana Quispe de Romero e imponiéndose una pena mínima a Alfredo Romero cuando la prueba judicializada demuestra lo contrario, debido a que existió conducta dolosa de ambos esposos logrando ventaja económica consistente en el valor de las construcciones, lo que constituye un error in iudicando subsanable directamente.


III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO


Labor del Tribunal de alzada respecto a la correcta valoración de la prueba.


La actuación y límites circunscritos a los Tribunales de alzada en la resolución del recurso de apelación restringida, en primer plano se hallan dispuestos por la competencia otorgada por el art. 51 inc. 2) del CPP; asumiendo un segundo plano en el marco sobre el cual aquel tipo de recurso debe ser resuelto; es así que, los arts. 407 y siguientes de la norma adjetiva penal, disponen a partir de la propia naturaleza jurídica de este recurso dos aspectos, una incorrecta interpretación o aplicación de la ley (error in iudicando) o bien que la decisión del presunto agravio hubiere sido emitida a través de un procedimiento que no reúna requisitos o condiciones de validez (error in procedendo); de ello se desprende que la labor de los tribunales de apelación debe necesariamente estar apartada de una nueva valoración de la prueba producida en juicio, debiendo limitar su ámbito de decisión a que la revisión de la Sentencia de grado posea fundamentos suficientes (tanto descriptivos como intelectivos) sobre la valoración de la prueba, su coherencia, orden, idoneidad a los principios de la sana crítica, motivación eficaz, y que ofrezcan en consecuencia certidumbre sobre la decisión de condena o absolución según el caso.


Modificación de la situación jurídica del imputado.


El Auto Supremo 660/2014-RRC de 20 de noviembre, a tiempo de ratificar el concepto rector de que el Tribunal de alzada no puede cambiar la situación del imputado como consecuencia de la revalorización de la prueba o de la modificación de los hechos probados en juicio; señalo“…este Tribunal entiende que no siempre la modificación de la situación jurídica del imputado implica un descenso al examen de la prueba y a los hechos per se, pues ello no sucede cuando lo que se discute en esencia no son los hechos establecidos por el juzgador; sino, la adecuación o concreción de esos hechos al marco penal sustantivo, ya sea por el imputado que sostiene que el hecho por el que se lo condenó no constituye delito por falta de alguno de sus elementos (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y que lógicamente no implique modificación de los hechos mediante la revalorización de la prueba, o por el acusador que, ante la absolución del imputado plantea que esos hechos demostrados y establecidos en sentencia, sí se subsumen en alguna conducta prohibida por el Código Penal. En consecuencia, en estos casos el Tribunal de alzada no tiene necesidad alguna de valorar prueba (lo que se reitera le está vetado), por cuanto los hechos ya están establecidos en sentencia y no son objeto de discusión, correspondiéndole únicamente verificar si el trabajo de subsunción o adecuación del hecho acreditado fue correcta o no, entonces, de advertir que el juez incurrió en error al adecuar la conducta del imputado, ya sea por haber establecido la absolución o determinando la condena en forma indebida, tiene plena facultad para enmendar el mismo, sin necesidad de anular la Sentencia, puesto que el error se cometió en la operación lógica del juzgador y no en la valoración de la prueba que dio lugar al establecimiento de los hechos tenidos como probados; consiguientemente, no es razonable ni legal que se repita el juicio únicamente para que otro juez realice una correcta subsunción del hecho.” (sic)


En consecuencia, en el referido Auto Supremo se consideró necesario establecer la siguiente subregla: “El Tribunal de alzada en observancia del art. 413 ultima parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no está eximido de dar estricta aplicación del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinación, ya sea para la absolución o condena del imputado y respectiva imposición de la pena”. 


Consecuentemente, en respeto de los hechos probados en Sentencia y la valoración establecida en la fundamentación de la prueba, el Tribunal de alzada puede cambiar la situación del imputado del estado de condenado a absuelto o viceversa, cuando constate una errónea aplicación de la norma sustantiva o, lo que es lo mismo, una incorrecta adecuación o concreción de los hechos al marco penal sustantivo; si por el contrario, observa que el defecto se encuentra en la valoración de la prueba o en temas relativos a la relación de los hechos, debe disponer juicio de reenvío, con la finalidad de que el Juez o Tribunal en juicio oral determine la culpabilidad o la inocencia del acusado, pues en este último supuesto no puede ingresar en una nueva valoración.


La imposición de la pena, requisitos para su determinación, su control y la obligación del Tribunal de alzada.


Resulta importante recalcar que, conforme la amplia jurisprudencia sentada por este alto Tribunal de Justicia; evidentemente, la imposición de la pena, corresponde a la autoridad sentenciadora; sin embargo, esta potestad se halla delimitada por determinadas líneas legales que orientan esta facultad; por lo tanto, no resultan discrecionales; por cuanto, deben tomarse en cuenta el principio de proporcionalidad y la finalidad de la pena; asimismo, al Tribunal de Alzada le corresponde ejercer el control de la Sentencia, y dentro de esa labor si advierte la inobservancia o incumplimiento de las normas y principios que rigen la imposición de la pena, proceder directamente a la modificación del quantum de la misma, de conformidad a lo previsto en el art. 414 del CPP, observando la personalidad del autor (edad, grado de educación, posición económica, conducta anterior y posterior al hecho punible -confesión, colaboración, arrepentimiento, extensión del daño causado, su reparación-; la mayor o menor gravedad del hecho, (naturaleza de la acción, medios empleados, extensión del daño causado y del peligro corrido); y las circunstancias y consecuencias del delito, aspectos que deben contar con la debida fundamentación que permitan conocer con exactitud las razones para imponer una determinada sanción en observancia estricta de la normativa penal y dentro del marco constitucional que den cuenta que la resolución no es arbitraria ni ilegal.

III.1. Verificación de la existencia de contradicción entre el auto de vista y los precedentes invocados.- Análisis del cas en concreto.


Con la finalidad de cumplir la tarea de unificar la jurisprudencia emanada de los Tribunales Departamentales de Justicia y asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma sustantiva y adjetiva es efectivamente aplicada por igual, labor que está reconocida por el art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal la de sentar y uniformar jurisprudencia que es obligatoria para los tribunales y jueces inferiores, de acuerdo al art. 420 del CPP; a continuación se procederá a efectuar el análisis de los recursos de casación circunscrito a los motivos admitidos en el Auto Supremo 569/2015-RA-L de 16 de septiembre.


III.1.1.Revalorización de la prueba por el Tribunal de apelación con la  consecuente agravación de su condición jurídica.


Sobre este motivo corresponde aclarar, que ambos imputados Alfredo Romero Espejo y Josefina Juana Quispe de Romero alegan en sus recurso de casación, que el Tribunal de alzada revalorizó prueba, esencialmente de los documentos de venta de 29 de julio de 1999 y de 4 de julio de 2001, motivo que guarda relación con el segundo agravio denunciado por la co-imputada que argumenta la imposibilidad del Ad quem de cambiar la situación jurídica de los acusados, en ese contexto se procederá al análisis de estos motivos en conjunto por la estrecha relación que guardan los mismos, de manera que resulte más didáctico.


Los precedentes invocados por ambos recurrentes, respecto a estos motivos, coinciden en señalar que los Tribunales de alzada se encuentran impedidos de cambiar la situación jurídica del imputado del estado de absuelto a condenado o viceversa como resultado de la revalorización de la prueba; estableciendo la siguiente doctrina legal:

Auto Supremo 277 de 13 de agosto de 2008


“...en el sistema procesal penal boliviano no existe segunda instancia y que los jueces o tribunales de sentencia son los únicos que tiene la facultad para valorar la prueba, al encontrarse en contacto directo con la producción de la misma.


La función principal del Tribunal de alzada es pronunciarse  respecto de la existencia  de  errores injudicando o errores improcedendo en  que hubiera incurrido el tribunal a quo (Juez o Tribunal de Sentencia) de acuerdo a la previsión del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, consecuentemente el Tribunal de alzada sin necesidad de reenvío puede subsanar errores de derecho existentes en el proceso pero sin revalorizar la prueba, ya que lo contrario significaría desconocer el principio de inmediación que se constituye en el único eje central en la producción probatoria reservada exclusivamente para los Tribunales de sentencia sean estos colegiados o unipersonales.


El Tribunal de Sentencia, sea unipersonal o colegiado llega a la certeza de culpabilidad o absolución examinando todas las pruebas introducidas y valorando las mismas bajo el sistema de la sana crítica, en consecuencia el Tribunal de apelación no se encuentra en condiciones de cambiar la situación jurídica de absuelto a culpable o a la inversa, por no tener facultades de revalorización de la prueba y por la imposibilidad material de aplicación del principio de inmediación, lo contrario significaría volver a la posibilidad de revocar los fallos valorando pruebas que nunca se presenciaron ni fueron parte de estos actos procesales y en consecuencia incurrir en violación a la garantía constitucional del debido proceso.


Que, si el Tribunal de apelación advierte error injudicando en la sentencia, en la fundamentación de la resolución que no haya influido en la parte resolutiva, en aplicación a lo previsto por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrá corregir sin necesidad de reenvío del proceso, empero, si el error en la fundamentación es determinante para el cambio en la situación jurídica del imputado, observando lo dispuesto por el artículo 413 del mismo Código Adjetivo Penal, debe anular la sentencia total o parcialmente, dado el caso específico y ordenar la reposición del juicio por otro juez o tribunal, precisando en forma concreta el objeto del nuevo juicio".


Auto Supremo 141 de 06 de junio de 2008.


"De acuerdo con la nueva concepción doctrinaria, la apelación restringida es un medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de la norma sustantiva en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la sentencia; no siendo la resolución que resuelva la apelación restringida el medio idóneo para revalorizar la prueba o revisar cuestiones de hecho a cargo de los jueces o tribunales de sentencia, sino para garantizar el debido proceso, la aplicación correcta de la ley que son reconocidos por la Constitución Política del Estado, así como los tratados internacionales. Por ello, no existiendo doble instancia en el actual sistema procesal penal, el tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisprudencial a lo establecido en el artículo 413 y 414 del Código de Procedimiento Penal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación podrá anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro tribunal, y cuando sea evidente que para dictar nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio podrá resolver directamente, se entiende por no requerir valorizar nuevamente prueba de ninguna naturaleza".


Auto Supremo 223 de 28 de marzo de 2007.


“El Tribunal de alzada no se encuentra facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo circunscribir sus actos a los motivos que fueron objeto de la apelación restringida, el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal establece que: "Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley y/ o su errónea aplicación, el Tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o Tribunal".


Cuando el ad quem advierte que en el proceso se han pronunciado fallos sustentados en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando la previsión del artículo 173 y 339 ambos del Código de Procedimiento Penal, incurriendo así en el defecto del artículo 370-6) de la referida norma adjetiva, se hace evidente que el fallo no contendría los elementos de prueba necesarios para subsanar el defecto en que incurrió el juez de grado, por ello corresponde conforme prevé el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, anular la sentencia totalmente y disponer la reposición del juicio por otro Tribunal, a efecto de garantizar que las partes en conflicto, puedan someter nuevamente el conocimiento, discusión y valoración de la prueba, ante otro juez o Tribunal quien observando los principios de inmediación y contradicción, que rigen el proceso y el circuito probatorio, dicte nueva resolución en base a un nuevo criterio de valor emergente de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica”.


Auto Supremo 16 de 26 de enero de 2007.


“Que, de acuerdo a la nueva filosofía de la Ley 1970 y a la línea doctrinal sentada por este alto Tribunal de Justicia, la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la sentencia, no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley, consiguientemente no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a anular total o parcialmente la sentencia, ordenando la reposición del juicio, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial se indicará el objeto concreto del nuevo juicio y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente. En el caso de Autos se establece que el Tribunal de alzada "revaloriza la prueba introducida a juicio" cambiando, indebidamente, la situación jurídica de la imputada, actuando en contra de la línea jurisprudencial sentada por este Tribunal de Justicia”.


Auto Supremo 409 de 20 de octubre de 2006.

“El Tribunal de alzada en el conocimiento de impugnaciones respecto a apelaciones restringidas debe tomar el ámbito de acción de su competencia que le otorga la Ley 1970 que difiere sustancialmente del antiguo sistema de enjuiciamiento que corresponde al año 1972.


La Función principal del Tribunal de alzada en pronunciarse respecto de la existencia de errores injudicando o errores improcedendo en que hubiera incurrido el Tribunal a quo, de acuerdo a la previsión del artículo 414 del Código Procesal Penal, consecuentemente el Tribunal de alzada sin necesidad de reenvío puede subsanar errores de derecho existentes en el proceso pero sin revalorizar la prueba, ya que lo contrario significaría desconocer el principio de inmediación que se constituye en el único eje central en la producción probatoria reservada exclusivamente para los Tribunales de sentencia sean estos colegiados o unipersonales en el proceso penal bajo el sistema acusatorio.


Se debe tener presente que el Tribunal de Sentencia sea unipersonal o colegiado llega a la certeza de culpabilidad o absolución examinando todas las pruebas introducidas y valorando las mismas bajo el sistema de la sana crítica, en consecuencia el Tribunal de apelación no se encuentra en condiciones de cambiar la situación jurídica de absuelto a culpable o a la inversa, por no tener facultades de revalorización de la prueba e imposibilidad material de aplicación del principio de inmediación, lo contrario significaría volver a la posibilidad de revocar los fallos valorando pruebas que nunca se presenciaron ni fueron parte de estos actos procesales y en consecuencia incurrir en violación a la garantía constitucional del debido proceso".


Del contenido de ambos recursos de casación, se llega a evidenciar que las denuncias cuyo análisis de fondo corresponde, se halla directamente vinculada al reclamo de que el Tribunal de alzada incurrió en una revalorización de la prueba documental, concretamente de los documentos de 29 de julio de 1999 y de 4 de julio de 2001,  lo que derivó en el cambio de la situación jurídica de los imputados. Bajo tal contexto, para el análisis del presente recurso será preciso partir de la verificación de los antecedentes que constan en el cuaderno procesal a objeto de establecer las fundamentos que sustentan las razones de su decisión al momento de resolver los motivos denunciados en los diferentes recursos de apelación restringida, para luego establecer si existió o no la revalorización de la prueba con el consecuente cambio de la situación jurídica de los imputados.


Revisada la Sentencia se evidencia que Alfredo Romero Espejo fue sentenciado como autor y responsable de la comisión de delito de Estelionato, imponiéndosele la pena de dos años de reclusión, más el pago de costas procesales a calificarse en ejecución de sentencia; en mérito a que la pena impuesta no es mayor a dos años y no se evidenció la existencia de antecedentes penales por la comisión de otro delito anterior, el Tribunal de Sentencia determinó conceder el beneficio del perdón judicial previsto por el art. 368 del CPP; por otro lado, fue absuelto de la comisión del delito de Estafa. En el caso de Josefina Juana Quispe de Romero, se determinó declarar su absolución en razón a que la prueba aportada no fue suficiente para generar convicción en el Tribunal sobre su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato. Contra este fallo, el acusador particular Daniel Arapa Garabito y el representante del Ministerio Público, interpusieron recursos de apelación restringida entre cuyos motivos, coincidentemente argumentaron:


Inobservancia y errónea aplicación de la ley, manifestando que la víctima Daniel Arapa Garabito adquirió un inmueble de los imputados, conforme consta en la Minuta de 29 de julio de 1999, realizando sobre este lote, construcciones por un valor aproximado de $us. 100.000.- (cien mil dólares estadounidenses); sin embargo, cuando se ausentó a la ciudad de Potosí, los imputados ingresaron al inmueble cambiando chapas para impedir su ingreso, en fecha 4 de julio de 2001 suscribieron un acuerdo conciliatorio; empero, los imputados negaron sus firmas y rúbricas, pese a ello, mediante estudio grafotécnico se determinó que les correspondían, además, antes de la suscripción de este documento, los imputados habrían transferido el inmueble a la hermana del imputado Felipa Romero de Salvatierra. Añaden que, de forma dolosa, en el primer documento de 1999 los imputados consignaron como número de partida del inmueble el 01051863 que correspondía al anterior propietario Franz Rojas y, cuando se suscribió la transferencia a la hermana del coimputado, se consignó la partida 0140770, extremos que demostrarían que los imputados transfirieron el mismo inmueble con diferentes partidas cuando no eran propietarios del mismo, con actos sucesivos y dolosos que causaron un perjuicio económico a Daniel Arapa Garabito. Asimismo,  debía tomarse en cuenta que los referidos documentos fueron suscritos también por la co-imputada Josefina Juana Quispe de Romero como copropietaria del inmueble,  adecuando su conducta a los tipos penales de Estafa y estelionato por haberse producido la venta de cosa ajena  con artificios provocando error en la víctima  para la realización de un acto de disposición patrimonial; i) Defectuosa Valoración de la prueba, que demostrarían que los documentos de 29 de julio de 1999 y de 4 de julio de 2001 fueron suscritos por ambos co-imputados donde se demuestra la transferencia del bien inmueble que no era de propiedad de los imputados y el engaño para que la víctima realice construcciones disponiendo de su patrimonio con una supuesta conciliación, cuando meses antes se transfirió el inmueble a la hermana de Alfredo Romero Espejo;  ii) Que Josefina Romero de Salvatierra también participó en el hecho; y,  iii) Falta de fundamentación de la Sentencia con relación a la valoración otorgada a los elementos de prueba judicializados, con inobservancia de las reglas de la sana crítica y omitir considerar la declaración de Ruth Sarah Muñoz. 


Por su parte el imputado Alfredo Romero Espejo alegó que, habiendo transcurrido más de siete años y nueve meses desde la suscripción del documento de 4 de julio de 1999 habría operado la prescripción de la acción, sin que se evidencie la suspensión del cómputo del término.


Resolviendo estos puntos apelados, el Tribunal de alzada concluyó que: i) Que el A quo incurrió en errónea aplicación del art. 337 del CPP, con relación a la co-imputada Josefina Juana Quispe, en razón a que los documentos de venta de 29 de julio de 1999 y de 4 de julio de 2001 fueron suscritos por Alfredo Romero Espejo y Josefina Juana Quispe de Romero; además, existió errónea aplicación de los arts. 37 y 38 del CPP, al imponer la sanción al imputado de dos años cuando se evidencia claramente el actuar doloso del imputado; ii) Errónea aplicación del art. 335 del CP, en razón a que Alfredo Romero Espejo y Josefina Juana Quispe de Romero, aparte de vender el inmueble una y otra vez, actuaron con el manifiesto propósito de enriquecerse ilícitamente beneficiándose de las construcciones realizadas por la víctima, pese a los acuerdos suscritos entre ambas partes; iii) Que existe  concurso real de los delitos de Estafa y Estelionato;  iv) Con relación a Felipa Romero de Salvatierra, el A quo obró correctamente al absolverla por no adecuarse su conducta a los tipos penales endilgados, sino de complicidad y como no fue acusada sobre el mismo, no podía ser sancionada;  v) Que no resulta cierto que la Sentencia carezca de fundamentación; sin embargo, es errónea al absolver de pena y culpa a Josefina Juana Quispe de Romero e imponer una pena leve al coimputado; y, vi) Que resulta evidente la defectuosa valoración de la prueba, debido a que absuelve a Josefina Juana Quispe de Romero con una defectuosa valoración de la minuta de 4 de julio de 2001 (MP-1), contenida en la Escritura Pública 342/2001 en la que ambos esposos se atribuyeron la propiedad de un inmueble como suyo cuando no lo era y, luego de legalizar a su nombre el derecho propietario transfiriéndolo  a Felipa Romero de Salvatierra; tampoco considera la minuta de venta de 1999 (prueba MP-3) por la cual vende el inmueble que aún no era suyo, originando que la víctima realice construcciones en el lote; las pruebas MP-1, MP-3, MP-9, PC-35 no fueron adecuadamente valoradas con el argumento de que no demostraron el beneficio económico, absolviendo a Josefina Juana Quispe de Romero e imponiéndose una pena mínima a Alfredo Romero, cuando  existió conducta dolosa de ambos esposos logrando ventaja económica consistente en el valor de las construcciones, lo que constituye un error in iudicando subsanable directamente.


Estos antecedentes demuestran que el Tribunal de alzada determinó que el A quo incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva, mas propiamente de los art. 335 y 337 del CP así como de los arts. 37 y 38 del citado cuerpo normativo [cuarto Considerando numerales 1), 2), 3)], exponiendo de manera fundamentado las razones por las cuales consideró que la conducta de los imputados se subsumía a los tipos penales de Estafa y Estelionato, señalando que ambos esposos al suscribir los documentos de 29 de julio de 1999 y de 4 de julio de 2001, vendieron un inmueble que no era de su propiedad primero a la víctima Daniel Arapa Garabito, quien no registró su derecho propietario realizando construcciones de cinco pisos en el lote; sin embargo, los imputados volvieron a transferir el inmueble con las construcciones a la hermana de Alfredo Romero Espejo; y, posteriormente suscribieron un documento de acuerdo conciliatorio con la víctima a sabiendas de que el inmueble ya fue transferido a la hermana del coimputado, para posteriormente negar sus firmas y rúbricas que, según un informe grafotécnico se demostró que les correspondía; evidenciando el beneficio económico indebido obtenido por los imputados a raíz de los engaños con los cuales lograron que la víctima disponga su patrimonio en la construcción de nueve departamentos y un “penthouse”, así como tampoco se consideró que existió concurso real de delitos;  tratándose de errores in judicando no ameritaba renovar el juicio; y, al tenor del art. 413 última parte del CPP resolverá directamente la causa; argumentos que no resultan errados puesto que este Tribunal, conforme la jurisprudencia contenida en el Auto Supremo 660/2014-RRC de 20 de noviembre, consideró que debe concebirse la posibilidad, en el supuesto de que se advierta y constate que el Juez o Tribunal de Sentencia incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva, que el Tribunal de alzada en estricta aplicación del art. 413 último párrafo del CPP y con base a los hechos probados y establecidos en Sentencia, en los casos de que éstos no sean cuestionados en apelación o de serlo se concluya que fue correcta la operación lógica del juzgador en la valoración probatoria conforme a la sana crítica, pueda resolver en forma directa a través del pronunciamiento de una nueva Sentencia, adecuando correctamente la conducta del o los imputados al tipo penal que corresponda, respetando en su caso la aplicación del principio iura novit curia, ya sea para condenar al imputado o en su caso, para declarar su absolución en razón a no poder subsumirse la conducta al o los tipos penales acusados, por no ser punible penalmente el hecho o porque no reúne todos los elementos de delito; este presupuesto se encuentra establecido como una sub regla del Auto Supremo 660/2014 al señalar : “El Tribunal de alzada en observancia del art. 413 ultima parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no está eximido de dar estricta aplicación del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinación, ya sea para la absolución o condena del imputado y respectiva imposición de la pena”.


Sin embargo, en el punto 6 del Cuarto Considerando del Auto de Vista, el Ad quem refiere que existió también defectuosa valoración de la prueba, estrictamente de las pruebas MP-1 (minuta de 4 de julio de 2001), MP-3 (minuta de 29 de julio de 1999), así como de las pruebas MP-9 y PC-35, pruebas silenciadas por el Tribunal de Sentencia con el argumento de que no probaron la existencia de beneficio económico absolviendo a la esposa y premiando al imputado con una pena mínima, cuando en realidad su conducta fue dolosa logrando una ventaja económica consistente en el valor de la construcción; en ese contexto, se tiene que los de alzada argumentan que se absolvió a Josefina Juana Quispe de Romero  con una defectuosa valoración de la prueba MP1 (Minuta de 4 de julio de 2001 contenida en el Escritura Pública 342/2001) en la que “claramente se observa que los esposos Alfredo Romero Espejo y Josefina Juana Quispe de Romero  al ser un bien ganancial se atribuyeron la propiedad de un inmueble que al principio no lo era, y luego de legalizar a su nombre el derecho propietario, proceden a transferir a la hermana y cuñada Felipa Romero de Salvatierra  y al no observar que en la de venta de manera dolosa se consigna la partida No. 01051863 que pertenecen al anterior propietario Franz Rojas R, tampoco considera el contenido de la minuta de 29 de julio de 1999 codificada bajo la sigla MP3 por la cual se vende lo que aún no era de ellos, que es el origen para que Daniel Arapa Garabito proceda a realizar construcciones acabadas transformando el lote de terreno en una edificación 5 pisos con nueve departamentos y un penthouse y menos analizar el contenido del documento de 4 de julio de 2001, ambos transfirieron departamentos que nunca fueron de ellos porque quien construyó los mismos es la víctima Daniel Arapa Garabito” (sic.). Estas consideraciones realizadas por el Tribunal de alzada denotan, por un lado, la nueva valoración que otorga a las pruebas, en desconocimiento de los principios de la intangibilidad de las pruebas, así como la intangibilidad de los hechos, que son de facultad exclusiva de los jueces y Tribunales, quienes en la tramitación del juicio oral en base a las reglas de la sana crítica, son los únicos que pueden realizar valoraciones y conclusiones sobre la controversia a dilucidar; lo cual no sólo es una vulneración de los principios del juicio oral, sino que va en contra de la doctrinal legal aplicable emitida por este Tribunal ampliamente desarrollada en el punto III.1 de esta Resolución, habiéndose establecido que de ninguna manera el Tribunal de apelación puede rever hechos y volver a analizar las pruebas otorgándoles nuevo valor, conocido como la revalorización de la prueba, incurriendo el Tribunal de alzada en el error de “subsanar directamente“ la defectuosa valoración de la prueba, hecho que le está completamente vetado, puesto que su única competencia sobre este aspecto es ejercer el control de la valoración realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta o no a las reglas de la sana crítica y si se halla debidamente fundamentada; de advertir vicios en la aplicación de las reglas de la sana crítica en sus componentes de la lógica, la experiencia y el sentido común, correspondía señalar los errores del trabajo mental del juzgador al momento de enlazar, de manera lógica, las inferencias y razonamientos que lo llevan a asumir determinada posición respecto al nexo existente entre el hecho con que se cuenta y el que se intenta probar; si el Ad quem advierte que la Sentencia no se ajusta a las normas procesales, con relación a la valoración de la prueba y la falta de fundamentación o motivación, que hubiere tenido incidencia en la parte resolutiva, debe anular total o parcialmente la Sentencia, y ordenar la reposición del juicio por otro Tribunal; debiendo reiterarse que si bien el art. 413 in fine del CPP, establece que: "Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente", el alcance de la referida disposición legal, no otorga facultad al Tribunal de apelación de hacerlo respecto a temas relativos a la relación de los hechos o a la valoración de la prueba, que al estar sujetos a los principios de inmediación y contradicción, propios del sistema procesal acusatorio vigente en el Estado boliviano, resultan intangibles.


Bajo tales parámetros, se evidencia que el Tribunal de alzada incurrió en un defecto absoluto no susceptible de convalidación; lo que implica, que, asumió inadecuadamente el deber de control de la fundamentación probatoria, tanto descriptiva e intelectiva de la Sentencia, olvidando que la atribución de valorar la prueba y revisar las cuestiones de hecho, son de exclusiva competencia del Tribunal de Sentencia; por cuanto, los motivos deviene en fundados.


III.1.2.Falta de fundamentación en el incremento de la pena (segundo motivo alegado por Alfredo Romero Espejo) y en la imposición de la sanción penal a la imputada (tercer motivo del recurso de casación de Josefina Juana Quispe de Romero).


Los precedentes invocados con relación a este motivo, establecieron en su doctrina legal, la obligatoriedad de fundamentar las resoluciones, en especial cuando se trata de incremento de la pena en la resolución del recurso de Apelación, debiendo el Ad quem considerar los art.  37, 38, 39 y 40 del CP; por cuanto, la gravedad de la pena no debe medirse en razón de la culpabilidad, sino de la necesidad de controlar la intensidad del impulso a delinquir, omitir la observancia de estos arts. y fundamentar debidamente su aplicabilidad constituyen un defecto absoluto insubsanable.


Auto Supremo 114 de 20 de abril de 2006.


Que el espíritu de la nueva normativa procesal penal en consonancia con la doctrina contemporánea sobre la apelación restringida que constituye el único medio para impugnar la sentencia; enseñan que la autoridad a cuyo conocimiento es sometida una causa en la que se denuncia la presencia de "defectos de la sentencia"; con el propósito de lograr su revisión, y evidenciar o rechazar los vicios revelados, debe dar estricta aplicación al artículo 124 de la Ley Nº 1970 que dice que: "Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados, expresando los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o los requerimientos de las partes", debiendo circunscribir sus actos a la resolución de los puntos que constituyen el fundamento del recurso.


Actuar de manera contraria a la señalada precedentemente implicaría vulneración de las normas del debido proceso, en sus componentes del derecho a la defensa y derecho a obtener tutela judicial efectiva, en el sub lite mediante un fallo o segunda opinión que resuelva la pretensión de los afectados con la resolución del A-quo.


Ahora bien, tratándose de incremento de la pena en la resolución del recurso de Apelación, el Ad-quem debe tomar en cuenta los artículos, 37, 38, 39 y 40 del Código Penal para aplicar la sanción que corresponda con la adecuada fundamentación de aquella decisión, considerando que la pena se constituye en una consecuencia jurídica del delito y debe responder en la orientación filosófica de la norma cuya finalidad es la enmienda y readaptación social del delincuente, lo que equivale a desterrar criterios de atribuir a la pena carácter vengativo, de ahí que en la actualidad la pena no persigue castigar ni retribuir el mal sino educar al criminal. En consecuencia la gravedad de la pena no debe medirse en razón de la culpabilidad, sino atendiendo la necesidad de controlar la intensidad del impulso a delinquir. Por todo ello, en casos en que la pena establecida en sentencia sea incrementada por un Tribunal Superior, necesariamente -como se tiene dicho-, deberá existir el sustento legal que justifique tal decisión”.


Auto Supremo 99 de 24 de marzo de 2005.


“Constituye uno de los elementos esenciales del debido proceso la correspondiente fundamentación de las resoluciones, las mismas que deben ser motivadas, individualizándose la responsabilidad penal de cada uno de los imputados, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes que establece la ley penal sustantiva, a objeto de imponer la pena.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo intérprete de la "legalidad", cumple una función unificadora de la jurisprudencia establecida en materia penal, siendo de aplicación obligatoria la doctrina legal aplicable, por los tribunales colegiados y unipersonales inferiores, lo contrario significaría ir en contra de los fines del Derecho Procesal Penal que busca una justicia pronta, equitativa y justa.


Es evidente que el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación ya ha establecido una línea doctrinal respecto a los aspectos que se deben considerar para establecer y determinar el quantum de las sanciones para los autores del delito de transporte de sustancias controladas, prevista en el artículo 55 de la Ley Nº 1008, tomando en cuenta las atenuantes y agravantes, habiendo establecido en varios autos supremos la determinación, como lo ha señalado el recurrente, en la jurisprudencia vinculatoria presentada en el recurso, considerando que si bien es cierto que las penas son indeterminadas, siendo la valoración y apreciación privativa de los jueces de instancia e incensurable en casación, esto no les exonera de la obligación de considerar y tomar en cuenta las agravantes o atenuantes que existiesen en favor o en contra del imputado, contenidas en los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Sustantivo Penal, expresando invariablemente y de manera obligatoria los fundamentos en que basan su determinación, la omisión constituye defecto absoluto y por tanto insubsanable, como lo previene el artículo 370 inciso 1) del Código de Procedimiento Penal, así como vulneración a los derechos y garantías reconocidas en la Constitución, tratados y convenios internacionales, como lo determina el inciso 3) del artículo 169 del Procedimiento Penal.


Según Franz Von Liszt, La pena es un mal que el juez penal inflige al delincuente a causa del delito, para expresar la reprobación social con respecto al acto y al autor y para Pisa, además de significar un mal para el delincuente, es un medio de tutela jurídica afirmando que No es el Estado el que puede decirle al delincuente: tengo derecho de corregirte, pues de ello sólo puede jactarse el superior de un claustro; es el culpable el que tiene el verdadero derecho de decir al Estado: estás en la obligación de irrogarme una pena que me enmiende y no tienes potestad de someterme a una pena que me degrade y me torne más corrompido de lo que soy (Fernando Villamor Lucia, Derecho Penal Boliviano, Parte General página 198), evitando, como dice Beristain, que la queja que continuamente brota de las prisiones , donde yacen miles de hombres sepultados vivos por otros hombres, en nombre de la justicia, en nombre de la libertad, constituyendo su imposición el alfa y omega de todo el Derecho Penal siendo esencial el equilibrio y la proporcionalidad que debe existir entre la culpabilidad y la punición que constituye uno de los rasgos esenciales del derecho penal en el que la imposición de la pena tiene como finalidad, además de la retribución por el daño causado, la readaptación y reinserción del delincuente al medio social, tomando en cuenta que el nuevo sistema acusatorio penal es garantista y preserva los derechos fundamentales tanto del imputado y de la víctima y a ambos, así como a la sociedad en su conjunto les interesa la correcta aplicación de la ley, el respeto irrestricto de los derechos y garantías constitucionales y procesales, porque así se garantiza la paz social y la pervivencia del Estado Social y democrático de derecho, debiendo, en la imposición de la pena, inexorablemente, aplicar lo dispuesto en los artículos 37, 38, 39 y 40 del Código Penal”.


Analizando los argumentos esbozados tanto por Alfredo Romero Espejo como por Josefina Juana Quispe de Romero, los recurrentes denuncian que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación al determinar el quantum de la pena, con relación a Alfredo Romero Espejo, se habría incrementado la pena de dos años a siete años desconociéndose la consideración de los arts. 37, 38, 39 y 40 del CP, y; respecto a la co-imputada Josefina Juan Quispe de Romero, se le habría impuesto cinco años de reclusión sin que se fundamente la operación lógica para establecer esta sanción.


En ese orden de ideas, verificando los fundamentos del Auto de Vista impugnado, se advierte que los de alzada, concluyeron que el imputado adecuó su conducta a los tipos penales de Estafa y Estelionato, lo cual decantaría en un concurso real de ambos delitos  (tercer punto del cuarto considerando), error in iudicando que no ameritaría volver a renovar el juicio, correspondiendo resolver directamente al tenor de la última parte del art.413 del CPP.


En cuanto concierne a la co-imputada Josefina Juana Quispe de Romero, en el punto 1 del cuarto considerando del Auto de Vista, el Ad quem arribó a la conclusión de que el Tribunal de Sentencia incurrió en errónea aplicación del art. 337 del CP, debido a que en la suscripción de los documentos de 29 de julio de 1999 y de 4 de julio de 2001, la imputada habría firmado ambos documentos donde se transfería el inmueble inicialmente a la víctima Daniel Arapa Grabito y luego a la hermana del co-imputado Felipa Romero de Salvatierra, cuando el referido inmueble no era de propiedad de ambos esposos, demostrándose su autoría; por otro lado, en el punto 2 del referido considerando, aludiendo a la errónea aplicación del art. 335 del CP, los de alzada señalaron que los imputados, aparte de conducirse con dolo al vender el inmueble una y otra vez, también actuaron con el manifiesto propósito de enriquecerse  de manera ilícita a costa de la víctima, quien dispuso de su patrimonio para construir sobre el lote 9 departamento, transfiriéndolo posteriormente a Felipa Romero de Salvatierra, demostrándose la obtención de un beneficio económico.


En ese contexto, si bien el Ad quem concluyó que la imputada también cometió el delito de Estafa, cuya máxima sanción penal es de cinco años, del contenido del Auto de Vista no se advierten los fundamentos que señalen los motivos por los cuales estableció imponerle la pena privativa de libertad de 5 años, más aun tomando en cuenta que arribó a la conclusión de que ambos esposos cometieron los delitos de Estafa y Estelionato; sin embargo, impone al imputado la pena de 7 años y a la coimputada la sanción de 5 años, desconociéndose los razonamientos lógico jurídicos por los cuales el Ad quem consideró imponer tales penas tratándose de concurso real de delitos como determinó el punto 3 del citado cuarto considerando; asimismo, debió fundamentar de manera suficiente si existían atenuantes o agravantes que debieran considerarse al momento de imponer la sanción, en observancia y cumplimiento de las previsiones contenidas en los arts. 37 al 40 del CP; expresando motivadamente las razones del incremento de la sanción penal y no limitarse a señalar que existiría dolo en el actuar del imputado y concurso real de delitos y que la imputada adecuo su conducta a ambos tipos penales; debe tenerse presente que la imposición de la pena, resulta de la valoración de los hechos y del análisis mismo de la personalidad del imputado,  explicando las circunstancias que atenúan o agravan la sanción, estableciendo los hechos precedentes, las circunstancias y condiciones de vida del imputado; de lo expuesto se concluye que el fallo ahora recurrido, carece de fundamentación respecto al quantum de la pena impuesta a ambos imputados, contraviniendo la doctrina legal sentada en los precedentes invocados. Bajo ese contexto, los motivos devienen en fundados.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Alfredo Romero Espejo y Josefina Juana Quispe de Romero, conforme los fundamentos expuestos precedentemente; y, en aplicación del precitado art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 322/2011 de 02 de abril, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA