TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 808/2015-RRC-L

Sucre, 06 de noviembre de 2015


Expediente                 Potosí 28/2011

Parte Acusadora                 Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Leocadio Arriola Mamani y otro

Delitos                            Lesiones Graves y Leves y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 29 de agosto de 2011, cursante de fs. 189 a 199, Leocadio Arriola Mamani y Saúl Arriola Isla, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 21 de 18 de agosto de 2011, de fs. 182 a 186 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Virgilio Tacuri Jaita contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Lesiones Graves y Leves, Homicidio en Grado de Tentativa y Amenazas, previstos y sancionados por los arts. 271 y 251 con relación al art. 8 y 293 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia de 4/2011 de 29 de junio (fs. 89 a 111), el Tribunal Primero de Sentencia del Distrito Judicial de Potosí, declaró a Leocadio Arriola Mamani, autor de la comisión del delito de Lesiones Graves y Leves (segunda parte), previsto y sancionado por el art. 271 del CP, imponiéndole la pena de seis meses de reclusión; y absuelto por la comisión de los delitos Homicidio en Grado de Tentativa y Amenazas, previsto y sancionado por los arts. 251 con relación al art. 8 y 293 del CP. Asimismo, declaró a Saúl Arriola Isla, absuelto de la comisión de los delitos de Lesiones Graves y Leves, Homicidio en Grado de Tentativa y Amenazas, previstos y sancionados por los arts. 271 y 251 con relación al art. 8 y 293 del CP.


b)  Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 116 a 125 vta., subsanado 180 y vta.), resuelto por el Auto de Vista 21 de 18 de agosto de 2011 (fs. 182 a 186 vta.), pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró procedente el recurso, y en consecuencia, anuló la Sentencia impugnada y el reenvío del juicio.


I.1.1. Motivos del recurso


Del memorial por el que se admite el recurso, se tienen como motivos los siguientes:


1)   Previo análisis de una parte de la prueba desfilada en juicio, la que consideran fue correctamente valorada por el Tribunal de mérito, los recurrentes acusan al Tribunal de alzada de no fundamentar el Auto de Vista que dispuso la anulación de la Sentencia; toda vez, que al ser el argumento central de dicho fallo la insuficiente estructura lógica en la Sentencia, los de alzada debieron fundamentar el por qué concluyeron de esa manera; pero, no señalaron los motivos del hecho y derecho sobre los cuales fundamentaron la Resolución. Afirman los impetrantes, que al ser el fundamento del Auto de Vista de insuficiente estructura lógica en la Sentencia, y no su ausencia, ésta podía ser corregida en el fallo de alzada sin disponer el reenvío, de forma reiterada, señalan que en alzada no se hizo mención ni descripción de los defectos en los que hubiera incurrido la Sentencia, para disponer el reenvío del juicio.


Invocaron como precedentes contradictorios los Autos Supremos 333 de 9 de junio de 2011        y 25 de 4 de febrero de 2010.


2)  Alegan que el Tribunal de alzada no valoró ni hizo mención a la prueba de descargo ofrecida en segunda instancia en el memorial de “responde”, puesto que dicen- en esa etapa podía valorarse prueba que confirme lo esgrimido por las partes, aspecto que no se efectuó conforme la doctrina legal del Auto Supremo 512 de 16 de noviembre de 2006. Aducen que el Tribunal de alzada debió circunscribirse al objeto de la apelación restringida y que en el caso de autos no lo hizo, ya que no valoró la prueba ofrecida “en segunda instancia” (sic), por ello no habrían descrito los vicios o defectos absolutos en la Sentencia; alegando que con base en el vicio relativo a una supuesta aclaración de parentesco, debió declararse la improcedencia del recurso de alzada y no ordenarse el reenvío del juicio, que debió aplicarse el principio in dubio pro reo.


I.1.2. Petitorio


El recurrente, concluyó solicitando “… se ordene un nuevo auto conforme la doctrina legal aplicable del Auto Supremo No. 260…” (sic).


I.2. Admisión del recurso


Mediante el Auto Supremo 668/2015-RA-L de 21 de septiembre, se admitió el recurso de casación para el análisis de fondo de los motivos expuestos.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1. Apelación de la acusación particular.


Mediante recurso de apelación restringida, el querellante Virgilio Jaita Tacuri, denunció: a) vulneración del principio de verdad material, señalando que el Tribunal de juicio demostró parcialidad para con uno de los imputados a quien decidió declarar absuelto de pena y culpa; b) Defecto absoluto de la Sentencia porque no existen criterios sólidos que fundamente una coherente valoración de la prueba; y, c) Defecto absoluto de Sentencia por inadecuada fijación de la pena. Solicitando en definitiva se disponga el reenvío del proceso o se imponga una pena privativa de libertad de seis años a ambos imputados.


Mediante memorial de fecha 12 de agosto de 2011, el recurrente subsana la observación realizada por el Tribunal de alzada en Auto de 5 de agosto de 2011, bajo los siguientes argumentos: 1.- El recurso de apelación restringida se sustenta en la vulneración del principio de la verdad material reconocido en el art. 180  de la CPE, que implica defecto absoluto previsto en el art. 169. III; 2.- Se reclama también como defecto de Sentencia la valoración defectuosa de la prueba previsto en el art. 370 inc. 6); y 3.- Inadecuada fijación de la pena, como defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP.


II.2. Memorial que responde a apelación.


Mediante memorial de fecha 1 de agosto de 2011, los imputados Leocadio Arriola y Saul Arriola Isla, hacen una relación de los hechos, señalando que la declaración de la víctima resulta ser inconsistente en sus afirmaciones, respecto a la declaración de Santusa Canaza Quentasi señala que resulta creíble al tratarse de un relato neutral, en cuanto a las declaraciones de José Edson Ayala Lizarazu y Daniel Coro Cuiza, son contradictorias y que no aportaron nada para el esclarecimiento de los hechos, ratificando las declaraciones de los familiares de la víctima todas incongruentes que pretendieron construir en la mente del Tribunal una verdad muy ajena a la realidad; en cuanto a las declaraciones de los testigos de descargo, arguye que deberían tomarse en cuenta de los sres. Dilver Bozo Zamora y Doroteo Arriola.


La apelación restringida planteada por el querellado, responde en base a los siguientes fundamentos: refiere  que el recurrente pretende hacer ver que existió una manipulación abierta y descarada por parte del Presidente del Tribunal, aspecto que de ser cierto debía haberse denunciado en su debida oportunidad.


Refirió que el motivo de la agresión fue por haber declarado como testigo en el que el querellante salió perdidoso. Respecto a la ubicación del vehículo, éste se encontraba estacionado a pocos pasos de la Av. Sevilla sobre la Calle Smith, extremo que fue aseverado por tres testigos ajenos a las partes. Señaló que son siete los testigos que declararon estar en el lugar de los hechos, pero extrañamente ninguno acudió a socorrer a la supuesta víctima. Alegó que la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de juicio, es la correcta.


Finalmente, y luego de hacer una explicación doctrinal sobre la verdad material, refirió, en cuanto a la fijación de la pena, que la decisión del Tribunal de juicio está sustentada en el hecho demostrado por las declaraciones testificales de los tres testigos externos, absolviendo a quien no propinó ni un solo golpe y sancionando proporcionalmente a quien salió en defensa de un hijo, transcribiendo, además, jurisprudencia ordinaria y constitucional destinada a reforzar sus argumentos.


En un otrosí primero, dice acompañar prueba literal, consistente en: Sentencia 1 de 20 de marzo, dictada dentro de acción penal privada, Auto de audiencia pública de lectura de Sentencia de fecha 20 de marzo de 2010, querella criminal de 25 de marzo de 2010, Acta de denuncia de 20 de marzo de 2010, Acta de entrevista policial de 20 de marzo de 2010, acusación particular de 24 de noviembre de 2010, informe policial de 20 de marzo de 2010, certificación policial de 9 de noviembre de 2010, Certificado de 17 de septiembre de 2010, Resolución se sobreseimiento de 30 de septiembre de 2010 y croquis del lugar de los hechos.


II.3. Auto de Vista.


El recurso fue resuelto mediante el Auto de Vista 21 de 18 de agosto de 2011, que al resolver los motivos del recurso de apelación restringida, concluyó señalando: “El texto de la sentencia contiene una fundamentación “analítica, valoración la prueba”, en realidad fundamentación descriptiva, en esta parte el Tribunal transcribe de manera textual las respuestas de los deponentes sin consignar la preguntas, en vez de describir de manera sucinta y textual lo trascendental de las declaraciones; luego tiene una parte descriptiva, en realidad analítica porque valora los elementos probatorios ingresados a juicio. … ” (sic), que el Tribunal dio credibilidad a la declaración de los acusados, corroborada por los testigos Santusa Canaza, Cristina Conde, Dilver Bozo, José Edson Ayala y Daniel Coro, sin considerar las atestaciones de Primitiva Isla, Valentín Arriola, y Doroteo Mamani, por ser referenciales y la de los testigos de cargo por haber mentido en cuanto a su relación  de parentesco con el querellante. Refirió que examinada que fue la Sentencia, se advirtió que carece de estructura lógica y suficiente técnica argumentativa respecto a los hechos probados y la participación de los imputados por lo siguiente: a) El Tribunal de juicio se limitó a transcribir de manera textual las respuestas dadas por los testigos, sin describir los hechos relevantes sobre la materialidad del hecho y la participación de los imputados y de esta manera hacer comprensible la Sentencia; b) Falta  certeza objetiva, pues cada premisa debería estar sustentada con elementos probatorios; c) Que en materia penal no existe prueba tasada y al existir libertad probatoria pueden ser testigos tanto la víctima como sus parientes; d) La Sentencia tiene insuficiente valoración de la prueba; y e) La Sentencia debió ser más precisa estableciendo premisas fácticas que contradicen con los elementos probatorios valorados de manera integral, aclarando específicamente que dijeron y qué contradice con la acusación.


Respecto a la fijación de la pena, consideró que no existe agravio alguno. Concluyó señalando que no puede reparar directamente los agravios, al no tener facultades para revalorizar la prueba.


Con los argumentos transcritos ut supra, el Tribunal de alzada declaró procedente el recurso de apelación restringida y consecuentemente, anuló la Sentencia impugnada, ordenando el juicio en reenvío.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


Antes de realizar la labor de contraste encargada por el art. 419 del CPP; corresponde precisar que una de las funciones primordiales del recurso de casación es la de uniformar la jurisprudencia, la que debe ser acatada y cumplida por los Jueces y Tribunales, cuyos fallos serán revisados por el Tribunal de casación, quien verificará si éstos no se apartaron del entendimiento establecido en los precedentes pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia y del Tribunal Supremo de Justicia.


En el presente caso, se procederá a verificar si el Auto de Vista impugnado es contradictorio a la doctrina legal establecida en los Autos Supremos 333/2011 de 9 de junio, 25/2010 de 4 de febrero y 512/2006 de 16 de noviembre, considerando que las denuncias de los recurrentes refieren que el Tribunal de alzada no fundamentó debidamente la anulación de la Sentencia y que la insuficiente estructura lógica de la misma podía ser corregida por el Tribunal de apelación para no disponer el juicio en reenvío, de igual manera tampoco valoró ni hizo mención la prueba ofrecida en el memorial de “responde”.


III. 1. De los precedentes contradictorios invocados.


III.1.1. Para la falta de fundamentación del Auto de Vista.

Los recurrentes, invocan el Auto Supremo 333 de 9 de junio de 2011, cuya doctrina legal aplicable establece lo siguiente:en mérito a lo previsto por los artículos 396 inciso 3) y 398 del Código de Procedimiento Penal; el Tribunal de Segunda instancia está en la obligación de adecuar las resoluciones que dicte a los puntos apelados por las partes, y a los aspectos cuestionados de la Resolución apelada. Caso contrario, se estarían resolviendo aspectos fuera del contexto legal y de los puntos impugnados. Exceptuando los casos de vulneración de derecho fundamental defectos absolutos, en los cuales puede pronunciarse de oficio. Debiendo realizar un análisis pormenorizado de todo lo obrado y en caso de no ser ciertas las aseveraciones de las partes confirmar la Sentencia, corrigiendo los errores de derecho como se tiene referido precedentemente. Más aún cuando el art. 414 del Código de Procedimiento Penal, dispone que los errores de derecho que en la fundamentación de la resolución impugnada, que no hayan influido en la parte dispositiva, no la anularán, pero serán corregidos en la nueva Sentencia, así como los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición o el cómputo de las penas. Asimismo le faculta al Tribunal de alzada a realizar una fundamentación complementaria, sin anular obrados ni revalorizar la prueba”.


Invocan también el Auto Supremo 25 de 4 de febrero de 2010, que establece la siguiente doctrina legal: “Que la apelación restringida, como medio legal permite impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en lo que se hubiese incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia, no es el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho, actividad reservada a los Jueces o Tribunales de Sentencia, bajo los principios de concentración, inmediatez y congruencia, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley, por tal situación, el sistema procesal no admite la doble instancia, estando limitado el accionar del Tribunal de Apelación para anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación o cuando la nulidad sea parcial, se indicara el objeto concreto del nuevo juicio y finalmente cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no sea necesaria la realización de un nuevo juicio, puede resolver directamente, en ese sentido, las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio, por tal razón es un deber del Tribunal de alzada y de Casación observar los errores de procedimiento cometidos en la sustanciación del juicio, que constituyan defectos absolutos (artículo 169 del Código de Procedimiento Penal), que atenten los derechos fundamentales, debiendo ser corregidos de oficio, conforme ordena el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, facultad que está restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos absolutos que determinen nulidad, considerándose entre los defectos de la sentencia o resolución superior (artículo 370 del Código Adjetivo Penal), la omisión de la fundamentación, que no puede ser obviada o reemplazada por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes, tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva.


Que el juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, en ese sentido, las partes asumen el rol protagónico de someterse a las reglas del debido proceso en igualdad de condiciones, por tal circunstancia, los Jueces y Tribunales de Sentencia, deberán emitir los fallos en forma fundamentada consignando todas y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con una análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporadas legalmente al proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión en defectos de sentencia insubsanables al tenor del articulo 370 numerales 3) y 5) del Código de Procedimiento Penal, por lo que en esos casos corresponde aplicar el primer párrafo del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal


Que el derecho a la defensa y a las garantías constitucionales están consagrados en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros, en ese sentido, la víctima de crímenes, también goza de derechos fundamentales como el derecho a la dignidad humana y a la protección de la honra, el derecho a la integridad física, psicológica, moral como a la protección especial a la niñez, todos consagrados por la Convención Americana en los artículos 5, 11 y 19, por tal razón la normativa nacional e internacional permite la protección especial para las víctimas de agresiones sexuales, constituyendo un crimen tan horrendo y grave como el asesinato, siendo sus consecuencias distintas a las de los otros crímenes, en ese orden, en la mayoría de los casos deja secuelas y daños irreversibles, más aún tratándose de una niña de 3 años de edad, en ese contexto, resulta inhumano brindar testimonio sobre la violación sexual frente al violador, significando para la menor una doble victimación, en la medida en que la sola presencia del violador reproducirá los traumas provocados en el acto criminal, prolongando el sufrimiento y dolor, más aún, tratándose de su padre, en el caso de autos, al excluir la declaración de la testigo María René Vaca de lo expresado por la menor (víctima), fue vulnerado el derecho a la defensa y al debido proceso, porque se incumplió con la ley, al no valorarla, conforme a la sana critica, situación que debió ser advertida por el Tribunal de alzada y no limitarse a expresar en forma textual en el CONSIDERANDO II, Parágrafo II.4.- "...Se advierte que, se consideró y valoró toda la prueba de cargo como de descargo a excepción de la declaración de la víctima que fue excluida...", por tal circunstancia debió disponer la anulación de la sentencia, así como el reenvió a otro Tribunal ante la existencia de violación a derechos fundamentales, determinando la existencia de un defecto absoluto conforme a lo establecido en el artículo 169 numeral 3) del Código de Procedimiento Penal, por lo que regularizando el procedimiento corresponde la aplicación del artículo 419 del Código Adjetivo Penal, dejando sin efecto el Auto de Vista A.V/A.R.47/2007 de 27 de septiembre de 2007, emitido por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija (fojas 311 a 312), para que las omisiones observadas sean subsanadas de acuerdo a la Doctrina Legal Aplicable”.


III.1.2. Para la falta de valoración de la prueba ofrecida en el “responde”.


Invocan el Auto Supremo 512 de 16 de noviembre de 2006, que establece: que el Tribunal de Apelación tiene competencia para aceptar prueba ofrecida y dilucidar defectos de forma o de procedimiento, la producción de la prueba se realizará con las reglas del juicio oral y contradictorio, valorará sólo la prueba o testigos ofrecidos; empero, carece de competencia para aceptar y valorar prueba referida al objeto del proceso penal.


Que los actos formales como la notificación con la imputación al encausado en su domicilio, que con anterioridad fue notificado personalmente para que preste su declaración informativa, no devienen en nulidad, si el encausado elude prestar su declaración informativa y entra a un estado de indefensión en forma voluntaria.”


La doctrina legal establecida en el precedente invocado, fue emitida dentro de proceso penal seguido por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, en cuyo recurso de casación se reclamó que el Tribunal de alzada sólo valoró prueba testifical aceptada y no la producida en el juicio oral, infringiendo los principios de igualdad, sana crítica y valoración integral de la prueba, y que no tiene facultad de revisar cuestiones de hechos que son verificables en el juicio oral y público, por lo que, transgredió la previsión del art. 410 del CPP, al admitir la producción de la prueba en segunda instancia, tendiente a modificar o corregir supuestos errores de fondo, cuando la norma establece que sólo se producirá prueba en segunda instancia cuando el defecto se funde en un defecto de forma o procedimiento. Reclamaron también que no se puede invocar violación al debido proceso cuando la supuesta negligencia nace de la propia negligencia del recurrente, y que el Tribunal de alzada hizo una equivocada valoración de la prueba en segunda instancia. El Tribunal de casación dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, con el fundamento de que en segunda instancia carece de competencia para aceptar y valorar prueba referida al objeto del proceso penal y que los actos formales como la notificación con la imputación, si anteriormente fue notificado personalmente para que preste su declaración informativa, no devienen en nulidad. De lo expuesto, se advierte que al existir problemática similar a la del presente caso, corresponde realizar la labor de contraste para verificar si es evidente que el Auto de Vista impugnado emitió su Resolución de forma contraria a la doctrina establecida en el precedente.


III.2. Análisis del caso concreto.


III.2.1. Con relación a la denuncia de falta de fundamentación del Auto de Vista.


Los recurrentes impugnando el Auto de Vista 21/2011, denuncian falta de fundamentación, argumentando que al disponer la nulidad de la Sentencia por insuficiente estructura lógica, el Tribunal de alzada no explicó por qué llegó a esa conclusión, es decir, no señalaron los motivos de hecho y derecho sobre los cuales fundaron su decisión; y que este aspecto podía ser corregido por el propio Tribunal para no disponer el reenvío.


Para este específico particular, el recurrente invocó los Autos Supremos 333/2011 de 9 de junio y 25/2010 de 4 de febrero, al respecto, el primero fue emitido dentro de un proceso penal seguido por el delito de Homicidio en Grado de Tentativa y Lesiones Gravísimas, en el que se declaró autor y culpable al imputado, debido a ello, la Sentencia fue recurrida de apelación restringida por ambas partes, emitiéndose Auto de Vista que declaró procedente en parte la apelación del querellante, disponiendo el reenvío de la causa. Dicho fallo fue recurrido de casación, arguyendo vulneración al principio de inmediación por revisar el hecho y otorgarle un cauce de razonamiento, concluyendo que el Tribunal de juicio no compulsó la prueba de manera completa, sino sesgada y que no podía alegarse como fundamento de nulidad una eventual subsunción del tipo penal basados sólo en apreciaciones contenidas en el recurso de apelación restringida, y menos aún cuando no se demostró la intencionalidad de pretender provocar la muerte de la víctima ni en el juicio oral, ni en el Tribunal de alzada, sin revalorizar la prueba. El Tribunal de casación advirtió que los fundamentos de la Sentencia no eran suficientes para imponer una condena por el delito de Lesiones Gravísimas y tampoco concurrían elementos suficientes como para disponer la nulidad de la Sentencia y realizar el juicio en reenvío, toda vez que el Tribunal de alzada podía resolver directamente sin que ello implique revalorización de la prueba, dejando en consecuencia sin efecto el Auto de Vista impugnado. De lo expuesto, se advierte que el precedente invocado no tiene situación de hecho o problemática similar, pues el motivo en el que se lo invoca es por falta de fundamentación del Auto de Vista, por lo que no corresponde ser analizado en la labor de contraste.


En el caso del Auto Supremo 25 de 4 de febrero de 2010, éste fue emitido dentro de proceso penal seguido por el delito de Violación a Menor, en el que se confirmó la Sentencia absolutoria a favor del imputado y en casación se reclamó, entre otros motivos, la violación al principio de la debida fundamentación y motivación de la decisión judicial, por lo que al existir situación de hecho similar, corresponde realizar la labor de contraste para comprobar la contradicción en la que habría incurrido el Auto de Vista impugnado con la doctrina legal establecida en el precedente. 


Acudiendo a la línea de doctrina legal aplicable estimada por el Auto Supremo ante referido, es evidente la consideración de existencia de defecto absoluto por falta de fundamentación del Auto de Vista; de ello es conveniente indicar que de la estructura procesal penal asumida por el Estado boliviano, el deber de motivación y fundamentación de las decisiones judiciales, adquiere vital trascendencia por ser la materialización de un mandato otorgado por el pueblo como potestad de impartir justicia a las jurisdicciones reconocidas en el territorio del Estado, cual se lee del art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y el art. 11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); tal perspectiva, se vislumbra en un doble plano, una vista del Estado, dónde las decisiones judiciales son el medio más apto para transmitir a la sociedad los mensajes institucionales acerca de las
valoraciones sociales reconocidas en la ley; y la segunda desde el punto de vista de los justiciables vinculado con la función garantista del proceso, es decir, el interés de las partes en un juicio justo realizado por un Tribunal independiente e imparcial.


Por ello, las resoluciones judiciales, como expresión tanto de la voluntad del Juez como la expresión de un mandato soberano, deben ser el resultado de un razonamiento explicitado y verificable, a ello alude el art. 124 del CPP, que consagra, la necesidad de fundamentar los fallos a partir de la exigencia de plantear las consideraciones de hecho y de derecho que sostienen lo decidido. La argumentación y estructura de las decisiones judiciales implica una construcción basada en consensos racionales, un método a través del cual se procura, mediante la objetividad hermenéutica, un resultado razonable y aceptable de la contienda procesal, donde se facilite la identificación de cuáles fueron las motivaciones externas, y en lo posible internas, que llevaron al que juzga a asumir, la solución y decisión arribada. Una arquitectura puramente técnica, plagada de rebuscamientos técnicos y con retórica innecesaria, no lograría el fin de impartir justicia a las partes en eventual disputa o bien denotaría insuficiencia real y evidente en ese cometido; esta circunstancia se hace más evidente cuando en las sentencias se usa un mayor volumen de contenidos supuestamente técnicos, se emplean lenguajes esotéricos y extravagantes, y se sofistica la comunicación de tal manera que se excluye la propia comprensión de los motivos de las decisiones.


Ahora bien, cuando se plantea la violación del debido proceso por falta de motivación en los fallos, y consecuente, existencia de defecto absoluto en el proceso, es necesario demostrar que los fundamentos y alcances de la decisión cuestionada son incomprensibles, por: i) La ausencia absoluta de motivación, situación que concurre cuando no son expresados en ella los fundamentos de hecho y derecho en las que se apoyan; ii) Una motivación deficiente, incompleta o sesgada, que se presenta cuando se deja de analizar aspectos de relevancia en el proceso, o se los analiza en forma precaria o parcial; iii) Una motivación ambivalente, que se presenta cuando los argumentos expuestos en ella son conducentes al absurdo o contradictorios entre sí; iv) Incomprensión del contenido del texto por el empleo de palabras o frases que no pueden ser entendidas o por la existencia de omisiones que originan juicios que manifiestan duda y que esta incomprensión esté relacionada con los elementos que determinan la calificación jurídica de los hechos.


Este Tribunal Supremo, en forma continua y coherente, ha manifestado criterios sobre la falta de fundamentación de las decisiones judiciales, en sentido de que constituye una vulneración al principio y garantía del debido proceso; así esta Sala a través del Auto Supremo 319/2012-RRC de 4 de diciembre, ha opinado: "La Constitución Política del Estado (CPE) reconoce y garantiza los derechos: del debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I y, de la publicidad en sus arts. 178.I y 180.I; siendo así que, la garantía del debido proceso contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP y cuya inobservancia constituye defecto absoluto conforme el art. 370 inc. 5) del CPP".


Contextualizando el presente punto, de la revisión de los antecedentes venidos en casación, se desprende que el Auto de Vista 21 de 18 de agosto de 2011, resolvió la apelación restringida formulada por el acusador particular; quién pretendió dejar sin efecto la Sentencia absolutoria a favor de Saúl Arriola Isla y elevar la pena impuesta a Leocadio Arriola Mamani, argumentando violación al principio de verdad material, defectuosa valoración de la prueba e inadecuada fijación de la pena; con los siguientes fundamentos: primeramente realiza una transcripción de los fundamentos correspondientes a la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio y  a los Autos Supremos 91/2006 de 28 de marzo y 317 de 13 de junio de 2003, referidos a la inobservancia o errónea aplicación de la ley, la valoración de los hechos y la prueba, y al recurso de apelación restringida respectivamente, para luego señalar que, de la revisión de la Sentencia, se advertía que ésta carece de una estructura lógica y de la suficiente técnica argumentativa por cuanto en la descripción de la prueba testifical obvió su tarea de describir los hechos relevantes sobre la materialidad del hecho y la participación de los imputados, las premisas de la fundamentación analítica no fueron sustentadas con elementos probatorios, correspondía valorar las declaraciones de los testigos de cargo, en virtud, a la libertad probatoria pese a que eran parientes de la víctima, en consecuencia, no existe suficiente valoración de la prueba, pues debía aclarar específicamente qué fue lo que dijeron los testigos que contradijo la acusación y que en el caso presente, el Tribunal no podía reparar directamente dichos agravios, porque no tenía facultades para revalorizar la prueba. Respecto a la fijación de la pena, se limitó a señalar que no existe agravio, al basarse su decisión en los arts. 37, 38 y 40, sin precisar siquiera la norma jurídica a la que pertenecen dichos artículos.


Ahora bien, el artículo 413 del CPP señala: "Artículo 413º.- (Resolución del recurso). Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, el tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal. Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio. Cuando el recurso haya sido interpuesto sólo por el imputado o, en su favor, en el juicio de reenvío no se podrá imponer una sanción más grave que la impuesta en la sentencia anulada, ni desconocer los beneficios que en ésta se hayan otorgado. Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente."


De lo anterior se concluye, en primer término, que la facultad del Tribunal de ordenar la reposición del juicio está sujeta a una condición suspensiva cual es "la imposibilidad de reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación", de ello surge la obligación del Tribunal de motivar su decisión de ordenar un reenvío, exponiendo las razones de hecho y derecho que le hicieron concluir en la imposibilidad de reparar directamente la mentada inobservancia o errónea aplicación de la ley, dado que la propia ley no deja librada a la discrecionalidad del juzgador el ejercicio de tal facultad. 


En el caso, el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución conforme al artículo 413 del CPP, debió exponer las razones por las que consideró que el defecto era imposible de repararse directamente y evitar la realización de un nuevo juicio toda vez que la ley le faculta resolver de manera directa, debiendo ser la nulidad el último recurso. Contrario a ello, se advierte que aplicó lo señalado en el párrafo primero del artículo 413 de la norma adjetiva penal, limitándose a sostener que no podía reparar directamente los agravios, lo que constituiría defecto absoluto inserto en el artículo 169 inc. 3) del CPP, omitiendo explicar las razones y exponer de forma razonable por qué consideró imposible reparar directamente tales defectos, a cuyo efecto estaba obligado también a identificar qué derechos y garantías consideró vulnerados, así como el agravio al que se refiere el artículo 167 del CPP, vinculado precisamente al principio de trascendencia que obliga al juzgador analizar si la lesión tiene relevancia constitucional, es decir, si la infracción procedimental dio lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados.


Verificada la denuncia de defecto absoluto por falta de fundamentación, se concluye que los argumentos del Tribunal de alzada son insuficientes y resultan violatorios de lo establecido por el artículo 124 del CPP, toda vez que de manera tenue pretendió justificar la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio exponiendo escasos fundamentos de hecho pero no así de derecho, aspecto que es considerado por este máximo Tribunal de Justicia, como un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, dejando en estado de indefensión al recurrente, así como contradictorio a la doctrina legal establecida en el precedente invocado. Por lo expuesto, este motivo deviene en fundado.


III.2.2. Con relación a la falta de valoración de la prueba ofrecida en el memorial que responde a la apelación.


Los recurrentes reclaman que no se valoró ni se mencionó por el Tribunal de alzada, sobre la prueba ofrecida en el memorial de contestación al recurso de apelación restringida planteado por el acusador particular.


A los fines de abordar esta temática, es menester señalar previamente que en la doctrina como fundamento jurídico de los medios de impugnación, se reconocen a los vicios del proceso conocidos como vitium in procedendo; además, de los vicios en el juicio, denominados como vitium in iudicando. En el caso de los primeros, no se impugna la resolución como materialmente injusta, sino se alega que dicha resolución es el resultado de un procedimiento irregular que vicia el origen o la forma de resolución, sea por el exceso de poder o por la inobservancia de las normas procesales, por ello se sostiene que en estos vicios, se está ante la “carencia de fundamento material”; en tanto, que en los segundos, no se censura la resolución bajo un aspecto del derecho procesal, sino que se la considera materialmente injusta con relación al derecho sustancial; es decir, es propio y característica de la resolución y no de los actos anteriores que de ella deriva, por esta razón se sostiene que se está ante la “carencia de un presupuesto de calidad”.


Efectuada la anterior precisión, también resulta necesario definir el alcance del art. 410 del CPP, que prevé: “Cuando el recurso se fundamente en un defecto de forma o de procedimiento se podrá acompañar y ofrecer prueba con ese objeto. La prueba se ofrecerá al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él. Se aplicaran las normas previstas para la producción de prueba en el recurso de apelación incidental”. (El subrayado es propio). 


De lo señalado, se establece que el art. 410 del CPP, está dirigido exclusivamente al ofrecimiento de prueba, cuando se argumenta un defecto de procedimiento o de forma, más no así para sostener argumentos relativos a los hechos juzgados que se constituyen en el objeto del juicio, conforme lo entendió el Auto Supremo 512 de 16 de noviembre de 2006 al manifestar que: “(…) el tribunal de apelación tiene competencia para aceptar prueba ofrecida y dilucidar defectos de forma o de procedimiento, la producción de la prueba se realizará con las reglas del juicio oral y contradictorio, valorará sólo la prueba o testigos ofrecidos; empero, carece de competencia para aceptar y valorar prueba referida al objeto del proceso penal”, entendimiento que guarda coherencia con el principio de que la valoración probatoria relativa a los hechos, constituye una facultad privativa del Juez o Tribunal de mérito, tal como lo precisó el Auto Supremo 524 de 17 de noviembre de 2006 al señalar: “que de acuerdo a la uniforme línea jurisprudencial definida por éste Tribunal de Alzada se encuentran impedidos de valorar la prueba, puesto que por mandato imperativo de la ley, es facultad privativa del Juez o Tribunal de Sentencia hacerlo, porque estos perciben, interpretan y comprenden como se producen las pruebas en el fragor de la contradicción de las partes”, motivo por el cual la misma Resolución destacó: “De conformidad al mandato del artículo 410 del Código de Procedimiento Penal, ´cuando el recurso se fundamente en un defecto de forma o de procedimiento, se podrá acompañar y ofrecer prueba con ese objeto la misma deberá ser producida y judicializada aplicándose las normas previstas para la producción de prueba en el recurso de apelación incidental´ y las reglas previstas para el juicio oral, teniendo la obligación el Tribunal de apelación, resolver de conformidad a lo dispuesto en el artículo 413 del Procedimiento Penal”.


En el mismo sentido, se pronunció la Sentencia Constitucional 1811/2003-R de 5 de diciembre, que sobre la temática abordada precisó lo siguiente: “ (…) si bien es cierto, que el recurrente tiene derecho de ofrecer prueba en grado de apelación; empero, esta prueba únicamente puede ser producida para acreditar defectos de procedimiento y de ninguna manera para acreditar o desvirtuar los hechos juzgados, en razón de que en el nuevo sistema de impugnación, el tribunal se limita a revisar el juicio de derecho y por lo mismo, desaparece la posibilidad de la doble instancia que permita al Tribunal de Apelación , ingresar a considerar los hechos debatidos en el juicio oral y público, y menos, admitir o incorporar prueba encaminada a demostrar o desvirtuar los hechos que fueron objeto del debate”.


Ahora bien, como se expuso precedentemente, el ofrecimiento de prueba está limitada a demostrar un defecto de forma o procedimiento en que hubiere incurrido del Juez o Tribunal de Sentencia, siendo facultad del Tribunal de alzada considerar la pertinencia o no de las pruebas presentadas, si las mismas se enmarcaban dentro de los límites de su ofrecimiento previstos por el referido art. 410 del CPP; es decir, si en el recurso se denuncia un defecto de forma o procedimiento teniendo el Tribunal de alzada la discrecionalidad de admitir o rechazar la prueba ofrecida y, si decide prescindir de ella deberá motivar su determinación en la audiencia de fundamentación; por ello, es de trascendental importancia que el apelante señale de manera concreta e individual cada prueba y el defecto procedimental en concreto que pretende probar; asimismo, corresponderá llevar el trámite de las pruebas de conformidad a los criterios contenidos en el art. 171 del CPP, conforme prevé el art. 412 de la citada norma.


De la revisión de los antecedentes procesales, se verifica que el impetrante ofreció y acompañó prueba junto a su memorial de contestación a la apelación restringida interpuesta por el querellante (fs. 154 a 168 vta.); sin siquiera establecer qué era lo que pretendía acreditar con la misma, y en su caso a cuál de los defectos procedimentales denunciados por el apelante estaba relacionada, tampoco refirió si esta prueba se encontraba amparada en la previsión del art. 410 del CPP, limitándose únicamente a señalar que “Para el fin impetrado, acompaño como prueba literal las siguientes …” (sic), entiéndase que era para confirmar la Sentencia impugnada por el apelante,  por lo que el Tribunal de Alzada, no se encontraba en obligación alguna de valorar dicha prueba. En consecuencia, el Auto de Vista no contradice la doctrina legal establecida en el precedente invocado, por lo que este motivo deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Leocadio Arriola Mamani y Saúl Arriola Isla, con los fundamentos expuestos precedentemente; y, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 21/2011 de 18 de agosto, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus presidentes, pongan en conocimiento de los jueces en materia penal de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA