TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 801/2015-RRC-L

Sucre, 06 noviembre de 2015


Expediente                        : Oruro 26/2011

Parte Acusadora                : Sara Diva Sullcany Characayo y otra 

Parte Imputada                : Edson Waldir Huarita Gonzáles

Delitos                : Calumnia y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de agosto de 2011, cursante de fs. 58 a 61, Sara Diva Sullcany Characayo, en representación legal de Paola Alexandra Barbera Saal, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 14/2011 de 9 de junio, de fs. 43 y vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso penal seguido por las recurrentes contra Edson Waldir Huarita Gonzáles, por la presunta comisión de los delitos de Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 283 y 287 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   En merito a la acusación particular, una vez concluida la audiencia de juicio oral, el Juez Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del  Distrito Judicial de Oruro, pronunció la Sentencia 14/2010 de 19 de noviembre (fs. 12 a 18 vta.), por la que declaró a Edson Waldir Huarita Gonzáles absuelto de culpa y pena de la comisión de los delitos de Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 283 y 287 del CP.

b)  Contra la mencionada Sentencia, Sara Diva Sullcany Characayo interpuso recurso de apelación restringida, en representación legal de Paola Alexandra Barbera Saal (fs. 23 a 30), resuelto por Auto de Vista 14/2011 de 9 de junio (fs. 43 y vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, la cual lo rechazó por extemporáneo el recurso, motivando la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso de casación


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 652/2015-RA-L de 18 de septiembre (fs. 71 a 73), se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Refiere que existió error por parte del Tribunal de alzada al rechazar su recurso de apelación restringida al hacer el cómputo de quince días sin considerar la última notificación diligenciada de forma válida, al apoderado legal de la querellante, porque de contar a partir de dicha fecha, su impugnación se encontraría dentro de plazo; bajo los siguientes argumentos: a) Existen dos notificaciones, una realizada el 22 de noviembre de 2010; y la otra, el 26 del mismo mes y año; la primera diligenciada como abogada y la segunda como apoderada legal de la querellante; b) El hecho de notificar dos veces no está prohibido por la ley; por tanto, lo que no está prohibido está permitido; además, teniendo en cuenta que el hecho de haber sido notificada como apoderada legal de la querellante es completamente válido y es de esa fecha que se debió realizar el cómputo de los quince días para interposición del recurso de apelación restringida, vale decir, desde el 26 de noviembre de 2010 y hasta la fecha de la interposición del recurso se encontraría dentro de plazo; y, c) Asimismo, resulta contradictorio que en primera instancia se admita el recurso de apelación restringida y posteriormente se lo declare inadmisible sin haberse corregido procedimiento, de acuerdo a lo previsto por el art. 168 del CPP. Circunstancias que le generaron indefensión y vulneración del debido proceso, infringiéndose los arts. 119.II, 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ). Al respecto, invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 217 de 16 de agosto de 2008.


I.1.2. Petitorio.


Solicitó que se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado disponiendo se dicte uno nuevo, en el que se disponga la valoración y resolución del recurso de apelación restringida planteado.


I.2. Admisión del recurso.


Mediante el Auto Supremo 652/2015-RA-L de 18 de septiembre, se admitió el recurso de casación para el análisis de fondo del motivo expuesto.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1. Sentencia y su notificación.


Sustanciada la audiencia de juicio oral, el Juez Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del  Distrito Judicial de Oruro, pronunció la Sentencia 14/2010 de 19 de noviembre (fs. 12 a 18 vta.), por la que declaró a Edson Waldir Huarita Gonzáles, absuelto de culpa y pena de la comisión de los delitos de Calumnia e Injuria, previstos y sancionados por los arts. 283 y 287 del CP.

II.2. De la apelación restringida.


Mediante recurso de apelación restringida, el imputado denunció la existencia de defectos de la Sentencia, contenidos en el art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP.

II.4. Del Auto de Vista.


En mérito al recurso de apelación restringida formulado, se emitió el Auto de Vista 14/2011 de 9 de junio, que resolvió de acuerdo a los siguientes argumentos: a) El proceso se sustanció a instancia de la abogada Sara Diva Sullcany Characayo en calidad de representante legal de la víctima Paola Alexandra Barrera Saal, mandato otorgado mediante Poder Notarial 471/2010; b) Del acta de audiencia se verificó que el 19 de noviembre de 2010 se procedió a la notificación con la Sentencia a la representante legal, Sara Diva Sullcany Characayo, el 22 de noviembre de 2010 a horas 17:40, en forma personal, tal cual se acredita de la diligencia; lo que significa que la fecha de inició del cómputo del plazo de quince días para la interposición del recurso de apelación restringida, corre desde el día siguiente de esa diligencia, venciendo el 9 de diciembre de 2010 a horas 24:00, siendo que la recurrente interpuso su recurso de apelación restringida el 14 de diciembre de 2010, se evidencia que la misma fue planteada, luego de los quince días permitidos por ley, vale decir, fuera de plazo legal; c) Por otro lado, consta otra notificación a Sara Diva Sullcany Characoyo con la Sentencia, el 26 de noviembre de 2010 a horas 16:15, vale decir, dos notificaciones con la misma Resolución, pero en diferentes fechas, existiendo un hecho irregular atribuible al responsable de la notificación Mario Romero Santos Secretario Abogado del Juzgado de Sentencia Penal Segundo, quién firma la diligencia; d) La doble notificación practicada a la abogada y apoderada de la acusación particular, Sara Sullcany Characayo, que importa una situación maliciosa de parte del responsable de la notificación que indujo a error al Tribunal de alzada a tiempo de realizar el cómputo del plazo de quince días a tiempo de pronunciar el Auto de radicatoria y admisión del recurso de 15 de agosto de 2011; el cual, en esa oportunidad se tomó en cuenta desde la segunda notificación practicada a la recurrente el 26 de noviembre de 2010, y no desde la primera de 22 de los citados mes y año, la cual, los Vocales alegan no tener ningún vicio de nulidad; y, e) Se determina declarar inadmisible el recurso de apelación restringida por haber sido interpuesto el mismo fuera del plazo de los quince días.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON EL PRECEDENTE INVOCADO


Antes de realizar la labor de contraste, encargada por el art. 419 del CPP, corresponde precisar que una de las funciones primordiales del recurso de casación es la de uniformar la jurisprudencia que debe ser acatada y cumplida por los jueces y tribunales, cuyos fallos serán revisados por el Tribunal de casación con la finalidad de verificar si éstos no se apartaron del entendimiento establecido en los precedentes pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia y del Tribunal Supremo de Justicia.


III.1.Precedente contradictorio invocado.


Refiere la recurrente que existió error por parte del Tribunal de alzada al rechazar su recurso de apelación restringida, supuestamente por haber sido planteado fuera del plazo de los quince días establecidos por ley, realizando el inicio del cómputo correspondiente a partir de la primera notificación, sin considerar la existencia de una segunda diligencia realizada con el mismo actuado procesal a la apoderada legal de la víctima; pues de lo contrario, de haber computado desde la fecha de la última notificación, la apelación se encontraría dentro de plazo; bajo los siguientes fundamentos: a) Existen dos notificaciones, una practicada el 22 de noviembre de 2010; y la otra, el 26 siguiente; la primera, como abogada y la segunda, como apoderada legal de la querellante; b) El hecho de notificar dos veces no está prohibido por la ley; por tanto, lo que no está prohibido está permitido; además, teniendo en cuenta que la diligencia ejecutada como apoderada legal de la querellante es la válida, entonces es a partir de cuándo se debió realizar el cómputo de los quince días para la interposición de la impugnación, vale decir, a partir del 26 de noviembre de 2010; por lo cual, hasta la fecha de su interposición, el recurso se encontraría dentro de plazo; y, c) Resulta contradictorio que en primera instancia se hubiera admitido el recurso de apelación restringida interpuesto por su parte; y sin embargo, con posterioridad, a tiempo de la resolución de fondo, se lo declare inadmisible por falta de cumplimiento de plazos y sin haberse corregido el procedimiento de acuerdo a lo prescrito por el art. 168 del CPP. Estas circunstancias, alega la recurrente, que le generaron indefensión y vulneración del debido proceso, infringiéndose los arts. 119.II, 115.II y 180 de la CPE, así como el art. 15 de la LOJ.


Con relación a lo señalado invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 217 de 16 de agosto de 2008, que en su doctrina legal señala:“En atención a que por diferentes circunstancias pudiera ser que no lleguen a conocimiento de las partes las notificaciones efectuadas en el domicilio legal o mediante tablero en estrados, el artículo 163 del Código de Procedimiento Penal exige que determinadas resoluciones se notifiquen personalmente a los sujetos procesales. Entre esas resoluciones se encuentran los Autos Supremos que dejan sin efecto Autos de Vista emitidos por las Cortes Superiores de Justicia para que se pronuncie nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal aplicable. El incumplimiento de esa regla de notificación personal da lugar al defecto absoluto expuesto por el numeral 3) del artículo 169 del mismo Código porque implica inobservancia de derechos y garantías constitucionales”.


Al respecto, del mismo se advierte la aplicación de los arts. 163 y 169 inc. 3) del CPP, cuando se realiza una incorrecta notificación porque la misma debió realizarse personalmente.

III.2. El debido proceso y el derecho a la defensa en materia penal.


A tiempo de plantear el motivo que se analiza en la presente Resolución, la recurrente denuncia vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso. El segundo de los mencionados se trata de un principio legal por el cual, toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado, en sus artículos 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) el derecho a la defensa, b) el derecho al juez natural, c) la garantía de presunción de inocencia, d) el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete, e) el derecho a un proceso público, f) el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, g) el derecho a recurrir, h) el derecho a la legalidad de la prueba, i) el derecho a la igualdad procesal de las partes, j) el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, k) el derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones, l) la garantía del non bis in idem, ll) el derecho a la valoración razonable de la prueba, m) el derecho a la comunicación previa de la acusación; n) la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; o) el derecho a la comunicación privada con su defensor; p) el derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular.


III.3.Control de admisibilidad de los recursos de apelación restringida, por parte del Tribunal de alzada.


Sobre este tema en particular, el Auto Supremo 98/2013 de 15 de abril, estimó lo siguiente: “Compete a los Tribunales Departamentales de Justicia en el marco previsto por los arts. 51 inc. 2) y 407 y siguientes del CPP, examinar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y resolver la admisión del recurso de apelación restringida; al llevar a cabo esta misión, no pueden aplicar las normas de modo automático ni literal, sino que su actividad debe estar regida por una serie de principios que tiene su base en el derecho a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso con todas las garantías, considerando que el principio pro actione es el principio informador de las normas procesales penales; en ese sentido, cuando el Tribunal de apelación interpreta y aplica de forma excesivamente rigurosa y formalista los criterios de admisibilidad, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, que buscan efectivizar la posibilidad de que todos puedan utilizar los recursos procesales previstos por ley, sin obstáculos innecesarios, desproporcionados o carentes de justificación, de ahí que la norma procesal no permite un rechazo in limine sino que a efectos de garantizar el derecho al recurso, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en caso de existir un defecto u omisión de forma, el juez o tribunal de apelación debe hacerlo conocer al recurrente a través de observaciones claras y precisas, otorgándole un plazo de tres días para que amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo.


Incluso después de la corrección efectuada por la parte recurrente, el Tribunal de apelación no debe aplicar las normas en su estricta literalidad, ni actuar arbitrariamente en el ejercicio del poder valorativo para determinar si un recurrente ha cumplido o no con los requisitos de admisibilidad, esta labor tiene su freno en la Constitución; esto no supone que tenga la obligación de admitir todo recurso que se formule, por el contrario, en ejercicio de la facultad que la propia ley le reconoce, puede perfectamente inadmitirlo cuando la falta de fundamentos sea evidente, cierta y patente; pero la determinación debe estar fundamentada en la aplicación e interpretación de la norma en el ámbito del acceso al recurso, la tutela judicial efectiva y el principio pro actione. 


En ese ámbito, a los efectos de la valoración del cumplimento de los requisitos de admisibilidad, deben aplicarse los criterios rectores de la actividad jurisdiccional como los principios de interpretación más favorable, de proporcionalidad y de subsanación. 


El principio de interpretación más favorable a la admisión del recurso.- Partiendo del derecho del acceso al recurso, se entiende que la Constitución contiene un mandato positivo que obliga a interpretar la normativa vigente en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental, de forma que, aunque las formas y requisitos del proceso cumplen un papel importante para la ordenación del proceso, no toda irregularidad formal puede convertirse en un obstáculo insubsanable para su prosecución, este criterio tiene límites, atendiendo el carácter bilateral de un proceso, al efecto el juzgador deberá considerar si la norma aplicada permite otra interpretación alternativa y segundo si la interpretación adoptada es arbitraria o inmotivada.


Principio de proporcionalidad.- Los defectos determinantes de inadmisión deben interpretarse con criterios de proporcionalidad que tengan en cuenta los efectos de la inobservancia de la regla en relación con la finalidad de los requisitos y presupuestos procesales o dicho de otro modo, la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta la efectividad del derecho constitucional; en ese sentido, la mayor o menor severidad en la exigencia de los requisitos de admisión guardara proporción con el fin.


c) Principio de subsanación.- En la legislación boliviana está recogido por el art. 399 del CPP, en cuya virtud el rechazo de un recurso de apelación restringida defectuosamente preparado o interpuesto, no podrá ser rechazado sin antes darse oportunidad a su subsanación cuando esta sea susceptible de reparación”


III.4. Análisis del caso concreto


Ahora bien, una vez realizadas las precisiones anteriores corresponde analizar los actuados procesales; de donde se desprende que mediante Sentencia 14/2010 de 16 de noviembre, el Juez Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, declaró la absolutoria del imputado. Resolución notificada a la parte querellante, el 22 de noviembre de 2010, mediante copia de ley entregada en forma personal a Sara Diva Sullcani Characayo como abogada de la precitada; y el 26 del mismo mes y año, se reiteró la diligencia a la misma persona, pero esta vez mediante la entrega personal de copias de ley en calidad de apoderada de la víctima.


A estas alturas del análisis, corresponde precisar que, se denota la existencia de dos diligencias de notificación, realizadas de manera personal a Sara Diva Sullcani Characayo, mediante la entrega de la copias de ley correspondientes a la Sentencia 14/2010; la primera de 22 de noviembre de 2010, y la segunda del 26 siguiente; la del 22 citado se le diligenció, conforme a los formularios de notificación, en calidad de abogada y la del 26 siguiente, en su condición de apoderada legal de la víctima y acusadora particular.


Posterior a ello, la mencionada apoderada legal, Sara Diva Sullcany Characayo, interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia de mérito, mediante memorial presentado el 14 de diciembre de 2010, declarado admisible mediante Auto de 15 de enero de 2011 y notificado a la apelante el 21 de los mismos mes y año; no obstante lo cual, posteriormente, el 9 de junio de 2011, el mismo Tribunal de alzada pronunció el Auto de Vista 14/2011, por el cual, la misma Sala Penal Primera determinó rechazar el recurso de apelación restringida, bajo el argumento de haberse planteado de manera extemporánea, dando como válida la notificación realizada el 22 de noviembre de 2010 e iniciando el cómputo del plazo a partir de ese actuado procesal; estableciendo el vencimiento del mismo el 9 de diciembre del citado año; y que al haberse interpuesto el recurso de alzada el 14 de diciembre de 2010; entonces, dicha impugnación se encontraría presentada fuera del plazo de los quince días.


A continuación, con relación a la segunda notificación, la Resolución de apelación determinó que implicaba la existencia de dos notificaciones con la misma Resolución en diferentes fechas, un hecho irregular atribuible al responsable de la notificación, como es el Secretario Abogado del Juzgado Segundo de Sentencia, lo que a criterio del Tribunal de alzada, constituye una situación maliciosa de su parte, que indujo a error a dichas autoridades a tiempo de realizar el cómputo correspondiente, lo que dio lugar al pronunciamiento del Auto de admisión de 15 de enero de 2011, al haberse iniciado dicho término a partir de la segunda notificación, y no así como debió ser, desde la primera diligencia realizada el 22 de noviembre de 2010, misma que no contiene ningún vicio para su validez.


Dicho ello, corresponde analizar el fondo de lo denunciado a efectos de verificar la contradicción existente con el precedente invocado y determinar si se lesionaron los derechos y/o garantías denunciados.


A dicho fin, corresponde señalar que las notificaciones realizadas, aunque a la misma persona, en sus distintos roles que cumplió en el proceso penal, uno como abogada defensora y el otro como mandataria de la víctima o acusadora particular; ambas que se realizaron de manera personal, es decir, ambas llegarían a tener validez legal, puesto que no existe razón en contrario, para suponer que alguna de ellas es nula, al no haber cumplido con el objetivo propuesto; se realizaron conforme exige el art. 163 del CPP, de manera personal al tratarse de una Sentencia dictada una vez concluido el juicio oral.


No obstante la aparente falta de contradicción con el precedente, resulta necesario determinar si las notificaciones diligenciadas personalmente, incurrieron en el defecto absoluto contenido en el art. 169 inc. 3) del CPP; es decir, si ambas cumplieron con su objetivo, como es hacer conocer a la parte sobre el contenido de la determinación, corresponde determinar cuál de ellas sería la válida y ajustada a derecho, y que elimine toda posibilidad de inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales; que en la especie, llegarían a ser los denunciados derechos al debido proceso y uno de sus elementos componentes, como es la defensa; fin para el cual corresponde remitirnos a lo establecido en el Auto Supremo 98/2013 de 15 de abril, glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Resolución, en cuyo contenido establece que a tiempo de analizar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y resolver esta etapa, no se debe aplicar de forma automática ni literal, la norma prevista para el efecto; al contrario, es obligación de las autoridades jurisdiccionales acomodar su conducta a los principios que rigen su actividad de impartir justicia, como son la tutela judicial efectiva y el debido proceso en todos sus elementos; haciendo prevalecer el pro actione a tiempo de interpretar y aplicar los formalismos para la admisión del recurso, un razonamiento distinto, sin duda, conllevaría a la vulneración de los principios y derechos precitados así como de los invocados por la recurrente.


En ese orden, se tiene que las notificaciones realizadas a la parte querellante, ya sea en calidad de abogada defensora o como apoderada legal, haciendo un análisis frio y sujeto sólo a lo contenido en los actuados procesales, ambas revisten las condiciones necesarias para su validez; empero, haciendo un análisis pro actione y en resguardo de los principios y garantías constitucionales, sin duda, la repetición de la diligencia, es un error atribuible al órgano judicial que no puede ser imputado por ningún motivo a los sujetos procesales; por tanto, en virtud a lo señalado, correspondía al Tribunal de apelación, tomar como válida la última diligencia de notificación de 26 de noviembre de 2010, puesto que es aquella la que reguarda el ejercicio del debido proceso y de la tutela judicial efectiva; lo contrario, implica su vulneración, además de la flagrante lesión al derecho a la defensa de la víctima, puesto que se le impidió hacer uso de su legítimo derecho a la impugnación.


A más de ello, en el Auto de 15 de enero de 2011, el Tribunal de alzada realizó una correcta apreciación de los hechos y actuados procesales, determinando la admisión y radicatoria del recurso de apelación restringida, presentado por la parte acusadora particular; empero, posteriormente, de manera inexplicable y arbitraria, mediante el Auto de Vista 14/2011 de 9 de junio; es decir, cinco meses después de la admisión, determinar revocar su propia Resolución, bajo el débil argumento que las notificaciones le condujeron a error y una vez determinado que la primera resultaba ser la correcta, disponen el rechazo del recurso por extemporáneo; sin siquiera otorgar una explicación coherente y ajustada a derecho que permita al apelante obtener claridad y seguridad jurídica sobre la determinación asumida en la última Resolución, tan solo utilizando argumentos subjetivos para concluir en que la segunda diligencia “…importa una situación maliciosa de parte del responsable de la notificación, que ha inducido en error a éste Tribunal de Alzada a efectos de realizar el cómputo del plazo de quince días y por consiguiente pronunciar el auto de Radicatoria y Admisión del recurso de fecha 15 de enero de 2011, por cuanto el cómputo se ha realizado desde la segunda notificación practicada a la parte hoy recurrente y no así desde la primera notificación practicada en fecha 22 de noviembre de 2010, misma que no contiene ningún vicio para su validez” (sic).


De donde se demuestra que el actuar de los Vocales componentes de la Sala de apelación incurrió en el defecto absoluto contenido en el art. 169 inc. 3) del CPP, contrariando la doctrina legal aplicable emitida por este máximo Tribunal de justicia ordinaria, al haberse vulnerado el debido proceso y su elemento a la defensa denunciados como vulnerados por la parte recurrente. Correspondiendo por ende, conceder mérito al motivo denunciado, deviniendo el mismo como fundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Sara Diva Sullcany Characayo, en representación legal de Paola Alexandra Barbera Saal, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 14/2011 de 9 de junio, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA