TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 781/2015-RRC-L

Sucre, 06 de noviembre de 2015


Expediente                        La Paz 53/2010

Parte Acusadora                Ministerio Público y otro

Parte Imputada                 : Javier Torrez Yaja

Delito                                Robo Agravado en grado de complicidad

Magistrada Relatora          Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 12 de abril de 2010, cursante de fs. 356 a 357 vta., Javier Torrez Yaja, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 13/2010 de 24 de febrero de fs. 329 a 330 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Wilma Candelaria Aguilar Méndez contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado en grado de complicidad, previsto y sancionado por el art. 332 con relación al art. 23, ambos del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes

       

a)  Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 08/2009 de 24 de octubre (fs. 299 a 303), por la que declaró a Javier Torrez Yaja, absuelto de la comisión del delito de Robo agravado en grado de complicidad, previsto y sancionado por el art. 332 con relación al 23 del CP, por ser insuficiente la prueba aportada.


b)  Contra la mencionada Sentencia, la acusadora particular Wilma Candelaria Aguilar Méndez, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 308 a 310 vta.), que previa admisión del Ministerio Público (fs. 314), fue resuelto por Auto de Vista 13/2010 de 24 de febrero (fs. 329 a 330 vta.) pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que anuló la Sentencia apelada y dispuso la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, motivando la interposición del recurso de casación que es motivo de examen de fondo.


I.1.1. Motivo del recurso.


Del memorial de recurso de casación (fs. 356 a 357 vta.) y del Auto Supremo 231/2015-RA-L de 3 de junio (fs. 366 a 367 vta.), emanado en el caso de autos, se extrae la denuncia, respecto a la cual, este Tribunal circunscribirá su análisis de fondo.


El recurrente denuncia al Tribunal de apelación de emitir pronunciamiento sobre aspectos que no fueron cuestionados por la acusación, vulnerando con ello los principios del debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, dejándolo en completa indefensión. Aduce que el Tribunal de apelación, en la fundamentación del tercer considerando del Auto de Vista, dando aplicación al art. 15 de la LOJ (abrogada), habría realizado un detalle de las suspensiones de audiencias de juicio oral realizadas, cuando ni la acusación particular como tampoco el Ministerio Público, durante el transcurso del juicio o al momento de impugnar, habrían denunciado infracción a los principios de inmediación o de continuidad señalados en los arts. 330 y 334 del  Código de Procedimiento Penal (CPP), tampoco violación del art. 169 inc. 3) del mismo cuerpo de leyes. 


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita que se admita el recurso y se revoque el Auto de Vista impugnado, al existir violación a normas legales y principios constitucionales citados, debiendo mantenerse firme la Sentencia 8/2009 de 24 de octubre, por haber cumplido con todas y cada una de las normas exigidas y por no existir violación alguna, sea con costas.


I.2. Admisión del recurso.


Conforme el Auto de admisión 231/2015-RA-L de 3 de junio, el análisis de fondo de la presente Resolución, se circunscribirá a la verificación de la denuncia de vulneración del debido proceso, la tutela judicial efectiva y del principio de seguridad jurídica.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.Recurso de apelación restringida de Wilma Candelaria Aguilar Mendez.


La acusadora particular, previa relación de hechos, denunció errónea valoración y aplicación de la prueba documental y testifical, señalando que el Tribunal de juicio no tomó en cuenta que el imputado reconoció el delito y ofreció pagar  los daños. Afirmó además, que el Tribunal de Sentencia, con relación a la prueba testifical, señaló que era contradictoria y que no era creíbles por los tiempos y horas, toda vez que no se pudo establecer la hora de los hechos, conclusión que según la recurrente, no implicaba la existencia de duda razonable, ya que los testigos, entre ellos Rolando Cruz, identificaron la placa de la vagoneta en la que cargaron los cajones que sacaron de la tienda “GOYITO”, conclusión que consideró una aberración carente de lógica,  puesto que el fondo del litigio no eran las horas, sino el robo. Como normas violadas señaló los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), 13, 171, 173, 354, 360 y 365 del CPP.


De forma reiterada, alegó que no se analizó el fondo del litigio, que no se valoraron adecuadamente las declaraciones del investigador asignado al caso, de la acusada ni de su hija, que indicaron que era evidente que el acusado participó en el ilícito, violando con ello, además de los artículos ya señalados, el 162 y 370 incs. 1), 3), 4), 5), 6), 8), 10) y 11).


Agregó que en la fundamentación jurídica, el Tribunal de mérito señaló de forma parcializada, que los hechos acusados no coincidían con la prueba judicializada, lo que sería una aberración, ya que la prueba judicializada guardaba relación con el hecho punible; y, finalmente sostuvo que el Tribunal de conocimiento no tomó en cuenta el Auto Supremo 328 de 2005, ni el principio iura novit curia, por el cual el Tribunal, apartándose de la calificación inicial, pudo condenarlo por Robo Agravado en grado de complicidad.


II.2. Adhesión al recurso de alzada por parte del Ministerio Público.


El representante del Ministerio Público, adhiriéndose a los fundamentos del recurso de alzada, sostuvo que en la Sentencia impugnada, existió inobservancia y errónea aplicación de la Ley sustantiva, inexistencia de fundamentación en la Sentencia, valoración defectuosa de la prueba e inobservancia de las reglas para la deliberación y redacción de la Sentencia, aplicándose erróneamente los artículos citados en el recurso.


II.3. Auto de Vista impugnado.


El Tribunal de alzada, realizando una relación de antecedentes y previo a la admisión del recurso y su consideración en el fondo; concluyó que el Tribunal de Sentencia vulneró los principios de inmediación y continuidad señalados en los arts. 330 y 334 de la norma penal adjetiva, pues sin que concurra alguna de las causales señaladas en el arts. 335 del CPP, incumplió las normas y plazos procesales establecidos en dicho compilado legal; por lo que, con la facultad conferida por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial abrogada (LOJabrg) y la doctrina legal establecida en los Autos Supremos 37 de 27 de enero de 2007 y 239 de 1 de agosto de 2005, anuló totalmente la Sentencia pronunciada en la causa y dispuso la reposición del juicio por otro Tribunal; por considerar que se incurrió en defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP.


Con la finalidad de apoyar sus conclusiones, el Tribunal de alzada elaboró una tabla en la que hizo constar: i) La fecha de audiencia y la fijación de otra nueva; ii) Meses y días transcurridos entre señalamientos, y; iii) El motivo de las suspensiones de audiencias.


III. ESTUDIO DEL CASO Y JUSTIFICACIÓN DEL FALLO


En el presente recurso de casación, la parte recurrente denuncia que el Tribunal de alzada emitió un pronunciamiento sobre aspectos que no fueron cuestionados en apelación, correspondiendo la verificación de la denuncia de vulneración del debido proceso, la tutela judicial efectiva y del principio de seguridad jurídica, siendo menester efectuar algunas precisiones respecto al principio de continuidad.


III.1.        Precisiones legales y doctrinales sobre el principio de continuidad en juicio oral.


El principio de continuidad constituye junto a otros, uno de los principios fundamentales del sistema procesal penal acusatorio y uno de los principios rectores del juicio oral; así, el art. 334 del CPP establece, que una vez iniciado el juicio oral, éste debe realizarse todos los días hábiles y sin interrupción, pudiendo suspenderse únicamente por las causales señaladas en el art. 335 y en la forma dispuesta por el art. 336, ambos del mismo cuerpo legal.


La normativa legal precitada, fue aplicada de forma literal por la extinta Corte Suprema de Justicia, emitiendo fallos, cuya doctrina legal establecía, que las suspensiones de audiencias fuera de los plazos y motivos señalados en la normativa legal, generaban vulneración a los principios de celeridad y continuidad, ello en el entendido de que las suspensiones más allá de los límites razonables, dispuestos en el Código de Procedimiento Penal, ocasionaban dispersión de la prueba, por lo que el fallo dictado de forma inmediata, impedía que los juzgadores se vieran influenciados por factores externos; entendimiento asumido entre muchos, por los Autos Supremos 239 de 1 de agosto de 205 y 37 de 27 de enero de 2007.


Sin embargo de lo anterior, la misma Corte Suprema de Justicia, como este Supremo Tribunal, fue modulando los entendimientos asumidos, aplicando una interpretación amplia de la normativa legal señalada, acorde con los principios que rigen las nulidades procesales; así por ejemplo, se tiene el Auto Supremo 215/2015-RRC-L de 11 de mayo, que con base en el Auto Supremo 773/2014-RRC de 19 de diciembre, al referirse a la jurisprudencia sobre el principio de continuidad y los cambios doctrinales sobre la materia, señaló:Previamente debe recordarse que, la jurisprudencia no tiene un carácter netamente estático, sino más bien dinámico; más aún, si nos encontramos en un sistema jurídico distinto a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado cuya voluntad del constituyente y la ingeniería constitucional es diferente a la anterior; razón por la cual, existe la necesidad en ciertos momentos y circunstancias que la referida jurisprudencia tienda a modular y cambiar como veremos a continuación:   


Así tenemos el Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007, que sobre el principio de continuidad en el juicio oral, entre otras resoluciones señalo: Dicho principio persigue que el juicio se desarrolle en un lapso cerrado mediante un proceso consecutivo para la exposición de la acusación, las pruebas, las alegaciones o informes de las partes y, de inmediato se dicte la sentencia. Con ello se busca hacer efectivo que el proceso se desenvuelva sin dilaciones indebidas.


Que en ese razonamiento, el juicio oral, público y contradictorio desarrollado en el caso de Autos, se efectuó en franca violación del principio de continuidad que rige el juicio oral, público y contradictorio, ocasionando dispersión de la prueba y su valoración, situación que ha sido esbozada en el Auto Supremo Nº 239, de 1 de agosto de 2005, toda vez que los principios procesales tienen un objeto y un fin, de ahí que la interrupción más allá de los límites razonables expresamente señalados en la norma penal, sustraen de la necesaria credibilidad a los fallos judiciales; el fallo en forma inmediata impide que los jueces se vean influenciados por factores externos a lo vivido en el debate, para que la única influencia en la decisión sea lo que haya quedado impregnado en las retinas y en el sentido auditivo de los jueces que emiten el decisorio, por otra parte permite el desarrollo del principio de publicidad y asegura fundamentalmente que el juez pueda extraer de manera inmediata, sin que sean determinantes las limitaciones humanas como la memoria, para precisar los elementos de prueba que han de sustentar su resolución.


Así, no es concebible que la autoridad jurisdiccional ignore estos presupuestos y deje de ejercitar las facultades que le provee la ley para la correcta dirección de la audiencia, consintiendo en que las partes realicen cuanto acto dilatorio les plazca, sin que se libren las respectivas amonestaciones o en su caso se impongan las multas pertinentes, pero es aún más grosero que el titular del órgano jurisdiccional discrecionalmente e ignorando las características propias del proceso acusatorio, señale fechas tan distantes para la prosecución de una audiencia de juicio donde se define la situación jurídica de las personas.


De ahí que esta distorsión del procedimiento resulta grave ya incide directamente en la integridad del legítimo proceso…


Este entendimiento fue asumido en distintas resoluciones de la entonces Corte Supremo de Justicia; sin embargo de ello, en aplicación de los principios de especificidad, trascendencia y convalidación que rigen el sistema de nulidades procesales; dicha posición jurisprudencial fue modulada por el Tribunal Supremo de Justicia y por ende, tuvo variaciones en su alcance jurídico conforme se podrá evidenciar de los fundamentos del AS 773/2014-RRC de 19 de diciembre, misma que hace también referencia al razonamiento asumido por el Auto Supremo 640/2014-RRC de 13 de noviembre: 


Ahora bien, no obstante lo establecido en la legislación, la entonces Corte Suprema de Justicia, actual Tribunal Supremo, ante la imposibilidad fáctica de reanudar la audiencia de juicio oral en el plazo máximo establecido en el art. 336 del CPP, muchas veces debido a la actitud dilatoria de alguna de las partes procesales, incomparecencia de los testigos, peritos y otros, así como por causas imputables al órgano judicial, modulando el entendimiento asumido en el Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007, que con criterio legalista afirmaba la necesidad de reinstalar el juicio oral dentro de los diez días calendario, debido a la dispersión de prueba producida por el señalamiento tan distante que se daba entre las audiencias fijadas, caso contrario correspondía disponer la nulidad de obrados, a través del Auto Supremo 106 de 25 de febrero de 2011, se estableció que  el Tribunal de alzada podía ingresar a analizar el fondo de la impugnación, siempre y cuando corrobore que por la suspensión de audiencias de juicio oral reiteradas, que llegaban a reanudarse incluso más allá de los diez días calendario, no se haya producido dispersión de prueba; es decir, correspondía verificar si dicha inobservancia al principio de continuidad no incidía en la aprehensión de los hechos de parte del juzgador. A partir de dicho razonamiento, el Auto Supremo 093 de 24 de marzo de 2011, estableció que además los Tribunales debían justificar la imposibilidad fáctica de reanudar el juicio en intervalos cortos de tiempo, o cuando el nuevo señalamiento sobrepase los diez días fundados en circunstancias de fuerza mayor debidamente fundamentadas que justifiquen dejar en suspenso el plazo establecido en el art. 336 del CPP, correspondiendo que el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida fundada en la infracción del principio de continuidad del juicio oral, realice el examen de todas y cada una de las determinaciones de receso y suspensión de audiencias dispuestas por la autoridad jurisdiccional, para establecer si en el caso concreto se transgredió o no el principio de continuidad.


Continuando en la misma línea, este Tribunal en aplicación de los principios de especificidad, trascendencia y convalidación que rigen el sistema de nulidades procesales, en mérito a los cuales no hay nulidad sin previsión expresa de la ley, no hay nulidad sin perjuicio y, toda nulidad no observada oportunamente se convalida por el consentimiento de la parte, el Auto Supremo 224/2012 de 24 de agosto, que si bien no estableció expresamente doctrina legal aplicable al haber sido declarado infundado el recurso de casación que le dio lugar, estableció el siguiente razonamiento: “En el caso, además de resultar razonables los motivos de suspensión de la audiencia, como se tiene suficientemente fundamentado en el Auto de Vista recurrido, si la imputada consideraba vulnerados sus derechos y los principios de continuidad e inmediatez pudo objetar oportunamente las suspensiones de audiencia producidas, acudiendo al recurso previsto en el art. 401 del Código de Procedimiento Penal, y en caso de negativa acudir a la protesta de saneamiento o reserva de apelación restringida, al tenor del art. 407 del mismo procedimiento, aspecto que no ocurrió, de donde se desprende que la recurrente no se sintió afectada o agraviada por los actos que ahora, en muestra de deslealtad procesal, reclama. En consecuencia, ningún elemento de juicio adicional al expuesto en el recurso de apelación, dada la especial característica del motivo alegado (vulneración del principio de continuidad), pudo haber cambiado la justa y legal decisión del Tribunal de Apelación, pues si bien es evidente el incumplimiento de una forma procesal, este resulta inocuo, toda vez que como bien hace constar el tercer considerando del Auto de Vista recurrido, la suspensión de las sesiones de la audiencia de juicio no solo que fueron consentidas por la imputada y su abogado sino que, en una parte, también fueron ocasionadas y hasta solicitadas por ella misma, motivo por el que incluso, en fecha 8 de junio de 2010 se declaró abandono malicioso de la defensa´; es decir, se exige una actitud activa de la parte procesal que se considere afectada por la suspensión de audiencia y su señalamiento más allá de los diez días calendario establecido en el procedimiento penal, en el momento procesal oportuno, cual es la audiencia de juicio oral, habiéndose pronunciado en sentido equivalente los Autos Supremos 93/2011 de 24 de marzo, 037/2013 de 14 de febrero y 140/2013 de 27 de mayo, en éste último, en el caso analizado, se corroboró que además de haberse suspendido la audiencia de juicio oral en forma justificada, no existió objeción de las partes al respecto ni sobre la nueva fecha de prosecución de la misma; igualmente, se constató que no existió la dispersión de prueba alegada por las partes, razón por la cual se declaró infundada la pretensión de la parte recurrente.


Finalmente, como corolario de todo lo desarrollado, corresponde referirse al razonamiento expresado en el Auto Supremo 640/2014-RRC de 13 de noviembre,  que con relación a la observancia del principio de continuidad estableció lo siguiente: ´…se colige que la regla general es la continuidad del juicio como manda el referido art. 334 transcrito, que debe observarse en la realización de los juicios orales, en condiciones de desarrollo normal del acto de juicio; empero, no se puede dejar de considerar, que en ciertas ocasiones, se presentan circunstancias que imposibilitan materialmente la prosecución normal del juicio oral, debido a diversos factores que pueden ser internos, atingentes al proceso o las partes, tales como la inconcurrencia de las partes, de sus abogados, de los integrantes del Tribunal de Justicia, de los testigos, peritos etc.; el planteamiento de cuestiones procesales como apelaciones, recusaciones, incidentes por causal sobreviniente; o por causas externas, a raíz de eventos ajenos al proceso, con la característica de fuerza mayor, que inevitablemente impiden el cumplimiento o vigencia del principio de continuidad o concentración, tales como declaratorias en comisión de jueces o suspensión imprevista de actividades laborales, entre otras situaciones, que de ninguna manera pueden ser atribuibles a las partes o la autoridad jurisdiccional; empero, lo cierto es que entorpecen o impiden el normal desarrollo del juicio y en consecuencia, de la vigencia plena del principio de continuidad o concentración y obviamente el de inmediación.


Por lo tanto, no sería correcto hacer una interpretación literal de la norma, y señalar que todo proceso en que no se hubiera respetado el principio de continuidad, es decir que no se haya llevado a cabo todos los días y horas hábiles hasta el pronunciamiento de la Sentencia, deban ser sancionados con nulidad por quebrantamiento a este principio, sino que también es pertinente considerar y valorar las causas de suspensión o interrupción al juicio, para establecer, primero, a quién es atribuible, después si es legítima o razonable; y, finalmente si es necesario o justificable la nulidad de un juicio oral.


(…)


Asimismo, las partes no deben quedar en pasividad ante una transgresión de la norma debido a que los señalamientos de día y hora para la prosecución de la audiencia de juicio son arbitrarios o ilegales, sino que debe utilizar los mecanismos que la ley prevé para buscar la corrección del defecto; y tomando en cuenta que los Tribunales de impugnación deben sopesar los actos concretos que habrían quebrantado la continuidad del juicio oral y si las causas son justificadas, cuando se denuncia la vulneración al principio de continuidad por considerar que el juicio injustificadamente no se desarrolló todos los días y horas hábiles de manera consecutiva, el reclamante, a tiempo de impugnar y denunciar la vulneración de este principio en su recurso de alzada (y de no ser reparado el defecto, en casación), debe señalar de forma precisa qué actos o audiencias del juicio oral fueron suspendidos o declarados en receso (indicando las fechas de suspensión, de prosecución y las causas) sin respetar la inmediatez que prevé la ley, fundamentando por qué considera que la prolongación del juicio oral fue indebido, arbitrario o no justificado, para que con esos insumos, los tribunales superiores tengan los suficientes elementos objetivos y concretos para verificar si los aspectos reclamados son evidentes o no y en definitiva establecer si los principios de continuidad e inmediación fueron indebidamente incumplidosEntendimiento también asumido en el Auto Supremo 715/2014-RRC de 10 de diciembre- (Negrillas propias).


Bajo este marco, el referido AS 773/2014-RRC, concluye que: …es obligación de los jueces y tribunales, ante la denuncia de vulneración del principio de continuidad o concentración, verificar que la parte afectada haya realizado el reclamo en el momento procesal oportuno, en mérito a los medios de impugnación pertinentes y agotando las instancias necesarias; asimismo, constatar cuáles las causas que dieron lugar a las suspensiones de audiencia, con la finalidad de corroborar si fueron justificadas, debido a que, conforme se estableció líneas arriba, existen diferentes factores que impiden materialmente la prosecución de la audiencia de manera consecutiva así como su reanudación en el menor tiempo posible; por último, el impugnante debe demostrar la incidencia de las suspensiones o de los nuevos señalamientos en la valoración probatoria; es decir, debe fundamentar la relevancia que las mismas tuvieron en su caso, y en definitiva el Tribunal de apelación debe considerar y valorar las causas de la suspensión o interrupción al juicio, establecer a quién es atribuible, si éstas son legítimas o razonables y fundamentalmente determinar si es necesaria o justificable la nulidad del juicio.


Consiguientemente, tenemos que la jurisprudencia que antecede, se encuentra plenamente vigente; y en el marco de un control de legalidad amplio y objetivo, éste Tribunal no puede desconocer su alcance y sus efectos a momento de aplicar la misma a cada caso concreto, aún el Auto de Vista fuese pronunciado en base a la jurisprudencia existente en ese momento, pero que ahora -como señala la jurisprudencia- se encuentra modulada; pues las funciones de éste máximo Tribunal ordinario, no pueden -sin duda- ser desnaturalizados por la referida razón; en todo caso, -bajo la óptica de la seguridad jurídica- corresponde aplicar líneas jurisprudenciales vigentes que consoliden entendimientos acordes a los principios y valores que irradia la Constitución”.


III.2.Análisis de la denuncia formulada.


El recurrente acusa al Tribunal de alzada de dejarlo en total estado de indefensión e incurrir en vulneración del debido proceso, la tutela judicial efectiva y del principio de seguridad jurídica, por emitir pronunciamiento sobre aspectos que no fueron impugnados por la acusación; toda vez, que en el tercer considerando del Auto de Vista, con base en el art. 15 de la LOJabrg, dicho Tribunal realizó un detalle de las suspensiones de audiencias realizadas en el transcurso del juicio oral. Señala que ni el Ministerio Público como tampoco la acusación particular denunciaron infracción al principio de inmediación o de continuidad señalados en los arts. 330 y 334 del CPP, menos violación del art. 169 inc. 3) del mismo cuerpo de leyes; al respecto, afirma de forma contundente, que las audiencias suspendidas se encontraban debidamente justificadas, y que en caso de que las partes hubieran considerado la existencia de alguna violación a un principio o plazo procesal, pudieron haber denunciado y en caso de no ser escuchados, reservarse hacer uso del recurso que la ley franquea, lo que no aconteció, reclamo que tampoco habría sido objeto de alzada por ninguna de las partes.


Estudiado el Auto de Vista, se establece que dicha Resolución, tal cual se reflejó en el acápite “II.3.” de este fallo, con base en el art. 15 de la LOJabrg, realizó examen previo a la admisión del recurso, concluyendo el incumplimiento del mandato contenido en el art. 335 del CPP, por parte del Tribunal de juicio; normativa que establece las causales de suspensión de la audiencia de juicio, por lo que consideró, que el Tribunal de Sentencia vulneró los principios de inmediación y continuidad, descritos en los arts. 330 y 334 de la norma adjetiva penal, haciendo hincapié en que por disposición de los precitados artículos, el juicio debe realizarse de forma ininterrumpida, todos los días hábiles hasta su conclusión, y que en el caso analizado, previa elaboración de una tabla demostrativa de las suspensiones de audiencias, tiempo transcurrido entre audiencia y audiencia, así como el motivo de las mismas, concluyó que el Tribunal de juicio incurrió en defecto absoluto inconvalidable, señalado en el art. 169  inc. 3) del CPP, por la inobservancia de principios, normas y plazos procesales señalados, por ser de cumplimiento obligatorio, así como la doctrina legal de los Autos Supremos 37 de 27 de enero de 2007 y 239 de 1 de agosto de 2005, considerando esa circunstancia como motivo suficiente para no considerar los cuestionamientos de los recurrentes.


A propósito de lo anterior, por disposición del art. 15 de la LOJabrg, el Tribunal de alzada se encontraba obligado a realizar la revisión de oficio del proceso, con el objeto de verificar el cumplimiento de plazos y la aplicación de las leyes correspondientes durante la tramitación y conclusión del proceso, actividad conocida como “saneamiento procesal”, lo que deja ver que el razonamiento empleado en el fallo ahora impugnado, para la fecha en que fue emitido, era el correcto, puesto que basó su pronunciamiento en Resoluciones emanadas por la extinta Corte Suprema de Justicia, que inicialmente adoptaron una línea jurisprudencial muy drástica respecto a las reiteradas suspensiones de audiencias de juicio oral; jurisprudencia que sin embargo, fue superada por la misma Corte Suprema de Justicia y posteriormente ampliada por este máximo Tribunal de Justicia del Estado, ampliamente expuesta en el acápite III.1. del presente fallo.


En suma, si bien es cierto que el Tribunal de alzada se encontraba facultado para realizar la revisión relativa al cumplimiento de plazos y correcta aplicación de normas, de lo expuesto precedentemente, contrastado con los actuados procesales remitidos a esta Sala, se establece que la vulneración a los principios de inmediación y continuidad no fueron objeto del recurso de alzada ni en la adhesión; mucho menos, se hizo referencia a que alguna de las suspensiones de audiencias y/o los nuevos señalamientos hubieran sido objeto de protesta por alguna de las partes; entendiéndose en consecuencia, que ninguna de las partes se vio afectada con dichas suspensiones, ni asumieron que alguno de sus derechos y/o garantías constitucionales hubieran sido objeto de vulneración, caso contrario hubiera sido objeto de algún tipo de objeción o reclamo; consecuentemente, las suspensiones de audiencias resultaron intrascendentes para el caso y dado que el Tribunal de alzada anuló la Sentencia, con el fundamento de la supuesta vulneración de principios procesales, los que -se entiende- no causaron agravio a las partes, no es posible mantener subsistente un fallo, que incurre en nulidad por nulidad, contraviniendo principios que rigen las nulidades procesales como el de trascendencia, convalidación y otros; máxime, si la línea jurisprudencial en la que respaldó su decisión, al momento de resolver este recurso casacional, ya no se encuentra vigente, tal cual fue desarrollado en el acápite III.1. de esta Resolución, que brinda explicación clara y amplia sobre las razones que impulsaron el cambio de la línea jurisprudencial.


Consecuentemente, para que el Tribunal de alzada pueda disponer la nulidad de la Sentencia por vulneración al principio de continuidad, es imprescindible que, no sólo constate las reiteradas suspensiones de audiencias y los plazos trascurridos entre cada señalamiento; sino, que además verifique que las suspensiones no se encuentran debidamente justificadas, estableciendo también -de forma cierta y lógica- si los lapsos prolongados entre la celebración de una y otra audiencia, ocasionaron dispersión de la prueba, lo que necesariamente tendría que derivar en perjuicio a alguna de las partes; finalmente, si las suspensiones de audiencias y el incumplimiento de plazos, fueron reclamados e impugnados (si correspondía) de forma oportuna; puesto, que el simple incumplimiento de los plazos señalados en el art. 336 del CPP, sin que se haya establecido un perjuicio cierto e irreparable en la etapa de impugnación, no amerita la nulidad de la Sentencia; peor aún, si con dicha nulidad, cupiera la posibilidad de incurrir en infracción de los principios de celeridad y economía procesal, además de la tutela juridicial efectiva, reconocida por el art. 115 de la CPE, vinculada a la protección oportuna de derechos e intereses legítimos y el acceso a una justicia pronta y oportuna; por lo que corresponde dar curso a la  pretensión recursiva.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Javier Torrez Yaja, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación de la precitada norma, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 13/2010 de 24 de febrero, disponiendo que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin espera de turno y previa notificación a las partes, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, bajo responsabilidad, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


Respecto a las costas, procédase conforme dispone el art. 269 del CPP.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA