TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 810/2015-RRC-L

Sucre, 06 de noviembre de 2015


Expediente                        : Potosí 41/2011

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Felisa Arando Colque de Choque

Delitos                        : Estafa y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 14 de noviembre de 2011, cursante de fs. 135 a 138, Felisa Arando Colque de Choque, interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 25 de 1 de octubre de 2011, de fs. 130 a 132, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Domingo Choque Marca, Cornelio Marcani Canaviri, Eloy Canaviri Mamani y Juan Ckoyo Saavedra en representación de Lorenzo Acarapi Manrique, Severo Canaviri Mamani, Paulino Puma Acarapi, Antonio Marcani Canaviri, Juan Fernández Mamani, Máximo Puma Saavedra, Luciano Mamani Flores, Martín Puma Koyo, Bernabé Mamani Condori, Alberto Surco Mamani, Ricardo Marcani Canaviri, Genaro Puma Mamani, Antonio Juchasara Vitorio, Andrés Saavedra Surco, Juan Estrada Puma, Epifanio Acarapi Cupara, Roberto Estrada Canaviri, Apolinar Marcani Canaviri, Tomás Condori Copa, Emeliana Mamani Choque de Roca, Pablo Roca Mamani, Florencio Villca Colque, José Santos Mitha Flores, Mario Puma Mamani, Yisela Caterina Romero Cáceres, Nicolás Canaviri Condori, Jhonny Canaviri Suyo, Eloy Marcani Puma, Gregorio Marca Condori, Víctor Marca Mamani, Agustín Ibarra Choque y Mercedes Puma Villca Vda. de Acapari, contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1.Antecedentes


a)   Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia de 12 de julio de 2011 (fs. 78 a 102), el Tribunal Segundo de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, declaró a Felisa Arando Colque de Choque, autora y responsable de la comisión del delito de Estelionato con la agravante de víctimas múltiples, previsto y sancionado por el art. 337 con relación al 346 bis del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años de reclusión, más el pago de costas.

b)   Contra la mencionada Sentencia, la imputada interpuso recurso de apelación restringida (fs. 110 a 114 vta.), resuelto por el Auto de Vista 25 de 1 de octubre de 2011, emitido por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 677/2015-RA-L de 21 de septiembre, que declaró su admisión, se tiene como motivo el siguiente:


La recurrente denuncia, que tanto la Sentencia como el Auto de Vista impugnado incurrieron en defectos absolutos previstos en los arts. 169 y 370 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y consiguiente vulneración de las garantías constitucionales tales como el debido proceso y la seguridad jurídica, pues el Tribunal de alzada se limitó a señalar que se podía acreditar legalmente el derecho propietario sobre los lotes de terreno enajenados, infiriéndose que la venta realizada era de cosa ajena y por ello la descripción fáctica descrita por el Tribunal de juicio, se subsumía al tipo penal de Estelionato incurso en el art. 337 del CP, sin tomar en cuenta que los compradores no podían penalizar el incumplimiento de los contratos de venta sin antes acudir a la jurisdicción civil en virtud al principio de ultima ratio.


I.1.2. Petitorio


La recurrente solicita se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y se establezca doctrina legal para que se emita una nueva resolución.


I.2. Admisión del recurso


Mediante el Auto Supremo 677/2015-RA-L de 21 de septiembre, se admitió el recurso de casación para el análisis de fondo del motivo expuesto, ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.Apelación.


Mediante recurso de apelación restringida, la imputada denunció: a) Defecto absoluto por vulneración de derechos humanos y garantías constitucionales, concretamente violación al debido proceso, por haberse forzado una acción penal sobre la base de un contrato civil, cuya ejecución y cumplimiento cae dentro de dicha esfera; señaló que la Sentencia no consideró que el derecho penal es de última ratio y que al existir un documento y una garantía real, los querellantes debían recurrir a la vía civil y no forzar una acción penal; b) Defecto absoluto  de Sentencia por errónea aplicación de la ley sustantiva ante la inexistencia del tipo penal, arguyendo que el Tribunal de juicio no adecuó coherentemente la conducta de la imputada, en virtud a la falta del elemento constitutivo del delito de Estelionato.


II.2.Auto de Vista.


El recurso fue resuelto mediante el Auto de Vista 25 de 1 de octubre de 2011, que al resolver los motivos del recurso de apelación restringida, concluyó señalando que cuando se invoca un agravio dentro de los parámetros que determinan una errónea aplicación de la ley adjetiva y más precisamente un defecto absoluto  previsto en el art. 169 del CPP, como en el presente caso, se debe desplegar una motivación y fundamentación inherente a demostrar la violación de derechos o garantías constitucionales denunciada. Refirió que en el caso presente se denunció vulneración al debido proceso en base a una relación de hechos, circunstancias, consideraciones genéricas y abstractas sustentadas en normas sustantivas civiles que no configuran el iter de una violación al debido proceso, pues no se terminó una noción de debido proceso, sea como derecho o garantía, ni en qué dimensión se vulneró el mismo, sea en su función garantista o como derecho. Señaló también que no le está permitido al Tribunal de alzada revalorizar la prueba, ni determinar si la subsunción fue forzada o no, si los hechos conforme a la prueba judicializada en virtud al principio de contradicción e inmediación configura los elementos constitutivos del tipo penal imputado.


Con relación a que el principio penal es de última ratio, refirió que el recurrente se limitó a nombrar el referido principio junto a normas civiles y el contenido de un Auto Supremo, cuyas circunstancias fácticas no son análogas al delito de Estelionato previsto en el art. 337 del CP. Afirmó que de lo descrito y razonado por el Tribunal de juicio,  con base en diferentes pruebas se establece que la imputada no es propietaria de los mencionados terrenos y que enajenó los mismos; consecuentemente, tales elementos de orden descriptivo configuran el delito imputado previsto en el art. 337 del CP.


Respecto al segundo agravio en el que se cuestionó la falta de tipicidad, refirió que no se demostró que la imputada vendió bienes muebles de los cuales no comprobó ser propietaria conforme a los presupuestos que requiere el Registro de Derechos Reales “institución mediante la cual se puede acreditar legalmente el derecho propietario sobre bienes muebles” (sic), por lo que la descripción realizada por el Tribunal de Sentencia se subsume al tipo penal de Estelionato; por lo tanto, no existe falta de tipicidad. Con los argumentos vertidos, el Tribunal de alzada declaró improcedente la apelación restringida interpuesta, manteniendo firme y subsistente la Sentencia. 


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS


La recurrente denuncia la vulneración del derecho al debido proceso como defecto absoluto previsto en los arts. 169 y 370 del CPP; arguyendo que en todos los documentos suscritos por las partes, acordaban acudir a la vía civil en caso de incumplimiento de los contratos de venta y agotada esta vía civil recién podían acudir a la vía penal en aplicación del principio de ultima ratio; empero, este aspecto no fue razonado ni debidamente fundamentado por el Tribunal de alzada, que en su Resolución, se limitó a señalar que se infería que la venta realizada era de cosa ajena y que por ello la descripción fáctica hecha por el Tribunal de Sentencia se subsumía al delito de Estelionato incurso en el art. 337 del CP. En consecuencia, corresponde analizar si es evidente la vulneración al debido proceso por falta de fundamentación del Auto de Vista. 


III.1.Sobre la debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


La Constitución Política del Estado (CPE), reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I; siendo así que, la garantía del debido proceso contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la Resolución, exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica: i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez de Sentencia; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir el Auto de Vista que resuelve la apelación restringida formulada por las partes, a fin de que sea válida; lo contrario, significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Siendo necesario reiterar que una fundamentación o motivación suficiente, no precisa que sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.


Lo anterior significa, que la falta de fundamentación o motivación, concurriría cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento realizado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP y vulnerando los derechos al debido proceso y la debida fundamentación.


III.2.Análisis del caso concreto.


En el presente caso,  la recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, a tiempo de resolver los agravios reclamados en su apelación restringida, no cumplió con el principio de fundamentación suficiente y razonable sobre uno de los puntos cuestionados, concretamente sobre la aplicación del principio penal de ultima ratio, vulnerando de esta manera el debido proceso.


De los antecedentes se advierte que la recurrente formuló su apelación restringida, señalando como uno de los motivos de reclamo, que se vulneró el debido proceso al haberse forzado una acción penal sobre la base de un contrato civil cuya ejecución y cumplimiento cae dentro de esta esfera ya que el contrato de compraventa de terrenos se encuentra regulado en el art. 452 del Código Civil. Arguyó también que en las minutas de transferencia se hizo constar que la imputada se comprometía a regularizar la documentación de los terrenos en el plazo de treinta días, por lo que se demuestra que los compradores conocían perfectamente dicho extremo, no pudiendo en consecuencia argumentar haber sido inducidos en error. Señaló que el derecho penal es de última ratio y que en mérito a ello, los querellantes inicialmente debían recurrir a la vía civil; que en el caso presente no se consideró que las minutas de transferencia de terrenos son documentos privados y que el incumplimiento de la entrega de los documentos saneados correspondía ser resuelto en la vía civil, no pudiendo forzar una acción penal sobre la base de unos contratos civiles, más aún cuando se acordó tal extremo en los referidos documentos, invocando la aplicación de la doctrina legal establecida en el Auto Supremo 133 de 5 de abril de 2002, referido a que el documento considerado como cuerpo del delito, era un contrato privado por el que una inmobiliaria se comprometía a canalizar un contrato de anticrético de un inmueble, documento suscrito entre partes con autonomía de voluntad y que no establecía por sí solo la comisión del delito de Estafa, máxime si dicho documento generaba obligaciones que debían ser resueltas por la vía civil, y que sin embargo existía plena prueba para el delito de Abuso de Confianza.


Acudiendo al texto del Auto de Vista impugnado, a objeto de establecer si cumplió con el deber de fundamentación respecto al supuesto agravio; se establece que el Tribunal de apelación, refiriéndose al tema, sustentó su decisión en los siguientes argumentos: “Con relación a que el principio penal es de última ratio simplemente se alude el referido principio doctrinal como es el de ultima ratio o intervención mínima del derecho penal, el argumento en ese sentido se agota en nombrar el referido principio y que los contratos base de la presente acción no deben tratarse en la vía penal sino en la vía civil sin mayores argumentos o elementos de juicio por lo menos teóricos con relación a la subsidiaridad o el rol secundario que pretende asignarle el recurrente al derecho penal a efectos de la tutela del bien jurídico que también podría ser tutelado en la agida del derecho civil como es la propiedad. Se limita simplemente a mencionar normas legales del código civil y el contenido de un Auto Supremo cuyos hechos contextualizan el delito de Estafa y abuso de confianza, circunstancias fácticas jurídicas que no son análogas al delito de Estelionato previsto en el art. 337 del CP. Ya que este delito entre otras características es un tipo penal autónomo y por ende la descripción fáctica del mismo difiere de los delitos de Estafa y Abuso de confianza” (sic).


Ahora bien, de ambos antecedentes, se advierte que el recurrente realiza una denuncia sobre la inaplicabilidad del principio penal de ultima ratio, que supuestamente no tuvo una respuesta debidamente fundamentada en el Auto de Vista impugnado; sin embargo, de la revisión prolija de la estructura de la apelación restringida, se evidencia que el motivo ahora reclamado se ubica en el punto 1 inc. a)  de su apelación restringida, bajo el subtítulo de “Vulneración al debido proceso al haberse forzado una acción penal sobre la base de un contrato civil cuya ejecución y cumplimiento cae dentro de esta esfera” (sic), haciendo en ella alusión precisamente a que el derecho penal es de ultima ratio; es decir, esta alusión no constituía un agravio, sino más bien un argumento utilizado para fundamentar el agravio antes referido; de tal manera que, no correspondía al Tribunal de apelación otorgar una respuesta fundamentada, por no constituir lo que reclama ahora, una denuncia en sí misma, sino un elemento argumentativo. Además, esta simple mención no puede ser considerada agravio al no haber dado cumplimiento a lo establecido por el art. 407 del CPP, que exige que la denuncia en el recurso de apelación restringida deba necesariamente interponerse por inobservancia o errónea aplicación de la ley, menos a las disposiciones contenidas en los arts. 169 y 370 de la norma adjetiva citada, que precisan, que para la expresión de un reclamo debe existir vulneración de derechos o vicios de la sentencia plenamente identificados, lo que no ocurrió en el caso del recurso de apelación de la imputada; por lo que se concluye que, la recurrente señaló como simple argumentación, aspectos que ahora reclama en casación como motivo que no fuera debidamente fundamentado por el Tribunal de alzada, lo cual no es evidente, pues si la apelante pretendía recibir una respuesta fundamentada, primero debió de cumplir con las previsiones legales que regulan la interposición del recurso de apelación restringida.


De la misma forma, debe considerarse que la obligación de la debida fundamentación es extensible no sólo para el juzgador o tribunal, sino también para las partes que hacen uso de los medios de impugnación previstos en la norma procesal penal, quienes tienen como carga argumentativa: exponer de forma clara, precisa y coherente los agravios que considera lesivos, extremo que no sucedió en el presente caso, tal como destacara el Tribunal de alzada en la resolución impugnada de casación. De lo que se infiere, que la denuncia de la recurrente no es evidente al no existir vulneración de principios, derechos y garantías constitucionales; en consecuencia, el presente recurso deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Felisa Arando Colque de Choque.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

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