TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 815/2015-RRC-L

Sucre, 06 de noviembre de 2015


Expediente        : Santa Cruz 139/2009

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Jaime Ávalos Riera y otros

Delito        : Estafa

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 13 de junio y 17 de julio de 2009, cursantes de fs. 579 a 585 vta. y 603 a 607 vta., Jaime Ávalos Riera y Ricardo Aguilar Quiroz respectivamente, interponen recursos de casación impugnando el Auto de Vista 210 de 28 de marzo y Auto Complementario 65 de 08 de junio ambos de 2009, de fs. 534 a 538 vta. y 540 vta., pronunciados por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público y el segundo recurrente contra Ana María Saravi Abid de Ávalos, Mario Alberto Palma Gómez, Roque Edmundo Urey Jordán y el primer recurrente, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


  1. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


a)   En mérito a las acusaciones pública (fs. 23 a 25 vta.) y particular (fs. 33 a 37 y ampliada la misma (fs. 294 y vta.), una vez desarrollado y concluido el juicio oral y público, el Tribunal Quinto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 26 de 9 de junio de 2008 (fs. 362 a 377); por la que, declaró a Mario Alberto Palma Gómez, Roque Edmundo Urey Jordán, Ana María Saravi Abib de Ávalos y Jaime Ávalos Riera, absueltos de culpa y pena del hecho ilícito de Estafa, previsto en el art. 335 del CP, conforme al art. 363 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP); consecuentemente, en sujeción al art. 364 de la misma norma, ordenó la suspensión de todas las medidas cautelares de carácter personal, con costas y daños causados ante la temeridad en la acusación, a ser regulado en ejecución de sentencia, con cargo al denunciante y querellante particular Ricardo Aguilar Quiroz, conforme regulan y disponen los arts. 264, 265 y 267 del aludido Código.


b)  La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por parte del acusador particular Ricardo Aguilar Quiroz de fs. 381 a 385 vta., que mereció el pronunciamiento del Auto de Vista 210 de 28 de marzo de 2009 de fs. 534 a 538 vta., que declaró improcedente de conformidad a la última parte de los arts. 413 y 414 del CPP; y, confirmó la Sentencia absolutoria de los procesados Mario Alberto Palma Gómez, Roque Edmundo Urey Jordán y Ana María Saravi Abib de Ávalos y resolvió subsumir la conducta de Jaime Ávalos Riera del tipo penal acusado de Estafa, por el delito de Giro de Cheque en Descubierto, previsto en el art. 204 del CP, sancionándolo con pena privativa de libertad de tres años y tres meses, más el pago de costas, daños y perjuicios, calificables en ejecución de Sentencia; habiéndose emitido el Auto Complementario 65 de 08 de junio de 2009, que rechazó la solicitud de explicación y enmienda, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso


De los argumentos expuestos por los recurrentes, se extraen los siguientes motivos:


I.1.1.1. Del recurso de casación de Jaime Ávalos Riera.


Asevera, que el Auto de Vista 210 y su complementario Auto 65, modificó ilegalmente la calificación legal de los hechos y del delito motivo del juicio, imponiéndole la condena de tres años y tres meses de privación de libertad por la supuesta comisión del delito de Giro de Cheque en Descubierto, tipo penal que nunca fue motivo de proceso penal, acusación fiscal o particular ni de juicio; a cuyo efecto, precisa los siguientes defectos en los referidos pronunciamientos:


1) El único delito que se le atribuyó fue el de Estafa; y por el que, el Tribunal de Sentencia lo absolvió; no obstante de ello, la Sala Civil Primera desconociendo el debido proceso, emitió el Auto de Vista 210, el que sin haberle permitido el ejercicio a la defensa, subsumió su conducta a las previsiones del delito de Giro de Cheque en Descubierto, que nunca fue investigado, procesado o motivo de juicio oral, imponiéndole una pena sin haber sido oído ni juzgado previamente; por lo que, aduce la concurrencia de defectos absolutos, conforme al art. “167” inc. 3) del CPP, que pide sean reparados en procura del respeto al principio de legalidad, acotando que dicha falencia también viola el principio de congruencia, contradiciendo el art. 362 del CPP, así como la doctrina legal contenida en los Autos Supremos 268 de 27 de abril de 2009, 417 de 19 de agosto de 2003 y 332 de 29 de agosto de 2006, debido a que la Sala Penal, subsumió su conducta en el delito de Giro de Cheque en Descubierto, cuando dicho tipo penal nunca fue motivo de acusación, debate, producción de prueba o discusión dentro del proceso penal, ni fue motivo de la apelación restringida opuesta por el acusador particular; en consecuencia, el fallo de alzada, constituye ultra petita.


2) Se le impuso una condena por el delito de Giro de Cheque en Descubierto, que de acuerdo al art. 20 del CPP, constituye un delito de acción privada, sobre el que se encuentra prohibida la participación del Ministerio Público, conforme se evidencia del art. 18 del mismo texto legal; por lo que, incurre en error injudicando e inobservancia de la ley, debido a que el Tribunal de alzada no tenía competencia para resolver tal cuestión al no haberse remitido en grado de apelación a dichas autoridades un proceso resultante el delito de acción privada, sino que, el caso siempre versó sobre un delito de acción pública cual es Estafa; razón por la cual, contradice la doctrina legal sostenida en el Auto Supremo 15 de 26 de enero de 2007; por ello, afirma, que el delito endilgado sólo corresponde ser conocido y sancionado bajo las reglas del procedimiento para los delitos de acción privada.


3) El Auto de Vista 210, incurre en inobservancia y errónea aplicación del art. 204 del CP, debido a que la tipificación del delito de Giro de Cheque en Descubierto, exige la concurrencia de dos situaciones: i) Debe existir aviso o interpretación para que en el plazo de 72 horas se proceda a efectuar el pago del monto contenido en el cheque; y, ii) Los cheques no pueden ser utilizados en garantía, caso contrario son sancionados con nulidad; sin embargo, la Sala Civil Primera, de manera ilegal, procedió a subsumir su conducta en el delito citado, desconociendo de manera dolosa que en ningún momento se procedió a efectuar comunicación o interpelación alguna para que pagase el importe de los cheques y que las consideraciones efectuadas por el Tribunal de Sentencia, en los puntos V y VI de la Sentencia (describe su contenido inherente a las características del cheque), demuestran la existencia de cheques recibidos y utilizados en garantía por parte del acusador particular, lo que constituye en contradictorio con el Auto Supremo 221 de 7 de junio de 2006, que fue pronunciado en un caso relativo al delito de Giro de Cheque en Descubierto, demostrando flagrante violación del art. 204, citado como del principio de legalidad, en su componente de inexistencia de tipicidad de la conducta.


I.1.1.2 Del recurso de casación de Ricardo Aguilar Quiroz.


a)   El Auto de Vista recurrido, no resolvió todas las cuestiones planteadas en el recurso de apelación restringida, relativas a: La violación del art. 606 del Código de Comercio (CCom); la contradicción existente entre la fundamentación de la Sentencia; la vulneración del precedente contradictorio del Auto Supremo 237 de 4 de julio de 2006; y, la defectuosa interpretación y aplicación del art. 335 del CP, inobservando su obligación de resolver todos los puntos apelados que fueron objeto de fundamentación en el memorial, en contradicción del precedente contenido en el Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006, respecto a cual afirma, que la        Resolución de alzada no contiene los requisitos mínimos para ser considerados un pronunciamiento válido; por lo que, en aplicación a lo pretendido, pide se deje sin efecto el Auto de Vista 210 de 28 de marzo de 2009 y se ordene a la Sala Civil Primera, pronuncie nueva Resolución, resolviendo en forma plena, fundamentada y exhaustiva todos los puntos contenidos en el memorial de apelación restringida.


b)  El Auto de Vista recurrido, indica que el Tribunal Quinto de Sentencia no habría incurrido en ningún error de hecho ni de derecho a tiempo de pronunciar la Resolución recurrida, aduciendo “…al no haberse demostrado la existencia de una relación de causalidad entre los artificios, engaños y sonsacamiento de dinero, beneficios o ventajas económicas del sujeto pasivo…” (sic), razonamiento que no considera el precedente contradictorio del Auto Supremo 237 de 4 de julio de 2006, ni que sí se acreditó en forma fehaciente la existencia de la relación de causalidad entre los engaños de Jaime Ávalos Riera, Ana María Saraví Abib, Mario Alberto Palma Gómez y Roque Edmundo Urey Jordán con respecto al desplazamiento patrimonial que sufrió; en consecuencia, si dicho precedente se hubiera analizado por el Tribunal de alzada, se habría condenado a todos los imputados por la comisión del delito de Estafa.


I.1.2. Petitorio


Que ambos recurrentes solicitan se deje sin efecto el Auto de Vista 210 de 28 de marzo de 2009 y pronuncie una nueva Resolución, determinando la Doctrina Legal Aplicable.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 544/2015-RA-L de 16 de septiembre de fs. 1120 a 1124 vta., este Tribunal admitió los recursos formulados por Jaime Ávalos Riera y Ricardo Aguilar Quiroz, para su análisis de fondo.


  1. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis de los recursos, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia


Una vez que se llevó a cabo el juicio oral público, el Tribunal Quinto de Sentencia de la entonces Corte Superior de Distrito de Santa Cruz emitió la Sentencia 26 de 09 de junio de 2008; por la que, declaró a Mario Alberto Palma Gómez, Roque Edmundo Urey Jordán, Ana María Saravi Abib de Ávalos y Jaime Ávalos Riera, absueltos de culpa y pena del ilícito de Estafa, previsto en el art. 335 del CP, con costas y daños por la temeridad de la acusación.


Sentencia que en el acápite I referida a la Introducción de la Causa, se hace una descripción de la identidad de los imputados; en el acápite II sobre Los Hechos Ilícitos Acusados en base a la acusación formal y particular, de la que se tiene que: Los imputados Jaime Avalos y Ana María Saravi lo citaron en el mes de marzo de 2006, para presentarle a Mario Alberto Palma, nuevo socio de la empresa Jake Oil, afirmándole que con la venta de las acciones se le pagaría lo adeudado por esta empresa, ocasión en la que se hizo entrega de los documentos que justificaban la acreencia a cambio de la entrega de un cheque del Banco Mercantil que pertenecía a la empresa, por la suma de $us149.386.- (ciento cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y seis dólares estadounidenses), girado el 1 de abril de 2006; negándose al pago por cuenta clausurada de la empresa desde el 8 de octubre de 2004; asimismo, la empresa referida había sido disuelta el 8 de noviembre de 2005 y reemplazada por la empresa Jake Oil Lubric S.R.L., actos realizados con la intención de no pagar sus acreencias; hecho que se subsume al delito de Estafa; toda vez, que los imputados conocían de la cuenta clausurada, que el cheque era de la empresa disuelta y el propósito fue la obtención de beneficios económicos indebidos por Jaime Avalos, Ana María Saravi y Mario Alberto Palma; con relación a Roque Urey fue el que urdió el plan de conversión de la empresa con la finalidad de defraudar a los acreedores, actuando con engaños y artificios para perjudicar a los mismos.


El acusador particular, refiriendo los antecedentes, establece que se ha acreditado que el cheque fue girado por Jaime Avalos, cuya cuenta se encuentra clausurada, se acredita que la empresa Jake Oil SRL era de propiedad de los esposos Ávalos, la que es convertida a la empresa Jake Oil Lubric SRL., quienes se deshicieron de las cuotas de capital a favor de Roque Urey, demostrando el actuar doloso, cuyo propósito fue el engañar, configurando el delito de Estafa


En el acápite III, sobre los Fundamentos de la Defensa de los Imputados, contiene la declaración de éstos y la fundamentación de su defensa técnica; en el IV referido al Debate y Pruebas de las Partes las que fueron producidas en juicio oral; V la Identificación de Hechos Ilícitos Acusados y No Probados, en la que se concluye: A) Se acredita que el cheque motivo de la Estafa de $us149.386.- fue girado el 1 de abril de 2006 y rechazado el 31 de marzo de 2006 a horas 10:29, lo que implica que el cheque al haber sido rechazado antes de la fecha de consumación del delito, significaría ser falso, desplomándose la acusación, perdiendo toda credibilidad. B) Que el beneficiario tomó conocimiento de que la cuenta se encontraba clausurada desde el 8 de octubre de 2004 y de la prueba documental 1, con reconocimiento de firmas presentado por Jaime Avalos, suscrito entre Ana María Saravi, Ricardo Aguilar y esta persona, documento que en la cláusula tercera se lo designa Gerente Administrativo y Financiero, como otorgándole facultades de administración, comercialización, quedando al manejo administrativo y financiero desde el 5 de noviembre de 2004, lo que demuestra ser este hecho, falso. C) Se acusa que el cheque fue entregado cuando la empresa Jake Oil SRL había sido liquidada para no pagar las acreencias con el acusador particular; empero, del documento suscrito el 1 de abril de 2005 y los instrumentos de liquidación se publicaron en fecha 19 de agosto de 2005, durante la administración del querellante, de tal manera que no se puede alegar que no se tenía conocimiento de la liquidación de la empresa Jake Oil SRL; D) Se evidencia, que Ricardo Aguilar y los esposos Avalos Saravi, tenían una relación comercial contínua y permanente, acreditada por la prueba de descargo 1, quienes utilizaron este documento mercantil como instrumento de crédito y garantía, extremo referido en la misma prueba; E) Otro hecho identificado fue la existencia de una relación comercial ente los cuatro acusados, donde Edmundo Urey se compromete al pago de todas las deudas del Sr. Avalos, a cambio de la transferencia de las cuotas de capital a su favor; y, F) Que de todas las pruebas no se acreditó, que Mario Alberto Palma y Roque Edmundo Urey tuvieran relación comercial con el Sr. Aguilar.


Del acápite VI, relativo a la Valoración de la Prueba,  basada en la sana crítica y libertad probatoria, llega el Tribunal de Sentencia a las siguientes conclusiones: VII.2. Prueba de cargo: Las causaciones resultan ser falsas, porque el cheque fue presentado al Banco Mercantil el mes anterior a la fecha de su giro, es decir, que el querellante tenía en su poder este cheque mucho antes, implica que el supuesto día de consumación del delito y entrega de documentos por el acusador al imputado Ávalos, resulta falso por sentido lógico; que no es creíble ni admisible que el Gerente Administrativo no tenga conocimiento, que la cuenta corriente este clausurada, mucho más si era acreedor. Asimismo, no es creíble que la empresa Jake Oil SRL ha sido liquidada para no honrar sus deudas; al ser el querellante, Gerente Administrativo de la mencionada empresa éste no podía desconocer del movimiento administrativo y económico de la empresa, siendo falso este extremo, más aun cuando el querellante no concurrió a dar testimonio. Se concluye, que el querellante y los esposo Ávalos Saravi tenían una relación comercial continua y permanente, por la referencia del cheque otorgado en garantía y por las pruebas de descargo consistentes en gran cantidad de cheques girados a nombre de Ricardo Aguilar, relación comercial en la que se utilizó como instrumento de crédito o garantía un documento comercial como es el cheque; no se acreditó ningún vínculo con los señores Roque Urey y Mario Alberto Palma, de ello se extrae, que no existió engaño a la víctima y la relación comercial era con los esposos Ávalos, no sustentando con prueba de cargo. Conclusión final a la que llega al Tribunal, que los hechos contra los cuatro imputados son falsos, acusaciones con temeridad procesal, dictando su absolución a favor de todos los imputados, y la parte VII de la Fundamentación de Derecho, que dio lugar a la declaración de absolución de los imputados, de la comisión del delito de Estafa, con costas y daños causados ante la temeridad de la acusación.


II.2. De la apelación restringida.


El acusador particular, interpone recurso de apelación restringida contra la Sentencia emitida argumentando la insuficiente y falta de fundamentación de la misma, incurriendo en los defectos descritos en los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del CPP, en base a:


Con relación al acápite Hechos Ilícitos Acusados y no probados, el inc. A) En razonamiento erróneo, porque el recibir un cheque postdatado no puede generar falsedad, conducta permitida por el art. 606 del Código de Comercio, conclusión equivocada, prueba a la que no se la dio valor y eficacia jurídica.


En el inc. B) Aseveraciones falsas porque la prueba 1 del Sr. Ávalos es de fecha 4 de noviembre de 2004, reconocimiento de firmas el 18 de noviembre de 2004 y el término de validez pactado en la cláusula cuarta sería del 1 de abril de 2005 al 31 de marzo de 2005, hecho oculto y no considerado por él A quo, tomando dolosamente el Tribunal como inicio de vigencia el 5 de noviembre de 2004, falso porque el Sr. Aguilar nunca fue posesionado en el cargo, no tenía conocimiento del manejo administrativo de la empresa y la persona que ingresó en posesión en abril de 2005 fue el Sr. Roque Urey Jordán, extraído de su declaración, de tal manera no tenía conocimiento al doloso tráfico de documentos de Urey- Palma Ávalos; asimismo, acreditado por la declaración de Mario Palma; si hubiera sido el Gerente se hubiese pagado lo adeudado. Sentencia que incurre en el inc. 5) del art. 370 del CPP, por ser contradictoria al concluir que el administrador de la empresa es Roque Urey y que el querellante fuere de la misma manera administrador, existiendo contradicción en la parte considerativa de la misma, incurriendo en el defecto previsto en el art. 370 inc. 8) del CPP.


En el inc. C) Contradicciones entre el inc. B) y C), porque lo referido en el inc. b) de que el querellante fuera el administrador, omite considerar, que desde abril de 2005, el querellado Roque Urey era el administrador, referencias falsas al establecer que durante la administración del querellante se realizaron las publicaciones, que el Gerente Administrativo con todos los poderes era desde abril de 2005 y el documento de 4 de noviembre de 2004, nunca entró en vigencia; existen contradicciones cuando en el inc. b) al aseverar que el querellante fue administrador desde el 5 de noviembre de 2004  y en el inc. C) refiere desde el 1 de abril de 2005, nunca hubo dos administradores y el Sr. Aguilar jamás lo fue.


En el inc. D) Se hace referencia a otras operaciones comerciales de diferentes  fechas, las que no son referidas a la del cheque en cuestión, sólo con la intención de alterar la verdad porque la prueba 1 nunca entro en vigencia.


En el inc. E) Que el A quo acoge de forma equivocada que se desarrollaron las relaciones comerciales entre Aguilar y Ávalos, hecho falso porque el Sr. Ávalos en su declaración estableció que todos los recursos proporcionados por Aguilar fueron a Jake Oil SRL y que el contrataba como representante legal de la misma.


Con relación al inc. G) Si naturalmente existen las relaciones comerciales de los cuatro querellados, el desconocimiento del tráfico documentado con la intención de la liquidación de una empresa con la finalidad de estafar a Ricardo Aguilar que es el principal acreedor de Jake Oil SRL.


Se produce una errónea aplicación del art. 335 del CP, porque se acreditó el engaño y ardid de los querellados, dado que el Sr. Ávalos entregó un cheque en calidad de representante de la extinta Jake Oil SRL, a sabiendas de que la cuenta se encontraba clausurada y de que la titular de la cuenta ya no existía, que los cuatro imputados son coautores del delito de Estafa, porque colaboraron en su consumación al constituir la empresa Jake Oil Lubric SRL, con la intención de no pagar a Ricardo Aguilar; se probó el desplazamiento patrimonial puesto de saber, que la empresa estaba extinta y la cuenta clausurada, jamás hubiera recibido el cheque objeto de la acción en calidad de pago; elementos constitutivos que no fueron considerados por el A quo.


Se emite el Auto Complementario 65 de 08 de junio de 2009; por el que, se rechazó la solicitud de explicación y enmienda, solicitado por la parte apelante.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


Presentada la apelación restringida por el querellante, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 210 de 28 de marzo de 2009 (fs.  534 a 538 vta.), ante las recusaciones de las dos Salas Penales de ese Distrito, Tribunal de alzada que realiza la siguiente fundamentación en base a los seis motivos expuestos en el recurso:


En el tercer Considerando, la alzada llega a determinar de un minucioso análisis del proceso, que él A quo procedió correctamente al declarar la absolutoria de los imputados por el delito de Estafa, que la conducta de los mismos no se adecuaba a lo acusado, no se incurrió en ningún defecto de procedimiento alegado; asimismo,  se llegó a establecer que la prueba aportada no era suficiente, que los hechos acusados eran falsos, porque no concurren los elementos del tipo penal de Estafa; que las pruebas aportadas fueron valoradas debidamente; por lo que, los cuatro imputados no cometieron el delito de Estafa, al no haberse encontrado una relación de causalidad entre los artificios, engaños y sonsacamiento de dinero y otros del sujeto pasivo que ocasione un perjuicio patrimonial, el dolo directo que conducen a la falta de tipicidad y la antijuricidad de lo acusado.


Cuarto Considerando, fundamenta el cumplimiento del art. 124 del CPP, y la no concurrencia del defecto previsto en el art. 370 inc. 5) de la misma norma legal; toda vez, que la Sentencia contiene los motivos de hecho y derecho de sus decisiones, el valor otorgado a cada prueba; contiene una relación del hecho histórico o fáctico, la que se sustenta en base a los hechos y circunstancias acreditadas en juicio oral.


En cuanto a la valoración de la prueba, refiere la aplicación correcta, no incurre en el defecto del art. 370 inc. 6) del CPP, hubo la valoración de pruebas de cargo y descargo, desarrollándose una operación intelectual de forma conjunta y armónica, que permitan llegar a una certeza plena e incontrastable sobre la inocencia o inculpabilidad de los acusados mediante el método de libre valoración racional y científica de acuerdo a la sana crítica, lógica y sentido común, que concluyen   en que los imputados no son responsables del delito de        Estafa, se ha observado la ley sustantiva. Sin embargo, no se analizó en forma reflexiva y exhaustiva la conducta de Jaime Ávalos Riera, lo cual se subsumiría en el delito de Giro de Cheque en Descubierto, por ser quien giró el cheque 01013 del Banco Mercantil de la cuenta de Jack Oil SRL por la suma de $us149.386.- a favor del Sr. Aguilar cuando esta cuenta se encontraba cerrada y sin fondos y no por los demás imputados.


El Tribunal de alzada ajustándose a los arts. 413 y 414 del CPP, no estando facultado el Tribunal de Ad quem para anular total ni parcialmente la Sentencia, pero facultado para subsumir la conducta del imputado Ávalos al tipo penal diferente en base a los hechos fácticos; por lo que, declara improcedente el recurso planteado y subsume la conducta del imputado Ávalos al tipo penal previsto en el art. 204 del CP, imponiéndosele una pena de tres años y tres meses, con costas; daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DE LOS  PRECEDENTES INVOCADOS CON LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA


Este Tribunal admitió el presente recurso, abriendo su competencia a fin de verificar las contradicciones del Auto de Vista impugnado con los Autos Supremo invocados por los recurrentes, para luego verificar la existencia de contradicción entre la Doctrina Legal Aplicable sentada en los precedentes invocados y el Auto de Vista recurrido.


III.1.        Doctrina legal asumida en los precedentes invocados.


III.1.1. De los precedentes invocados por Jaime Ávalos Riera.


Con relación al primero motivo del recurso, se invocaron los siguientes Autos Supremos, para su análisis:


a) Auto Supremo 268 de 27 de abril de 2009


Auto Supremo, que fue emitido dentro del proceso penal por los delitos de Despojo, Apropiación Indebida y Abuso de Confianza; en la que se denuncia, que el Tribunal Ad quem, no se pronunció sobre el hecho denunciado en el recurso de apelación restringida respecto a la vulneración del art. 362 del CPP; el Tribunal de Casación evidenció la vulneración del principio de congruencia, porque la Jueza de Sentencia solo se pronunció por el delito de Despojo cuando la Acusación Particular contemplaba los delitos de Despojo, Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, dejando de lado los otros dos delitos acusados, temática que sienta la siguiente Doctrina Legal Aplicable:


“De acuerdo a lo establecido por el art. 362 del Código de Procedimiento Penal, el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o en su ampliación, esto implica que debe haber congruencia entre los hechos por los que se ha planteado la acusación y la decisión final, correspondiendo al juez o tribunal pronunciarse de forma neutral dentro de los términos del debate, de la manera en que los hechos hubieren sido formulados y planteados tanto por la acusación y la defensa. No obstante, lo fundamental a considerarse, es que el fallo esté relacionado con el mismo bien jurídico protegido por la norma penal que motivó la acusación, vale decir, que el bien jurídico protegido que sirvió de fundamento a la acusación y el de la sentencia, resulten ser homogéneos.


A mayor abundamiento, corresponde señalar que el vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una verdadera denegación del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una modificación sustancial de los términos en los que fueron planteados los fundamentos de la acusación.


Por ello, el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre la parte considerativa y la parte dispositiva del fallo, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio los alcances de la solicitud, pues el tribunal se estaría pronunciando sin oportunidad de debate ni de defensa sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el themadecidendi. En otras palabras, la congruencia se refiere a la relación del suplico de la demanda y el fallo de la sentencia, circunstancia que no debe ser confundida con la motivación de dicha resolución.


Dentro de la incongruencia, se distingue por una parte, la incongruencia omisiva o ex silentio y, de otra, la incongruencia por exceso o extra petitum. Ambas, constituyen siempre una infracción del principio dispositivo y de aportación de las partes que impide al órgano judicial pronunciarse sobre aquellas pretensiones que no fueron ejercitadas por las partes, al ser estas las que, en su calidad de verdaderos dominilitis, conforman el objeto del debate o themadecidendi y el alcance del pronunciamiento judicial, el que debe ceñirse a lo que fue objeto de impugnación, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del mismo (partes), por lo pedido (pelitum) y por los elementos de prueba que le aporte el fallo cuya revisión se pide, que le sirve como razón o causa de pedir (causa petendi).”


b) AUTO SUPREMO 417 DE 19 DE AGOSTO DE 2003


Auto Supremo que fue emitido, dentro del proceso penal seguido por la comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas; se denuncia la mala calificación de los hechos al tipo penal sancionado; el Tribunal de casación estableció que la sanción impuesta por el delito atribuido y que mantiene el Auto de Vista impugnado, se lo hizo sin ninguna fundamentación de orden legal, que no se resuelve las cuestiones recurridas en cuanto a la tipificación del delito y la imposición de la pena, aspectos que debían ser objeto de la resolución; motivo en el que se establece la siguiente Doctrina Legal Aplicable:


“(Congruencia) El Auto de Vista deberá circunscribirse indefectiblemente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, por ello la pertinencia del Auto de Vista con los puntos resueltos por el inferior, deriva de la correspondencia que aquél debe tener con los extremos de la apelación y que inexcusablemente debe contener la fundamentación, respecto a los hechos fácticos debatidos y traídos en apelación.


(Calificación del delito) El Supremo Tribunal de Justicia, tiene la potestad de modificar por medio de una nueva resolución, la doctrina legal que con motivo de otro recurso de casación hubiere establecido, conforme dispone la segunda parte del art. 420 del Código de Procedimiento Penal; de ahí que la jurisprudencia, si bien sienta doctrina sobre alguna institución o algún punto no aclarado por el Código, no constituye de ninguna manera, fuente productora de derecho penal, sino que se traducen en criterios interpretativos teleológicos del sentido y alcance de la ley sobre un caso particular, que como se dijo, la misma puede modificar a veces la doctrina sentada en resoluciones anteriores.


(Tipicidad). De otro lado, al estudio del delito y sus elementos se lo denomina "La teoría del delito", y esta ha de fundarse, según la ley, en la acción y no en la personalidad del autor. Consecuentemente, delito es toda conducta típicamente antijurídica y culpable descrita por la Ley penal cuyo resultado es la pena o las medidas preventivas o represivas. En cambio la tipicidad, es la adecuación de la conducta del sujeto al tipo penal, es decir que el hecho se adecua al tipo…”


AUTO SUPREMO 332 DE 29 DE AGOSTO DE 2006


El referido Auto Supremo, se lo emitió dentro de un proceso penal por Giro de Cheque en Descubierto, recurso en el que se denunció entre otros motivos el referido al presente caso en el quinto, a que en los delitos de Cheque en Descubierto, las penas oscilan entre uno a dos años de privación de libertad; este Alto Tribunal ha establecido la  siguiente Doctrina Legal Aplicable:


“El Tribunal de Alzada, conforme los artículos 116-X de la Constitución Política del Estado, 106 inc. 1) de la Ley de Organización Judicial y 398 del Código Procesal Penal, con legitimidad y razonamiento jurídico, en la aplicación del principio doctrinal de la universalidad de la administración de justicia, debe necesariamente resolver el conflicto que las partes someten a su conocimiento mediante los recursos respectivos, pronunciándose respecto a los puntos apelados, no siendo adecuado tomar decisiones, ajenas a las contempladas taxativamente en el Art. 413 de la Ley 1970.


Que, no es correcto que el Tribunal Ad-quem, presuma que el recurso de apelación restringida no ha sido firmado por el imputado, vulnerando con ello el debido proceso, previsto en el Art. 16-II Constitucional, la protección judicial y el derecho fundamental a la seguridad jurídica.


Por lo anteriormente expuesto, cuando el Supremo Tribunal advierte que en el proceso se han considerado de manera ultrapetita aspectos que no corresponden a los fundamentos del recurso formulado, pronunciando decisiones ajenas a las formas de resolución que estatuye la ley, afectando al principio de legalidad, corresponde, al Tribunal de Casación conforme la primera parte del Art. 419 de la Ley 1970, regularizar procedimiento, disponiendo que la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Cochabamba, dicte nuevo Auto de Vista aplicando la doctrina legal adoptada en el presente Auto Supremo, garantizando así los principios de universalidad y legalidad…”


Concerniente al segundo motivo del recurso de casación interpuesto por el acusado; se tiene el siguiente análisis:


AUTO SUPREMO 15 DE 26 DE ENERO DE 2007

Auto Supremo, que emergió dentro del proceso penal por Amenazas, en la que la parte recurrente denunció error al referir de que se trata de un delito de carácter privado, siendo de acción pública; que el Auto de Vista incurre en falta de fundamentación por ser lacónica y con la falta de fundamentación jurídica; denuncia "defecto absoluto" concerniente a la  inobservancia de las reglas de la congruencia entre las acusaciones siendo estas totalmente antitéticas y contradictorias y que la Jueza en ningún momento precisó los hechos sobre los cuales, se abrió el juicio; el Tribunal de casación sentó la siguiente Doctrina Legal Aplicable:


“Existe "error injudicando" cuando las autoridades judiciales sean unipersonales o colegiados, confunden los delitos de acción privada con los de acción pública, los mismos que no sólo tienen marcadas diferencias respecto a la tutela penal que brinda el Estado a los bienes jurídicos lesionados o puestos en peligro, sino sobre todo a su procedimiento. La política criminal del Estado ha establecido otro procedimiento diferente sin participación del Ministerio Público para los delitos calificados como de carácter privado, porque precisamente su afectación, no alcanza a toda la sociedad, en consecuencia los Tribunales de Justicia en materia penal del país, deben poner el cuidado y atención debidos a efectos de la calificación precisa de los tipos penales que manejan en el proceso penal a diario, lo contrario se traduce en violación al Principio constitucional de legalidad y a la garantía constitucional del debido proceso, tal el caso de Autos en que los Vocales confunden y califican erróneamente como delito de acción privada al tipo penal de "amenazas" que de acuerdo al artículo 20 del Código de Procedimiento Penal es de acción pública.


Por otra parte se considera "defecto absoluto insubsanable", cuando en el Auto de Vista no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten su resolución en base a todo y cada uno de los puntos apelados, traduciéndose la resolución en "infrapetita" que se constituye en defecto insalvable porque genera incertidumbre a la parte procesada, este defecto, además, se inscribe en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal por afectar el derecho de defensa de la imputada y el debido proceso, que se encuentran garantizados por el artículo 16 II y IV de la Constitución Política del Estado.”


En atención a que el tercer motivo del recurso no fue admitido para su consideración de fondo, nos referimos al cuarto motivo, cuyo precedente invocado es:


AUTO SUPREMO 221 DE 07 DE JUNIO DE 2006


El presente Auto Supremo, surge del proceso penal por Giro de Cheque en Descubierto, denuncia del recurso versa en la falta de pronunciamiento sobre la valoración de la prueba, dio lugar a la aplicación errónea  y equivocada adecuación  de la conducta a la primera parte del art. 240 del CP, por ser cheques dados en garantía; el Tribunal de recurso concluye e incurre en "error in judicando" al subsumir, erróneamente, la conducta del imputado en el marco descriptivo del art. 204 del CP, sentando la siguiente Doctrina Legal:


“Una sociedad democrática está sostenida por el equilibrio y control riguroso que dimanan de los principios de legalidad, derecho al cumplimiento de la reglas del debido proceso penal y publicidad. Bastará que la ausencia se refleje en uno de ellos para demandar la corrección, aún de oficio, conforme dispone el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, y, con mayor razón si las infracciones han sido reclamadas oportunamente por el recurrente a quien le causa perjuicios la forma de resolución que incurre en "error injudicando", tarea que la ley obliga a que los tribunales de Justicia se sometan a la ley emitiendo sentencias que fluyan del respeto absoluto al "principio de legalidad" realizando los juzgadores tareas objetivas de subsunción que demuestren, objetivamente, el encuadramiento perfecto de las conductas tachadas de antijurídicas en el marco descriptivo de la ley penal lo contrario significaría crear inseguridad jurídica" en perjuicio de toda la población.


Que los supuestos de errónea aplicación de la ley adjetiva se refieren: a) a los defectos de procedimiento en general y b) a los específicamente contenidos en los artículos 169 a 370 - 1) del Código de Procedimiento Penal, al haberse condenado al imputado, no obstante la existencia de "falta de tipicidad" en su conducta en relación al ilícito penal inmerso en el Art. 204 del Código Penal. El Derecho Penal procura tutelar bienes jurídicos contra ataques que los afectan y lesionan con ella la seguridad jurídica, el Derecho Penal no puede menos que intervenir como persona de derecho público, pero esta intervención no significa que exista un derecho subjetivo del Estado a incriminar o penar discrecionalmente, es por eso que, dentro del campo del Derecho Penal, existen "límites al juspuniendi Estatal" uno de éstos es el principio rector de que: "no haya delito sin conducta que se enmarque en la ley penal", que se constituye en una elemental garantía jurídica y su inobservancia acarrearía la posibilidad de penalizar por cualquier conducta que no se enmarque en la ley penal.


Al haber incurrido el Tribunal Unipersonal de Sentencia en "error injudicando" al condenar al imputado por el delito de "cheque en descubierto" (artículo 204 del Código Penal) no obstante la existencia de falta de tipicidad, por inexistencia de "interpelación personal" como efecto del supuesto delito cometido, siendo evidente la existencia de "error injudicando "que debió ser advertido por el Tribunal de alzada, corresponde al Supremo Tribunal, en aplicación del segundo periodo del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado y disponer que la misma Sala Penal Primera del Distrito de Santa Cruz pronuncie nuevo Auto de Vista tomando en cuenta la línea doctrinal sentada en cuanto a la infracción de norma penal sustantiva.”


III.1.1. De los precedentes invocados por Ricardo Aguilar Quiroz


Toda vez que el primer motivo del recurso fue declarado inadmisible, con relación al segundo motivo, se invocó el precedente contradictorio:


AUTO SUPREMO 411 DE 20 DE OCTUBRE DE 2006


Auto Supremo que se manifiesta dentro del proceso penal seguido por el delito de  Malversación y Peculado, contenido en la denuncia de que el Ad quem omitió pronunciarse a los puntos apelados; sobre la prueba no ofrecida en la acusación; la ilegalidad de la prueba pericial; la interpretación defectuosa del tipo penal al no subsumir su conducta al tipo penal; por el que, fue condenado; valoración defectuosa de la prueba e incongruencia entre la acusación y la Sentencia; el Tribunal de casación estableció, que el Tribunal A quo no sometió su criterio a las normas legales adjetivas aplicables, porque se emitió la resolución incumpliendo los arts. 124 y 398 del CPP, constituyendo el Auto de Vista recurrido en una resolución arbitraria; ante esta temática se tiene la siguiente Doctrina Legal Aplicable:


“Al no haberse pronunciado el tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta fáctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.


Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra al derecho a la defensa y al debido proceso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el fallo recurrido de casación.”


En cuanto al tercer motivo considerado en el recurso de casación del querellante particular se tiene invocado:


AUTO SUPREMO 237 DE 4 DE JULIO DE 2006


Auto Supremo surgió dentro del proceso penal por el delito de Estafa y otro, en la que el recurrente denuncia la inconcurrencia de los elementos que configuran el delito de Estafa; el Tribunal de casación se ha pronunciado sentando la siguiente Doctrina Legal Aplicable:


“El objeto de la estafa es cualquier elemento integrante del patrimonio existente en el momento de consumarse el delito, la acción del agente debe consistir en emplear artificios o engaños, es decir inducir a error al sujeto pasivo empleando ardides o faltando a la verdad sobre la calidad, cantidad o veracidad de algo, conductas que adquieren connotación jurídica cuando inducen a error induciendo a la víctima a dejarse sonsacar dinero u otro beneficio. El resultado es sonsacar a otro dinero o beneficio o ventaja económica, lo que significa perjuicio al patrimonio. Es por ello, que en la estafa el propio sujeto pasivo realiza la consumación, cuando por error, artificios o engaños da una parte de su patrimonio a un tercero, para lo cual se requiere que exista una relación de causalidad entre los artificios, engaños y el sonsacamiento de dinero, beneficios o ventajas económicas, consecuentemente es necesaria la existencia de dolo directo en el actuar del agente, su inconcurrencia trae como consecuencia "falta de tipicidad", la antijuridicidad radica en inducir a error por medio de artificios o engaños. La estafa tiene como elementos del tipo: a) Existencia de engaños o artificios, b) Relación de causalidad entre conducta activa y resultado, c) El elemento psíquico o sea la voluntad de engañar y d) El enriquecimiento del sujeto activo y la disminución del patrimonio de la víctima.”


III.2.Análisis del caso concreto.


III.2.1 Recurso de casación de Jaime Ávalos Riera.


Establecido el ámbito de análisis en el Auto de admisión del presente recurso, corresponde a este Tribunal analizar su contenido y establecer en los términos previstos por el art. 419 del CPP, si existe o no contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes contradictorios invocados por ambos recurrentes; por lo que estando alegados varios motivos, se ingresa a resolverlos en el orden en que fueron identificados en el acápite I.1.1. de la presente Resolución:


El recurrente denuncia como primer motivo, de que se le atribuyó como único delito, el de Estafa por el que fue absuelto, no obstante de ello, la Sala Civil Primera desconociendo el debido proceso, emitió el Auto de Vista 210, en el que subsumió su conducta al tipo penal de Giro de Cheque en Descubierto, delito por el que no fue investigado, procesado o enjuiciado, imponiéndole una pena, sin haber sido oído ni juzgado previamente; asimismo este extremo no fue motivo de la apelación restringida opuesta por el acusador particular; en consecuencia, es un fallo ultra petita


Dada la vigencia del sistema garantista, en el que se busca velar por el respeto de los derechos, principios, valores y garantías reconocidas y consagrados por la Constitución Política del Estado Plurinacional; entre los que se encuentra el debido proceso y entre una de las manifestación, que nos ocupa, es aquella referida a que toda Sentencia debe basarse en los parámetros legales dentro de los cuales se encuentra la necesidad de congruencia previsto en el art. 362 del CPP, por el que se tiene la prohibición de condenar por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; concordante con el art. 370 inc. 11) del mismo cuerpo legal, que señala como defecto de Sentencia; concordantes con los arts. 342  y 348 del CPP.


Nuestra normativa Procesal Penal determina la prohibición de modificar, suprimir o incluir hechos nuevos que no hubieren sido descritos en la acusación o su ampliación, hechos invariables que determinaran un pronunciamiento en base a los hechos sujetos a debate y comprobados en juicio.


El principio de congruencia limita al juzgador a resolver en base a los hechos alegados y probados por las partes. Por otro lado, el principio iura novit curia  “el Juez conoce el derecho”, tiene como objeto facultar al Juez para que con prescindencia del derecho aplicado por las partes e invoque la norma jurídica correcta cuando las mismas, por desconocimiento u error, no lo hicieron, toda en base a una razón de justicia.


De ello se tiene, que en el sistema acusatorio vigente permite al juzgador la facultad de modificar la calificación jurídica del hecho acusado, sin que ello atente el debido proceso y derecho de defensa, siempre y cuando se cumplan las limitantes y condiciones, en observancia de las garantías procesales y derecho a la defensa, máxime si la modificación es favorable al imputado.


La normativa procesal penal, únicamente establece la prohibición de la inclusión de hechos nuevos en la acusación, porque son éstos los que limitan el objeto del debate y la sentencia, no así, su calificación jurídica; toda vez, que la congruencia recae sobre los hecho y la subsunción de éstos a la ley; lo que no implica vulneración al derecho a la defensa, porque la defensa del imputado respecto a los hechos acusados no se lo altera desde el inicio de la investigación, en base al hecho denunciado.


Sobre esa temática, el Tribunal de Casación sentó doctrina legal aplicable en el Auto Supremo 239/2012-RRC de 3 de octubre, estableciendo lo siguiente: “Los jueces y tribunales deben considerar que el papel de la acusación en el debido proceso penal frente al derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputan. La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. El principio de congruencia o coherencia entre acusación y sentencia implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusación.”


En base a este marco legal necesario, del análisis del Auto de Vista impugnado, se tiene que de las acusaciones formal y particular, el Auto de apertura de proceso y la Sentencia, se atribuyen a Jaime Ávalos Riera, Ana María Saravi Abib de Avalos, Mario Alberto Palma Gómez y Roque E. Urey Jordán, la comisión del delito de Estafa, previsto en el art. 335 del CP, actuados procesales en los que se mantiene la identidad del hecho acusado, el que no fue producto de modificación alguna, relación de hechos plasmados en la acusación, la que fue la base del presente juicio oral.


Luego, en grado de apelación, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista  210  de  28 de marzo de 2009, que modifica la calificación jurídica sólo con relación al recurrente del delito de Estafa al de Giro de Cheque en Descubierto, declarándolo autor de este último delito para finalmente imponerle la pena de tres años y tres meses, con costas y pago de daños y perjuicios.


En su obligatoria labor de control, el Tribunal de alzada estableció la necesidad de realizar una adecuada subsunción del hecho al tipo penal, fundamentando que: “lo contrario daría lugar a la atipicidad, determinando en la conducta final del imputado, precisando el riesgo jurídico penal relevante, la realización del riesgo imputable en el resultado y la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos…” (sic), argumentos por los que, determina una inadecuada subsunción del delito de Estafa realizado por el A quo, al de Giro de Cheque en Descubierto, tan solo con relación a Jaime Ávalos Riera, lo que permite viabilizar la aplicación del principio iura novit curia, referido a la facultad legal del juzgador a cambiar la calificación jurídica con la finalidad de adecuar los hechos probados a la normativa legal que corresponda, sin adecuar los mismos al examen de viabilidad y no concurrencia de las limitantes previstas por la doctrina legal aplicable referida precedentemente.


En este contexto, en aplicación del principio iura novit curia y realizada la contrastación del cumplimiento de las limitaciones legales, podemos establecer las siguientes conclusiones:


a) Que en el presente caso de autos, del análisis de los antecedentes y principalmente de la acusación como base del juicio oral, se evidencia la inexistencia de cambios en el hecho acusado; de modo que, al realizarse una modificación en la calificación del tipo penal, no constituiría algo sorpresivo que hubiera vulnerado el derecho a la defensa de los imputados; toda vez, que desde el primer acto del proceso éstos asumieron su derecho a defenderse de ese elemento fáctico, que se mantuvo incólume.


b) No puede variar el tipo penal cuando difiera en sustancia con los hechos atribuidos; limitación o condición que no es aplicable al caso en concreto, porque no hubo cambio en el hecho.


c) Referido a la calificación jurídica, esta modificación debe recaer sobre delitos de la misma naturaleza.


De lo que se establece, que el Tribunal de alzada en aplicación de los arts. 413 y 414 del CPP, resuelve dictar el Auto de Vista, modificando la calificación jurídica iniciada en contra de Jaime Ávalos Riera, recalificando su conducta al delito de Giro de Cheque en Descubierto, se evidencia que el Ad quem incurrió en errónea aplicación de los principios iura novit curia y de congruencia; toda vez, que la modificación realizada vulnera los límites de su aplicación porque el delito juzgado y el modificado no son compatibles por no corresponder a delitos de la misma naturaleza o familia jurídica.


El delito de Estafa, se encuentra normado en el Título XII relativo a los Delitos Contra la Propiedad, Capítulo IV art. 335 del CP, cuyo bien jurídicamente protegido es la propiedad; contrariamente el delito de Giro de Cheque en Descubierto normado en el Título IV relativo a los Delitos Contra la Fe Pública, en el Capítulo IV de los Cheques sin Provisión de Fondos art. 204 del CP, cuyo bien jurídicamente protegido es la fe pública; consecuentemente, al no pertenecer ambos tipos penales a la misma familia, al ser incompatibles, son inaplicables en el principio iura novit curia.


De todo lo argumentado se establece la vulneración del principio de congruencia en su aplicación del principio iura novit curia, motivo por el que el Auto de Vista impugnado resulta contrario con los precedentes contradictorios invocados, referidos a la aplicabilidad del principio de congruencia, la misma que constituye un límite al accionar del juzgador, al resolver de esta manera el fundamento que fue ultra petita, más aun cuando el recurrente refiere, que este extremo no fue fundamentó de la apelación del acusador particular; debiendo en este sentido darse aplicación al art. 419 del CPP.


Con relación al segundo motivo del recurso, tomando los fundamentos, que preceden se establece una errónea aplicación de la norma sustantiva dentro de la aplicación del principio iura novit curia, que originó una modificación errada en la calificación jurídica del hecho, del delito de Estafa a Giro de Cheque en Descubierto, que por su procedimiento difieren completamente, lo que si origina un error in judicando; toda vez, que el procedimiento dispuesto para los delitos de orden privada corren desde el art. 375 y siguientes del CPP; de ello se extrae, que al existir una inaplicabilidad de la tipificación, ha dado lugar a la incongruencia en el Auto impugnado, que entra en contradicción con el precedente invocado que establece doctrina sobre el principio de legalidad y debido proceso, de lo que se traduce en un defecto insubsanable, previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP.

En cuanto el cuarto motivo, en el cual, el imputado, ahora co-recurrente denuncia que el Auto de Vista 210, incurre en inobservancia y errónea aplicación del art. 204 del CP, debido a que la tipificación del delito de Giro de Cheque en Descubierto, exige la concurrencia de dos requisitos: i) Debe existir aviso o interpretación para que en el plazo de 72 horas se proceda a efectuar el pago del monto contenido en el cheque; y, ii) Los cheques no pueden ser utilizados en garantía, caso contrario son sancionados con nulidad; sin embargo, la Sala Civil Primera, de manera ilegal, procedió a subsumir su conducta en el delito citado, inobservando los elementos constitutivos del tipo, obviando la exigencia sine cuanon de la comunicación o interpelación alguna para que pagase el importe del cheque al acusado, extremos que desvirtúan la subsunción del hecho al tipo penal, más aun cuando las características de este tipo de delitos, de orden privado requieren un procedimiento especial previsto en el art. 345 y siguientes del CPP.


Asimismo considerar que en aplicación del principio iura novit curia, se tiene la potestad del Tribunal de alzada para modificar la calificación jurídica, siempre y cuando tenga que cumplirse ciertos requisitos, y como se fundamentó precedentemente hubo una aplicación errada, de ello se concluye, que el actuar del Tribunal de apelación fue contraria a la doctrina legal aplicable en el Auto Supremo 221 de 7 de junio de 2006, que fue pronunciado en un caso relativo al delito de Giro de Cheque en Descubierto, demostrando flagrante violación del art. 204 citado como del principio de legalidad, en su componente de inexistencia de tipicidad de la conducta.


Sin embargo, en aquellos casos en los cuáles, el Tribunal de alzada advierte que la conducta de o de los imputados se subsume en un tipo penal de distinta naturaleza, al de las acusaciones pública y/o particular; ante la existencia de sólidas razones que conllevan a arribar a la conclusión que se cometió dicho ilícito, corresponderá disponer el reenvío del proceso, ante la autoridad llamada por ley; al no gozar de competencia para modificar la calificación del delito, al tratarse de un tipo penal de distinta naturaleza; y por ende, no podría ser analizado en alzada por las limitaciones legales y doctrinales señaladas anteriormente, ello siempre y cuando no se descienda al análisis de las pruebas sometidas al contradictorio por las partes durante el juicio oral.


III.2.1 Recurso de casación de Ricardo Aguilar Quiroz.


Sobre el segundo motivo, el recurrente denuncia que en el Auto de Vista recurrido, no se resolvieron todas las cuestiones planteadas en el recurso de apelación restringida, relativas a: La violación del art. 606 del Código de Comercio (CC); la contradicción existente entre la fundamentación de la Sentencia; la vulneración del precedente contradictorio del Auto Supremo 237 de 4 de julio de 2006; y, la defectuosa interpretación y aplicación del art. 335 del CP, inobservando su obligación de resolver todos los puntos apelados, que fueron objeto de fundamentación en el memorial, en contradicción al precedente contenido en el Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006.


Debemos considerar que el Tribunal de alzada en aplicación a la previsión del art. 51 inc. 2) del CPP y la línea sentada por el Auto Supremo 450 de 19 de octubre, se encontraba  en la competencia  de realizar la labor de control del inferior en grado, en base al recurso y acreditando la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, como garantía del debido proceso, de esta manera el deber de resolver todos los puntos que fueron motivo de apelación, estaba facultado a la aplicación del art. 413 del CPP, que permitió la emisión de una nueva Sentencia.


Del análisis de los fundamentos de la apelación específicamente sobre el reclamo realizado con relación a la aplicación del art. 606 del CCom; denuncia la existencia de contradicciones en la fundamentación de la Sentencia, la vulneración del precedente contradictorio del Auto Supremo 237 de 4 de julio de 2006; y, la defectuosa interpretación y aplicación del art. 335 del CP, que fueron inobservados, porque si bien se hace una relación de todos los puntos de la apelación estos no fueron atendidos y menos fundamentados.


Se evidencia que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre todos los motivos apelados por el recurrente; toda vez, que se advierte, que los Vocales de la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, no absolvieron los seis motivos que fueron enunciados en la misma Resolución, específicamente en el segundo Considerando, cuya argumentación estuvo dirigida a normas base de la fundamentación para concluir con una motivación mínima sobre la modificación en la subsunción de la conducta de Jaime Ávalos Riera del delito de Estafa al de Giro de Cheque en Descubierto; así como la imposición de la pena, que no mereció argumentación alguna, al no haber pronunciamiento sobre cada una de las acusaciones planteadas por el recurrente, se incumplió lo dispuesto por el art. 398 del CPP; se evidencia, que el precedente citado en el Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006, contradice el Auto de Vista impugnado, al tratarse de un hecho similar en el que el Tribunal de alzada no valoró todos los motivos del recurso de apelación restringida que da lugar a incurrir en defecto absoluto insubsanable.


Con relación al tercer motivo, el recurrente refiere que el Tribunal de origen no hubiera incurrido en ningún error de hecho ni de derecho a tiempo de pronunciar la Resolución recurrida, al argumentar: “…al no haberse demostrado la existencia de una relación de causalidad entre los artificios, engaños y sonsacamiento de dinero, beneficios o ventajas económicas del sujeto pasivo…” (sic), razonamiento que no considera el precedente contradictorio del Auto Supremo 237 de 4 de julio de 2006, ni se acreditó en forma fehaciente la existencia de la relación de causalidad entre los engaños de Jaime Ávalos Riera, Ana María Saraví Abib, Mario Alberto Palma Gómez y Roque Edmundo Urey Jordán con respecto al desplazamiento patrimonial que sufrió; en consecuencia, si dicho precedente se hubiera analizado por el Tribunal de alzada, se habría condenado a todos los imputados por la comisión del delito de Estafa.


Que el Tribunal de alzada al encontrarse en cumplimiento de su labor de control, debió acreditar la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, a efecto de garantizar un debido proceso, hacerlo en su conjunto, acreditando la existencia de todos y cada uno de los presupuestos que establece la norma sustantiva como las líneas doctrinales, que no permitan incongruencias, que demuestren un examen exhaustivo y no así limitado de algunos de los requisitos exigidos para su correcta subsunción; al establecer que el Tribunal de origen no incurrió en ningún error debió fundamentar sobre todos los presupuestos que lleven a ese convencimiento y no referirse tan solo “a la causalidad entre los artificios, engaños y sonsacamiento de dinero, beneficios o ventajas económicas del sujeto pasivo” (sic); fundamento sesgado, porque el tipo penal de Estafa implica la concurrencia de varios presupuestos “…La estafa tiene como elementos del tipo: a) Existencia de engaños o artificios, b) Relación de causalidad entre conducta activa y resultado, c) El elemento psíquico o sea la voluntad de engañar y d) El enriquecimiento del sujeto activo y la disminución del patrimonio de la víctima.”, los cuales son descritos en el precedente citado, Auto Supremo 237 de 4 de julio de 2006, que una errada aplicación conduce a un error in judicando.


La doctrina legal sobre el delito de Estafa, que el mismo Auto Supremo invocado determina cual su conceptualización y descripción al detallar el objeto, la acción, resultado, tipicidad, antijuricidad y la especificación de los elementos constitutivos del tipo penal; refiere un concepto más amplio de su tipicidad al señalar: “…que en la estafa el propio sujeto pasivo realiza la consumación, cuando por error, artificios o engaños da una parte de su patrimonio a un tercero, para lo cual se requiere que exista una relación de causalidad entre los artificios, engaños y el sonsacamiento de dinero, beneficios o ventajas económicas, consecuentemente es necesaria la existencia de dolo directo en el actuar del agente, su inconcurrencia trae como consecuencia "falta de tipicidad…”, de lo que se concluye por su contraste la no concurrencia de contradicción con el precedente, mas al contrario establece los lineamientos y razonamientos a aplicarse en los casos de delitos de Estafa para su subsunción pero que requieren el cumplimiento de los otros requisitos que permitan establecer esa correcta aplicación de la norma que en el caso presente no se lo realizó; cumplimiento de requisitos que lógicamente dependerán de la valoración probatoria, que realice el Tribunal de origen para su correcta subsunción en base a las reglas de la sana crítica  en sus elementos de la logicidad, experiencia y psicología, que no permitan incurrir en una aplicación errada de la ley sustantiva.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara DEJA SIN EFECTO el auto de vista impugnado y determina que la misma Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin espera de turno y previa notificación a las partes, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal explicada con los fundamentos precedentes. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y Jueces en materia penal de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA