TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 806/2015-RRC-L

Sucre, 06 de noviembre de 2015


Expediente

:

Potosí 19/2011

Parte Acusadora

:

Ministerio Público y otro

Parte Imputada

:

Javier Isidoro Menacho Ayarachi

Delito

:

Incendio

Magistrada Relatora 

:

Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de mayo de 2011, cursante de fs. 121 a 129 vta., Javier Isidoro Menacho Ayarachi, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 16/2011 de 7 de mayo, de fs. 109 a 111 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Juan Marcos Durán Gonzales contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Incendio, previsto y sancionado por el art. 206 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   En mérito a la acusación pública, una vez concluida la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, por Sentencia 2/2011 de 25 de enero (fs. 65 a 71), que declaró a Javier Isidoro Menacho Ayarachi, absuelto de culpa y pena por la presunta comisión del delito de Incendio, previsto y sancionado por el art. 206 del CP; en consecuencia, se dejó sin efecto las medidas que se le impusieron. Existió dos votos disidentes de los jueces técnicos.


b)  Contra la mencionada Sentencia, Juan Marcos Durán Gonzales interpuso recurso de apelación restringida (fs. 80 a 82), resuelto por el Auto de Vista 16/2011 de 7 de mayo (fs. 109 a 111 vta.), emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que anuló totalmente la Sentencia absolutoria y dispuso la reposición del juicio mediante reenvío ante el Tribunal de Sentencia Primero de la Capital, dando lugar al presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 660/2015-RA-L de 18 de septiembre, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


El recurrente denunció que el Tribunal de alzada no realizó una correcta labor al analizar sobre la valoración de los hechos y de la prueba, siendo que esta sería atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia aspecto que el Auto de Vista hubiere infringido debido a que señaló que los jueces ciudadanos no realizaron una valoración correcta de todas las pruebas literales, de cómo era el campamento, cómo quedó después del incendio, se refirió al certificado médico forense entre otras pruebas. Con relación a lo señalado invocó como precedentes contradictorios los Autos Supremos 151 de 2 de febrero de 2007 y 196 de 3 de junio de 2005.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita que el Tribunal Supremo de Justicia, al advertir flagrante violación a los derechos y garantías constitucionales, errores in  iudicando e in procedendo insubsanables, anule totalmente el Auto de Vista y confirme la Sentencia.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 660/2015-RA-L de 18 de septiembre, de fs. 137 a 139 vta., este Tribunal admitió el segundo motivo del recurso de casación para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.De la Sentencia.


El Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, pronunció Sentencia absolutoria a favor del imputado Javier Isidoro Menacho Ayarachi, con base a los siguientes argumentos: i) El 18 de marzo de 2009, aproximadamente a los dos de la madrugada se produjo un incendio en el campamento de Qaquena Baja correspondiente al Municipio de Tinquipaya el que era ocupado por la empresa constructora “Marcos Construcciones y Duran Gonzales Consultor” de propiedad de Juan Marcos Duran Gonzales, en el lugar existía combustible; es decir, material inflamable; ii) El incendió provocó la destrucción de todo el campamento, y a consecuencia, del mismo el imputado Javier Isidoro Menacho Ayarachi, presumiblemente en estado de ebriedad, resultó con quemaduras en sus extremidades superiores e inferiores, por cuya razón, tuvo que ser llevado al Hospital Bracamonte de la ciudad de Potosí para que reciba atención medica; y, iii) No se demostró con certeza que el imputado hubiese sido el causante del incendio ocasionado en el campamento referido; es decir, no se acreditó su participación y autoría en el hecho, conclusiones a las que arribaron los Jueces Ciudadanos. Por otra parte, los Jueces Técnicos fueron de voto disidente, con el argumento de que el imputado sería el autor y el causante del incendio por cuanto se encontraba en estado de ebriedad, aspecto que infirieron por la declaración del auxiliar de enfermería del Hospital Bracamente Wilson Colque Muruchi, quien manifestó que al imputado no se le administraron analgésicos por su estado de ebriedad y por los testigos Rolando Alejo Choque y Efraín Huanca Puma, quienes manifestaron haber visto en el lugar del incendio al imputado Javier Isidoro Menacho Ayarachi,  que se encontraba con tufo o aliento alcohólico; finalmente, que el accionar del imputado en el hecho se produjo con dolo eventual.


II.2.Del recurso de apelación restringida del acusador particular.


El acusador particular Juan Marcos Duran Gonzales, por memorial de fs. 80 a 82, formuló recurso de apelación restringida conforme los argumentos siguientes: a) Denunció violación de derechos y garantías previstos en los arts. 167, 169 incs. 3) y 4), 79, 341 del CPP y arts. 6, 7, 32 y 34 de la Constitución Política del Estado (CPE), denunciando que no se le dejó participar en el juicio oral en su condición de víctima porque no hubo presentado acusación particular, si bien no utilizó el término “adhesión” a la acusación pública expresó “ratificación y propugnación”; sin embargo, el Tribunal no le permitió intervenir a excepción de la disidencia de una Juez Técnico; b) Defectuosa valoración de la prueba, defecto de Sentencia incurso en el art. 370 incs. 1) y 6) del CPP, refiriendo que los Jueces Ciudadanos no examinaron la prueba dentro del marco señalado por el art. 173 del CPP, porque el imputado después del incendió se encontraba nervioso y en estado de ebriedad, si bien, los testigos no señalaron que fue él la persona que ocasionó el incendio, era el único que se encontraba en el lugar con evidencias de haber consumido bebidas alcohólicas; e, c) Inobservancia de las reglas relativas a la incongruencia entre la Sentencia y el Auto de apertura de juicio por vulneración de los arts. 169 incs. 3) y 4), 359 inc. 2), 360 incs. 2), 3) y 4), 370 incs. 1), 3), 6) y 11) del CPP, debido a que el Tribunal de Sentencia omitió pronunciarse respecto al delito previsto en el art. 208 del CP (Peligro de Estrago), constituyendo defecto absoluto que posibilita la nulidad de la Sentencia.    


II.3.Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, mediante Auto de Vista 16/2011 de 7 de mayo, anuló totalmente la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por el Tribunal de Sentencia Primero de la Capital, con los siguientes fundamentos vinculados al recurso de casación: respondiendo al agravio de defectuosa valoración de la prueba, expresó que los Jueces ciudadanos no realizaron una valoración correcta de todas las pruebas literales, cita el muestrario fotográfico que demostró cómo era el campamento y cómo quedó después del incendio, el certificado médico que señaló que el imputado al momento de ser revisado luego del hecho se encontraba en estado de ebriedad, asustado, motivo por el cual, no se le pudo administrar analgésicos; asimismo, fotografías que demuestran que existió pérdidas materiales después del incendio; agrega que, no se tomó en cuenta las testificales producidas ya que la mayoría de los testigos trabajadores del lugar refirieron que estaba prohibido consumir bebidas alcohólicas en el trabajo, que los trabajadores no dormían con mechero y que el imputado se encontraba con aliento alcohólico, violándose los principios establecidos en los arts. 171 y 173 del CPP, además, de los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso.


III. VERIFICACIÓN DE LA CONTRADICCIÓN EXISTENTE ENTRE LOS PRECEDENTES INVOCADOS Y EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO


El recurrente denunció que el Tribunal de alzada, no realizó una correcta labor al analizar sobre la valoración de los hechos y de la prueba, siendo que esta sería atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia, aspecto que el Auto de Vista hubiera infringido debido a que señaló que los jueces ciudadanos no realizaron una valoración correcta de todas las pruebas literales, de cómo era el campamento, cómo quedó después del incendio, se refirió al certificado médico forense entre otras pruebas.


III.1. De los precedentes contradictorios.


El recurrente invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 151 de 2 de febrero de 2007, emergente del delito de Hurto, en el caso, el imputado fue absuelto inicialmente; sin embargo, recurrida la Sentencia en apelación restringida, el Tribunal de alzada lo condenó, en casación denunció que el Auto de Vista carecía de fundamentación por no cumplir con el art. 124 del CPP, en el análisis del recurso se evidenció que el Tribunal de apelación valoró la prueba y las cuestiones de hecho sin fundamento alguno vulnerando el principio de la seguridad jurídica, la ex Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el fallo recurrido y emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Que con el nuevo sistema procesal penal garantiza la valoración de la prueba y las cuestiones de hecho son de exclusiva competencia del Juez o Tribunal de Sentencia, además toda resolución dictada por el Tribunal de Alzada debe fundamentarse; dentro del subsistema de recursos penales no existe doble instancia de manera que el Tribunal de Apelación conoce solo asuntos de puro derecho; asimismo deberá observar los defectos absolutos para reparar los derechos y garantías constitucionales vulnerados...”


Por otra parte, citó el Auto Supremo 196 de 3 de junio de 2005, que deviene del juzgamiento del delito de Lesiones Leves, en Sentencia fue condenado a pena de privación de libertad; sin embargo, el Tribunal de alzada en apelación restringida dispuso su absolución, en casación se denunció que se vulneró el instituto de la valoración de la prueba previstos en los arts. 173 y 194 del CPP, la extinta Corte Suprema de Justicia determinó la siguiente doctrina legal aplicable: “Que, la facultad de valorar la prueba corresponde con exclusividad al Juez o Tribunal de Sentencia, quien al dirigir el juicio oral y recibir la prueba, adquiere convicción a través de la apreciación de los elementos y medios de prueba; convicción que se traduce en el fundamento de la sentencia que lleva el sello de la coherencia y las reglas de la lógica; consiguientemente, el Tribunal de Alzada en caso de revalorizar la prueba, dicho acto convierte en defecto absoluto contemplado en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal; por haber aplicado el artículo 173 contradiciendo al Auto de Vista Nº 45 de 7 de septiembre de 2004 pronunciado por la Sala Penal Segunda del mismo Distrito Judicial; situación que además contradice la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal de Casación; donde se indica que el Juez o Tribunal de Sentencia tiene la facultad de valorar la prueba y no así el Tribunal de apelación como ocurrió en el sub lite.


Que la Sala Penal Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí debe especificar con claridad el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica, vale decir que, en el fundamento y justificación de la valoración de la prueba no concurrieron la ciencia, experiencia y las reglas de la lógica que hacen que dicha valoración sea o no convincente para el Juez Segundo
de Sentencia; previa a esta actuación debe cumplir con los presupuestos que rigen en los artículos 398 y 399 del Código de Procedimiento Penal”.


III.2. Análisis del motivo de casación.


En cuanto al motivo en cuestión, si bien los Jueces y Tribunales de Sentencia tienen la facultad exclusiva de valorar la prueba en virtud a los principios de inmediación y contradicción, este aspecto no es necesariamente absoluto, sino puede ser objeto de control por parte del Tribunal de alzada; es decir, a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida debe ejercer el control de logicidad respecto a si el Tribunal de juicio valoró la prueba conforme a las reglas de la sana crítica (lógica, experiencia y psicología); en el caso, el Tribunal de alzada conforme se anotó en el acápite II.3 de la presente Resolución, de manera acertada expresó que los Jueces Ciudadanos no realizaron una valoración correcta de la prueba incorporada al juicio oral, así con relación a la prueba literal señaló que no se valoró adecuadamente el muestrario fotográfico que demostró cómo era el campamento y cómo quedó después del incendio y las pérdidas materiales, el certificado médico que acreditó que el imputado al momento de su revisión en el hospital se encontraba en estado de ebriedad, asustado, por cuya razón, no se le suministró analgésicos; en cuanto a la prueba testifical, refirió que la mayoría de los testigos trabajadores del lugar expresaron que estaba prohibido consumir bebidas alcohólicas en el trabajo, que los trabajadores no dormían con mechero y que el imputado se encontraba con aliento alcohólico, aspectos que les llevó a la conclusión de que el Tribunal de Sentencia vulneró los principios establecidos en los arts. 171 y 173 del CPP, además, de los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso.


Ahora bien, la fundamentación que expuso el Tribunal de alzada, de ninguna manera implica que hubiese vulnerado la facultad de valoración de la prueba que tiene el Tribunal de instancia o en su caso, hubiese revalorizado la prueba, pues no le otorga ningún valor distinto al expresado en la Sentencia, sino más bien, la Resolución ahora impugnada está ajustada a derecho, habiendo actuado con objetividad y en el marco de la competencia que la ley le faculta, ejerciendo el control en la labor de valoración de la prueba que hubo efectuado el Tribunal de Sentencia, así constato que el Juez a quo no ajusto su proceder a las reglas de la sana critica; sobre esta temática, el Auto Supremo 11/2013 de 6 de febrero, expresó el siguiente entendimiento: “El art. 115 de la CPE, reconoce el derecho del debido proceso y el acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, garantizando el Estado el derecho al debido proceso; estos derechos, considerados como la garantía de un procedimiento legal en resguardo de los derechos de las personas en el curso de un proceso judicial, así como el que tiene toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; son reconocidos por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8 y 11; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8; y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14.


El Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber de ejercer el control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y que se halle debidamente fundamentada; sin embargo, esto no supone un reconocimiento a la posibilidad de que aquel Tribunal pueda ingresar a una nueva valoración y en consecuencia cambiar la situación jurídica del imputado, de absuelto a condenado o viceversa; por cuanto se desconocería los principios rectores de inmediación y contradicción que rigen la sustanciación del juicio penal, incurriendo en un defecto absoluto no susceptible de convalidación emergente de la vulneración de los derechos a la defensa, al debido proceso y de acceso a la justicia; debiendo reiterarse que si bien el art. 413 in fine del CPP, establece que: Cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente, el alcance de la referida disposición legal, no otorga facultad al Tribunal de apelación de hacerlo respecto a temas relativos a la relación de los hechos o a la valoración de la prueba, que al estar sujetos a los principios citados de inmediación y contradicción, propios del sistema procesal acusatorio vigente en el Estado Boliviano, resultan intangibles”.


Por otra parte, los precedentes invocados por el recurrente, no son contrarios al Auto de Vista impugnado, puesto que no vulneró la facultad de valoración de prueba que tienen el Juez o el Tribunal de instancia, concluyéndose que precisamente en observancia de la doctrina legal aplicable que sentaron los Autos Supremos invocados, observó que la prueba no fue correctamente valorada, particularmente por los Jueces Ciudadanos incumpliendo con lo establecido en los arts. 173 y 359 del CPP; es decir, asignar el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, de manera integral y armónica, aplicando las reglas de la sana crítica, pues su inobservancia constituye defecto absoluto, por cuya razón para reparar los derechos y garantías constitucionales vulnerados de la víctima, el Tribunal de alzada anuló correctamente la Sentencia; en consecuencia, el motivo traído en casación deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Javier Isidoro Menacho Ayarachi, de fs. 121 a 129 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA