TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 763/2015-RRC-L

Sucre, 12 de octubre de 2015


Expediente                        : Potosí 32/2011        

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Juan Ángel Quisbert Paredes y otra

Delito                        : Robo agravado

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de septiembre de 2011, cursante de fs. 146 a 148, Katerin Ivanna Torrico Martínez, interpuso recurso de casación impugnando el Auto de Vista 16/2011 de 2 de agosto de fs. 140 a 142, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Bladimir Choque Estrada contra Juan Ángel Quisbert Paredes y la recurrente, por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, previsto y sancionado por el art. 331 con relación al 332 inc. 2) del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 09/2011 de 1 de junio (fs. 117 a 125 vta.), el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, declaró a Juan Ángel Quisbert Paredes, autor del delito de Robo Agravado previsto y sancionado por el art. 332 inc. 2) del CP, imponiéndole la pena de tres años de privación de libertad, más el pago de costas; empero, conforme al art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP) se le concedió la Suspensión Condicional de la pena, previo al cumplimiento de ciertos requisitos conforme a ley; por otra parte, a Katerin Ivana Torrico Martínez, se la absolvió del delito de Robo agravado.


b)  Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Bladimir Choque Estrada formuló recurso de apelación restringida (fs. 129 a 130), resuelto por el Auto de Vista 16/2011 de 2 de agosto (fs. 129 a 130), emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, que declaró admisible el citado recurso y anuló parcialmente la Sentencia, sólo con relación a la imputada Katerin Ivana Torrico Martínez, para quien se ordena el juicio de reenvío.


I.1.1. Motivo del recurso


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 670/2015-RA-L de 21 de septiembre, por el que se admite el recurso, se tiene como motivo el siguiente:


Arguye, que el Auto de Vista carece de una debida fundamentación; por cuanto, de manera contradictoria y confusa considera, que en la Sentencia apelada sí existía la suficiente fundamentación sobre la participación de Juan Quisbert y no así respecto a la recurrente; empero, no explica el porqué de esa afirmación, tampoco explica bajo qué parámetros se habrían vulnerado los principios de legalidad, verdad material y el debido proceso, incurriendo además en incongruencia entre la parte considerativa y la resolutiva, vulnerando la previsión del art. 124 del CPP y contrariando la doctrina establecida en los Autos Supremos 214 de 28 de marzo de 2007, 444 de 15 de octubre de 2005, 431 de 15 de octubre de 2005, 373 de 6 de septiembre de 2006 y 410 de 20 de octubre de 2006.


I.1.2. Petitorio


La recurrente, concluyó solicitando “admitir el presente RECURSO DE CASACIÓN y en el fondo … DICTAR EL AUTO SUPREMO REVOCANDO la resolución objeto de casación, y mantener firme la sentencia…” (sic).


I.2. Admisión del recurso


Mediante el Auto Supremo 670/2015-RA-L de 21 de septiembre, se admitió el recurso de casación para el análisis de fondo del motivo expuesto.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1. Sentencia


El Tribunal de Sentencia, fundamentó la Sentencia señalando que luego de realizar una valoración integral de la prueba, se tiene acreditado el hecho delictivo, que ocurrió efectivamente entre los días 4 y 5 de abril de 2010 años, que participaron los acusados, identificando a Juan Ángel Quisbert Paredes como el autor que permaneció en la caseta de la co-imputada Katerin Ivana Torrico Martínez, durante toda la noche y aprovechó esa situación para cometer el ilícito junto a su primo Daniel Quisbert, de quien se desconoce su paradero, que mantuvieron comunicación a través de celular con la coimputada, que las evidencias fueron encontradas en la tienda de Katerin Ivana Torrico. Llegando a la conclusión que efectivamente el hecho de Robo Agravado ocurrió, que han participado dos personas, en horas de la noche, y que en ningún momento se ha desvirtuado la participación de la co-imputada en el hecho.


Luego de la deliberación, con el voto unánime de dos Jueces Técnicos y dos Jueces Ciudadanos, pronuncian Sentencia condenatoria por el delito de Robo Agravado, contra Juan Ángel Quisbert Paredes, imponiéndole la pena de tres años de privación de libertad y le conceden el beneficio de la Suspensión Condicional de la Pena.  En cuanto a la co-imputada Karen Ivana Torrico Martínez, en aplicación al principio de favorabilidad,  existiendo el voto de los dos Jueces Ciudadanos a favor de la co-imputada, se la absolvió de pena y culpa, con el voto disidente de los dos Jueces Técnicos.


II.3. Apelación


Mediante recurso de apelación restringida, la víctima denunció: a) Vulneración del art. 332 inc. 2) del CP, señalando que de ninguna manera correspondía imponer una pena tan dadivosa al imputado que fue condenado, y menos aún absolver a la co-imputada, b) Vulneración de la norma contenida en el art. 363 inc. 2) del CPP, por haber absuelto a Katerin Ivana Torrico Martínez, pese a existir pruebas que la involucraban directamente con el ilícito, entre ellas la propia declaración de los imputados prestada en juicio, en las que ambos se endilgaban la comisión del delito perseguido; y, c) Infracción del art. 370 inc. 5) del CPP, al no haberse efectuado una debida fundamentación.


II.4. Auto de Vista recurrido


El recurso fue resuelto mediante el Auto de Vista 16/2011 de 2 de agosto, que al resolver los motivos del recurso de apelación restringida, concluyó señalando que se advierte, que en el caso que se examina, los Jueces Ciudadanos obraron con discrecionalidad, vulnerando el principio de legalidad, verdad material y el debido proceso, al disponer la absolución de la imputada Katerin Ivana Torrico Martínez, sin expresar los motivos de hecho y de derecho, del por qué consideran, que la prueba fue insuficiente. Que, conforme fundamenta la Sentencia, el hecho no fue cometido por una sola persona; empero, el Tribunal de juicio condenó por el delito de Robo Agravado, únicamente a uno de los imputados, incurriendo en errónea aplicación de la ley. Respecto a la pena impuesta al imputado que fue condenado, el Tribunal de alzada, consideró que fue debidamente fundamentada y por ello no existe la vulneración que alega el apelante. En base a lo expuesto, el Tribunal de juicio, procedió a anular parcialmente la Sentencia, disponiendo el juicio en reenvío, únicamente contra la imputada Katerin Ivana Torrico Martínez.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓNDEL AUTO DE VISTA CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


Antes de realizar la labor de contraste encargada por el art. 419 del CPP; corresponde precisar que una de las funciones primordiales del recurso de casación es la de uniformar la jurisprudencia, la que debe ser acatada y cumplida por los Jueces y Tribunales, cuyos fallos serán revisados por el Tribunal de casación, quien verificará si éstos no se apartaron del entendimiento establecido en los precedentes pronunciados por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia y del Tribunal Supremo de Justicia.


En el presente caso, la recurrente reclama la falta de fundamentación del Auto de Vista, que no expresó bajo qué parámetros se habrían vulnerado los principios de legalidad, verdad material y por consiguiente el debido proceso.


III. 1. De los precedentes contradictorios invocados.


El recurrente, invoca el Auto Supremo 214 de 28 de marzo de 2007, que estableció la siguiente doctrina legal: “El sistema de la sana crítica, otorga a las partes la libertad de escoger los medios de prueba para comprobar sus pretensiones, ya sea la hipótesis acusatoria como la tesis de defensa; en tal sentido, las características fundamentales de la sana crítica son: la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos o sobre el valor que debe otorgarse a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento.


El avenimiento de nuestro sistema procesal a este método de valoración de prueba, exige una adecuada fundamentación de la sentencia lo que permite controlar las inferencias lógicas del juzgador, por eso que los razonamientos de los jueces deben tener un sustento acorde a las normas propias del entendimiento humano, al grado tal que una sentencia pueda ser entendida en su elemental lógica hasta por un lego.


Los jueces de mérito son soberanos en la valoración de las pruebas, que las estiman o desestiman, debiendo siempre indicar las razones para admitir o desestimar determinados elementos probatorios, los razonamientos del fallo deben estar acordes a las reglas del pensamiento humano, siendo este el iter lógico de una sentencia, el que debe fundarse en las leyes del pensamiento, las que independientemente de nuestra experiencia se presentan como necesarias en nuestro raciocinio.


Para que la fundamentación de una sentencia sea válida se requiere no sólo que el Tribunal de juicio funde sus conclusiones en pruebas de valor decisivo, sino también, que éstas no sean contradictorias entre sí, ni ilegales y que en su valoración se observen las reglas fundamentales de la lógica, no puede considerarse motivación legal ni aplicación integral de las reglas de la sana crítica, a una simple y llana referencia a una prueba por parte del juzgador y que se formula de un modo general y abstracto, en el que se omite realizar una exposición razonada de los motivos en los que se funda.

El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.


Ante la invocación de la violación de las reglas de la sana crítica el Tribunal de alzada es el principal llamado a ejercer un control sobre la logicidad que debe imperar en los razonamientos plasmados en la sentencia, los recurrentes además de expresar las reglas de la lógica que hubieran sido inobservadas, deben vincular su crítica con el razonamiento base del fallo, de ahí que si bien los jueces se encuentran obligados a motivar debidamente sus resoluciones, es obligación de quienes motivan sus recursos en la inobservancia de las reglas de la sana critica, señalar las partes del decisorio donde constan los errores lógico-jurídicos, proporcionando la solución que pretenden en base a un análisis lógico explícito; será pues obligación del recurrente, al alegar la infracción basada en la inadecuada aplicación de las reglas de la sana crítica, atacar en sus argumentaciones el silogismo desarrollado en la sentencia y no referirse ha actuaciones procesales sin incidencia directa en la resolución de mérito, la inobservancia de estas reglas emergentes de lo expresamente determinado en la ley adjetiva penal deberán ser observadas por los Tribunales que conocen el recurso de apelación restringida previamente ha admitirse los recursos por estos motivos y en caso de no ser debidamente subsanada la observación referida, los Tribunales deberán declarar inadmisibles los recursos por este motivo, en cuyo caso no podrán reiterarse estos argumentos en el recurso de casación.


El recurso basado en errónea apreciación de la prueba, tiene por finalidad examinar la sentencia impugnada para establecer si al valorar las probanzas, se aplicó adecuadamente el sistema de la sana crítica o si se transgredieron las reglas del correcto entendimiento humano.


Resulta deficiente el planteamiento cuando el recurso discurre en torno a las propias apreciaciones del recurrente en lugar de señalar concretamente las partes de la sentencia donde se hubieran infringido los principios alegados, requisitos indispensables cuando se reclama sobre la presunta falta de coherencia.


Para demostrar la violación a las reglas de la sana crítica es preciso que la motivación de la sentencia esté fundada por un hecho no cierto, que invoque afirmaciones imposibles o contrarias a las leyes de la lógica, la ciencia o que se refiera a un hecho que sea contrario a la experiencia común, que analice arbitrariamente un elemento de juicio o que el razonamiento se haga sobre pruebas que demuestren cosa diferente a la que se tiene como cierta con base en ella, una prueba, de acuerdo a la sana crítica, tiene que referirse a hechos que en un momento histórico no son imposibles naturalmente, porque no se opone a ellos ninguna ley científica natural.


Los principios lógicos nos previenen contra el posible error de juicio, pero no nos indican ni nos enseñan cual es la verdad o cuáles son los pensamientos verdaderos; simplemente nos suministran un criterio de error, o un criterio aproximado de verdad, sobre el razonamiento del juez.


El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo…”.


Igualmente invoca el Auto Supremo 444 de 15 de octubre de 2005, que establece la siguiente doctrina legal aplicable: “Que se consideran defectos absolutos cuando en la sentencia no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas, omisión que se constituye en defecto insalvable, porque genera incertidumbre a la parte acusadora, este defecto, además se inscribe en el inciso 1) del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal, por afectar a la aplicación de la ley sustantiva, tribunales que desconociendo sus atribuciones como el de aplicar la ley que se encuentra estatuida en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado en los términos que siguen: "La ley determina las atribuciones de los tribunales y juzgados de la República" y la seguridad jurídica prevista en el artículo 7 inc. a) de la misma Carta Magna.


Que la falta de precisión en términos claros, sobre la adecuación del hecho ilícito a los elementos constitutivos, sancionado en el artículo 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 19 de julio de 1988, contraviene el principio de legalidad por cuanto en autos, se colige que la resolución emitida por el tribunal de sentencia, no cumplió con la subsunción del hecho al tipo penal de tráfico de sustancias controladas; vicio o defecto que ha surgido en la emisión de la sentencia, por la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, en la concreción del marco penal para la calificación del hecho, la insuficiente fundamentación del fallo y la valoración defectuosa de las pruebas, conforme el articulo 370 incs. 1), 5) y 6) de la Ley 1970, lo que convierte en una indebida resolución de reposición de juicio, así se declara.


Que, por consiguiente la Sala Penal del Distrito Judicial del Beni, al no haber advertido ni considerado la insuficiente fundamentación y valoración defectuosa de la prueba en la sentencia, en aplicación del artículo 413 de la Ley Nº 1970, debe anular totalmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro tribunal de sentencia.”


De la misma manera, el Auto Supremo 431 de 15 de octubre de 2005, que estableció la siguiente doctrina legal:“ …que el Tribunal de Apelación se encuentra constreñido a circunscribir sus actos jurisdiccionales a los puntos apelados que delimitan su competencia, tal cual señalan los artículos 396 inciso 3) y 398 del Código de Procedimiento Penal, caso contrario se estarían resolviendo aspectos fuera del contexto legal y de los puntos impugnados; situación en la cual el Tribunal de Apelación estaría actuando sin competencia, con lo que provoca retardación de justicia.


El Tribunal de Apelación al ejercer el control jurisdiccional, está ejercitando también el control constitucional como establece el principio de la supremacía de la norma constitucional incurso en el artículo 228 de la Constitución Política del Estado con relación al artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal que señala que constituyen defectos absolutos "Los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes"; en consecuencia, resulta de mayor relevancia que el Tribunal de Alzada cometa uno o más defectos absolutos, cuando es el llamado por la Constitución Política del Estado y la Ley, a que el proceso penal se desarrolle con una efectiva tutela judicial, siendo además sus resoluciones debidamente fundamentadas.


La competencia del Tribunal de Apelación se encuentra delimitada por los puntos cuestionados en la apelación restringida como enseña el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal y por los defectos absolutos que violan los derechos y garantías previstos en artículo 396 inciso 3) del citado código adjetivo; debiendo en consecuencia el Tribunal de apelación dictar una nueva resolución fundada cumpliendo la presente Doctrina Legal”.


De igual manera, invoca el Auto Supremo 373 de 6 de septiembre de 2006, cuya doctrina legal establece: “Que de acuerdo a la filosofía de la Ley 1970 y a la línea doctrinal sentada por este Alto Tribunal de Justicia la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio razón por la que es absolutamente imprescindible que los Tribunales de Sentencia y apelación fundamenten su resolución consignando cada uno de los puntos acusados en la impugnación; debiendo ser la fundamentación clara, sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo y se refieran a cada uno de los puntos señalados en el recurso de apelación restringida. La línea jurisprudencial establecida por este Alto Tribunal de Justicia se encuentra en el Auto Supremo Nº 562/2004 que señala: "Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio; si en obrados se observan defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos y atentan derechos fundamentales, deben ser corregidos de oficio por el Tribunal de alzada o el de casación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, aunque el recurrente no hubiera efectuado reclamo oportuno para su saneamiento, facultad que está restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos absolutos que determinen nulidad. Además en ningún fallo puede omitirse la fundamentación del mismo, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva".


Finalmente, invoca el Auto Supremo 410 de 20 de octubre de 2006, que establece: “La Corte Suprema de Justicia de Bolivia ha sentado la línea jurisprudencial vinculante en sentido de que en el marco del Código de Procedimiento Penal, acorde con la Doctrina Penal moderna, establece la necesidad de que los fallos emitidos por los jueces de sentencia y apelación sean emitidos con el fundamento y la motivación suficiente para garantizar la efectivización de manera real, el derecho que tienen los sujetos procesales de impetrar la revisión del fallo a efectos de conocer el razonamiento científico que lleva a pronunciar los fallos, de una determinada manera sea por condena o absolución o por la improcedencia o anulación entratándose de tribunales de apelación.


La escasa o contradictoria fundamentación conlleva violación a derechos y garantías constitucionales tal cual lo establecen los artículos 370 inciso 5), 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, artículos 8.2 inciso h) de la Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica) y artículo 14.5 de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), normas legales que expresamente consagran el derecho que tiene toda persona a conocer en detalle los fundamentos de las resoluciones impugnadas esto a objeto de que compruebe la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, garantizando de esta manera el debido proceso como fundamento esencial del Derecho Procesal Penal moderno.


Por otra parte el Tribunal de alzada no puede "anular" el proceso y disponer el reenvío del proceso a conocimiento de otro Tribunal en base a vicios procesales susceptibles de convalidación y que no fueron objeto de "reserva de apelación restringida" en su oportunidad, precluyendo para los sujetos procesales, el derecho de reclamación posteriormente, únicamente el Tribunal de apelación puede anular la sentencia en su totalidad ante la existencia de vicios procesales insubsanables establecidos en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal lo contrario significaría violar el principio de "celeridad procesal", de "economía" y "concentración" de los actos procesales.


Finalmente el Tribunal de alzada de acuerdo al imperio de lo dispuesto por el artículo. 398 del Código de Procedimiento Penal que dispone; "Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución", en consecuencia no pueden considerar otros aspectos procesales que ameriten obrar en forma "ultrapetita" en aplicación del principio de "legalidad" que obliga a los Tribunales de alzada de observar estrictamente esta disposición, a no ser que se evidencien violaciones a derechos y garantías constitucionales, vicios insubsanables no sujetos a convalidación contenidos en los artículos 169 inciso 3) y 370 del Código de Procedimiento Penal lo contrario significaría actuar en vulneración a la garantía constitucional del "debido proceso", tal el caso de autos que el Tribunal de alzada, resuelve aspectos no reclamados por el apelante de la sentencia”.


La doctrina legal de los precedentes invocados, fue establecida por las Salas Penales de la entonces Corte Suprema de Justicia, en el caso del Auto Supremo 214/2007, ampliando la doctrina legal respecto a los requisitos para la formulación de las impugnaciones referidas a la violación de las reglas de la sana crítica, y en el Auto Supremo 444/2005, al constatar que la valoración de la prueba no fue la correcta por no adecuarse a los datos del proceso. En el caso de autos, la recurrente alega que el Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista sin la debida fundamentación; por cuanto, no expresó en la Resolución, cuáles fueron los parámetros para determinar que se vulneraron los principios de legalidad, de verdad material y consiguientemente el debido proceso, ni señaló dónde radicaría la falta de fundamentación de la Sentencia. Esta precisión del motivo de casación, permite advertir que la parte recurrente no reclama errónea aplicación de la ley sustantiva, ni la violación de las reglas de la sana crítica, tampoco sobre una errónea valoración de la prueba, aspectos sobre los cuales abordaron los precedentes invocados como contradictorios. Por lo referido y en consideración a los criterios desarrollados por este Tribunal en cuanto a la labor de contraste que la ley le asigna, se concluye en la imposibilidad de ejercer la función uniformadora propia del Tribunal de casación, ante la inexistencia de situación de hecho similar, respecto de los precedentes señalados.


Ahora bien, en lo que concierne a los Autos Supremos 431/2005, 373/2006 y 410/2006, se advierte que en ellos la problemática procesal resuelta, traducida en que el Auto de Vista impugnado incurrió en falta de fundamentación, guarda similitud con el motivo de casación; por lo que, corresponde realizar el examen de fondo del presente recurso, para corroborar si resulta ser evidente el reclamo de la recurrente.


III.2. Sobre la debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


La Constitución Política del Estado, reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II, 117.I y 180.I; siendo así que, la garantía del debido proceso contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la Resolución, exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica: i) Expresa, porque se deben señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis del iter lógico; por el que, se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez A quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir el Auto de Vista que resuelve la apelación restringida formulada por las partes, a fin de que sea válida; lo contrario, significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Siendo necesario reiterar que una fundamentación o motivación suficientes, no precisa que sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.


Lo anterior significa, que la falta de fundamentación o motivación, concurriría cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP y vulnerando los derechos al debido proceso y la debida fundamentación.


III.3. Análisis del caso concreto.


En el presente caso, la recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, a tiempo de resolver los agravios denunciados por la víctima, en el recurso de apelación restringida, disponer la anulación de la Sentencia y correspondiente juicio de reenvío sólo contra ella, no cumplió con el principio de fundamentación suficiente y razonable; en cuyo mérito, corresponde realizar la labor de contraste con los precedentes invocados; a cuyo fin, se evidencia de los antecedentes que la víctima formuló los siguientes tres motivos en su apelación: i) Defecto de sentencia por errónea aplicación de ley sustantiva penal, cuestionando específicamente la aplicación errónea del art. 332 inc. 2) del CP, solicitando la agravación de la condena impuesta al imputado y una sentencia condenatoria contra la co-imputada Katerin Ivana Torrico; ii) Errónea aplicación de la ley adjetiva, concretamente del art. 363 del CPP, denunciando la absolución a favor de Katerin Ivana Torrico Martínez, pese a existir suficientes elementos de convicción que acreditan su participación en el hecho punible, y iii) Defecto de sentencia previsto en el inc. 5) del art. 370 de la misma norma procesal, porque la Sentencia no se halla debidamente fundamentada o que ésta es insuficiente o contradictoria, respecto a la absolución de la co-imputada.


Ahora bien, acudiendo al texto del Auto de Vista impugnado, a objeto de establecer si cumplió con el deber de fundamentación respecto a la decisión asumida; y por ende, si resulta contradictorio o no a los precedentes invocados; establece que el Tribunal de apelación sustentó su decisión en los siguientes argumentos: 


Respecto a la supuesta falta de fundamentación de la Sentencia absolutoria a favor de Katerin Ivana Torrico Martínez, el Tribunal de alzada, previa transcripción de los antecedentes del proceso y del art. 124 del CPP, puntualización de los fundamentos de la Sentencia y luego de realizar una explicación doctrinal sobre la “inobservancia o errónea aplicación de la ley”; estableció que la decisión asumida por el Tribunal de Sentencia, conformado entonces por Jueces Técnicos y Ciudadanos, resultó ser incongruente con la fundamentación jurídica contenida en la Resolución de mérito, que decanta la existencia de prueba incriminatoria en contra de la imputada, advirtiendo que obraron con discrecionalidad, vulnerando el principio de legalidad, verdad material y debido proceso, por no expresar los motivos de hecho y de derecho del por qué la prueba les resultaba insuficiente. De igual manera señaló que de la propia Sentencia se evidencia que el hecho no fue cometido por una sola persona; empero, el Tribunal de juicio condenó por el delito de Robo Agravado a uno solo de los imputados, sin realizar una fundamentación sobre la teoría de autoría. Con estos argumentos, el Tribunal de alzada consideró que la Sentencia apelada carece de fundamentación e incurrió en errónea aplicación de la ley sustantiva.


De la relación que precede, se advierte que el Tribunal de alzada, de manera clara y concisa, expuso los motivos por los que, consideró, que correspondía anular parcialmente la Sentencia, disponer el reenvío contra Katerin Ivana Torrico Martínez, así como el por qué, afirmó, que el Tribunal de Sentencia habría emitido una resolución sin la debida fundamentación, aclarando de igual manera cómo se vulneraron los principios de legalidad, verdad material y el debido proceso; de modo que el Tribunal de alzada respondió en términos precisos el planteamiento efectuado que sustentó una inexistente errónea aplicación de la ley, pues como se tiene explicado en el acápite III.2 que precede, no resulta ser necesario que la resolución sea ampulosa para conocer los motivos del por qué ha tomado determinada decisión, como en el caso presente.


Por lo referido, se concluye, que el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación restringida formulado, se pronunció de manera fundamentada, no siendo evidente que se no haya expresado los motivos que le impulsaron a determinar la anulación parcial de la Sentencia. En consecuencia, al no resultar contrario el Auto de Vista impugnado con la doctrina legal aplicable establecida en los precedentes invocados, el recurso de casación sujeto al presente análisis deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Katerin Ivana Torrico Martínez, de fs. 146 a 148.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA