TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 780/2015-RRC-L

Sucre, 05 de noviembre de 2015


Expediente        : La Paz 51/2011

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otros 

Parte Imputada        :        Angélica Cerda Salas 

Delitos                : Falsedad Material y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 22 de febrero del 2011, cursante de fs. 274 a 277,  el Ministerio Público, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 5/2011 de 4 de febrero, de fs. 261 a 262 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el recurrente, Jesús Pastor y Santos ambos de apellidos Cerda Salas contra Angélica Cerda Salas, por la presunta comisión del delito de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   En mérito a las acusaciones fiscal y particular (fs. 8 a 10 y 24 a 26 vta.), desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del distrito judicial de La Paz, por Sentencia 3/2010 de 22 de marzo (fs. 177 a 183), declaró a Angélica Cerda Salas, absuelta de la comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del CP.


b) Contra la mencionada Sentencia y su Auto complementario (fs. 189), los acusadores particulares Jesús Pastor y Santos ambos de apellidos Cerda Salas, el Ministerio Público (fs. 212 a 215 vta. y 217 a 218) y, Angélica Cerda Salas (fs. 221 y vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 5/2011 de 4 de febrero (fs. 261 a 262 vta.), pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedentes los recursos de apelación planteados por la parte acusadora y procedente el recurso planteado por Angélica Cerda Salas, respecto al pago de costas, daños y perjuicios, manteniendo firme y subsistente la Sentencia apelada, lo que motivó la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso


Del memorial del recurso de casación (fs. 274 a 277) y del Auto Supremo 548/2015-RA-L de 16 de Septiembre (fs. 285 a 289), dictado en el caso de autos, se extraen las denuncias a ser analizadas en la presente Resolución, aspectos sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Los motivos admitidos para el análisis de fondo, se refieren:


1) El recurrente acusa que en el considerando quinto, numeral quinto del Auto de Vista impugnado se limita a realizar meras apreciaciones genéricas de los fundamentos de su alzada, vulnerando el art. 124 del CPP y los principios de congruencia y universalidad, al extrañar la obligación de precisar la motivación o fundamentación descriptiva, cuando para el ahora recurrente ante la denuncia de defectuosa valoración de la prueba o errónea aplicación de la ley sustantiva, el Tribunal de alzada tiene que realizar un efectivo control del sistema de valoración de la prueba pronunciándose de forma expresa, absolviendo los fundamentos del recurso de apelación verificando la correcta motivación de las sentencias advirtiendo la oscuridad, contradicción o falta de motivación de las resoluciones juridiciales del inferior, disponiendo lo que corresponda de acuerdo a los arts. 413 y 414 del CPP; no obstante, niega que haya omitido expresar cuál es la omisión de motivación en la que incurrió el Tribunal A quo, ya que en el primer motivo de su alzada afirma, que señaló con claridad qué parte de la Sentencia carece de fundamentación, especificando y manifestando claramente las pruebas literales (fundamentación intelectiva) donde el Tribunal A quo se limitó a efectuar una mera relación de las pruebas judicializadas (fundamentación probatoria descriptiva) sin otorgar un valor probatorio a cada una de ellas, bajo una apreciación integral y armónica. Asimismo indica, que en el primer motivo de su alzada, estableció que en punto tercero de la Sentencia, refiere que “…no se exhibió y presentó estudio pericial que evidencie y demuestre la falsedad de ningún documento, menos probado la participación de la imputada en el hecho denunciado…” (sic); cuando a su criterio, en materia penal no rige la analogía probatoria; por lo cual, aduce que no podría exigirse que en todo delito de Falsedad  Ideológica o Falsedad Material se practique una pericia, ya que cada caso es singular y de naturaleza única como acontece en el presente caso donde la acusada hizo insertar datos falsos en una resolución (106/2005 de 27 de octubre), cuando era de su conocimiento que a partir de una resolución de reposición de partida (25/94 de 22 de febrero de 1994) constaba únicamente con el apellido materno “Salas”, más aún si presentó una demanda de declaratoria de herederos donde utilizó el nombre de “Angélica Cerda Flores”.


2) De otro lado el recurrente arguye, que en el considerando quinto, numeral sexto del Auto de Vista impugnado se limitó a expresar, con relación al segundo motivo del memorial de apelación restringida, en el que denunció la inobservancia o errónea aplicación de la ley material, calificándolo como defecto absoluto, que: “la acción de revalorización de la prueba, constituye un defecto absoluto, por cuanto vulnera los principios de inmediación y contradicción que rigen la producción y valoración de la prueba en juicio oral por lo que este tribunal se encuentra impedido de ingresar a revalorizar la prueba” (sic); sin embargo, dicha afirmación vulnera los principios de tipicidad y congruencia, el primero porque al haberse establecido el elemento subjetivo del dolo en la conducta de la imputada, el Tribunal de alzada debió emitir un pronunciamiento sin que comporte vulnerar los principios de inmediación y contradicción; y, el segundo, debido a que no se investigan ni juzgan tipos penales sino hechos, los mismos que fueron acreditados, por lo que el Tribunal de apelación, debe emitir pronunciamiento sin que implique revaloración, a cuyo efecto concluye que debió emitirse una resolución de apelación por los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, efectuando una correcta subsunción de los hechos a los tipos penales correctos; sin embargo, al no haberlo hecho vulneró los principios de legalidad, tipicidad y debido proceso.


Añadiendo al respecto que el Tribunal de alzada quebranta el principio de universalidad al no haberse pronunciado respecto al principio de congruencia cuestionado en el segundo motivo de su alzada.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita se establezca la doctrina legal aplicable y se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, disponiendo que se pronuncie uno nuevo.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 548/2015-RA-L de 16 de septiembre (fs. 285 a 289), este Tribunal admitió dos motivos del recurso formulado por el Ministerio Público para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


El Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 3/2010 de 22 de marzo (fs. 177 a 183), que declaró a Angélica Cerda Salas absuelta de la comisión de los delitos de Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del CP; y, el Auto de 27 de marzo de 2010 de Complementación y Enmienda (fs. 189), fallo que entre sus argumentos señala como hechos probados, que se acusó a Angélica Cerda Salas porque habría realizado un proceso voluntario por el cual se hizo declarar heredera ab intestato de Petrona Flores de Cerda, tramite en el cual incluiría datos falsos, llegando a fraguar el documento correspondiente al Testimonio de Escritura Pública 58/2006; sin embargo indican que de la prueba producida en juicio se establece que la documentación de declaratoria de herederos es legal y se encuentra vigente, pese a la confusión de apellidos ocasionada por el cambio de apellidos de la difunta madre de la acusada; es así que afirma que se tiene por probado que los certificados de nacimientos y la Resolución de declaratoria de herederos dictada por el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Civil del Distrito Judicial de La Paz, fueron legalmente obtenidos y entendidos por autoridades competentes y que de acuerdo a los arts. 1289, 1296 y 1534 del Código Civil hacen plena fe y prueba, encontrándose  vigentes, asimismo refiere que la identidad de la imputada se encuentra condicionada por actuaciones realizadas por su difunta madre, la que por razones personales hizo el cambio de apellido, problema que también arrastro a sus otros hermanos incluyendo a los querellantes.


Asimismo, indica que no se ha presentado estudio alguno pericial que demuestre la falsedad de ningún documento, tampoco se ha probado la participación de la imputada en el hecho. Adicionalmente, señala que el incumplimiento del acuerdo transaccional suscrito en forma posterior a la declaratoria de herederos que argumenta la acusación no constituye materia penal y su cumplimiento debe tramitarse por la vía legal correspondiente, conclusión que afirman se desprende de las declaraciones de los imputados y se demuestran por las pruebas testificales producidas  por el Ministerio Publico y querellante; y, demás prueba literal.  

II.2.De la apelación restringida de Jesús Pastor y Santos Cerda Salas.


Los nombrados denuncian en su apelación (fs. 212 a 215 vta.), que se aplicó erróneamente el art. 263 del CPP en relación a los arts. 198 y 203 del CP, argumentando que la prueba producida es bastante y suficiente para probar los delitos querellados y la responsabilidad penal de la acusada, por lo que debió aplicarse el art. 365 del CPP, en este sentido refieren que se vulneró el procedimiento en cuanto a las limitaciones impuestas a la parte querellante por los delitos acusados, asimismo, indican que se vulneró el principio de la sana crítica y falta de fundamentación en la Sentencia, afirmando que hubo desigualdad procesal en cuanto a la exclusión de las pruebas.


II.3. De la apelación restringida de Robert E. Vargas Fuentes, Fiscal de Materia adscrito a la División Delitos Económicos y Financieros.


El representante del Ministerio Público (fs. 217 a 218) formula sus agravios dividiéndolos en dos motivos; es así que como primer motivo, refiere que la Sentencia incurrió en valoración defectuosa de la prueba (defecto absoluto y/o de la Sentencia) indicando que la Sentencia ha desajustado su accionar a las determinaciones de los arts. 124, 171 y 173 del CPP refiriéndose en particular a la sana critica, ya que en cuanto a las pruebas literales el Tribunal se ha limitado a una simple relación de las pruebas judicializadas sin dar un valor probatorio a cada una de ellas bajo una apreciación integral y armónica, especificando el punto tercero de la sentencia apelada, aseverando que no rige la analogía probatoria en materia penal y que no se puede exigir que en todo delito de falsedad ideológica o falsedad material se practique una pericia.


Asimismo, como segundo motivo señala que existe inobservancia o errónea aplicación de la ley material (defecto absoluto), así como errónea concreción del marco penal (violación al principio de tipicidad), además de una flagrante inobservancia al principio de la sana crítica y de no haberse valorado las pruebas de acuerdo a los arts. 171 y 173 del CPP, refiriendo en este sentido que uno de los elementos de los tipos penales acusados es el dolo, omitido por el Tribunal de juicio, tampoco se considera la tarjeta prontuario judicializada (MP5) en la que se establece que la acusada utiliza  de manera consciente el apellido Angélica Cerda Salas realizando el 26 de junio de 2007, la renovación de su cedula de identidad con el apellido de Salas; no se considera que el 20 de octubre de 2005 inicio una demanda  voluntaria de declaratoria de herederos con el nombre de Angélica Cerda  Flores, presentando como pruebas su certificado de nacimiento en el que aparece con el nombre de Angélica Cerda Flores y el certificado de nacimiento de la “extinta” madre Petrona Flores de Cerda pese a tener conciencia de la existencia de una Resolución del Juez de Instrucción de Achacachi que se encuentra inscrita en las oficinas de Registro Civil por la que en definitiva se repone el nombre de su madre como Patrona Salas Vela  nacida en la localidad de Puerto Guaqui provincia Ingavi de ese departamento.


Añadiendo que tampoco se considera que utilizando documentación no valida, logra por Resolución 609/2005 de 27 de octubre de 2005, obtener la declaratoria de heredera forzosa ab-intestato al fallecimiento de Petrona Flores de Cerda. 


II.4.De la apelación restringida de Angélica Cerda.


La imputada, en su alzada (fs. 221 y vta.) refiere que en la parte dispositiva de la Sentencia no se ha señalado la imposición de costas de acuerdo al art. 364 del CPP.


II.5. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante el Auto de Vista 5/2011 de 4 de febrero (fs. 261 a 262 vta.), declara improcedentes los recursos interpuestos por Jesús Pastor Cerda Salas, Santos Cerda Salas y el Fiscal de Materia Robert E. Vargas  Fuentes y procedente el recurso planteado por Angélica Cerda Salas, respecto al pago de costas, daños y perjuicios, manteniendo firme y subsistente la Sentencia apelada; habiendo señalado entre algunos de sus argumentos:


Respecto a la errónea aplicación del art. 363 del CPP, con relación a los arts. 198 y 203 del CP manifiesta que no se encuentra facultado para ingresar a valorar la prueba, que es obligación del recurrente que alega la infracción de inadecuada aplicación de las reglas de la sana critica o prudente arbitrio, argumentar el silogismo desarrollado en el fallo respecto a la valoración de la prueba y referir la incidencia directa de esa inadecuada apreciación de la prueba en la Resolución cuestionada, aspecto que ha sido omitido en el recurso de apelación presentado.


Adicionalmente, refiere que de la revisión de los antecedentes evidencia que en ningún momento se habría denunciado o reclamado por los querellantes ninguna limitación, tampoco advierte restricción alguna durante el juicio, ni vulneración a derechos o garantías de la parte querellante.


Asimismo, el Tribunal ad quem arguye que se denuncia de manera genérica la falta de fundamentación, sin precisar con claridad cuál es la motivación o fundamentación que extraña si es la descriptiva, intelectiva o jurídica y cita el Auto Supremo 544 bis de 12 de noviembre de 2009.


Con relación a la apelación del Fiscal de materia, indica que la acción de revalorización de la prueba constituye un defecto absoluto, al vulnerar los principios de inmediación y contradicción que rigen la producción y valoración de la prueba en juicio oral, por lo que manifiesta que se encuentran impedidos de ingresar a revalorizar la prueba.


Y con referencia a la apelación de la imputada Angélica Cerda indican- que al haber sido absuelta de la comisión de los delitos, de acuerdo al art. 364 del CPP dispone el pago de costas y daños y perjuicios a la parte acusadora a ser calificados en ejecución de Sentencia.

  

III. VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO EN SU ELEMENTO DE LA FUNDAMENTACIÓN EN EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO


Este Tribunal admitió el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público, abriendo su competencia vía flexibilización al respecto a objeto de verificar la posible existencia de vulneración al debido proceso en su elemento de la fundamentación en el Auto de Vista impugnado y en definitiva establecer si los agravios planteados tienen mérito o no, labor para la cual es pertinente recordar que el recurrente, centra sus agravios en que existe una errónea fundamentación del Auto de Vista recurrido, lesivo del art. 124 del CPP y que existe una lesión al principio-derecho-garantía del debido proceso, al haber efectuado el Tribunal de alzada una indebida fundamentación con relación a su denuncia referida a la inobservancia o errónea aplicación de la ley material.


Para dicho fin, en primer término se procederá a realizar algunas consideraciones de orden doctrinal y normativo respecto a la temática que se denuncia y que serán parte del fundamento del presente Auto, y finalmente, ingresar al análisis concreto del recurso.


III.1. Consideraciones doctrinales y normativas.


III.1.1. La fundamentación como elemento del derecho al debido proceso.


Este Tribunal en reiteradas oportunidades ha señalado que la Constitución Política del Estado (CPE), reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I; siendo así que, la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el Juez o Tribunal al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la Resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319 de 4 de diciembre de 2012, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda Resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez A quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario, significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.


Lo anterior significa, que sólo se estará ante una falta de fundamentación o motivación cuando la Resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP, y vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación.


III.2. Análisis del caso concreto.


En la exposición de los agravios identificados y que fueron objeto de admisión, para su respectivo análisis de fondo, se tiene que con relación a los motivos primero y segundo referidos a que el Auto de Vista carece de fundamentación, incurriendo, además, en vulneración del debido proceso; se establece:

 

1.- El recurrente afirma que en el considerando quinto, numeral quinto del Auto de Vista impugnado se limita a realizar meras apreciaciones genéricas de los fundamentos de su alzada, vulnerando el art. 124 del CPP y los principios de congruencia y universalidad, al extrañar la obligación de precisar la motivación o fundamentación descriptiva, cuando para el ahora recurrente ante la denuncia de defectuosa valoración de la prueba o errónea aplicación de la ley sustantiva, el Tribunal de alzada tiene que realizar un efectivo control del sistema de valoración de la prueba pronunciándose de forma expresa, absolviendo los fundamentos del recurso de apelación verificando la correcta motivación de las sentencias advirtiendo la oscuridad, contradicción o falta de motivación de las resoluciones judiciales del inferior, disponiendo lo que corresponda de acuerdo a los arts. 413 y 414 del CPP; no obstante, niega que haya omitido expresar cuál es la omisión de motivación en la que incurrió el Tribunal A quo, ya que en el primer motivo de su alzada afirma, que señaló con claridad qué parte de la Sentencia carece de fundamentación, especificando y manifestando claramente las pruebas literales (fundamentación intelectiva), donde el Tribunal A quo se limitó a efectuar una mera relación de las pruebas judicializadas (fundamentación probatoria descriptiva) sin otorgar un valor probatorio a cada una de ellas, bajo una apreciación integral y armónica. Asimismo, indica que en el primer motivo de su alzada, estableció que en punto tercero de la Sentencia, refiere que “…no se exhibió y presentó estudio pericial que evidencie y demuestre la falsedad de ningún documento, menos probado la participación de la imputada en el hecho denunciado…” (sic); cuando a su criterio, en materia penal no rige la analogía probatoria; por lo cual, aduce que no podría exigirse que en todo delito de Falsedad  Ideológica o Falsedad Material se practique una pericia, ya que cada caso es singular y de naturaleza única como acontece en el presente caso donde la acusada hizo insertar datos falsos en una Resolución (106/2005 de 27 de octubre), cuando era de su conocimiento que a partir de una Resolución de reposición de partida (25/94 de 22 de febrero de 1994) constaba únicamente con el apellido materno “Salas”, más aún si presentó una demanda de declaratoria de herederos donde utilizó el nombre de “Angélica Cerda Flores”.


Al respecto de acuerdo a lo señalado en el acápite II.5 del presente Auto Supremo, el Tribunal de alzada señalo que con relación a la denuncia de falta de fundamentación formulada fue planteada de forma genérica, sin precisar con claridad cuál es la motivación o fundamentación que extraña si es la descriptiva, intelectiva o jurídica y cita el Auto Supremo 544 bis de 12 de noviembre de 2009; empero, a momento de dar respuesta a la alzada del ahora recurrente respecto al agravio referido a que la Sentencia incurrió en valoración defectuosa de la prueba en infracción de los arts. 124, 171 y 173 del CPP, en particular la sana critica, ya que en cuanto a las pruebas literales el Tribunal se ha limitado a una simple relación de las pruebas judicializadas sin dar un valor probatorio a cada una de ellas bajo una apreciación integral y armónica, especificando el punto tercero de la Sentencia apelada, aseverando que no rige la analogía probatoria en materia penal y que no se puede exigir que en todo delito de falsedad ideológica o falsedad material se practique una pericia; el Tribunal Ad quem se limitó únicamente a señalar que se encuentra impedido de ingresar a revalorizar la prueba, sin que haya mayor argumentación que responda de forma fundamentada al agravio formulado por el apelante, cuando lo que se estaba cuestionando era la defectuosa valoración de la prueba, haciendo referencia a la infracción de ciertas normas procedimentales, especificando sus observaciones al respecto; consecuentemente, es evidente que el Tribunal ad quem, además, de no haber dado respuesta fundamentada a los agravios denunciados a través de la alzada, ha procedido a rechazar la alzada del apelante en base a alegaciones demasiado generales, nada precisas con el caso de autos, que denotan una ausencia de su tarea de efectivo control de valoración de la prueba, de acuerdo a las reglas de la sana critica, en base a conclusiones escuetas e imprecisas que lejos de causar certidumbre sobre la determinación asumida, generan desconocimiento de las razones por las que se llegó a declarar su improcedencia; consecuentemente el Auto de Vista impugnado no es expreso, claro, legítimo y lógico, al limitar su pronunciamiento a apreciaciones genéricas y ambiguas, omitiendo la exposición de los razonamientos efectuados para la conclusión asumida, en vulneración al principio de exhaustividad base esencial de la motivación que debe guardar cada resolución, más aún al tratarse de un Auto de Vista donde debe plasmarse el examen previo de la Resolución recurrida a las cuestiones planteadas ejerciendo el control del cumplimiento de las reglas de la sana critica cuando la apelación verse sobre la defectuosa valoración de la prueba, lo que no aconteció en el caso de autos, resultando por consiguiente el presente motivo recurrido en fundado.


2.- Adicionalmente el recurrente arguye, que en el considerando quinto, numeral sexto del Auto de Vista impugnado se limitó a expresar, con relación al segundo motivo del memorial de apelación restringida, en el que denunció la inobservancia o errónea aplicación de la ley material, calificándolo como defecto absoluto, que: “la acción de revalorización de la prueba, constituye un defecto absoluto, por cuanto vulnera los principios de inmediación y contradicción que rigen la producción y valoración de la prueba en juicio oral por lo que este tribunal se encuentra impedido de ingresar a revalorizar la prueba” (sic); sin embargo, dicha afirmación vulnera los principios de tipicidad y congruencia, el primero porque al haberse establecido el elemento subjetivo del dolo en la conducta de la imputada, el Tribunal de alzada debió emitir un pronunciamiento sin que comporte vulnerar los principios de inmediación y contradicción; y, el segundo, debido a que no se investigan ni juzgan tipos penales sino hechos, los mismos que fueron acreditados, por lo que el Tribunal de apelación, debe emitir pronunciamiento sin que implique revaloración, a cuyo efecto concluye que debió emitirse una Resolución de apelación por los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, efectuando una correcta subsunción de los hechos a los tipos penales correctos; sin embargo, al no haberlo hecho vulneró los principios de legalidad, tipicidad y debido proceso. Añadiendo al respecto que el Tribunal de alzada quebranta el principio de universalidad al no haberse pronunciado respecto al principio de congruencia cuestionado en el segundo motivo de su alzada.


Al respecto se debe tener en cuenta que conforme se tiene señalado en el punto que antecede el Tribunal de alzada al proceder a dar respuesta a la alzada del ahora recurrente, no solo ha inadvertido otorgar contestación a lo argüido por el apelante, sino también ha soslayado su labor de control respecto al fallo impugnado, que en el presente motivo se refiere al segundo punto apelado referido a que existe inobservancia o errónea aplicación de la ley material (defecto absoluto), así como errónea concreción del marco penal (violación al principio de tipicidad), que uno de los elementos de los tipos penales acusados es el dolo, omitido por el Tribunal de juicio, además, de otros aspectos inobservados por el Tribunal a quo; empero, que no fueron objeto de control del Tribunal ad quem y así dar respuesta fundamentada al apelante al respecto; consecuentemente, es evidente que el Tribunal ad quem además de no haber dado respuesta fundamentada a los agravios denunciados a través de la alzada planteada por el Ministerio Público, ha procedido a declarar su improcedencia en base a conclusiones escuetas, confusas e imprecisas, en franca vulneración al debido proceso; advirtiéndose que el Tribunal de alzada incumplió su deber de fundamentación y la obligación que tiene de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos reclamados o impugnados, motivando cada conclusión arribada, es decir, explicando las razones por las que concluye que la apelación es improcedente o procedente; sin embargo, al no haberse pronunciado de forma fundamentada hace evidente la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de la fundamentación que exige que cada Resolución de ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; requisitos “de la fundamentación o motivación”, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, resultando fundados los tópicos inmersos en los motivos primero y segundo en análisis.


Por las razones expuestas, éste Tribunal llega a la conclusión de que el Tribunal de apelación al momento de pronunciar el Auto de Vista impugnado no obró correctamente, en mérito a las conclusiones arribadas por este Tribunal; corresponde en consecuencia dejar sin efecto la Resolución impugnada.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público (274 a 277), con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación de la precitada norma, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 5/2011 de 4 de febrero, de fs. 261 a 262 vta., disponiendo que la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, (hoy Tribunal Departamental de Justicia de La Paz), previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus presidentes, pongan en conocimiento de los jueces en materia penal de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA