TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 820/2015-RA-L 

Sucre 16 de noviembre de 2015 


Expediente                : La Paz 190/2010

Proceso                : Recurso de Revisión de Sentencia 

Impetrante                : Clotilde Cardozo Vilaseca Vda. de Beque

Fallo Recurrido        : Sentencia 103/2003 de 17 de junio

Tribunal Emisor        : Juzgado Quinto de Partido en lo Penal Liquidador del Distrito Judicial de La Paz


RESULTANDO


Por memorial presentado el 20 de diciembre de 2010, cursante de fs. 78 a 80 vta., Clotilde Cardozo Vilaseca Vda. de Beque, interpone Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia, solicitando la revisión de la Sentencia 103/2003 de 17 de junio, pronunciado por el Juez Quinto de Partido en lo Penal Liquidador de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, emergente del proceso penal, pasado en calidad de cosa juzgada, seguido por Trina Parra de Villegas en representación de Adolfo Beque Parra contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO


a)   Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Juez Quinto de Partido en lo Penal Liquidador de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 103/2003 de 17 de junio; por la que, declaró a Clotilde Cardozo Vilaseca Vda. de Beque, autora de la comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del CP, sentenciándola a cumplir la pena de cuatro años de reclusión, más el pago de daños civiles y costas a la parte civil y al Estado.


b)  Por Auto de Vista 74/2004 de 17 de marzo, la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, al resolver el recurso de apelación restringida interpuesto contra la mencionada Sentencia, confirmó la Resolución apelada rechazando tácitamente el petitorio recursivo.


c)   Por Auto Supremo 191 de 27 de marzo de 2009, la Sala Penal Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró infundado el recurso de casación interpuesto contra el precitado Auto de Vista.


II. DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE REVISIÓN


La recurrente solicita la revisión de la Sentencia 103/2003 de 17 de junio, cuyos datos cursan en el parágrafo precedente, amparando su petitorio en los incs. 1), 4), 5) y 6) del art. 421 del Código de Procedimiento Penal (CPP); argumentando en relación a las falsedades atribuidas, los siguientes fundamentos jurídicos:


1)   Respecto al protocolo de poder 134/89 de 23 de febrero de 1989, 1.1. Observa la no inclusión en la investigación del Notario de Fe Pública y dos testigos que intervinieron en la elaboración del protocolo y del testimonio calificado como falso; 1.2. Reitera su parentesco con el querellante y la no observación del art. 12 del D.L. 10426; 1.3. Afirma que el protocolo referido no lleva su firma, no existiendo aceptación alguna por su parte; 1.4. y 1.5. Refiere que para configurar los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado debe acreditarse la existencia de perjuicio, hecho que no fue acreditado por los acusadores, considerando que el poder cuestionado -otorgado legalmente- fue concedido para disponer de un bien inmueble, el mismo que aún se encuentra registrado según la oficina de Derechos Reales de la ciudad de La Paz- a nombre suyo, del querellante y de los demás coherederos, conforme lo acredita el Certificado de Información Rápida y Folio Real (fs. 52 a 53) adjuntos, bien que aún ocupa la recurrente, cita como línea jurisprudencial los Autos Supremos 468 de 19 de septiembre de 2001, 405 de 15 de octubre de 2002 y 442 de 15 de octubre de 2005; 1.6. También se omite considerar en las diferentes resoluciones que se le acusa solo de haber falsificado la firma de Adolfo Beque Parra en el protocolo de escritura de poder; sin embargo, la condenan por los delitos de Falsedad Material y Falsedad Ideológica, sin tomar en cuenta que son de distinta configuración y se excluyen entre sí, debiendo dictar absolución en cualquiera de los casos.


2)  Respecto a la presunta falsificación del certificado de matrimonio contraído por la recurrente con Martín Beque Durán, 2.1. Refiere que “el mencionado certificado de matrimonio inscrito en la Oficialía del Registro Civil No. 1117, Libro No. 1/68, con fecha de partida del 30 de enero de 1968, NO ES FALSO” (sic), conforme se acredita con el nuevo certificado de matrimonio de 1 de septiembre de 2010, que en el casillero de nota aclaratoria enuncia como fecha de celebración el 30 de enero de 1968, adjunto a fs. 54; 2.2. Concluye que la partida del mencionado certificado de nacimiento está vigente y tiene todo el valor legal que le asignan los arts. 1287 y 1296 del Código Civil (CC), consignando en nota aclaratoria “COPIA DEL LIBRO ORIGINAL” (sic); 2.3. En corroboración de la afirmación realizada se adjunta de fs. 55 a 65, testimonio original de Sentencia y fotocopias legalizadas de la misma respecto a un trámite de Reposición de Partida de Matrimonio, que declara probada la demanda interpuesta, reponiendo la misma en favor de su matrimonio con Martín Beque Durán; por lo que, persistir en su condena implicaría desconocer un fallo ejecutoriado y pasado en calidad de cosa juzgada. 2.4. Esta prueba acredita la calidad de cónyuge y viuda de Martín Beque Durán y se halla habilitada para los efectos sucesorios; 2.5. La validez de este matrimonio se sigue acreditando con el certificado de nacimiento de los hijos de ambos Marcelo Martín, Carlos, Dora Ivone, todos de apellido Beque Cardozo-; 2.6. La legalidad y validez del certificado de matrimonio se demuestra también porque fue la base probatoria de un trámite voluntario de declaratoria de herederos, cuyo testimonio original se adjunta de fs. 69 a 71, así como la Resolución Biministerial 157/83 de 4 de febrero que le declaró viuda de Benemérito de la Patria al fallecimiento de Martín Beque Durán.


En conclusión, en base a la nueva prueba adjunta y los argumentos expuestos se infiere: 1) En relación al inc. 1 del art. 421 del CPP, se tiene, que los fallos emitidos resultarían incompatibles con los Autos Supremos 468 de 19 de septiembre de 2001, 405 de 15 de octubre de 2002 y 442 de 15 de octubre de 2005, al no existir perjuicio; 2) Con relación a los incs. 4), 5) y 6) del mismo cuerpo normativo, estos se hallarían acreditados por la nueva prueba aportada, misma que demuestra, que los hechos no fueron cometidos y que la recurrente no llegó a falsificar ningún documento.


Solicita “… se emita Resolución Suprema declarando probado el mismo y ANULANDO la Sentencia, Auto de Vista y Auto Supremo impugnados, emitiéndose nueva sentencia de inocencia, en su caso determinado la realización de un nuevo juicio, sea en estricto apego al num. 2) Del art. 424 de la Ley 1970.” (sic).


III. REQUISITOS QUE HACEN VIABLE LA ADMISIÓN Y EXAMEN DEL RECURSO DE REVISIÓN


El Código de Procedimiento Penal, en la parte segunda, en el Libro Tercero “RECURSOS”, establece las normas generales y específicas que hacen a los diferentes medios impugnaticios reconocidos en el sistema procesal vigente, estableciendo requisitos básicos e imprescindibles para su interposición, mismos que fueron diseñados por el legislador  con el fin, no solo de garantizar el ejercicio pleno de los derechos y garantías de las partes, frente a posibles errores cometidos por los juzgadores; sino, con la finalidad de que el recurso sea efectivo y satisfaga las necesidades de la autoridad para resolver con base en el derecho objetivo y de las partes que buscan justicia en la medida que corresponde.


La normativa procesal penal, establece de forma general, en el art.  396 inc. 3), la existencia condiciones de tiempo y forma para interponer los distintos recursos; sin embargo, respecto al recurso de revisión, más conocido como “RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE SENTENCIA”, el art. 421 del CPP, dentro sus requisitos de procedibilidad, señala que no existe un tiempo definido para su planteamiento; sino, que éste procede en todo tiempo a favor del condenado, estableciendo como supuesto básico de procedibilidad, la existencia de una Sentencia condenatoria ejecutoriada o pasada en calidad de cosa juzgada, único documento esencial que se constituye en la base de revisión de dicho recurso extraordinario; pero, además la norma precitada, establece presupuestos (casos/causales) en los que procede la revisión de Sentencia, respecto a los cuales se debe adecuar el recurso; ellos son:


“1) Cuando los hechos tenidos como fundamento de la Sentencia resulten incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal ejecutoriada;


2)  Cuando la sentencia impugnada se funde en prueba cuya falsedad se declaró en fallo posterior ejecutoriado;


3)  Cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de delitos propios de la función judicial, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior ejecutoriado;


4)  Cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos, se descubran hechos preexistentes o existan elementos de prueba que demuestren:


a) Que el hecho no fue cometido.

b) Que el condenado no fue autor o partícipe de la comisión del delito, o,

c) Que el hecho no sea punible.


5) Cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna; y,


6) Cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tenga efecto derogatorio    sobre el tipo o norma penal que fundó la condena.


Así, la normativa adjetiva penal, en el art. 422, en concordancia con el art. 394 -párrafo segundo- del mismo cuerpo legal, prevé quienes se encuentran legitimados para interponer el recurso, siendo:


“1)  El condenado o su defensor. Si el condenado es incapaz, sus representantes legales;


2)  El cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o por adopción, si el condenado ha fallecido;


3)  La Fiscalía y el juez de ejecución penal; y,


4)  El Defensor del Pueblo(sic).


Por otra parte, el art. 423 del CPP, traza el procedimiento a seguir; pero, además fija requisitos formales que se deben cumplir al momento de interponer el recurso, estableciendo de forma taxativa que el recurso sea planteado i) por escrito; ii) acompañando la prueba correspondiente; iii) la referencia concreta  de los motivos en que se funda, y; iv) las disposiciones legales aplicables. Señala además que el Tribunal podrá disponer, si lo considerara útil, indagaciones y diligencias, delegando su ejecución en alguno de sus miembros; pero además, tiene facultad para producir prueba de oficio.


La citada normativa legal, añade que en el trámite del recurso de revisión, regirán las reglas de la apelación restringida, cuando éstas sean aplicables.


IV.ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO VINCULADO A LOS REQUISITOS PRECEDENTES


Con carácter previo, es importante establecer que el Tribunal Liquidador, en cumplimiento del art. 8 parágrafo II de la Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional (Ley 212), fue conformado con la finalidad de tramitar las causas que fueron presentadas ante la entonces Corte Suprema de Justicia y que no fueron resueltas hasta el momento de su disolución (31 de diciembre de 2011); que pese a la labor desempeñada por el Tribunal Liquidador durante las gestiones 2012, 2013 y 2014, los procesos que les fueron encomendados, no fueron concluidos hasta 16 de diciembre de 2014, fecha en que por acuerdo de Sala Plena 210/2014 de la misma fecha, se dispuso el cese de las funciones de los Magistrados Liquidadores; y, que ante la existencia de causas pendientes de resolución, se dispuso que éstas fueran entregadas en el estado en el que se encontraban a las Salas Especializadas de este Tribunal Supremo de Justicia, entre las cuales se encontraba el proceso que hoy es motivo de examen. 


En el contexto señalado, de antecedentes se advierte, que la Sala Penal del Tribunal Liquidador, dentro el caso de autos, no observó y mucho menos se pronunció de forma expresa respecto al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad y admisión del recurso de revisión, descritos en los arts. 421 y 423 del CPP; por lo que, en examen minucioso del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, corresponde a este Tribunal, regularizando procedimiento, pronunciarse con carácter previo al respecto.


Analizados los antecedentes conforme lo señalado en el acápite precedente, se establece, que el recurso fue planteado ante la entonces Corte Suprema de Justicia, invocando las causales descritas en el art. 421 incs. 1) y 4), 5) y 6) del CPP, suscribiendo el memorial la propia condenada, quien cuenta con la legitimación exigida por el art. 422 del CPP.


Ahora bien, de acuerdo a la previsión contenida en el artículo 423 del CPP, el recurso de revisión de una Sentencia condenatoria ejecutoriada debe plantearse, no solo cumpliendo los requisitos antes señalados; sino, debe adjuntarse la prueba correspondiente, exponiendo la concreta referencia de los motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables.


Del caso en examen, corresponde emitir pronunciamiento de admisibilidad, en razón a su pretensión amparada en el art. 421 del CPP, en la causal prevista en el inc. 1), del cual se constata que la recurrente pese a que en el “Mas Otrosí” y “Otrosí Segundo” del memorial, señala que adjunta prueba, la misma en todo su legajo- no corresponde a una copia legalizada de una Sentencia penal ejecutoriada que demuestre la existencia de hechos que resulten incompatibles con la Sentencia observada y que justifiquen la revisión solicitada; contrariamente, se advierte haber invocado los Autos Supremos en calidad de precedentes contradictorios, sin considerar que el recurso de revisión es distinto al de casación, cuyas naturalezas plenamente definidas no pueden confundirse; en relación a la invocación de la causal prevista en el inc. 5), La recurrente no hace referencia a ninguna ley penal posteriormente creada o modificada, que sea beneficiosa a la condenada y aplicable retroactivamente en relación a los fundamentos jurídicos que han sostenido el fondo de la Sentencia revisada; y en mérito a la causal prevista en el inc. 6), la recurrente no adjuntado, o en su defecto, invocado Sentencia alguna emitida por el Tribunal Constitucional que haya excluido del ordenamiento interno alguna de las leyes penales que fundaron la sentencia revisada; en conclusión, considerando que el recurso de revisión, por su naturaleza extraordinaria, busca la primacía de la justicia, aun por encima de la seguridad jurídica, que otorga un fallo pasado en autoridad de cosa juzgada, ello, en atención a la finalidad del recurso, que es el de reconsiderar o rever fallos condenatorios ejecutoriados, que se consideren injustos o que contengan errores judiciales; es imprescindible que quien recurra, cumpla con las exigencias legales a efectos de que el recurso resulte eficaz, lo que no se dio en el caso examinado, siendo las circunstancias ut supra identificadas inadmisibles.


Por último, con relación a la causal prevista por el inc. 4 del art. 421 del CPP, debe considerarse que la recurrente a tiempo de alegar que los hechos no fueron cometidos, expone fundadamente los motivos que sustentan su pretensión y hace referencia a las disposiciones aplicables, además de acompañar la prueba respectiva, correspondiendo en consecuencia admitir esta causal de revisión en cuanto al supuesto del inc. a) de la citada norma.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 423 del CPP, declara ADMISIBLE el Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia, interpuesta por Clotilde Cardozo Vilaseca Vda. de Beque, de fs. 79 a 80 vta., únicamente con relación a la causal prevista por el inc. 4.a) del art. 421 del CPP, disponiendo que el Juez Quinto de Partido en lo Penal de La Paz, remita los antecedentes originales en el plazo de cinco días, debiendo notificarse de forma personal a Trina Parra Fernández representante de Adolfo Beque Parra, ante la inexistencia de datos de su último domicilio procesal, así como al Fiscal General del Estado, para que contesten al recurso en el plazo de 10 días de practicadas las diligencias de notificación, debiendo expedirse las órdenes instruidas que correspondan.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Presidenta Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA