TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 788/2015-RRC-L

Sucre, 06 de noviembre de 2015


Expediente                        : La Paz 109/2011

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Juan de Dios Aruquipa Sanjinés

Delito                        : Hurto Agravado

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 7 y 22 de junio de 2011, cursantes de fs. 661 a 666 y 675 a 677 vta., Juan de Dios Israel Aruquipa Sanjinés por una parte; Elías Huanto Mamani y José Luis Quintela Nuñez del Prado, en representación Legal de la Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, a su turno interponen recursos de casación, impugnando el Auto de Vista 78/2011 de 4 de abril, de fs. 622 a 627 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Ministerio Público y Maria Teresa Rescala Nemtala Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés contra el primer recurrente, por la presunta comisión del delito de Hurto Agravado, previsto y sancionado por el art. 326 incs. 4) y 5) del Código Penal (CP).


I. Antecedentes


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

a)   En mérito a las acusaciones pública (fs. 5 a 6 vta.) y particular (fs. 14 a 16), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 07/2010 de 13 de abril (fs. 532 a 536), el Tribunal Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró al imputado Juan de Dios Israel Aruquipa Sanjinés culpable de la comisión del delito de  Hurto Agravado, previsto por el art. 326 incs. 4) y 5) del CP,  imponiéndole la pena de tres años de presidio; empero, se le concedió la suspensión condicional de la pena, previo cumplimiento de dichos requisitos establecidos en el art. 366 incs. 1) y 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP); por otra parte, se pronunció el Auto de 14 de abril de 2010, que dio lugar a la complementación solicitada por el imputado (fs. 541).


b)  Contra la mencionada Sentencia, la parte acusadora Elías Huanto Mamani y José Luis Quintela Nuñez del Prado, en representación legal de la Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés y el imputado Juan de Dios Israel Aruquipa Sanjinés, formularon recursos de apelación restringida (fs. 546 a 547 y 575 a 586), resueltos por Auto de Vista 78/2011 de 4 de abril (fs. 622 a 627 vta.), pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; que declaró improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada; por otra parte, se dictó la Resolución 132/2011 de 27 de abril (fs. 633 y vta.), que rechazó la solicitud de complementación interpuesta por el imputado.


I.1.1. Del Motivo del recurso de casación 


Del recurso de casación y  Auto Supremo 579/2015-RA-L de 16 de septiembre (fs. 685 a 687 vta.), se extrae el siguiente motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del CPP.


Como único motivo, denuncian, que el Tribunal de alzada incurrió en inobservancia y falta de fundamentación de la labor de valoración probatoria del Tribunal a quo, al respecto argumentan que no realizaron una correcta como imparcial apreciación de las pruebas aportadas en el juicio, que a criterio de los recurrentes, éstas no fueron consideradas y menos analizadas al momento de emitir el fallo, condenándole al imputado a tres años correspondiéndole una condena de cinco años, vulnerando ambos Tribunales de Sentencia y el de alzada, el debido proceso y la seguridad jurídica; sobre este agravio invoca el recurrente el Auto Supremo 14 de 26 de enero de 2007.

I.1.2. Petitorio


Los recurrentes solicitan se admita se dicte una resolución fundada disponiendo la revocatoria en parte de las resoluciones emitidas tanto del Tribunal Tercero de Sentencia en lo Penal como la Resolución  del Tribunal de Apelación, imponiéndole una pena de cinco años de privación de libertad al imputado Juan de Dios Israel Aruquipa Sanjinés.

I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 579/2015-RA-L de 16 de septiembre, cursante de fs. 685 a 687 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por los recurrentes, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1.        Sentencia.


Desarrollado el Juicio Oral, el Tribunal de Sentencia Tercero de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dictó Sentencia condenatoria 07/2010 de 13 de abril contra Juan de Dios Aruquipa Sanjinés, declarando su autoría del delito de Hurto Agravado, previsto y sancionado por el art. 326 inc. 4) y 5) del CP, condenándole a la pena de tres años de privación de libertad, con los siguientes argumentos:


Señaló que se estableció que el 10 de marzo del año 2005, en horas de la tarde Juan de Dios en su calidad de ex empleado de mensajería y portería del decanato, se apersonó a dependencias de la  biblioteca manifestando que quería hablar con la Lic. Lola Sánchez momento que la Lic. Rebeca Alvarado Bibliotecaria advirtió nerviosismo del ahora imputado, procediendo a revisar la mochila que portaba, sorprendiéndose al encontrar en el interior cinco libros titulados “sociología” del autor Ramiro Barrenechea, frente a esta situación el imputado habría admitido que sacó más de 40 libros de la Biblioteca de la Facultad de Derecho para dejarlos en casetas donde venden libros usados y que la Bibliotecaria Rebeca Alvarado, el mismo día acompañado del imputado pudo constatar este extremo.

II.2.        Del  recurso de Apelación Restringida.

Notificadas las partes con tal determinación, Elías Huanto Mamani, José Luis Quintela Nuñez del Prado, en representación de Teresa Rescala Nemtala Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, interpusieron recurso de apelación restringida con los siguientes fundamentos: i) Se evidencia que pese a la existencia de suficiente prueba contra el imputado, la Sentencia fue vaga, tolerante, benevolente y parcializada condenándole sólo a tres años de reclusión, resulta lesiva a sus intereses por causarles agravios, pues la pena contempla de tres meses a cinco años; empero, en casos especialmente graves como en el caso de autos en el que Juan de Dios Aruquipa resultó ser culpable  del delito de hurto agravado y al existir suficiente prueba que generó convicción en el tribunal sobre dicho delito, debió imponérsele una pena de cinco años, como está previsto  en la normativa penal; sin embargo, contradictoriamente y citando el art. 332 numeral 4 y 5 del Sustantiva Penal, además mencionando los arts. 363 y 364 que de acuerdo a la norma procesal penal se refiere a una sentencia absolutoria, así como defectos de la absolución, Juan de Dios Aruquipa fue condenado sólo a tres años de reclusión por el delito de hurto agravado; y, ii) Hubo falta de fundamentación de la valoración de las pruebas ofrecidas en el juicio oral la Universidad Mayor de San Andrés ofreció conforme a las reglas de la sana crítica; sin embargo, el Tribunal concluyó que las pruebas ofrecidas otorgan certeza sobre los hechos acusados, contradictoriamente y pese a ésa certeza se condenó a tres años al imputado, atenuando la pena en consideración de los deseos de superación, estudios y juventud, sin tomar en cuenta los agravios hacia la víctima contraviniendo lo señalado por el art. 359 del CPP, aspecto que lesiona la seguridad jurídica como garantía de la aplicación objetiva de la ley, siendo que se demostró en la especie el dolo y mala fe quedando en evidencia la responsabilidad penal del imputado.


Y por su parte Juan de Dios Israel Aruquipa Sanjinés, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 575 a 586), con los siguientes argumentos: i) Valoración defectuosa de la prueba, pues ninguna prueba probó que se hubiere apoderado de libro alguno, ii) Inobservancia o errónea aplicación de la Ley Sustantiva, iii) Falta de fundamentación; y, iv) Contradicción e insuficiencia provocando con ello actividad procesal defectuosa por fala de notificación a los jueces ciudadanos y de notificación con la radicatoria de manera personal al ser la primera resolución, provocando defecto absoluto no con validable que vulnera el Debido Proceso y el Derecho a la defensa.


A dicha apelación responden, Elías Huanto Mamani, José Luis Quintela Nuñez del Prado, en representación de Teresa Rescala Nemtala Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés (fs. 589 a 590 vta.), en el que expresaron lo siguiente: i) Sobre las supuestas pruebas no demostradas serían válidas y que además que al tenor de lo dispuesto por el art. 173 del CPP, dichos defectos son relativos y quedaron convalidados, cuando el imputado teniendo derecho a observar en la etapa preparatoria que es de acumulación de elementos de pruebas para ambas partes, conforme al art. 277 de la norma adjetiva penal, aceptó tácitamente las observaciones denunciadas y que dichas pruebas son válidas ya que no se los acusó de ello; ii) Sobre la supuesta inobservancia y errónea aplicación de la Ley Sustantiva, consideraron que es falsa, que la Sentencia contendría datos de la actividad probatoria en juicio, pues toda la exposición de motivos de hecho y probatorios, se encuentran debidamente respaldados por la correspondiente prueba testifical como ser Rebeca Alvarado y Lola Sánchez con las cuales se demostró que Juan de Dios Aruquipa sustrajo 241 libros así como documental en la cual se demuestra la preexistencia de los mismos y que en aplicación de la sana crítica fue dictada la Sentencia; iii) Sobre las supuestas contradicciones e insuficiencia de fundamentación, que no es evidente pues  la Sentencia cumple con los requisitos establecidos por el art. 360 del CPP, así como la debida congruencia, en concordancia al art. 362 de mismo cuerpo legal y que el imputado fue condenado por el hecho ilícito en la acusación; iv) Sobre la supuesta actividad procesal defectuosa, refirieron que no procede por no ser evidente, toda vez  que cualquier defecto debió ser reclamado oportunamente teniéndose que el imputado no hizo uso de ese derecho; y, v) Finalmente sobre la supuesta violación del principio de continuidad y de las normas expresas que regulan la ininterrumpida continuidad del desarrollo del juicio oral, público y contradictorio y continuo, con relación la denuncia, por la carga procesal que tiene el tribunal se hicieron que las audiencias se desarrollen con interrupciones, es decir por causa mayor y alguna se suspendieron por causa del imputado y otras por fechas festivas como la natividad.

II.3.        Del Auto de Vista.


Radicados el recurso ante el Tribunal de Apelación, este emitió el Auto de Vista 78/2011 de 4 de abril, por el que declaró improcedentes los recursos de apelación restringida y confirmó la Sentencia condenatoria, pasando a resolver ambas apelaciones, de la siguiente manera:

Estableció los siguientes argumentos en respuesta a ambos recursos planteados por los acusadores Elías Huanto Mamani, José Luis Quintela Núñez del Prado y Juan de Dios Israel Aruquipa Sanjinés, con los siguientes fundamentos: i) La falta de fundamentación, sostuvo que se encuentra plasmada de acuerdo a lo establecido en el art. 124 de CPP, siendo que la Sentencia cuenta con la relación de los hechos, la misma que se encuentra formulada en base a los medios probatorios producidos en juicio oral, asimismo contiene la fundamentación jurídica con la subsunción de la conducta del acusado en el tipo penal y la respectiva fundamentación de la pena; y,  ii) Con relación a la mala valoración de las pruebas sostuvo que el Tribunal de alzada no está facultado para ingresar a revalorizar las pruebas producidas en juicio oral, previa cita y glosa del Auto Supremo 535 de 20 de septiembre de 2004; por lo que, consideró  que  hubo una correcta fundamentación de la Sentencia y basada a las pruebas otorgadas por ambas partes, concluyendo en cuanto al reclamo de la imposición de la pena contra el imputado a tres años de reclusión, señalando que el Tribunal Tercero de Sentencia tomó en cuenta las atenuantes, dado que son cuestiones de hecho que el Tribunal pudo observar y bajo las reglas de la sana critica impuso la pena basados en la sustanciación del juicio; por lo cual, estableció que el Tribunal apelado obró conforme a ley y derecho al dictar la Resolución  07/2010.


III.VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


III.1.Del  precedente contradictorio invocado.


Con relación al único motivo del recurso de casación interpuesto por los recurrentes Elías Huanto Mamani, José Luis Quintela Nuñez del Prado, referido a que el Tribunal de alzada inobservó y no fundamentó respecto a la mala valoración de pruebas por parte del Tribunal Ad quo, invocaron en calidad de precedente contradictorio el Auto Supremo  14 de 26 de enero del 2007, correspondiendo analizar el mismo, siendo que fue dictado en un proceso de estelionato en el que fueron sentenciadas las imputadas a tres y un mes y tres años, mismas que apelaron tal decisión en la que el Ad quem declaró improcedentes los recursos confirmando la sentencia, situación ésta; por la que, recurrieron de casación con el argumento de que el Tribunal de alzada no realizó un examen ecuánime de los antecedentes del proceso, por lo que examinado que fuera el Auto de Vista recurrido, el Tribunal de Casación advirtió que  la resolución impugnada no ofrecía suficientes elementos de análisis a objeto de realizar el razonamiento de logicidad del fallo donde se evidenció la falta de fundamentación intelectiva en la que se limita a transcribir en los tres considerandos los antecedentes del proceso y en cuarto considerando hizo una relación de las normas legales lo que no suple a la debida fundamentación, por lo que este Alto Tribunal, dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “Si una sentencia cumple con la garantía de la debida motivación, una sentencia sustentada en argumentos claros cumple además con otras dos garantías adicionales, una en interés de las partes y otra en interés de la sociedad en general: la de hacer asequible el acceso a la justicia en este caso mediante los recursos -si los hay-, y la de garantizar el derecho a la información, pues una sentencia obscura a disposición del público permite el acceso a la información, pero una sentencia que es clara lo garantiza, lo hace realmente efectivo, en tanto que no sólo se tiene acceso a ella, sino además cumple con la función última de hacer saber a la sociedad por qué el juzgador sentenció de una determinada manera un juicio.


De ahí que los fallos deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que se limiten a transcribir los antecedentes procesales, los criterios del juzgador expuestos en la resolución en análisis, los fundamentos de las partes o a hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, seguido por el juzgador a efecto de arribar a determinada conclusión, cumpliendo de esa manera con la previsión del artículo 124 del Código de Procedimiento Penal y asegurando la efectividad de una amplia gama de derechos constitucionales.”


III.2. Consideraciones doctrinales y normativas.


Este Tribunal en reiteradas oportunidades señaló que la Constitución Política del Estado (CPE), reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I; siendo así que, la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones; lo que significa que el Juez o Tribunal al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012 de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación.  Asimismo, es preciso señalar que una debida fundamentación o motivación, no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.


Lo anterior significa, que sólo se estará ante una falta de fundamentación o motivación cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP, y vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación.


Ahora bien, cuando se reclama falta de fundamentación de la valoración de la prueba debe tenerse en cuenta que el ordenamiento jurídico boliviano, el sistema de valoración de la sana crítica, se encuentra establecido en el art. 173 del CPP, que refiere: El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida” (sic); lo que implica, que el juzgador debe observar las reglas fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia en la emisión de la Sentencia, que podrá ser impugnada, cuando la parte considere que no fueron aplicadas correctamente.


Así pues, ante la denuncia de falta de fundamentación de la errónea o falta de valoración de la prueba por la incorrecta aplicación de las leyes del pensamiento humano respecto a la sana crítica, que además deberá contener necesariamente la identificación de cuáles los elementos de prueba incorrectamente valorados, así como la solución pretendida; el Tribunal de alzada, verificará si los argumentos y conclusiones de la Sentencia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, y de evidenciar el reclamo, determinará la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio, ante la prohibición de corregir directamente el defecto, conforme dispone el art. 413 del CPP; en cambio de resultar incorrecta la denuncia, dispondrá su rechazo y confirmará lo resuelto por el Tribunal de Sentencia.


Este entendimiento ha sido ampliamente desarrollado en el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que señaló: “El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse a actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente a admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez”.


III.3. Análisis del caso concreto.


La denuncia de los recurrentes, en lo sustancial refiere que el Tribunal de alzada no fundamentó el Auto de Vista impugnado de la labor de valoración probatoria del Tribunal Ad quo, al respecto argumentan que el Tribunal de Sentencia ni el de alzada realizaron una correcta fundamentación, con relación a la apreciación, valoración de las pruebas aportadas en el juicio, que a criterio de los recurrentes, éstas no fueron consideradas y menos analizadas al momento de emitir el fallo, condenándole al imputado sólo a tres años correspondiéndole una condena de cinco años, pues no motivó cómo se habría justificado la valoración de las pruebas documentales y testificales fuera correcta, infringiendo de esta manera el art. 124 del CPP.


De la doctrina legal del presente contradictorio que fue glosada en el acápite III.1 y establecido el fundamento del agravio y el contenido del Auto Supremo citado como precedente contradictorio, se puede constatar que respecto al motivo alegado en casación, Elías Huanto Mamani y José Luis Quintela Nuñez del Prado, en representación Legal de la Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, en su apelación restringida denunciaron primordialmente la falta de fundamentación sobre la incorrecta valoración de prueba, cuestionando que producto de ello, no se tomó en cuenta las pruebas producidas a lo largo del juicio y que no fueran consideradas y valoradas objetivamente por el Juez de origen (como por el Tribunal de alzada), situación ésta que lo llevó a emitir un fallo condenatorio benevolente, tolerante, parcializado y vago, atenuando la pena a solo tres años de reclusión, con el argumento de que se consideró los deseos de superación, estudios y juventud del imputado, sin tomar en cuenta que la pena en los delitos agravados como es el Hurto Agravado, el mismo está sancionado como mínimo con tres años y máximo con cinco, pese a haber llegado a la conclusión de que las pruebas ofrecidas otorgaron certeza  sobre los hechos acusados.

Ante estos reclamos, el Tribunal de apelación, previa cita y glosa del Auto Supremo 525 de 20 de septiembre de 2004, refirió que la Sentencia pronunciada por el Tribunal  estaría plasmada de acuerdo a lo establecido por Ley y derecho, siendo que la Sentencia contaría con la relación de los hechos, la misma que se encuentra formulada en base a los medios probatorios producidos en Juicio; asimismo, que contendría con la fundamentación jurídica con la subsunción de la conducta del acusado en el tipo penal y la respectivas fundamentación de la pena; refiriendo  que el Tribunal de alzada se constituye en uno de garantías y no así de segunda instancia; por lo que, no está facultado para ingresar a revalorizar las pruebas producidas en Juicio oral, público contradictorio; también, concluyó que la misma se basó en pruebas otorgados por ambas partes concluyendo en relación a la imposición de la pena que la misma sería de tres años porque el Tribunal apelado tomó en cuenta las atenuantes, por cuestiones de hecho que el Tribunal pudo observar y bajo las reglas de la sana critica imponer la pena basados en la sustanciación del juicio, así como refirió que es tribunal de garantías que se constituye para el cumplimiento de garantías y derechos constitucionales, tratados internacionales no pudiendo ingresar a revisión de las cuestiones de hecho facultad exclusiva de los Tribunales de sentencia; por lo cual, concluye que el tribunal Ad quo obró conforme a ley y derecho al dictar la resolución 07/2010, advirtiendo que la Sentencia fue debidamente fundamentada, pues se trató de un hecho que se denunció de delito y que cuenta con la valoración correspondiente de la prueba, encontrándose dicha  resolución dentro de los alcances previstos por ley, en cumplimiento del art. 334 del CPP. Agregó, que se debe tener presente que los Jueces y Tribunales son los únicos facultados para realizar la valoración de las  pruebas incorporadas durante el juicio oral, en virtud del principio de   inmediación, estando el Tribunal de alzada impedido de revalorizar las pruebas por no ser competentes para ello, no siendo la apelación restringida el medio jerárquico para revalorizar las pruebas o revisar las cuestiones de hecho, actividad reservada a los Jueces o Tribunales de Sentencias, al efecto, citó el Auto Supremo 525 de 20 de septiembre de 2004.

De lo anterior se evidencia, que el Tribunal de alzada en el ámbito de los recursos de apelación restringida formulados por ambos imputados desestimó los reclamos vinculados a la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de mérito, al establecer que la Sentencia fundamentó adecuadamente sobre la valoración de las pruebas documentales y testificales reclamadas, refiriendo que la Sentencia pronunciada estuvo basada en hechos fácticos de la acusación particular; de igual manera constató el contraste jurídico - intelectivo de los medios de prueba ofertados por las partes en la comunidad de las pruebas, tomando en cuenta la comunidad de ellas, sin que sea evidente la denuncia formulada por los recurrentes, puesto que las conclusiones asumidas por el Tribunal de apelación ejerciendo el control de la aplicación legal de la sana crítica en la valoración de la prueba realizada por el Tribunal Tercero de Sentencia, si bien resultan generales resultan coherentes con los cuestionamientos también generales de ambos recurrentes, pues la conclusión final asumida por el Tribunal de alzada en sentido de la sentencia fue pronunciada conforme a derecho, encuentra su respaldo en los antecedentes, al evidenciarse que los recurrentes se limitaron a plantear sus propias apreciaciones  respecto a la falta de  valoración de manera general de las pruebas, sin identificar que pruebas hubieran sido mal valoradas por el tribunal de Sentencia, además sin la debida identificación de qué reglas de la sana crítica fueron obviadas o erróneamente aplicadas, cuál fue el hecho no cierto o cuál la afirmación imposible  o contraía a las leyes de la lógica o la experiencia, conforme la valoración probatoria de la sentencia de acuerdo a los entendimientos jurisprudenciales destacados en el acápite II.1 de la presente Resolución.


En consecuencia, se reitera que la obligación de la debida fundamentación es también extensible no sólo para el juzgador o Tribunal, sino también para los denunciantes, quienes tienen como carga argumentativa de exponer de forma clara, precisa y coherente los agravios que consideran lesivos, extremo que no hubiera sucedido conforme se fundamenta en el Auto de Vista recurrido, por lo que se advierte que el Tribunal de apelación no infringió lo establecido por el art. 124 del CPP, menos el precedente invocado como contradictorio, al asumir de manera clara y precisa, que el Tribunal de Juicio realizó correctamente la valoración de las pruebas tanto de cargo como de descargo, que está impedido de revalorizar las mismas; y, que los apelantes no fundamentaron adecuadamente sus apelaciones restringidas; por ello, el presente recurso deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Elías Huanto Mamani y José Quintela Núñez del Prado, en representación legal de la Rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, cursante de fs. 675 a 677 vta.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA