TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL

AUTO SUPREMO N° 789/2015-RRC-L

Sucre, 06 de noviembre de 2015


Expediente        : La Paz 115/2011

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Ernestina Fernández Villca

Delitos        : Estafa y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 15 de julio de 2011, cursante de fs. 617 a 620 vta., Ernestina Fernández Villca, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 460/2011 de 13 de mayo, de fs. 603 a 605, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Cupertino Vargas Panoso contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Uso de Instrumento Falsificado, Falsedad Material y Falsedad Ideológica, previstos y sancionados por los arts. 335, 203, 198 y 199 del Código Penal (CP), respectivamente.


DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)  Por Sentencia 07/2010 de 24 de septiembre (fs. 550 a 557), el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a la imputada Ernestina Fernández Villca, culpable de la comisión de los delitos de Estafa y Uso de Instrumento Falsificado, previstos por los arts. 335 y 203 del CP, imponiéndole la pena de siete años y seis meses de presidio, así como al pago del daño civil ocasionado y costas a favor del Estado, más el pago de una multa de cien días a razón de Bs.-1 (un boliviano) por día; por otra parte, la absolvió de los delitos de Falsedad Material y Falsedad Ideológica, tipificados en los arts. 198 y 199 del mismo cuerpo legal.


b)  Contra la mencionada Sentencia, la imputada Ernestina Fernández Villca, formuló recurso de apelación restringida (fs. 568 a 576 vta.), resuelto por Auto de Vista 460/2011 de 13 de mayo (fs. 603 a 605), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedentes los fundamentos del recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la formulación de recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso


Del recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 581/2015-RA-L de 16 de  septiembre (fs. 628 a 631), se extrae el motivo a ser analizado en la presente resolución, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


La recurrente refiere que el Tribunal de apelación incurrió en incongruencia omisiva, pues no se pronunció respecto al punto 10 de la apelación restringida, en el que reclamaba la omisión de la cláusula de seguridad legal prevista en el art. 123 del CPP., que el Tribunal de Sentencia no advirtió, que en aplicación de la normativa adjetiva penal citada, era deber de la autoridad jurisdiccional, advertir si la Sentencia era o no recurrible, indicando por quiénes debía ser interpuesto y el plazo para hacerlo; demanda que fue desoída por el Ad quem, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y acarreando quebrantamiento del derecho a la defensa, al constituirse en garantía constitucional establecida por el art. 180. II de la Constitución Política del Estado (CPE), mandato imperativo de inexcusable cumplimiento, cuya omisión implica defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 3) de la normativa procedimental penal.


I.1.2. Petitorio


La recurrente solicita la nulidad del Auto de Vista 460/2011 de 13 de mayo emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 581/2015-RA-L de 16 de septiembre, cursante de fs. 628 a 631, este Tribunal admitió el recurso formulado por la recurrente, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Desarrollado el Juicio Oral, el Juez Quinto de Sentencia en lo Penal, dictó Sentencia condenatoria 07/2010, contra Ernestina Fernández Villca, declarando su autoría en los delitos de Estafa y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 335 y 203 del CP, condenándole a la pena de siete años y seis meses de privación de libertad, con los siguientes argumentos:


Se estableció que el 2005 el acusador particular conoció a la imputada Ernestina Fernández Villca y Sofía Clavel, a través de Carmela Aranda, que según ella eran procuradoras y le ayudarían con los problemas legales que tenía con su hija; es así, que le consiguieron un abogado de nombre Víctor Maldonado y le colaboraron llevando memoriales al juzgado y anotaban las providencias, que inclusive le pidieron Poder Notarial; que el acusador comentó con la imputada que quería devolver un anticrético a José Luis Núñez Saénz, mediante un traspaso con los esposos Fernando Cáceres y Martina Escoja, preguntándole como se podía resolver tal situación, respondiéndole la imputada que no haga nada hasta que ella llegue al día siguiente, solicitando nombres de los anticresistas y cédulas de identidad, de ese modo el 2 de agosto de 2005, en ocasión de que Cupertino se encontraba tomando sol en la Av. Buenos Aires, se apareció la imputada acompañado con un varón donde les hizo pasar a su domicilio en el que la imputada le presentó a Samuel Achá como abogado y Notario de Fe Pública, el cual exhibió la minuta de anticrético firmada por el Abogado Carlos Roberto Pérez Chacón, haciendo firmar a las partes para que los anticresistas hagan la entrega de la suma de $us. 6.000.- (seis mil dólares estadounidenses), anotándose la serie de los dólares, para cuyo verificativo se presentó la imputada Ernestina Fernández, quien retuvo todo el dinero en presencia de María Victoria Vargas y Tomás Santiago Charcas, indicando que al día siguiente depositará al Juzgado Cuarto de Partido en lo Civil y que traería la constancia de tal depósito. Posteriormente la imputada para fortalecer su delito trajo una Carta Notariada suscrita por la Dra. Gaby del Carpió Gutiérrez el 19 de agosto de 2005, para su notificación a José Luis Nuñez S., donde se le invitaba a recoger el dinero del anticrético del mencionado juzgado en lo civil; siendo así que los esposos Cáceres Flores en virtud de que no se les entregaba el departamento comprometido, fueron a buscar al Dr. Roberto Pérez Chacón, quien les manifestó que la firma de documento de anticrético no le correspondía tampoco su sello, situación ésta por la que se dieron cuenta de que fueron estafados, interponiendo querella por los delitos de Estafa y Estelionato contra Cupertino y que durante la etapa de la investigación establecieron que el supuesto Notario Samuel Achá falleció antes de la firma del contrato de la minuta de anticresis, es decir antes del 2 de agosto del 2005, además del Informe del Secretario del Juzgado Cuarto de Partido en lo Civil se percataron que jamás la imputada depositó los $us. 6.000.- (seis mil dólares estadounidenses) al juzgado, por toda la evidencia se dieron cuenta que la acción ilícita la "montaron" muy bien, y Cupertino fue sentenciado a 5 años de privación de libertad.


II.2. De la Apelación Restringida.


Notificadas las partes con tal determinación, la imputada Ernestina Fernández   Villca, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 568 a 576 vta.), con los siguientes fundamentos: i) Solicitó la aplicación de la garantía procesal de art. 45 del CPP, y que fue rechazada sin valoración objetiva; ii) Impetró la excepción de falta de acción; iii) Vulneración del art. 124 del CPP, respecto a la resolución y falta de motivación de los incidentes; iv) Violación al principio de continuidad; v) Defectos absolutos incurridos por el tribunal de Sentencia; vi) La falta de valoración probatoria; vii) Vulneración del art. 360 inc. 3) del CPP; viii) Defecto absoluto por quantum de la pena y su falta de proporcionalidad; ix) Vulneración del art. 365 del CPP, en cuanto a fijar con precisión la fecha en que la condena finaliza; y, x) De la omisión de cláusula de Seguridad Legal, argumentando que según el procedimiento penal, los tipos de resoluciones emitidas por los jueces unipersonales o colegiados, deben advertir si son recurribles o no y quienes pueden recurrir, además de establecer los plazos y que su omisión provoca defecto absoluto incurso en el art. 169 inc. 3), según lineamiento de la SSCC 803/2003, además de estar establecida en la normativa procesal penal y que de la lectura de la Sentencia emitida en la causa, en ninguna de sus partes consigna la cláusula de seguridad legal, ni refiere el plazo y qué tipo de recurso puede ser planteado.


II.3.Respuesta a la apelación restringida.


Cupertino Vargas Panoso de fs. 580 a 582 vta., respond la apelación restringida, sosteniendo que todos los argumentos de la apelante carecen de veracidad, más bien por todos los antecedentes y conocida la personalidad de la acusada por el Tribunal de Sentencia, fue condena a siete años y seis meses y que la Sentencia es justa, pidiendo que el Tribunal de apelación confirme en todas su partes la Sentencia apelada.


II.4.Del Auto de Vista.


Radicado el recurso ante el Tribunal de Apelación, este emitió el Auto de Vista impugnado, por el que declaró improcedente el recurso interpuesto por la imputada Ernestina Fernández Villca y confirmó la Sentencia condenatoria, pasando a resolver la apelación, de la siguiente manera:


Estableció los siguientes argumentos: 1) El Tribunal de Sentencia llegó a la convicción plena en la autoría en los delitos de Estafa y Uso de instrumento Falsificado en la imputada Ernestina Fernández Villca; 2) No es evidente que exista falta de fundamentación en la resolución que desestima el incidente y la excepción de Falta de Acción; 3) No es cierto que exista inobservancia de los arts. 334, 335 y 336 del CPP, con relación a la continuidad del proceso porque las suspensiones fueron esencialmente por ausencia del abogado defensor; 4) Carece de competencia para revalorizar las pruebas y que las mismas fueron debidamente valoradas por el Juez de origen, tanto descriptiva e intelectivamente; 5) No se puede sustentar que se inobservó el art. 360 inc. 3) del CP, porque los jueces condenaron a los imputados en base al análisis de la prueba judicializada; y, 6) La pena de siete años y seis meses de privación de libertad, cumple la previsión del concurso real de delitos, siendo potestad del Tribunal aumentar a la pena más grave hasta una cuarta parte, tomando en cuenta la personalidad de la autora, las circunstancias en que se cometieron los hechos, su condición, la gravedad de los hechos y que estaría debidamente justificada la imposición de la pena.

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE

DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS


El presente recurso fue admitido por la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, ante la denuncia de la parte recurrente en sentido de que el Tribunal de alzada no se pronunció respecto a uno de los puntos apelados, específicamente el relativo a la cláusula de seguridad legal prevista por el art. 123 del CPP, por lo que corresponde establecer si efectivamente se vulneró el debido proceso en su vertiente a la defensa y la seguridad jurídica.


III.1.La incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) como defecto absoluto.


De conformidad con el desarrollo jurisprudencial de este Tribunal, se incurre en el defecto de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que: “…En ese entendido, la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría que estamos ante la existencia de una incongruencia omisiva (citrapetita o ex silentio), es decir cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal”.


En coherencia con lo señalado, es menester precisar que en materia penal, las nulidades procesales se encuentran reguladas a partir del art. 167 al 170 del CPP, siendo aplicable la sanción de nulidad cuando las partes, que pretendan la nulidad o se deje sin efecto un acto o resolución, impugnen las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con fundamento en el defecto que le causó agravio (art. 167 del CPP), de lo que se establece que únicamente se puede pretender la nulidad, cuando existe agravio cierto (ofrece certidumbre respecto al perjuicio efectivo ocasionado) e irreparable (que tenga como único remedio la nulidad del acto o fallo). Respecto a la finalidad de las nulidades, Luis Maurino sostiene que: “las nulidades procesales  tienen como misión esencial enmendar perjuicios efectivos que, surgidos de la desviación de las reglas del proceso, pueden generar indefensión” (Maurino, Luis: Nulidades Procesales, Buenos Aires, Ed. Astrea, 2001, pág. 44), razón por la cual, el régimen de nulidades se encuentra regulado por principios como el de  legalidad o especificidad, de trascendencia y de subsanación, que guían a la autoridad jurisdiccional en su objetivo de impartir justicia y que le permite, en algunos casos, dejar pasar el incumplimiento de ciertos formalismos por su irrelevancia frente a los demás derechos y garantías protegidos; pues lo contrario, se constituirían en simples actos dilatorios.


En ese sentido, el Auto Supremo 550/2014-RRC de 15 de octubre, al hacer referencia a los principios que rigen las nulidades, precisó lo siguiente: “El principio de legalidad o especificidad, señala, no hay  nulidad sin texto (pas de nullite sans texte); es decir, que el acto procesal irregular reclamado, debe estar castigado con nulidad de manera expresa en la ley, no siendo suficiente que la ley procesal establezca ciertas formalidades, y que ante su omisión o incumplimiento, se produzca la nulidad, sino, ella debe estar específicamente predeterminada en aquella Ley.


(…)


El principio de trascendencia (pas nullite sans grief), que significa que `no hay nulidad sin perjuicio´; es decir, que únicamente es posible declarar la nulidad, cuando los defectos procedimentales denunciados provoquen un daño de tal magnitud que dejen en indefensión material a las partes y sea determinante para la decisión adoptada en el proceso judicial, debiendo quedar claro que de no haberse producido dicho defecto, el resultado sería otro, o que el vicio impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido. Para que opere la nulidad (art. 169 del CPP), quien la solicite debe: i)  Alegar el perjuicio o daño, señalando de forma clara, cuál el acto que no pudo realizar o que se realizó incumpliendo las formas procesales, no resultando suficiente una invocación genérica de algún defecto, sin explicación clara y precisa de dichas circunstancias; ii) Debe acreditar de forma específica la existencia de perjuicio cierto, concreto y real en desmedro de sus derechos y/o garantías constitucionales, demostrando que la única forma de enmendar el error es por medio de la declaratoria de nulidad; iii) Debe existir interés jurídico en la subsanación, por lo que  quien solicita nulidad, debe explicar por qué la solicita, toda vez que el argumento de impetrante es el que permite, al juzgador, establecer el ámbito de pronunciamiento. 


(…)


El principio de Subsanación, que establece que no hay nulidad si el vicio alegado, no influye en el sentido o resultado del fallo o en las consecuencias del acto viciado, por lo que puede ser objeto de subsanación sin que afecte al fondo del proceso.


Todos estos principios (y otros que no fueron citados) orientadores de las nulidades, deben ser interpretados de manera restrictiva cuando se alegue nulidad. Se debe tomar en cuenta el interés y la magnitud del detrimento ocasionado, toda vez que `no hay nulidad por la nulidad misma´, sino, requiere para su declaración, que el incumplimiento de las formas se traduzca en un efectivo detrimento a los intereses de la defensa; es decir, que este tenga relevancia constitucional, lo contrario implicaría aceptar nulidades con base en un excesivo formalismo, que en muchos de los casos daría lugar a la invalidación de una gran cantidad de actos y en algunos casos de procesos, afectando con ello la búsqueda de la verdad material, por errores u omisiones involuntarias, en clara infracción al principio de celeridad (art. 115.II de la CPE).


Consecuentemente, no toda denuncia de incongruencia omisiva derivará en la decisión de parte del Tribunal de casación de dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, siendo obligación de quien pretende se deje sin efecto un fallo, acreditar normativa y motivadamente el perjuicio real e irreparable ocasionado; es decir, el daño debe ser de tal magnitud, que sólo pueda ser enmendado con la emisión de un nuevo fallo, pues el dejar sin efecto el Auto de Vista por una omisión que en el fondo no ha causado daño al recurrente y por lo tanto no cambiaría el resultado final del fallo, generaría una vulneración al principio de economía procesal. Este entendimiento responde a la regulación de dos tipos de defectos conforme lo expresado en el Auto Supremo 021/2012-RRC  de 14 de febrero de 2012, que señaló: “El Código de Procedimiento Penal, tiene por finalidad regular la actividad procesal, en cuyo trámite pueden presentarse dos tipos de defectos, los absolutos y los relativos, que se diferencian en que los primeros no son susceptibles de convalidación y los otros quedan convalidados en los casos previstos por la norma; destacando, que la diferencia sustancial de los defectos absolutos y relativos, radica que el defecto absoluto, implica el quebrantamiento de la forma vinculado a la vulneración de un derecho o garantía constitucional; en cambio, en el defecto relativo al no afectar al fondo de las formas del proceso, pueden convalidarse si no fueron reclamados oportunamente, si consiguieron el fin perseguido respecto a todas las partes y cuando quien teniendo el derecho a pedir que sean subsanados, hubiera aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto defectuoso; a esto debe añadirse que las formas procesales precautelan el ejercicio de los derechos de las partes y las garantías constitucionales; en consecuencia, no se puede decretar la nulidad, sino sólo cuando hay un defecto que por haber causado una afectación a un derecho o garantía constitucional se constituye en absoluto; es decir, la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, pues es necesario que ese quebrantamiento haya afectado los derechos de alguna de las partes y que ésta haya demostrado el agravio para poder solicitar la anulación del acto denunciado de ilegal”.


III.2. Análisis del caso concreto.


En el entendido de que la falta de pronunciamiento respecto a alguno de los puntos apelados puede generar que se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado cuando se constituya en defecto absoluto inconvalidable por la afectación a derechos y/o garantías constitucionales que hubieren generado perjuicio cierto e irreparable a alguna de las partes; se verifica, de la lectura del Auto de Vista, que en el recurso de apelación restringida, específicamente en el motivo 10 bajo el acápite titulado “DE LA OMISION DE CLAUSULA DE SEGURIDAD LEGAL”, la recurrente hizo hincapié que las resoluciones emitidas por los Tribunales de justicia deben contener las advertencias establecidas en el art. 123 del CPP, y que dicho presupuesto es de inexcusable cumplimiento, resultando en el caso de autos que la Sentencia, en ninguna de sus partes consignó dicha cláusula, incurriendo en el defecto previsto por el art. 169 incs. 3) el CPP.


Ahora bien respecto a este planteamiento, el Tribunal de alzada no emitió pronunciamiento alguno, correspondiendo en consecuencia, analizar si la denuncia amerita la sanción de nulidad contra el Auto de Vista, a partir de la comprobación de algún perjuicio cierto en contra de la recurrente, dado que no existe nulidad por nulidad; sino, ésta debe regirse conforme los principios que la regulan. En ese sentido, se evidencia de antecedentes que pese a la omisión reclamada en apelación por la recurrente, ésta una vez que fue notificada con la sentencia condenatoria pronunciada en el proceso, en ejercicio del derecho a la defensa, reconocido por el art. 119.II de la Constitución Política del Estado, formuló recurso de apelación restringida en la forma y plazo previsto por el art. 407 del CPP, de modo que no obstante que el legislador impone un deber a los tribunales de advertir en las resoluciones judiciales que emitan en la sustanciación de la causa, si ellas son recurribles, por quienes y en qué plazo, en el caso presente el defecto se inscribe en el supuesto previsto por el art. 170 inc. 2) del CPP, por cuanto la formulación del recurso de apelación restringida no obstante el defecto, importó de parte de la recurrente una aceptación tácita a los efectos de la sentencia emitida, pues la omisión no le privó el derecho a recurrir.

En ese ámbito, se verifica que incluso la recurrente no justifica el agravio o perjuicio que le habría ocasionado el accionar del Tribunal de sentencia y la omisión en la que incurrió en Tribunal de alzada, pese a que es obligación de quien pretende se deje sin efecto un fallo, acreditar normativa y motivadamente el perjuicio real e irreparable ocasionado; es decir, el daño debe ser de tal magnitud, que sólo pueda ser enmendado con la emisión de un nuevo fallo, lo que no se da en los hechos, pues el dejar sin efecto el Auto de Vista por una omisión que en el fondo no ha causado daño a la recurrente, no cambiaría el resultado final del fallo, más cuando se evidencia no ser cierto que la omisión denunciada haya provocado que el Tribunal de alzada no se refiera a los demás motivos alegados en apelación como sostiene la recurrente; consecuentemente, se estaría incurriendo en nulidad por nulidad, en contravención a los principios reguladores de las nulidades en el proceso penal destacados precedentemente, constituyéndose en un acto meramente dilatorio, lo que no es admisible por afectar a otros principios, entre ellos el de economía procesal; resultando en consecuencia infundado el presente recurso.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación Interpuesto por Ernestina Fernández Villca.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA