TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL 

AUTO SUPREMO Nº 827/2015-RRC-L 

Sucre, 20 de noviembre de 2015 

 

Expediente                        Oruro 28/2011

Parte Acusadora                 Ministerio Público y otros

Parte Imputada                 : Leandro Villca Cruz y otros

Delitos                            Abigeato y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán  


RESULTANDO 


Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2011, cursante de fs. 212 a 220, Leandro Villca Cruz, Juan de Dios Viracochea Mamani y Narciso Gonzales Romero, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 16/2011 de 18 de julio, de fs. 203 a 207, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Agustín Sánchez Pinedo y Simón Pinedo Martínez contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Abigeato, Incendio y Amenazas, previstos y sancionados por el art. 350 -primera parte- con las agravantes previstas en su último párrafo y relacionado con el art. 332 incs. 2) y 3), primera parte del art. 206 y segunda parte del art. 293 del Código Penal (CP), respectivamente.

 

I. DEL RECURSO DE CASACIÓN 


I.1 Antecedentes


a)   Desarrollado la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 7/2010 de 18 de noviembre (fs. 156 a 166), el Tribunal de Sentencia Penal de las Provincias Eduardo Avaroa, Ladislao Cabrera y Sebastián Pagador, con asiento en la localidad de Challapata del Distrito Judicial de Oruro, declaró a Leandro Villca Cruz, Juan de Dios Viracochea Mamani y Narciso Gonzales Romero, absueltos de la comisión de los delitos de Abigeato, Incendio y Amenazas, tipificados por el art. 350 -primera parte- con las agravantes previstas en su último párrafo y relacionado con el art. 332 incs. 2) y 3), primera parte del art. 206 y segunda parte del art. 293 del CP.


b)  Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público (fs. 167 a 173), y los acusadores particulares Agustín Sánchez Pinedo y Simón Pinedo Martínez (fs. 176 a 183), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por el Auto de Vista 16/2011 de 18 de julio (fs. 203 a 207), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, que declaró procedente los citados recursos y anuló totalmente la Sentencia, disponiendo el reenvío del proceso al Tribunal más próximo, motivando la interposición del recurso de casación.  


I.1.1. De los motivos de los recursos de casación  


Del memorial de casación y el Auto Supremo 653/2015-RA-L de 18 de septiembre, de fs. 247 a 249 vta., se tiene los siguientes motivos:  

Los recurrentes acusan, que el Auto de Vista impugnado no coincide con la doctrina legal aplicable de los precedentes contradictorios invocados en la casación, aplicándose en dicho fallo un razonamiento opuesto al establecido por el máximo Tribunal de Justicia, toda vez que habrían incurrido en inadecuada o indebida fundamentación; al respeto afirman que:


a)   No hay fundamentación respecto a cada uno de los tópicos que fueron objeto de impugnación en alzada por parte de los acusadores, tanto público como particular. Los recurrentes desglosaron cada recurso en cinco incisos, para luego sostener que consideran que cada alegación debió ser fundamentada una a una; para respaldar esa afirmación, hacen análisis del Auto de Vista, transcribiendo las partes que consideran pertinentes, para concluir que la fundamentación del fallo no es objetiva, ni correcta: acusa a los Vocales de forzar “de tal manera su razonamiento” (sic), que no asumieron el todo armónico de la Sentencia, sino únicamente un párrafo de la subsunción de los hechos, mismo que no es relevante.


b)   Señalan que el Auto de Vista no puede concluir en la existencia de defectuosa valoración de la prueba, sin hacer mención o análisis de algún medio probatorio, lo que consideran incongruente y apartado del razonamiento de un Tribunal de alzada, pues no se identificó alguna impericia, falencia o razonamiento apartado de la sana crítica en la que el Tribunal de mérito hubiera incurrido.


c)    Acusan al Tribunal alzada de introducir -en el tercer hecho- sin base fáctica ni probatoria, la circunstancia de que los imputados fueron sorprendidos en flagrancia, sin especificar cuál sería ese tercer hecho, y que dicha afirmación no fue vinculada a ningún elemento probatorio; afirman, que lo que hizo el Tribunal de apelación -en caso de no ser efectivo el recurso de casación- fue dirigir al próximo Tribunal de juicio que conozca la causa a una condena anticipada sobre la base de prueba inexistente. Sostiene que los de alzada valoraron los hechos otorgándole un cause distinto al que tenía el Tribunal de juicio; que los de alzada no tomaron en cuenta que el término “comunarios de la Prov. Sebastián Pagador”, contrariamente a lo que sostuvo el Ministerio Público, no es un defecto vinculado a la defectuosa valoración de la prueba.


d)   Sostienen que en cuanto al segundo motivo del recurso de alzada interpuesto por el Ministerio Público, correspondía al Tribunal de apelación establecer, que para que para que la denuncia por defectuosa valoración de la prueba tenga sustento, debe el recurrente, establecer los elementos de prueba que fueron valorados por el a quo, en infracción con las reglas de la sana crítica; que en el caso de Autos, el Ministerio Público divagó en cuestionamientos alejados de la Sentencia, y que pese a ello, el Auto de Vista declaró de forma errada la procedencia del motivo. Que en cuanto a lo alegado en el tercer motivo del citado recurso, respecto a la afirmación de que el Tribunal de Sentencia no habría tomado en cuenta la participación dolosa y planificada de los imputados, con base en declaraciones testificales, el Tribunal de apelación no revisó las declaraciones señaladas por los recurrentes, para así establecer que ninguna de ellas los vinculaba como autores o partícipes del hecho.


e)   Alegan que la argumentación en el Auto de Vista no es pertinente, toda vez que no es posible fundamentar el fallo, señalando que existe ausencia de fundamentación jurídica en la Sentencia respecto a la imposición de la pena, cuando fueron absueltos, toda vez que en la Resolución de alzada se afirmaría que la ausencia de pena constituiría un defecto, dejando entender    -dicen- que esa afirmación significaría que el Tribunal de Sentencia debió condenarlos, conduciendo con ello al próximo Tribunal a una sentencia condenatoria sin ninguna fundamentación. Amplían sus argumentos, señalando que los de alzada, para sustentar su razonamiento recurrieron a los arts. “3325”, 206 primera parte y 293 segunda parte del CP, resaltando que la primera norma citada es inexistente.


Finalmente, en cuanto a la afirmación realizada por el Tribunal de alzada respecto a que en la Sentencia no existiría ningún medio de prueba para establecer la participación de los imputados en los hechos; los recurrentes consideran que esa afirmación es correcta, porque no son responsables de los hechos, consiguientemente no se puede exigir medios probatorios para sustentar una absolución cuando la misma radica precisamente en la falta de prueba, por lo que, consideran que el Auto de Vista resulta incongruente y que se encuentra apartado de los preceptos jurídicos elementales, siendo contrario a lo establecido por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque consideran que no se puede sostener que es evidente la falta de fundamentación en la imposición de la pena, cuando se ha emitido una Sentencia absolutoria.


Para respaldar la denuncia de inadecuada o indebida fundamentación en el Auto de Vista, extraído en los cinco incisos anteriores, invocan como precedente contradictorio el Auto Supremo 91 de 28 de marzo de 2006, cuyas partes relevantes transcriben.


I.1.2. Petitorio 


Los recurrentes solicitan se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado.  


I.2. Admisión de los recursos  


Por Auto Supremo 653/2015-RA-L de 18 de septiembre, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Leandro Villca Cruz, Juan de Dios Viracochea Mamani y Narciso Gonzales Romero. 


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO 


II.1. De la Sentencia.  


Por Sentencia 7/2010 de 18 de noviembre (fs. 156 a 166), el Tribunal de Sentencia de las Provincias Eduardo Avaroa, Ladislao Cabrera y Sebastián Pagador, con asiento en la localidad de Challapata del Distrito Judicial de Oruro, declaró a Leandro Villca Cruz, Juan de Dios Viracochea Mamani y Narciso Gonzales Romero, absueltos de la comisión de los delitos de Abigeato, Incendio y Amenazas, tipificados por el art. 350 -primera parte- con las agravantes previstas en su último párrafo y relacionado con el art. 332 incs. 2) y 3), primera parte del art. 206 y segunda parte del art. 293 del CP.


II.2. Recursos de apelación restringida. 


Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público, Agustín Sánchez Pinedo y Simón Pinedo Martínez, interpusieron recursos de apelación restringida, bajo los siguientes fundamentos entre otros:  


El Ministerio Público.


Bajo el acápite “VALORACIÓN DEFECTUOSA DE LA PRUEBA (inc. 6 del art. 370 del Código de Procedimiento Penal)” (sic), el representante del Ministerio Público, denunció que: i) La Sentencia era incongruente con la acusación, esta última en la que se había acusado hechos concretos y víctimas correctamente identificadas, sin embargo el Tribunal de Sentencia en el acápite titulado “MOTIVOS DE DERECHO QUE FUNDAMENTAN LA SENTENCIA (SUBSUNCIÓN)” (sic), se había referido como víctimas a “los comunarios de la Prov. Sebastián Pagador del Departamento de Oruro”; ii) Que, había alegado que el no hacer el registro de dos lugares donde se produjo el robo, constituiría una falencia, pues el registro del lugar constituiría un requisito indispensable e importante al ser un acto de comprobación inmediata; sin embargo, el A quo, no había fundamentado en qué incidió a tiempo de pronunciarse la Sentencia absolutoria; iii) Que, el Tribunal de mérito había afirmado que en el caso de autos, no se estableció la existencia de nexo causal entre acción y el resultado, tampoco la flagrancia, no se había individualizado la responsabilidad del acusado; y en el punto 4 del mismo acápite, había señalado que no se estableció la planificación y ejecución del hecho punible con conocimiento y voluntad de los imputados, es decir, no se configuró la existencia de dolo “en su accionar”, concluyendo en el numeral 7 la falta de medios o elementos ilícitos de prueba fundamental y suficiente; empero, en estas aseveraciones el A quo no había señalado que prueba le llevó a determinar que existe duda razonable, a dicho efecto tampoco había valorado la prueba conforme a lo dispuesto por el art. 173 del CPP, asignando el valor a cada una de las pruebas y tampoco  había fundamentado su resolución refiriéndose a algún medio probatorio, actuando, como se había señalado en el Auto Supremo “200006-Sala Penal-2-341” (sic); iv) Que, el Tribunal de mérito no consideró las declaraciones testificales de Laureano Romero Parina, Juan Ocza Conde, Emilio Quispe Martínez y Porfirio Soto Pinedo, testimonio que es transcrito por el recurrente para señalar, que las mismas demuestran la autoría de los imputados en los hechos motivo de juicio, desde la planificación hasta la ejecución y captura en flagrancia; v) Señala, que el Tribunal de mérito no vinculó las declaraciones de Fortunata Gómez de Sola víctima-, Teodoro Sola Eugenio testigo-, y Candido Sola Hurtado testigo-, con la prueba MP-D3 consistente en un acta de entendimiento de limites suscrito entre las Provincias E. Avaroa y S. Pagador, en la que los imputados se comprometieron a devolver las llamas a los afectados; hechos que no habían sido valorados por el Tribunal de Sentencia a tiempo de afirmar que se probó el robo, empero, no vincula tal afirmación a ninguna prueba, es decir, no había realizado una valoración conjunta y armónica de toda la prueba; en igual error se había incurrido respecto a las declaraciones testificales de Crispín Chila Cuellar, Agustín Sánchez Pinedo, Demetrio Chila Pinedo, Simón Pinedo Martínez y Florencio Aguirre, las cuales no habían sido tomadas en cuenta por el Tribunal de mérito; Bajo estos antecedentes el recurrente alega que el Tribunal de Sentencia infringió el art. 173 del CPP concordante con los arts. 167, 171 y 172 de la misma norma procesal adjetiva.


La parte acusadora particular.


1) Denuncian que el Tribunal de alzada incurrió en el defecto previsto por el inc. 1) del art. 370 el CPP, porque no aplicó de manera correcta los arts. 350, 206 y 293 del CP; haciendo una remembranza de los hechos alega que la prueba presentada por el Ministerio Público fue contundente, asimismo, señala que los acusados provocaron un incendio en fecha 13 de noviembre de 2003, cerca de la mina María Teresa, y amenazaron con armas a las víctimas.


2) Haciendo mención a lo dispuesto por los arts. 124, 360 y 370 inc. 5) del CPP, señala que la Sentencia adolece de fundamentación en torno a la imposición de la pena, pues no se había fundamentado cuales las razones por las cuales la pena es agravada.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.  


La apelación restringida expuesta precedentemente, fue resuelta a través del Auto de Vista 16/2011 de 18 de julio, emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, declarando procedente los recursos de apelación restringida y anuló totalmente la Sentencia recurrida, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal llamado por ley, bajo los siguientes argumentos expuestos en el considerando III: 


Resolviendo el recurso del Ministerio Público.


1. Respecto a la supuesta incongruencia entre la Sentencia y la acusación, porque el Tribunal de Sentencia sin considerar que las víctimas fueron correctamente identificadas e individualizadas; se había referido a las mismas como “los comunarios de la Prov. Sebastián Pagador del Departamento de Oruro”, hecho que a decir del Ad quem demuestra incongruencia en la mención de los nombres de las partes, identificación que es un requisito de la Sentencia contenido en el art. 360 inc. 1) del CPP, aspecto que es un derecho de las partes y sería correlativo a la tutela judicial efectiva; hecho que demostraría además la falta del requisito contenido en el inc. 3) del art. 360 del CPP, confluyendo en inobservancia de lo previsto en el art. 173 de la norma adjetiva penal.


2. Respecto a la denuncia de defectuosa valoración probatoria, el Tribunal de alzada alega que la Sentencia en el considerando III hizo una enunciación de los hechos contenidos en la acusación del Ministerio Público y acusación particular; en el considerando IV, el A quo había realizado una relación de la licitud de la forma de inicio de la acción penal, sin establecer ninguna motivación respecto a la descripción, análisis y valoración de la prueba, sin embargo, había señalado que se trata de pruebas del acusador público; en el considerando VI, el Tribunal de mérito se había limitado a realizar una relación de las pruebas de cargo y de descargo; en el considerando VII, había transcrito reiterativamente las declaraciones testificales, sin asignar ningún valor probatorio correspondiente a las mismas, contrariando lo dispuesto por el art. 173 del CPP; en este punto hace referencia a lo señalado por los Auto Supremos 328 de 29 de agosto de 2006 y 25/05 de 22 de julio.


3. En cuanto al argumento del A quo en sentido de que no se había demostrado los actos individuales desplegados por Leandro Villca, Juan de Dios Viracochea y Narciso Gonzales en los delitos de Abigeato; señaló el Tribunal de alzada que el Tribunal de Sentencia no señaló en que se basó para realizar esa afirmación, la cual además no condice con los medios de prueba a decir del Ad quem, más cuando éstos habían sido sorprendidos en flagrancia conforme al art. 230 del CPP, aspectos que constituirían un defecto de valoración probatoria e infracción de los arts. 173, 167, 172 y 172 del CPP, error in procedendo que contraría la garantía del debido proceso, además, de ser un defecto absoluto contemplado en el art. 370 inc. 6) y 169 inc. 3) del CPP.


4. Respecto al registro del lugar del hecho que se había realizado solo en el lugar donde aconteció el hecho en fecha 1 de diciembre del 2003 y no en los otros dos lugares; el Tribunal de alzada señaló que el A quo, no refirió si esta supuesta falencia tuvo relevancia en la pronunciación de la Sentencia, incurriendo el mismo en el defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP y defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP.


Resolviendo el recurso de apelación restringida interpuesto por el acusador particular.


1. Respecto a la supuesta insuficiente fundamentación jurídica de la Sentencia a tiempo de “imponer la pena”, hecho que constituiría el defecto previsto por el art. 370 inc. 5), inobservancia del art. 124 y defecto absoluto conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3), todos de la norma adjetiva penal; el Tribunal de alzada señaló que el referido defecto denunciado “resulta ser evidente” (sic), argumentando que “(…) la fundamentación de las resoluciones judiciales tienen una finalidad no solo procesal sino de índole constitucional, por cuanto su ausencia vulnera el debido proceso en su componente, de que todo justiciable, tiene derecho a una resolución fundamentada, lo contrario afecta a los fines de defensa e inclusive impugnatorios, impidiendo a que las partes puedan conocer las razones del porque el Juzgador asume una determinada decisión.” (sic).

2. Sobre la supuesta errónea aplicación de la norma sustantiva defecto previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, el Ad quem, señaló que: “(…); sobre el punto, la doctrina señala, los antecedentes de derecho tienen que expresar, motivándola, la calificación jurídica de los hechos probados, naturalmente conlleva no solo la inclusión de los hechos en un tipo penal o en otro, sino la calificación de la participación de los acusados hayan tenido en los hechos y la determinación si en los hechos probados existen circunstancias que puedan calificarse como agravantes, atenuantes o eximentes de a responsabilidad penal, En suma la motivación jurídica (…). Como se podrá advertir en la resolución impugnada, el Tribunal de Alzada absuelve de pena y culpa a los acusados, bajo el argumento de que no se demostró, suficientemente los actos individuales desplegados por Leandro Villca, Juan de la Cruz Viracochea y Narciso Gonzales, en la comisión del delito de abigeato propiamente dicho, pero, de manera confusa también señala `concluida como fue la falta de medios o elementos lícitos de prueba fundamental y suficiente en torno a Leandro Villca, Juan de la Cruz Viracochea y Narciso Gonzales´ En los presupuestos hipotéticos contenidos en los artículos 33325, art. 206 primera parte, y 293 Segunda parte del Código Penal, así consignados en la acusación pública y particular, refiere que se asumió la existencia de duda razonable en todos y cada uno de los miembros del tribunal y se determina sentencia absolutoria para los acusados, decisión que a criterio del tribunal de alzada, no tiene sustento en medio de prueba idóneo o valoración adecuada de las pruebas, por cuanto al tratarse de hechos suscitados en lugares y fechas diferentes, en la sentencia que se impugna no ha llegado a establecer el grado de participación de cada uno de los acusados o en que hechos participaron cada uno de ellos, o a que norma sustantiva o tipo penal subsumen su conducta los acusados, en razón de haberse acusados por la comisión de tres tipos penales diferentes.” (sic). Bajo estos fundamentos el Tribunal de alzada concluye señalando que en el caso de autos existió una defectuosa valoración probatoria y la ausencia de motivación.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


El recurso de casación interpuesto por Leandro Villca Cruz, Juan De Dios Viracochea Mamani y Narciso Gonzales Romero, fueron admitidos ante la denuncia de que el Auto de Vista impugnado hubiese incurrido en falta de fundamentación; en cuyo mérito, corresponde analizar y resolver el motivo contenido en el recurso, conforme los límites establecidos en el Auto Supremo de admisión 653/2015-RA-L de 18 de septiembre. A ese fin, antes de identificar los entendimientos asumidos en los precedentes invocados por los recurrentes y el análisis particular del recurso, resulta menester efectuar una precisión sobre la labor de contraste en el recurso de casación por parte del Tribunal Supremo de Justicia y la exigencia de fundamentación en las resoluciones judiciales.


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por los arts. 42.I inc. 3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios; será de aplicación obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el 420 del CPP.


III.2. La debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


El art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo, las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, refiere: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.


El mismo autor citando a Joan Pico I Junoy, manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el porqué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal mediante varios Autos Supremos, tales como el Auto Supremo 5 de 26 de enero de 2007, que estableció la siguiente doctrina legal: “La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


c) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no está debidamente motivada.


e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”. (Las negrillas son nuestras).


III.3. Del precedente invocado y el análisis del caso concreto.


El recurrente a tiempo de denunciar falta de fundamentación en el Auto de Vista impugnado, invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 91 de 28 de marzo de 2008, dictado dentro del proceso seguido por el Ministerio Público contra EADP, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, el cual tuvo como antecedentes facticos que: i) El Tribunal de alzada realizó una interpretación y revaloración de los hechos, ii) Que, el Tribunal de alzada sin evidenciar dos puntos apelados, en una actitud condescendiente vulneró su propia competencia, al no ponderar los puntos apelados; iii) Que, el Tribunal de alzada se apoyó en una frase de la Sentencia que proviene de la valoración de un elemento de prueba y no de la valoración integral, siendo que la misma no corresponde al fundamento integral de la Sentencia; iv) Que, el Tribunal de alzada había establecido erróneamente que el existiría un hecho nuevo. Hechos que motivaron se dicte la siguiente doctrina legal aplicable:


que, la valoración de los hechos y de la prueba es atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia por cuanto ellos son los que se encuentran directamente involucrados en todo el proceso de la producción de la prueba con la intervención contradictoria de las partes procesales; ahora en caso de que dicha valoración sea confusa, contradictoria o insuficiente porque no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento, o no son utilizadas adecuadamente la lógica y las técnicas de argumentación-m en definitiva no se encuentran explicadas apropiadamente y que ponga en duda la razón del Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Apelación debe identificar la falla o la impericia del Juez oTribunal de Sentencia, el Tribunal de Apelación debe identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y las pruebas, además debe observar que las reglas de la sana crítica estén explicitadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la consistencia de lograr convicción en las partes, sobre todo en la autoridad que controla la sentencia apelada, que las impugnaciones hechas por las partes sean verídicas y tengan fundamento jurídico.


3.- Que el Tribunal de Alzada tiene el deber de analizar y ponderar los puntos apelados, pudiendo el resultado coincidir o no con los criterios del recurrente; en cualquiera de los casos el fundamento debe reflejar los actos procesales o hechos, de manera que tengan sustento fáctico, asimismo el argumento deberá tener una base jurídica; la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional deberá imponerse sobre toda las cosas al margen de coincidir o no con los criterios de las partes procesales, sólo así se podrá practicar el principio de una tutela efectiva y enaltecer la administración de la justicia penal.


4.- Que los tipos penales incursos en el art. 48 con relación al 33 inciso m) de la Ley Nª 1008, se encuentra expresados en los siguientes verbos nucleares: “producir, fabricar, poseer, tener, almacenar, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas”; la ejecución de una de estas acciones es de carácter formal y no de resultados.”


Estableciéndose que existe una situación de hecho similar entre el motivo traído en casación falta de fundamentación- y el segundo hecho fáctico que motivo la emisión de la doctrina legal señalada en el precedente invocado, corresponde a este Tribunal verificar si existe la supuesta contradicción o no.


En el caso de autos, el recurrente denunció que el Tribunal de alzada no ponderó uno a uno los motivos de los recursos de apelación restringida interpuestos por el Ministerio Público y la acusación particular, incurriendo además en contradicción y falta de fundamentación; a cuyo fin, hizo una remembranza de los motivos de apelación de ambos recursos y la forma de resolución por parte del Tribunal de alzada, los cuales están identificados en cinco incisos en el acápite I.2 de la presente Resolución, entre estos en los incs. b) y d) del acápite referido, argumentaron los hoy recurrentes que: i) El Tribunal de alzada concluyó que existe defectuosa valoración de prueba, sin hacer mención ni análisis de ningún medio de prueba y tampoco se había identificado alguna impericia, falencia o razonamiento apartado de la sana crítica por parte del Tribunal de Sentencia, ii) Que, correspondía al Ad quem establecer que los recurrentes Ministerio Público y la parte acusadora particular- identifiquen las pruebas que fueron valoradas en infracción de las reglas de la sana crítica, sin embargo, en el caso de autos, pese a las falencias del recurso de apelación restringida del Ministerio Público el Ad quem había dado curso al motivo de apelación, de forma errada; asimismo, refieren los hoy recurrentes que el Tribunal de apelación no revisó las declaraciones señaladas por los recurrentes para establecer que ninguna de ellas los vinculaba como autores o partícipes del hecho.


De la revisión del Auto de Vista hoy impugnado, se establece que el Tribunal de alzada, a tiempo de resolver el único motivo del Ministerio Público referido a la supuesta existencia del defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, fundado dicho defecto en cinco aspectos que fueron detallados por este Tribunal en el acápite II.2 de la presente Resolución, entre los cuales en los puntos iii) y v), el recurrente alegó que, el A quo determinó la existencia de duda razonable, sin expresar que prueba lo llevó a determinar esa conclusión, pues en la Resolución entonces impugnada no se había dado cumplimiento a lo dispuesto por el art. 173 del CPP, es decir, no se había asignado valor a cada uno de los medios de prueba y que no se había hecho una valoración conjunta y armónica de toda la prueba producida en juicio, a cuyo fin, individualiza las declaraciones testificales y la prueba documental que no habían sido vinculadas y que a decir del recurrente demostraría la autoría de los acusados en los hechos imputados; defecto que a decir del Ministerio Público constituyó una infracción del art. 173 concordante con los arts. 167, 171 y 172, todos del CPP: en el considerando III de la Resolución hoy impugnada, bajo los argumentos identificados por este Tribunal en el punto 2 del acápite II.3 de la presente Resolución, señaló el Tribunal de alzada que, en la Sentencia apelada, en el considerando IV, se había hecho una relación de la licitud de la forma de inicio de la acción penal, sin realizar una descripción, análisis ni valoración de las pruebas; en el considerando VI, el Tribunal de mérito se había limitado a realizar una relación de las pruebas de cargo y de descargo; en el considerando VII, había transcrito de forma reiterativa las declaraciones testificales sin asignarles ningún valor probatorio contrariando lo dispuesto por el art. 173 del CPP.


Hechos verificados por el Tribunal de alzada, que son evidentes conforme se establece de la revisión de la Sentencia, Resolución en la que ciertamente el Tribunal de Sentencia en los considerandos V y VI hizo una mención de las pruebas de cargo del Ministerio Público y acusador particular, así como también de las pruebas de descargo y una descripción del acta de audiencia de inspección y reconstrucción; observándose que en la mención de la prueba de cargo producida por el Ministerio Público, el Tribunal de Sentencia hizo una simple mención de que pruebas se tratan, sin hacer un detalle del contenido de la misma a fin de cumplir con la valoración probatoria descriptiva; por otro lado, a tiempo de hacer una transcripción de los testimonios de los testigos de cargo y de descargo, tal como ocurrió con las pruebas documentales, el A quo no asignó a ninguna de las pruebas un valor probatorio aplicando las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor relevante, irrelevante, útil, etc., es decir, no se hizo una valoración probatoria intelectiva.


Siendo irrelevante el aspecto reclamado por los recurrentes, en sentido de que el Tribunal de alzada no había mencionado que pruebas fueron erróneamente valoradas, pues la determinación de la falta de valoración probatoria descriptiva e intelectiva, comprende el conjunto del material probatorio; asimismo, no se puede exigir que el Tribunal de alzada identifique la impericia o razonamiento apartado de la sana crítica, cuando conforme lo argumentado precedentemente, el Tribunal de Sentencia no hizo aplicación de las reglas de la sana crítica al no asignar ningún valor probatorio a los medios de prueba, hecho que imposibilita al Ad quem, verificar si en el inter lógico seguido por el mismo a tiempo de determinar que la prueba era insuficiente; se aplicó o no de manera correcta las reglas de la sana crítica, pues este no expresó de forma escrita que valor le merece cada prueba relevante, irrelevante, útil, etc.- y porque razón.


Falencia del Tribunal de Sentencia, que constituye infracción de lo dispuesto por el art. 173 y 360 inc. 2) del CPP, pues no se cumplió con la valoración probatoria de forma adecuada al no describir la prueba de forma individual en primera instancia fundamentación probatoria descriptiva-, y no asignar el valor correspondiente a cada medio de prueba en forma individual en primer lugar para posteriormente hacer una valoración conjunta y armónica valoración probatoria intelectiva-; falta de fundamentación probatoria que constituye defecto absoluto conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP, por vulnerar el debido proceso en su elemento la debida fundamentación, criterio que fue asumido por este Tribunal en varios Autos Supremos, entre ellos, el 354/2014-RRC de 30 de julio, que dispone: “En cuanto a la fundamentación probatoria, siendo el juzgador de mérito, el único facultado para valorar prueba la ausencia de fundamentación, sea descriptiva o intelectiva, implica defecto absoluto inconvalidable, toda vez que, conforme nuestro sistema recursivo, el Tribunal de alzada no puede suplir la fundamentación probatoria, porque ello implica valoración de la prueba; pues, la falta de fundamentación descriptiva sobre alguna de las pruebas, impide el control sobre ella; de la misma forma, la ausencia de fundamentación intelectiva, impide verificar, si la valoración de la prueba, sea individual o conjunta, se hizo en correcta aplicación de las reglas de la sana crítica.”; y el cual amerita la nulidad de la Sentencia, al no tener el Tribunal de alzada facultad para la revisión de hechos o valoración de prueba, al ser la misma facultad privativa de los Jueces y Tribunales de Sentencia; por lo que la determinación del Tribunal de alzada a tiempo de anular totalmente la Sentencia, se ajusta a las normas legales y la doctrina legal aplicable sentada por este Tribunal, no siendo evidente la supuesta falta de fundamentación en el Auto de Vista impugnado, respecto a este punto, en el que el Tribunal de alzada identificó claramente en que considerando de la Sentencia se encuentra esa defectuosa valoración probatoria, señalando además que el A quo en el considerando VII bajo el acápite “APRECIACIÓN CONJUNTA DE TODA LA PRUEBA ESCENCIAL PRODUCIDA” (sic), se limitó a transcribir reiterativamente las declaraciones testificales, sin asignarles a las mismas ningún valor probatorio.


Habiéndose verificado la correcta determinación de nulidad de la Sentencia por parte del Tribunal de alzada, no corresponde verificar los demás aspectos alegados por los recurrentes de casación, tomando en cuenta que los mismos carecen de trascendencia y relevancia, pues de ser evidentes no cambiarían el resultado de la Resolución hoy impugnada.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Leandro Villca Cruz, Juan de Dios Viracochea Mamani y Narciso Gonzáles Romero, de fs. 212 a 220.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA