TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 787/2015-RRC-L

Sucre, 06 de noviembre de 2015


Expediente        : La Paz 102/2011

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otra 

Parte Imputada        :        Delia Verónica Tapia Mollinedo 

Delitos                : Estafa y otro  

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de mayo de 2011, cursante de fs. 594 a 596 vta., Silvia Macaria Pérez Mamani, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 84/2011 de 12 de abril, de fs. 577 a 581, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la recurrente contra Delia Verónica Tapia Torrez y Félix Gerardo Mollinedo Archondo, por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   En mérito a las acusaciones pública y particular (fs. 2 a 4 y 8 a 10), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 25/2010 de 23 de junio (fs. 364 a 367), el Tribunal Sexto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a la imputada Delia Verónica Tapia Torrez, autora del delito de Estafa previsto y sancionado por el art. 335 del CP, condenándola a la pena privativa de libertad de cuatro años de reclusión, mas cien días multa a razón de Bs.- 5 (cinco bolivianos) por día, con costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia; asimismo, la declaró absuelta del delito de Estelionato, previsto en el art. 337 del mismo Código.


b)   Contra la mencionada Sentencia, la imputada Delia Verónica Tapia Torrez y la acusadora particular Silvia Macaria Pérez Mamani, formularon recursos de apelación restringida (fs. 445 a 450 y 453 a 455 vta.), siendo resueltos por el Auto de Vista 84/2011 de 12 de abril (fs. 577 a 581), dictado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró procedente en parte los fundamentos de los recursos planteados; en consecuencia, anuló totalmente la Sentencia y ordenó el reenvío de la causa para la tramitación de un nuevo juicio hasta la dictación de Sentencia conforme a las reglas del debido proceso, lo que motivó la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso


Del memorial del recurso de casación (fs. 594 a 596 vta.) y del Auto Supremo 575/2015-RA-L de 16 de Septiembre (fs. 610 a 612) dictado en el caso de Autos, se extraen las siguientes denuncias a ser analizadas en la presente Resolución, sobre las cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP):


1)  La recurrente denuncia que el Auto de Vista ahora impugnado, efectuando una copia de los fundamentos de la Sentencia y de las apelaciones restringidas, subrayando y poniendo en negrillas algunas palabras y frases, vulneró el principio de ultima ratio del derecho penal, al haber incurrido en revalorización de la prueba consistente en el documento de 29 de abril de 2005, que nunca fue presentado en calidad de prueba de cargo y que se trataría de un documento de naturaleza civil, porque versa sobre un préstamo de dinero con garantía real y que no se habría cumplido; revisando además cuestiones de hecho, llegando al extremo de señalar erradamente que la Sentencia no indica de manera clara y precisa cuáles serían los medios fraudulentos empleados por la imputada para causar beneficio patrimonial indebido, cuando en realidad la Sentencia apelada de manera clara y precisa refiere que la imputada a fin de obtener la disposición patrimonial de su parte, se hizo pasar por propietaria de un inmueble, al grado que incluso le entregó documentos en dicha calidad, cuando en realidad no lo era, por lo que -concluye-, estos ardides y engaños causaron error en ella de creer que la imputada era la propietaria del citado inmueble, dando lugar a que se realice la disposición patrimonial en su favor, hechos que ya fueron advertidos por el Tribunal de Sentencia, a cuyo efecto señaló que los miembros del Tribunal de alzada revalorizaron prueba y revisaron cuestiones de hecho sin “expresar” la violación a derechos fundamentales constitucionales, configurándose defecto absoluto de conformidad al art. 169 inc. 3) del CPP, sosteniendo que conforme a la doctrina legal citada, el Tribunal de apelación no puede revalorizar prueba ni tampoco puede revisar cuestiones de hecho; sin embargo, conforme la fundamentación del Auto de Vista recurrido, revalorizó prueba y examinó cuestiones de hecho, razón por la cual dicha resolución debe adecuarse a los preceptos contradictorios y en consecuencia dictarse nueva resolución; e invoca los Autos Supremos 525 de 20 de septiembre de 2004, 151 de 2 de febrero de 2007 y 16 de 26 de enero de 2007.


2)  En otro acápite la recurrente arguye que el Tribunal de alzada pudo reparar directamente la inobservancia de la ley, adecuando la conducta de la acusada en los tipos penales de acuerdo a la descripción que hizo la Sentencia apelada, sin incurrir en revalorización de la prueba; en ese sentido alega, que en su recurso de alzada citó el Auto Supremo 113 de 31 de enero de 2007, al referirse a los errores in iudicando sobre la inobservancia de la ley sustantiva, observando que los delitos de Estafa y Estelionato pueden ser aplicados conjuntamente cuando la conducta y el hecho ilícito son susceptibles de subsumirse en ambos tipos penales ya que protegen el mismo bien jurídico; afirmando, que el actuar de la imputada  consistió en lograr la disposición patrimonial haciéndole creer que era propietaria de un bien inmueble cuando en realidad no lo era, evidenciándose su subsunción en el delito de Estafa y Estelionato, y que a través de engaños, haciendole creer que es propietaria de un inmueble le hizo incurrir en error trayendo como consecuencia la disposición patrimonial, cuestión jurídica que no es admitida por los Tribunales de Sentencia ni de apelación; por lo que, invoca el Auto Supremo 113 de 31 de enero de 2007.


I.1.2. Petitorio


La recurrente solicita se determine la contradicción existente con los precedentes invocados.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 575/2015-RA-L de 16 de Septiembre (fs. 610 a 612), este Tribunal admitió el recurso formulado por Silvia Macaria Perez Mamani para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


El Tribunal Sexto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 25/2010 de 23 de junio (fs. 364 a 367), por la que declaró a la imputada Delia Verónica Tapia Torrez, autora del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, condenándola a la pena privativa de libertad de cuatro años de reclusión, mas cien días multa a razón de Bs.- 5 por día, con costas, daños y perjuicios a calificarse en ejecución de sentencia; asimismo, la declaró absuelta del delito de Estelionato previsto en el art. 337 del CP, fallo que entre sus argumentos señaló que de acuerdo a las pruebas literales de cargo “MP-2 y MP-1”, así como de la declaración testifical de la víctima; el 29 de abril de 2005, Delia Verónica Tapia Torrez y Silvia Macaria Perez Mamani suscribieron un documento privado por un préstamo de $us. 3.150.- (tres mil quinientos dólares estadounidenses) por treinta días, que no fue cumplido hasta el presente, obligación contenida en un manuscrito de la imputada, donde se dispuso que la víctima recoja dinero el 17 de marzo del año 2006, préstamo originado por la relación de amistad entre la víctima Silvia Macaria Pérez Mamani y la imputada Delia Verónica Tapia Torrez; asimismo, advirtió según la declaración de la acusadora que en reiteradas oportunidades exigió el cumplimiento de la obligación y que el manuscrito fue realizado por la imputada en una hoja de agenda; la disposición del inmueble que no se encontraba a su nombre, percatándose de ello porque fue a Derechos Reales y sacó la información rápida donde observó con sorpresa que no era la propietaria, sino “Sra. Maritza” (sic).


Asimismo indicó que as literales “MP-3 y MP-4” ratificaron los hechos probados, estableciéndose por la información rápida de 9 de enero de 2006 que el inmueble (partida 01411434) se hallaba registrado a nombre de la imputada Delia Tapia Torrez sobre un departamento del piso 4 del edif. Mariscal de Zepita Bloque “B”, que a partir del 14 de diciembre de 2005, se halla registrado el derecho propietario a nombre de Gómez Guzmán Ross Mery Maritza.


Adicionalmente refirió que la prueba “MP-5” consistente en el testimonio 099/97 de la escritura pública de compra venta de un departamento suscrito por Alfonso Gamarra Duran y Marisol del Carmen Alisedo de Gamarra a favor de Delia Tapia Torrez, sobre un departamento del piso 4 del bloque “B” del edificio Mariscal de Zepita con registro en la oficina de Derechos Reales bajo el sistema computarizado 01411434 de 25 de julio de 1997, también corrobora los hechos probados. 


Posteriormente en la fundamentación jurídica concluyó que correspondía que la imputada sea declarada culpable por el delito de Estafa por constituir en su accionar los elementos del citado ilícito, destacando que la disposición patrimonial de $us.3.150.- fue emergente de un préstamo de dinero que se inició por la confianza entre las partes, dada la relación de amistad y el ofrecimiento de una garantía real constituida con la entrega original del testimonio de la escritura pública registrada en Derechos Reales, sobre el departamento que anteriormente fuera de su propiedad, para con ello lograr el beneficio económico indebido que se trasunta en un perjuicio, pues luego de recibir el dinero, bajo el engaño de simular ser propietaria de un departamento y entregar la escritura original, celebrar el préstamo  el 29 de abril de 2005, para luego la imputada no ser propietaria el 14 de diciembre de 2005, sin tener el menor interés en devolver el monto prestado.


También estableció que los hechos referidos eran la causa y móvil para lograr su propósito de obtener dineros, sin que haya podido cumplir con la devolución del dinero obtenido, existiendo en consecuencia duda razonable, por lo que consideró que respecto al delito de Estelionato correspondía la absolución de la imputada.

II.2.De la apelación restringida de Delia Verónica Tapia Torrez.


       La imputada, en síntesis entre otros aspectos denunció que se vulneró el derecho al debido proceso en lo concerniente al juicio y condena por Estafa y que en el proceso existió actividad procesal defectuosa, más adelante en otro acápite señaló los defectos que contiene la Sentencia. 


II.3. De la apelación restringida de Silvia Macaria Perez Mamani.


La acusadora particular denunció en su apelación (fs. 453 a 455 vta.), que existen errores in iudicando, porque que la Sentencia incurrió en inobservancia de la ley sustantiva [art. 370 inc. 1) del CPP]; al respecto, se refirió a los acápites de los hechos probados y de la fundamentación jurídica de la sentencia, donde según indicó se estableció que la imputada simuló ser propietaria de un bien inmueble en propiedad horizontal ubicado en el cuarto piso del edificio Mariscal de Zepita Bloque “B”, a cuyo efecto garantizó con dicho inmueble el préstamo de dinero (prueba MP-2) documento privado de 29 de abril de 2005, entregando además el testimonio original del inmueble que anteriormente era propietaria; en consecuencia, señaló que conforme a la segunda parte del art. 337 del CP la conducta de la imputada se subsumía a los hechos probados, por lo que conforme a los principios de economía procesal y legalidad además del último párrafo del art. 413 del CPP, solicitó que el Tribunal de apelación identificando el error in judicando dicte nueva sentencia, sin disponer la realización de un nuevo juicio subsumiendo los hechos acusados al art. 337 del CP en forma conjunta con el art. 335 del mismo cuerpo normativo.


También denunció que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o valoración defectuosa de la prueba [art. 370 inc. 6) del CPP] e indicó que a través de la Sentencia Constitucional 1480/2005-R de 22 de noviembre de 2005, se definen parámetros a tomarse en cuenta a momento de determinarla, citó la SC 25/2010 de 23 de junio de 2010 y refirió que se desconoció un valor a la prueba que racionalmente tenía, constituyendo un defecto de la sentencia error in judicando en razón a que el juzgador se valió de los parámetros de la sana crítica desconociendo un valor a la prueba del que racionalmente tiene, mas adelante hizo hincapié al punto de las pruebas literales de cargo y al acápite de los hechos probados de la sentencia.


Finalmente denunció que en la Sentencia existe contradicción [370 inc. 8) del CPP], ya que en la parte considerativa se fundamentó la existencia del delito de Estelionato, pero en la parte resolutiva se declaró la absolución de la imputada por ese delito.


II.4.Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante el Auto de Vista impugnado, declara procedente en parte los fundamentos de los recursos planteados; en consecuencia, anuló totalmente la Sentencia y ordenó el reenvío de la causa, entre otros, con los siguientes argumentos:


Haciendo referencia al punto III de la Sentencia apelada, el Tribunal de alzada concluyó que se basó en documentos suscritos entre las partes sobre un contrato de préstamo con garantía real, en consecuencia citando al profesor Fernando Villamor Lucia sobre el art. 335 del CP, hizo alusión al delito de Estafa aseverando que el ardid y el engaño son sus características y las causantes de que se produzca la disposición patrimonial indebida, que en el presente caso, el Tribunal de Sentencia no señaló de manera clara y precisa los medios fraudulentos empleados por la imputada para causar beneficio patrimonial indebido, reiterando de que el caso sería producto de una relación civil entre las partes donde se incumplió con una obligación; en consecuencia, la sentencia no se adecuó al Auto Supremo 241 de 1 de agosto de 2005, haciendo hincapié posteriormente en que la vía penal no puede ser utilizada para perseguir el cumplimiento de obligaciones, ya que el derecho penal sustantivo y adjetivo es de ultima ratio, no puede penalizar las obligaciones contractuales, lo que conllevaría la vulneración de los derechos constitucionales; por consiguiente, concluyó que es evidente lo señalado por la imputada en su alzada.


Adicionalmente afirmó que es evidente la contradicción argüida por la acusadora particular ya que el punto V de la Sentencia impugnada incurrió en contradicción al fundamentar los tipos penales acusados, por cuanto al fundamentar el tipo penal de Estafa se indicó que se habría ofrecido una garantía real, que es el medio por el cual logró el beneficio económico indebido; sin embargo, al fundamentar el delito del Estelionato indicó que la imputada al entregar el testimonio original del departamento que anteriormente era propietaria, dio lugar a que la víctima entregue dinero a la suscripción del documento privado, que se aparte de las normativas civiles, que por el contrario este constituye el engaño en la conducta de lograr que la víctima realice la disposición patrimonial que no constituye Estelionato; en consecuencia, concluyó que el Tribunal sentenciador incurrió en contradicción a momento de calificar los delitos acusados, ya que en un momento señaló que la acusada habría simulado ser propietaria del inmueble otorgado en garantía a momento de fundamentar el tipo penal Estafa; sin embargo, a momento de referirse al delito Estelionato indicó que la imputada habría sido propietaria del inmueble y el hecho de ofrecer y entregar el testimonio del mismo no se adecuaría al tipo penal Estelionato, por lo que al ser evidente la vulneración de derechos y garantías en la Sentencia y haberse demostrado que contiene defectos insubsanables no susceptibles de convalidación, correspondía aplicar lo previsto en la primera parte del art. 413 del CPP, al no ser viable la solicitud de la acusadora particular, debido a que el Tribunal de alzada no puede ingresar a realizar una valoración de pruebas en cumplimiento de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, que caracterizan el sistema procesal penal.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS POR LA RECURRENTE


En el presente recurso, la acusadora particular denuncia que el Auto de Vista vulneró el principio de ultima ratio del derecho penal, al haber revalorizado la prueba, revisando inclusive cuestiones de hecho fácticos, llegando a afirmar que no existió dolo en la conducta de la imputada, disponiendo el reenvío del juicio, sin expresar el quebrantamiento a derechos fundamentales; además, en la parte considerativa del Auto de Vista impugnado, copió los fundamentos de la Sentencia y de las impugnaciones, cuando debió reparar directamente la inobservancia de la ley, adecuando la conducta de la imputada en los tipos penales, correspondiendo resolver en el fondo las problemáticas planteadas.


III.1. De los precedentes contradictorios invocados.


La recurrente con relación al primer motivo invocó el Auto Supremo 525 de 20 de septiembre de 2004, emitido dentro de un proceso sobre Transporte de Sustancias Controladas, donde inicialmente se dictó Sentencia condenatoria, apelada esta determinación, por Auto de Vista se declaró procedente la apelación planteada y revocó la sentencia apelada, absolviendo a la imputada; fallo que fue dejado sin efecto, al no encontrarse dentro de los alcances del art. 413 del CPP, al haber valorado el Tribunal de alzada nuevamente la prueba, concluyendo que no estaba probada la acusación, por lo que revocó la sentencia apelada y pronunció otra, absolviendo a la imputada por el delito que fue objeto de juicio; sin tomar en cuenta que cuando se da esta figura, el Tribunal de alzada debe anular totalmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio, por otro Tribunal; no siendo permitido revisar las cuestiones de hecho que valoran los Tribunales inferiores, sino garantizar el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley y que es ultra petita, por consiguiente se emitió la siguiente doctrinal legal aplicable: “que de acuerdo a la nueva concepción doctrinaria la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no es el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que lo hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley. Por ello no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguientes aspectos: anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente”.


También invocó el Auto Supremo 151 de 2 de febrero de 2007, pronunciado dentro de un proceso sobre Hurto, donde se dictó sentencia absolutoria, que fue objeto de apelación resuelta por Auto de Vista que declaró procedente el recurso y deliberando en el fondo, dio aplicación a los arts. 365 y 413 del CPP, declarando al imputado autor del delito de Hurto, imponiéndole una pena con la otorgación del beneficio del perdón judicial. Recurrido de casación fue dejado sin efecto porque el Tribunal de alzada no se encontraba facultado para valorar la prueba ni para revisar cuestiones de hecho; además de no precautelar los derechos y garantías del recurrente, por lo que se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Que con el nuevo sistema procesal penal garantiza la valoración de la prueba y las cuestiones de hecho son de exclusiva competencia del Juez o Tribunal de Sentencia, además toda resolución dictada por el Tribunal de Alzada debe fundamentarse; dentro del subsistema de recursos penales no existe doble instancia de manera que el Tribunal de Apelación conoce solo asuntos de puro derecho; asimismo deberá observar los defectos absolutos para reparar los derechos y garantías constitucionales vulnerados. Que con referencia a la valoración de la prueba se ha pronunciado el Auto Supremo Nº 196 de fecha 3 de junio de 2005 donde se emitió la siguiente: Que la facultad de valorar la prueba corresponde con exclusividad al Juez o Tribunal de Sentencia, quien al dirigir el juicio oral y recibir la prueba, adquiere convicción a través de la apreciación de los elementos y medios de prueba: convicción que se traduce en el fundamento de la sentencia que lleva el sello de la coherencia y las reglas de la lógica; consiguientemente, el Tribunal de Alzada en caso de revalorizar la prueba, dicho acto convierte en defecto absoluto contemplado en el articulo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal; por haber aplicado el articulo 173 contradiciendo el Auto de Vista Nº 45 de 7 de septiembre de 2004 pronunciado por la Sala Penal Segunda del mismo Distrito Judicial de Casación; se indica que el Juez o Tribunal de Sentencia tiene la facultad de valorar la prueba y no así el Tribunal de apelación como ocurrió en el Sub lite.


Por último, en este motivo invocó el Auto Supremo 16 de 26 de enero de 2007, emitido dentro de un proceso sobre Alzamiento de bienes y Falencia civil, donde se dictó sentencia absolutoria, siendo apelada por Auto de Vista se revocó parcialmente la sentencia y se declaró a los imputados culpables del delito señalado, fallo que fue dejado sin efecto a raíz de que el Tribunal de alzada incurrió en infracción procesal al inobservar lo dispuesto por los arts. 413 y 414 del CPP, incurriendo en revalorización de la prueba que influyó en la parte dispositiva, cambiando la situación jurídica de los imputados, pronunciándose la siguiente doctrina legal aplicable: “Que, de acuerdo a la nueva filosofía de la Ley 1970 y a la línea doctrinal sentada por este alto Tribunal de Justicia, la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la sentencia, no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los Tratados internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley, consiguientemente no existe la doble instancia y el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a anular total o parcialmente la sentencia, ordenando la reposición del juicio, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; cuando la nulidad sea parcial se indicará el objeto concreto del nuevo juicio y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, resolverá directamente. En el caso de Autos se establece que el Tribunal de alzada "revaloriza la prueba introducida a juicio" cambiando, indebidamente, la situación jurídica de la imputada, actuando en contra de la línea jurisprudencial sentada por este Tribunal de Justicia”.


Asimismo respecto al segundo motivo, la recurrente invocó el Auto Supremo 113 de 31 de enero de 2007, que fue dictado dentro de un proceso sobre Estafa y Estelionato, donde inicialmente se dictó sentencia absolutoria por el primer delito y condenatoria por el segundo, resolución que fue apelada, motivando el Auto de Vista que declaró improcedentes las alzadas, siendo sin embargo dejado sin efecto porque el fundamento del Tribunal de alzada indicó que los delitos de Estafa y Estelionato son considerados como delitos excluyentes y se contraponen entre sí en la subsunción de los hechos denunciados, argumento contrapuesto a los precedentes invocados en ese entonces; en consecuencia, se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “Que la conducta o hecho ilícito es susceptible de subsumirse a uno o más tipos penales que protejan un bien jurídico, siempre y cuando que las notas distintivas del hecho ilícito se adecuen a los elementos constitutivos de los tipos penales que protejan un bien jurídico determinado, cada tipo penal tiene sus propios elementos constitutivos que no comparte con otro tipo penal perteneciente a otro delito, por mucho que protejan el mismo bien jurídico; sin embargo el hecho objeto de juzgamiento puede tener notas distintivas variadas que son susceptibles de adecuarse a diferentes tipos penales que protegen un bien jurídico o bienes jurídicos distintos, dependiendo de que una conducta denote delitos o varias conductas denoten otros delitos.


Para fijar la sanción se debe precisar el grado de culpabilidad, a su vez, se debe analizar las circunstancias que intervinieron en la realización del hecho ilícito y la situación personal del imputado y de la víctima; aspecto que de la verificación se desprenderán si son atenuantes o agravantes, examen que debe responder a la coherencia y experiencia del juez o tribunal que juzga el hecho e impone la pena pertinente acorde a la culpabilidad y a las atenuantes o agravantes concurrentes”.


III.2. Consideraciones doctrinales y normativas.


III.2.1. Sobre la facultad del Tribunal de alzada ante la errónea aplicación de la norma.


Adicionalmente a la doctrina legal invocada por la recurrente, este Tribunal considera pertinente precisar que a los Tribunales de alzada no les está permitido descender al examen de la prueba y consiguiente modificación de los hechos, pues está desprovisto de la inmediación con la que cuentan los Tribunales de Sentencia con relación a la prueba desfilada  en el juicio oral; igualmente ratifica que, el cambio de situación jurídica del imputado de absuelto a condenado o viceversa, cuando esa decisión emerge de la modificación de los hechos en base a una nueva valoración de la prueba, es inviable, caso en el que necesariamente debe disponerse la nulidad de la Sentencia y la reposición del juicio por otro Tribunal.


Sin embargo, no es menos evidente que este Tribunal incorporó una subregla para los supuestos de cambio de situación jurídica del imputado, en los que sí es posible y es obligación del Tribunal de alzada, en aplicación del art. 413 última parte del CPP, ingresar al análisis de aspectos relacionados con la subsunción de la conducta del imputado, en base a los hechos establecidos en sentencia, se entiende sin cambiar en absoluto los mismos; es decir, adecuar la conducta al o los delitos que correspondan y en caso de evidenciar que no se reúnen los elementos configurativos del tipo penal, disponen la absolución del imputado; y, a contrario sensu, si advierte que el Juez o Tribunal de sentencia, al absolver al imputado incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva en la labor de subsunción; siendo que su conducta efectivamente se acomoda a un tipo o a varios tipos penales, puede condenar e imponer la pena que corresponda; estos criterios y sus fundamentos se encuentran plasmados y explicados en el Auto Supremo 660/2014-RRC de 20 de noviembre, en el que se estableció: “es conocido que el actual sistema procesal penal garantiza la no revalorización de prueba, y en consecuencia, el establecimiento o modificación de los hechos por parte del Tribunal de apelación, siendo profusa la doctrina legal emitida por este Tribunal y la extinta Corte Suprema de Justicia al respecto, que mediante reiterados fallos hizo énfasis en la característica de intangibilidad que tienen los hechos establecidos en Sentencia, no siendo permisible el descenso al examen de los hechos y la prueba, lo que es innegable, por cuanto el único que tiene la posibilidad de valorar la prueba y a partir de ello establecer la verdad histórica de los hechos (verdad material), es el Juez o Tribunal de Sentencia, al gozar de la inmediación que tiene con las partes y la prueba, que le permite forma un criterio, lo más cercano posible, de lo que pasó en el hecho investigado, posibilidad del que está desprovisto el Tribunal de alzada. En efecto, la uniforme doctrina legal emitida por el Tribunal Supremo de Justicia estableció que, al no tener la facultad el Tribunal de alzada de modificar el hecho o hechos establecidos en sentencia (principio de intangibilidad), obviamente está impedido de cualquier posibilidad de, mediante una nueva valoración probatoria y consiguiente modificación o alteración de los hechos establecidos por el Juez o Tribunal de Sentencia, cambiar la situación jurídica del imputado, ya sea de absuelto a condenado o viceversa. (…) Sin embargo, este Tribunal entiende que no siempre la modificación de la situación jurídica del imputado implica un descenso al examen de la prueba y a los hechos per se, pues ello no sucede cuando lo que se discute en esencia no son los hechos establecidos por el juzgador; sino, la adecuación o concreción de esos hechos al marco penal sustantivo, ya sea por el imputado que sostiene que el hecho por el que se lo condenó no constituye delito por falta de alguno de sus elementos (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y que lógicamente no implique modificación de los hechos mediante la revalorización de la prueba, o por el acusador que, ante la absolución del imputado plantea que esos hechos demostrados y establecidos en Sentencia, sí se subsumen en alguna conducta prohibida por el Código Penal. En consecuencia, en estos casos el Tribunal de alzada no tiene necesidad alguna de valorar prueba (lo que se reitera le está vetado), por cuanto los hechos ya están establecidos en Sentencia y no son objeto de discusión, correspondiéndole únicamente verificar si el trabajo de subsunción o adecuación del hecho acreditado fue correcta o no, entonces, de advertir que el juez incurrió en error al adecuar la conducta del imputado, ya sea por haber establecido la absolución o determinando la condena en forma indebida, tiene plena facultad para enmendar el mismo, sin necesidad de anular la Sentencia, puesto que el error se cometió en la operación lógica del juzgador y no en la valoración de la prueba que dio lugar al establecimiento de los hechos tenidos como probados; consiguientemente, no es razonable ni legal que se repita el juicio únicamente para que otro juez realice una correcta subsunción del hecho. En tal sentido, a tiempo de ratificar el concepto rector de que el Tribunal de alzada no puede cambiar la situación del imputado como consecuencia de la revalorización de la prueba o de la modificación de los hechos probados en juicio; debe concebirse la posibilidad en el supuesto de que se advierta y constate que el Juez o Tribunal de Sentencia, incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva, que el Tribunal de alzada en estricta aplicación del art. 413 último párrafo del CPP y con base a los hechos probados y establecidos en Sentencia, en los casos de que éstos no sean cuestionados en apelación o de serlo se concluya que fue correcta la operación lógica del juzgador en la valoración probatoria conforme a la sana crítica, pueda resolver en forma directa a través del pronunciamiento de una nueva Sentencia, adecuando correctamente la conducta del imputado al tipo penal que corresponda, respetando en su caso la aplicación del principio iura novit curia, ya sea para condenar al imputado o en su caso, para declarar su absolución, de no poder subsumirse la conducta al o los tipos penales, por no ser punible penalmente el hecho o porque no reúne todos los elementos de delito. En consecuencia, este Tribunal considera necesario establecer la siguiente sub regla: El Tribunal de alzada en observancia del art. 413 última parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no está eximido de dar estricta aplicación del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinación, ya sea para la absolución o condena del imputado y respectiva imposición de la pena. La incorporación de la citada sub regla a la línea asumida por este Tribunal y expuesta precedentemente, tiene como base los principios rectores de la jurisdicción ordinaria, por cuanto este Tribunal no puede soslayar la esencia del art. 178.I de la CPE”.


III.2.2. Respecto a la labor de subsunción de los hechos al tipo penal.


El Auto Supremo 431 de 11 de octubre de 2006, indica: “la calificación del hecho a un tipo penal determinado es en razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito; es necesario tomar en cuenta que la conducta general descrita por el tipo penal se encuentra en la norma, mientras que la conducta particular se identifica por la descripción de sus peculiaridades, si estas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en tal normativa; en caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del tipo penal, el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a tentativa u otra figura delictiva.”


Asimismo el Auto Supremo 134/2013-RRC de 20 de mayo,  señala: “La labor de subsunción penal y su control por el Tribunal de alzada Una vez desarrollada la audiencia en sus distintas fases, incluida la actividad probatoria de las partes, corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia resolver aquellas cuestiones relativas a la comisión del hecho punible que determine en su caso la absolución o la condena del imputado, debiendo la sentencia contener la exposición de los motivos de hecho y de derecho en que se funda conforme se tiene establecido en el art. 360.3) del CPP. En este ámbito, debe tenerse en cuenta que la labor de subsunción, es una labor lógica del aplicador, para determinar si el hecho específico legal, o la consecuencia jurídica establecida por la norma coincide o difiere, consecuentemente, lo que debe hacer el juzgador es encuadrar el hecho específico concreto en el hecho específico legal. Por tal razón, toda sentencia condenatoria se compone de dos operaciones, sin perjuicio de que las mismas se descompongan en otras varias. Una primera operación se concentra en determinar el hecho probado, y la segunda, una vez conocido el hecho se ocupa de la labor de subsunción del hecho en alguno o algunos preceptos penales. A la primera se la llama juicio histórico o fundamentación fáctica y la segunda es conocida como juicio jurídico o fundamentación jurídica y ambas deben gozar de una adecuada fundamentación. Esta exigencia de la motivación tiene un fundamento de carácter constitucional y permite que la Sentencia se justifique objetivamente; además, de exteriorizar una ineludible convicción judicial. Esto implica que la Sentencia ha de ser racional, de manera que la convicción del juez no puede basarse en la intuición o sospecha, sino que el mismo debe proceder de la prueba practicada en el juicio. Solo una convicción derivada de la prueba es atendible, por lo que cualquier otra convicción que procede de un motivo ajeno no es adecuada al razonamiento judicial y es pura arbitrariedad, por lo que la motivación sirve de control para evitar que se dicten las sentencias basadas únicamente en certidumbres subjetivas del juez, pero carentes de todo sustento probatorio. En cuanto al control de la subsunción jurídica, corresponde precisar que la exteriorización del razonamiento efectuado por el Juez o Tribunal de Sentencia, permite su control al Tribunal de apelación, por ello la motivación de la Sentencia debe reflejar el razonamiento encaminado a la aplicación de la norma general al caso juzgado, trasladando la valoración genérica que el legislador ha expresado en la norma general a un supuesto de hecho concreto. La legitimidad de este procedimiento depende de la corrección con la que se haya inferido la decisión jurídica. Por otra parte, debe tenerse presente que en el juicio sobre la observancia de la ley sustantiva existen limitaciones, como la falta o insuficiencia de determinación del hecho que sirve de sustento a la calificación jurídica, que impide constatar si la ley ha sido bien o mal aplicada, y fundamentalmente los problemas ligados a la interpretación de los conceptos jurídicos que integran la ley sustantiva y a la subsunción jurídica. Para superar estas limitaciones, el Tribunal de apelación al realizar la labor de control de la subsunción debe partir del hecho acusado, para saber si corresponde o no subsumirlo en el tipo o tipos penales acusados, siendo además importante interpretar los conceptos jurídicos que integran la ley sustantiva; de ese modo, el Tribunal de casación podrá cumplir con su labor de uniformar la jurisprudencia, estableciendo criterios rectores que permitan la aplicación del principio de seguridad jurídica”.


III.2.3. Del debido proceso y la fundamentación de las resoluciones judiciales.


Este Tribunal en reiteradas oportunidades ha señalado que la Constitución Política del Estado (CPE), reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I; siendo así que, la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el Juez o Tribunal al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319 de 4 de diciembre de 2012, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez de Sentencia; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario, significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Asimismo, una debida fundamentación o motivación, no  precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder a todos los puntos denunciados.


Lo anterior significa, que sólo se estará ante una falta de fundamentación o motivación cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP, y vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación.


III.3. Análisis del caso concreto.


En la presente causa, la parte recurrente plantea como primer motivo de su recurso de casación, que el Auto de Vista ahora impugnado, efectuando una copia de los fundamentos de la Sentencia y de las apelaciones restringidas, subrayando y poniendo en negrillas algunas palabras y frases, vulneró el principio de ultima ratio del derecho penal, al haber incurrido en revalorización de la prueba consistente en el documento de 29 de abril de 2005, que nunca fue presentado en calidad de prueba de cargo y se trataría de un documento de naturaleza civil, porque versa sobre un préstamo de dinero con garantía real y que no se habría cumplido; revisando además cuestiones de hecho, llegando al extremo de señalar erradamente que la Sentencia no señaló de manera clara y precisa cuáles serían los medios fraudulentos empleados por la imputada para causar beneficio patrimonial indebido, cuando en realidad la Sentencia apelada de manera clara y precisa refirió que la imputada a fin de obtener la disposición patrimonial de su parte, se hizo pasar por propietaria de un inmueble, al grado que incluso le entregó documentos en dicha calidad, cuando en realidad no lo era, por lo que concluye que esos ardides y engaños, causaron error en ella de creer que la imputada era la propietaria del citado inmueble, dando lugar a que se realice la disposición patrimonial en su favor, hechos que ya fueron advertidos por el Tribunal de Sentencia, a cuyo efecto indicó que los miembros del Tribunal de alzada revalorizaron prueba y revisaron cuestiones de hecho sin “expresar” la violación a derechos fundamentales constitucionales, configurándose un defecto absoluto de conformidad al art. 169 inc. 3) del CPP, sosteniendo que conforme a la doctrina lega citada, el Tribunal de apelación no puede revalorizar prueba ni tampoco puede revisar cuestiones de hecho; sin embargo, conforme la fundamentación del Auto de Vista recurrido, revalorizó prueba y examinó cuestiones de hecho, razón por la cual dicha resolución debe adecuarse a los preceptos contradictorios y en consecuencia dictarse nueva resolución.


Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el acápite II.4 del presente Auto Supremo, se evidencia que el Tribunal de alzada indicó que la Sentencia apelada se basó en documentos sobre un contrato de préstamo con garantía real, y que respecto al delito de Estafa, el Tribunal de Sentencia no señaló de manera clara y precisa los medios fraudulentos empleados por la imputada para causar beneficio patrimonial indebido, reiterando de que el caso sería producto de una relación civil entre las partes donde se incumplió con una obligación, haciendo hincapié en que la vía penal no puede ser utilizada para perseguir el cumplimiento de obligaciones, ya que el derecho penal sustantivo y adjetivo es de ultima ratio y no puede penalizar las obligaciones contractuales.


Asimismo, afirmó que la Sentencia incurrió en contradicción a momento de fundamentar los tipos penales acusados, ya que en la Estafa se indicó que se habría ofrecido una garantía real, que es el medio por el cual logró el beneficio económico indebido, y que en cuanto al delito del Estelionato se indicó que la imputada al entregar el testimonio original del bien del cual anteriormente era propietaria, dio lugar a que la víctima entregue dinero a la suscripción del documento privado, presentándose el engaño en la conducta de lograr que la víctima realice la disposición patrimonial lo cual no constituye Estelionato, razón por la que consideró que el Tribunal sentenciador incurrió en contradicción a momento de calificar los delitos acusados, ya que en un momento señaló que la imputada habría simulado ser propietaria del inmueble otorgado en garantía a momento de fundamentar el tipo penal Estafa; sin embargo, a momento de referirse al delito Estelionato indicó que la imputada habría sido propietaria del inmueble y el hecho de ofrecer y entregar el testimonio del mismo no se adecuaría al tipo penal Estelionato.


Estos argumentos asumidos por el Tribunal de alzada demuestran ser evidente la denuncia formulada por la parte recurrente, habida cuenta de que en la resolución de los recursos de apelación restringida, incurrió en revalorización de la prueba por cuanto procedió a realizar un análisis del documento base del presente proceso, realizando inclusive afirmaciones sobre la repercusión que conlleva dentro de la causa y sus efectos obligacionales; por cuanto, examinó cuestiones de hecho, en contradicción con la basta doctrina emitida por este Tribunal al respecto, ya que el Tribunal de alzada además de no haber dado respuesta fundamentada a los agravios denunciados a través de las alzadas, procedió a revalorizar la prueba presentada, denotando una ausencia de su tarea de efectivo control sobre la actuación del Tribunal de Sentencia; consecuentemente, el Auto de Vista impugnado no es expreso, claro, legítimo y lógico, al limitar su pronunciamiento a apreciaciones subjetivas, omitiendo la exposición de los razonamientos efectuados para la conclusión asumida, en vulneración al principio de exhaustividad, base esencial de la motivación que debe guardar cada resolución, más aún al tratarse de un Auto de Vista donde debe plasmarse el examen previo de la resolución recurrida a las cuestiones planteadas ejerciendo el control del cumplimiento de las reglas de la sana critica cuando la apelación verse sobre la defectuosa valoración de la prueba, lo que no aconteció en el caso de autos, resultando por consiguiente el presente motivo recurrido en fundado.

Por otra parte, la recurrente adicionalmente arguye en su segundo motivo de casación, que el Tribunal de alzada pudo reparar directamente la inobservancia de la ley, adecuando la conducta de la acusada en los tipos penales de acuerdo a la descripción que hizo la Sentencia apelada, sin incurrir en revalorización de la prueba; en ese sentido alega, que en su recurso de alzada citó el Auto Supremo 113 de 31 de enero de 2007, al referirse a los errores in iudicando sobre la inobservancia de la ley sustantiva, observando que los delitos de Estafa y Estelionato pueden ser aplicados conjuntamente cuando la conducta y el hecho ilícito es susceptible de subsumirse en ambos tipos penales ya que protegen el mismo bien jurídico; afirmando, que el actuar de la imputada consistió en lograr la disposición patrimonial haciéndole creer que era propietaria de un bien inmueble cuando en realidad no lo era, evidenciándose su subsunción en los delitos de Estafa y Estelionato, y que a través de engaños de hacerle creer que es propietaria de un inmueble le hizo incurrir en error trayendo como consecuencia la disposición patrimonial, cuestión jurídica que no es admitida por los tribunales de Sentencia y de apelación.


Al respecto, se debe tener en cuenta que el Tribunal de alzada concluyó  que hubo vulneración de derechos y garantías en la Sentencia al haberse demostrado que contenía defectos insubsanables no susceptibles de convalidación y que correspondía aplicar lo previsto en la primera parte del art. 413 del CPP, al no ser viable la solicitud de la acusadora particular, debido a que como Tribunal de apelación no podía ingresar a realizar una valoración de pruebas en cumplimiento de los principios de inmediación, contradicción y oralidad que caracterizan el sistema procesal penal; argumento totalmente contradictorio con su propio accionar, que incurrió en revalorización de la prueba, conforme se destacó en el análisis del primer motivo; cuando en todo caso le correspondía, previo análisis pormenorizado de todo lo obrado y en base a los hechos tenidos por probados por el Tribunal de Sentencia, que objetivamente se hallan plasmados en el acápite III de la sentencia titulado “DE LOS HECHOS PROBADOS” (sic), emitir directamente una nueva sentencia, corrigiendo los errores de derecho que detectó en la emisión de la Sentencia, acudiendo a la aplicabilidad del art. 414 del CPP, sin que esto implique una revalorización de la prueba.


En consecuencia, como efecto del análisis efectuado, corresponderá al Tribunal de alzada acudir a la vigente doctrina sentada por este Tribunal conforme se ha señalado en el acápite III.2.1. de la presente Resolución, a través del Auto Supremo 660/2014-RRC de 20 de noviembre, resaltando que no siempre la modificación de la situación jurídica del imputado implica un descenso al examen de la prueba; al contrario, lo que se busca es la adecuación o concreción de esos hechos al marco penal sustantivo, que no implica la modificación de los hechos que ya están establecidos en Sentencia y no son objeto de discusión, correspondiéndole verificar si el trabajo de subsunción o adecuación del hecho acreditado fue o no correcto, ya que de advertir si el Tribunal de Sentencia incurrió en error al adecuar la conducta del o los imputados, ya sea por haber establecido la absolución o determinando la condena en forma indebida, tiene plena facultad de enmendar lo resuelto, sin necesidad de anular la Sentencia; puesto que, el error se cometió en la operación lógica del juzgador y no en la valoración de la prueba que dio lugar al establecimiento de los hechos tenidos como probados, y en aplicación del art. 413 del CPP, el Tribunal de alzada puede concluir si fue correcta o no la operación lógica del juzgador en la valoración probatoria conforme a la sana crítica; consecuentemente, podrá emitir nueva Sentencia modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, a través de una resolución emitida con la respectiva fundamentación y motivación en resguardo del derecho al debido proceso y bajo las previsiones del art. 124 del CPP, lo cual no aconteció en el caso de autos.


Por las razones expuestas, este Tribunal llega a la conclusión de que el Tribunal de apelación a momento de pronunciar el Auto de Vista impugnado no obró correctamente, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto la Resolución impugnada.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Silvia Macaria Perez Mamani, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 84/2011 de 12 de abril, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA