TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 761/2015-RRC-L

Sucre, 12 octubre de 2015


Expediente                : Santa Cruz 57/2011

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otra

Parte Imputada                : Pedro Fabricio López Eid

Delito                        : Lesiones graves y leves

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 14 de febrero de 2011, cursante de fs. 287 a 289 vta., Pedro Fabricio López Eid, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 219/2010 de 22 de noviembre, de fs. 265 a 267 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Luz Marina Paz Sossa contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Lesiones graves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   Desarrollada la audiencia del juicio oral y público, por Sentencia 12/2010 de 17 de julio (fs. 239 a 240), el Tribunal de Sentencia de Montero provincia Obispo Santistevan del Distrito Judicial de Santa Cruz, declaró a Pedro Fabricio López Eid, absuelto de la comisión del delito de Lesiones Graves, previsto y sancionado por el art. 271 el CP, ordenando en consecuencia la cesación de todas las medidas cautelares personales que se hubiere establecido contra el imputado, sin costas. 


b)  Contra la mencionada Sentencia, la querellante Luz Marina Paz Sossa, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 248 a 250), resuelto por Auto de Vista 219/2010 de 22 de noviembre (fs. 265 a 267 vta.), que declaró admisible y procedente la apelación planteada; consiguientemente, anuló obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta fs. 216 inclusive.


I.1.1. Motivo del recurso


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo 490/2015-RA-L de 13 de agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


Alega, violación de los arts. 124 y 370 inc. 5) del CPP que se constituyen en defectos absolutos, haciendo referencia a que en la emisión del Auto de Vista recurrido se evidencia la falta de motivación, pues en uno solo de sus considerandos (séptimo), se efectuó un breve análisis de los argumentos apelados; que sin embargo, se observa un análisis incompleto ya que no habría verificado el contenido íntegro del documento que posibilitó que el Ministerio Público hubiese retirado la acusación formal y en consecuencia se emita la Sentencia absolutoria en su favor. Continua señalando que, el argumento del Tribunal de alzada para disponer la nulidad presuntamente que por “la ausencia de su abogada (querellante) en la suscripción del memorial de desistimiento, resultaba una situación irregular que oportunamente fue denuncia por la querellante”, es efecto de una incompleta revisión de dicho documento ya que si se observa en su integridad se podría concluir que la señora Luz Marina Paz Sossa de manera expresa señalo “…Y AL HABER TENIDO UNA ORIENTACIÓN JURÍDICA POR PARTE DE MI ABOGADA PATROCINANTE DE LA CAUSA” (sic), demuestra que tanto la querellante como su abogada tenían pleno conocimiento del documento a suscribirse; pero, además se señaló también que “DE MI LIBRE Y ESPONTÁNEA VOLUNTAD SIN QUE MEDIE DOLO, PRESIÓN, VIOLENCIA Y NINGÚN VICIO QUE INVALIDE MI CONSENTIMIENTO DESISTO DE LA ACCIÓN PENAL CIVIL A FAVOR DEL DENUNCIADO QUERELLADO PEDRO FABRICIO LÓPEZ EID…” (sic), afirmación que acredita su libre voluntad.


Asimismo, se denuncia la vulneración del art. 398 del CPP (principio de congruencia), refiriendo que el Tribunal de alzada actuó de manera ultra petita haciendo un mal uso del art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJabrg), pues con la anulación de obrados vulneró la seguridad jurídica, ya que, se apartó considerablemente de los puntos apelados porque en ningún momento la apelante propuso que la anulación de obrados sea hasta fs. 216 inclusive.


I.1.2. Petitorio


El recurrente, concluyó solicitando “…ANULAR el Auto de Vista de fecha 22 de noviembre de 2010 dictado por la Sala Penal Segunda de la Ciudad de Santa Cruz, ACEPTAR el DESISTIMIENTO por tratarse de un documento público (…) CONFIRMAR la Sentencia Nº 12/2010 del 17 de julio del 2010 (…) y por consiguiente disponer la devolución de obrados para fines de dar ejecución a dicho fallo.” (sic).


I.2. Admisión del recurso


Mediante el Auto Supremo 490/2015-RA-L de 13 de agosto, se admitió por flexibilización el recurso de casación para el análisis de fondo del motivo expuesto.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1. Del recurso de apelación restringida.


Mediante recurso de apelación restringida, la acusadora particular denunció como defectos absolutos, los siguientes: a) Violación a las garantías de la víctima, previstos en el art. 11 del CPP y 121.II de la Constitución Política del Estado (CPE), por haber dictado Sentencia absolutoria a favor del acusado Pedro Fabricio López Eid, sin notificarle con la actuación fiscal (retiro de la acusación); y, b) Vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la igualdad de las partes, conforme establecen los arts. 77, 79 y 134 del CPP y arts. 115 y 120 de la CPE, señalando que debía continuarse con la tramitación del proceso en base a la acusación particular. Solicitando en definitiva que sea admitido el recurso y se anule la Sentencia apelada.


II.2. Acta de fundamentación oral.


La acusadora particular, fundamentó oralmente su recurso de apelación restringida, argumentando que el desistimiento presentado por el imputado, fue sin la presencia de su abogada, vulnerando de esta manera su derecho a la seguridad jurídica. Que, mediante Auto de fecha 15 de julio de 2010 años, reconocían su calidad de acusadora particular; por lo que, correspondía permitir su participación antes de dictar la Sentencia; por cuanto, el hecho de haber dictado la absolución a favor de Pedro Fabricio López Eid, sin previamente haberle notificado con la actuación fiscal, vulnera sus derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la igualdad de las partes, consagrados en los arts. 77, 79, 78 y 134 del CPP; y, 115 y 120 de la CPE. Reiteró además la solicitud de anulación de la Sentencia apelada.


II.3. Del recurso del Auto de Vista.


El recurso fue resuelto mediante el Auto de Vista 219 de 22 de noviembre de 2010, que al resolver los motivos del recurso de apelación restringida presentado por la acusadora particular, concluyó señalando que cumpliendo con el deber de revisar de oficio el proceso a fin de subsanar los vicios de nulidad que pudieran existir, conforme lo dispuesto por el art. 90 del Código de Procedimiento Civil y  15 de la Ley de Organización Judicial (actualmente abrogada), llegó a verificar que a fs. 220 cursaba un memorial de desistimiento presentado por el acusado, el cual arrimó un documento sin la presencia de la abogada patrocinante de la querellante, situación irregular que oportunamente fue denunciada por la misma, que el Auto de fecha 15 de julio de 2010, de manera expresa admitió la participación activa de la querellante Luz Marina Paz Sossa, dejando de lado y sin efecto alguno la actuación realizada por el acusado pedro Fabrizio López. Señaló también que esta situación irregular implica una total y completa violación a  los derechos de la víctima, así como al debido proceso, la seguridad jurídica y a la participación activa dentro del juicio oral, correspondiendo anular obrados hasta el vicio más antiguo.


Con los argumentos que anteceden, el Tribunal de alzada, anuló obrados hasta fs. 216 inclusive.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


Este Tribunal, admitió el presente recurso vía flexibilización, abriendo su competencia a fin de verificar, la posible falta de fundamentación e incongruencia por pronunciamiento ultra petita del Auto de Vista y consiguiente vulneración de su derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, correspondiendo resolver la problemática planteada.


III.1. Los derechos de la víctima en un Estado Constitucional de Derecho

El modelo de Estado asumido en Bolivia, se constituye en un verdadero Estado constitucional de Derecho, establecido sobre valores universales y el principio fundamental de legalidad, sin desechar los principios generales de soberanía popular en el ejercicio del poder público y reforzando el principio de respeto y vigencia de los Derechos Humanos; pues se establece un amplio catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y valores; además, se señalan como fines y funciones del Estado, entre otras, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE), se señalan como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3), así como también consagra de manera expresa el principio de legalidad y supremacía constitucional en el art. 410.I de la CPE, señalando que: “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución”, añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa (SCP 0112/2012).


Bajo esta aclaración, tenemos que, nuestra Constitución Política del Estado, asume una nueva visión del principio de eficacia y la protección a la víctima, conforme a la voluntad del constituyente -arts. 180.I y 113.I CPE-, a partir de estos postulados fundamentales deben desarrollarse, la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia, orientando el sistema hacia un Estado más garantista y respetuoso de los derechos humanos. 


Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas adoptó en la Asamblea General del 29 de noviembre de 1985 en la Resolución Nº 40/34, la primera declaración sobre la protección a la víctima: “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”, estableciendo, los siguientes derechos de las víctimas:


Acceso a la justicia y trato justo: Las víctimas deben ser tratadas con compasión y  respeto a su dignidad, superando los paradigmas del proceso penal para facilitar el acceso y permitir el pago por los daños y perjuicios ocasionados por la existencia de un hecho delictivo, para ello, los procesos judiciales y administrativos deberán adecuarse a las necesidades de la víctima; El resarcimiento y la asistencia.


Sobre los derechos de las víctimas, la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia C- 277/98, emitió el siguiente discernimiento: “Los derechos de las víctimas del proceso penal y, en particular a la indemnización de perjuicios, no son sólo una manifestación de los derechos de justicia e igualdad sino que se constituyen también en una expresión de los deberes constitucionales del Estado. "(…)


Dentro de la concepción de Estado social de derecho, que reconoce como principios esenciales la búsqueda de la justicia y el acceso a la misma, el derecho procesal penal no sólo debe operar, como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino que debe procurar también por los derechos de la víctima. Debe entonces -el proceso penal- hacer compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política”.


En este mismo marco, la jurisprudencia constitucional refiriéndose a la revalorización de la víctima en el proceso penal, mediante la SC 01388/2011-R, del 30 de septiembre señalo:

“Debemos tener presente que todo hecho punible genera como su natural efecto, una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado y en último término de la sociedad; por ello, el debido proceso se muestra en toda su intensidad como la única lógica para resolver los conflictos penales.


En ese marco, la Constitución Política del Estado, asume una nueva visión sobre la protección a la víctima; así tenemos el art. 113.I. A partir de éste postulado fundamental deben desarrollarse la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia, orientando el sistema constitucional hacia un Estado más garantista y respetuoso de los Derechos Humanos.


Si bien es el Estado el que asume el ius puniendi; actualmente cobran importancia trascendental los derechos de la víctima, que antes pasaron a un segundo plano, por ello, desde que el Estado se hace cargo de procesar y sancionar a los delincuentes, éste debe garantizar a la víctima un mínimo de condiciones que permitan su recuperación moral y material; por ello debe formarse conciencia en torno que, necesariamente, se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el estado Plurinacional, el “equilibrio” y “el bienestar común” reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto “buen vivir” y del modelo boliviano de “Estado de Derecho del vivir bien”, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental.


(…)


En la misma línea, se constata que existe una revalorización de la víctima en este nuevo modelo de Estado Constitucional, plasmado en el art. 121.II de la CPE que determina que: “La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado”; norma que claramente amplía los derechos establecidos en el Código de Procedimiento Penal que en su art. 11, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, establece: “La víctima por si sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante”.


Asimismo, refiriéndose a la víctima, el art. 77 del CPP, establece que: “Aún cuando la víctima no hubiera intervenido en el proceso, deberá ser informada por la autoridad responsable de la persecución penal sobre sus derechos y por el juez o tribunal sobre los resultados del proceso, bajo responsabilidad que corresponda en caso de incumplimiento”.


Por su parte, el art. 76 del CPP, revoluciona el concepto de víctima e incluye en el término no solo a las personas directamente ofendidas por el delito sino también al cónyuge o conviviente, a los parientes y otros.


En coherencia de dichas normas procesales penales, y dando concreción a los derechos de la víctima, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la SC 1173/2004-R de 26 de julio, señaló el equilibrio necesario que debe existir entre el respeto a los derechos del imputado y de la víctima, conforme al siguiente entendimiento: “…tanto los derechos del imputado como los de la víctima pueden encontrar equilibrio si se respetan los lineamientos procesales del Código de procedimiento, pues como ha quedado establecido, la opción política asumida por el Estado Boliviano 'asigna dos fines al sistema procesal penal (igual de importantes uno y otro): garantiza la libertad del ciudadano y la seguridad de la sociedad. En este orden de cosas, en el sistema penal elegido, destacan dos derechos de amplio contenido y realización material: el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva'.


Así, SC 1859/2010-R de 25 de octubre, reiterando lo señalado por la SC 1844/2003-R de 12 de diciembre, dijo que: “Se considera víctima a la persona directamente ofendida por el delito, la que puede participar en el proceso como querellante, pero aún cuando no hubiere participado en el proceso en tal calidad, es obligación del fiscal, juez o tribunal y bajo su responsabilidad, informarle sobre el resultado de las investigaciones y el proceso, pues ésta (la víctima) tiene derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla…” .


Consiguientemente, en un Estado Constitucional de Derecho, el razonamiento de los jueces debe partir de la Constitución,  y en caso de que exista un choque jurídico entre los derechos de víctima como las del imputado -considerando que todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de igualdad de garantías para su protección (Art. 109 de la CPE)- el juzgador debe buscar el estándar más alto según cada caso concreto, para que partir de la ponderación, resuelva la causa siempre en busca de la eficacia de los derechos y garantías constitucionales llegando sobre todo a efectivizar el valor justicia; pues no nos olvidemos que el principio de aplicación directa de los derechos, como sostuvo la SCP 0121/2012, supone la superación formalista del sistema jurídico y se constituye en un postulado para consolidar el valor normativo de la Constitución Política del Estado:


“…la premisa en virtud de la cual se debe asegurar la eficacia máxima de los derechos fundamentales, exige en términos de teoría del derecho, la superación de una concepción ius-positivista y formalista del sistema jurídico, e implica la adopción de postulados jurídicos enmarcados en cánones constitucionales no solamente destinados a limitar el poder, sino fundamentalmente direccionados a consagrar y consolidar la vigencia material de los derechos fundamentales.


(…) el principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales, constituye un postulado que consolida el valor normativo de la Constitución, por el cual, los derechos fundamentales tienen una efectividad plena más allá de un reconocimiento legislativo o de formalismos extremos que puedan obstaculizar su plena vigencia, aspecto que caracteriza la 'última generación del Constitucionalismo', en el cual, el fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico, se consagra y alcanza su esplendor a través del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales, el cual se materializa a través del nuevo rol de las autoridades jurisdiccionales en su labor de interpretación constitucional acompañada de una coherente teoría de argumentación jurídica”.


III.2. Respecto a la debida fundamentación.


Siendo un imperativo que las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales estén debidamente motivadas y fundamentadas, este Tribunal en el Auto Supremo 357/2013-RRC de 27 de diciembre, respecto a esta temática estableció: “La Constitución Política del Estado, reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I; siendo así que la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el juzgador al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación.


Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que esta sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales, sino ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados (Negrillas propias).


III.3. Análisis del caso concreto.


El recurrente denuncia que, el Tribunal de alzada al pronunciar el Auto de Vista, vulneró su derecho al debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de congruencia, porque oficiosamente y sin ser un motivo alegado en la apelación, de manera ultra petita determinó la anulación de obrados hasta fojas 216 inclusive, sin expresar el porqué de su determinación.


Como ya se ha precisado, los Tribunales de alzada deben circunscribir sus resoluciones sobre los aspectos que fueron cuestionados en el recurso de alzada en el marco de lo previsto por el art. 398 CPP.


En autos, en la apelación restringida se plantearon los siguientes motivos: a) violación de las garantías de la víctima previstas en los arts. 11 del CPP y 121 II de la CPE; y, b) vulneración a sus derechos de seguridad jurídica, igualdad de las partes y al debido proceso, pidiendo en definitiva la anulación de la Sentencia impugnada; en este sentido, el Tribunal de alzada, en mérito a la previsión del art. 15 de la Ley de Organización Judicial No. 1455, resolvió anular obrados hasta fs. 216 inclusive, al considerar que los derechos de la víctima fueron vulnerados, señalando concretamente en el séptimo CONSIDERANDO del Auto de Vista impugnado: “…a fs. 220 cursa un memorial de desistimiento presentado por el acusado Pedro Fabrizio López Eid, el cual arrima un documento sin la presencia de su abogada, situación irregular que oportunamente fue denunciada por la querellante; asimismo por Auto de fecha 15 de julio de 2.010 el Juez inferior de manera expresa admite la participación activa de la querellante Luz Marina Sossa en su calidad de víctima de los delitos en juzgamiento, dejando de lado y sin efecto legal alguno la actuación realizada ex profeso por el acusado Pedro Fabrizio López; dicha situación irregular implica una total y completa violación a los derechos de la víctima, así como al debido proceso, la seguridad jurídica y a la participación activa dentro de este juicio oral, tal como lo establecen los Arts. 119 y 121 de la Constitución Política del Estado y Arts. 11, 12, 76, 77, 78 y 79 del Código de Procedimiento Penal; en consecuencia, existiendo vicios de nulidad en su tramitación, corresponde a este Tribunal anular obrados hasta el vicio más antiguo” (sic), respuesta que aparentemente iría más allá de lo pedido en apelación. Sin embargo, para la resolución de la problemática planteada, es importante hacer mención que, la Ley de Organización Judicial 1455 de 18 de febrero de 1993, en su art. 15 establecía: Revisión de oficio. “Los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes” (sic).


En este sentido, como ya se dijo, el recurrente alega que el Auto de Vista impugnado, sería carente de motivación, ya que se hubiese limitado a realizar un breve análisis de los antecedentes sin observar en su integridad el contenido del documento de desistimiento que posibilitó la absolución del imputado, lo que a decir del recurrente conllevaría a la vulneración del debido proceso.


En este sentido y del análisis objetivo del Auto de Vista, se tiene que el mismo contiene una premisa fáctica y normativa; pues luego de realizar la descripción de antecedentes y las características doctrinales del recurso de apelación restringida, en el quinto considerando argumenta respecto al deber constitucional y jurídico de revisar de oficio los antecedentes del proceso, verificando al efecto si los Tribunales o jueces inferiores observaron el cumplimiento de las normas que regulan la tramitación, como base hace referencia al alcance del art, 15 de la Ley de Organización Judicial 1455 de 18 de febrero de 1993, vigente a momento de la emisión del referido Auto de Vista ahora impugnado, acompañado su argumentación también con jurisprudencia constitucional respecto a la revisión de oficio cuando existan defectos absolutos que no pueden ser convalidados; en el sexto considerando también refiere sobre actividad procesal defectuosa haciendo hincapié que la SC 0957/2004-R de 17 de junio, indico que al Juez no le está permitido convalidar actos que vulneren derechos. Después de fijar los cimientos jurídicos que le permitan un pronunciamiento sólido, a continuación en el séptimo  considerando, el Auto de Vista otorga las razones suficientes que justifican su determinación, en la cual las autoridades que constituyen el Tribunal de alzada, principalmente en protección de los derechos de la víctima, concluyen que se han vulnerado sus derechos constitucionales y legales previstos tanto por el constituyente como el legislador, ya que el documento cuestionado hubiese sido firmado sin la presencia del abogado de la víctima y porque además, el propio Juez hubiese posteriormente aceptado y admitido la participación activa de la acusadora particular; por ello mismo es que el Auto de Vista también concluye que se ha lesionado el derecho a la participación activa de la víctima en el proceso y que pese a los reclamos oportunos efectuados por la acusadora respecto al referido desistimiento, estos no fueron atendidos; sin considerar así que la SC 0324/2002-R de 25 de marzo, entre otras, señalo que: “…en el caso que se examina, se ha denunciado en contra del recurrente la comisión del delito de tentativa de asesinato y robo agravado, pero al existir un documento de desistimiento firmado por el denunciante, el recurrente considera que no existe delito alguno de su parte, por lo que solicita la procedencia del recurso extraordinario planteado. Que al tratarse (el caso), de delitos de acción pública, no tiene relevancia jurídica el hecho de que el  denunciante haya presentado un desistimiento, por cuanto la acción penal por delitos públicos no es renunciable…”; sin embargo, dicho entendimiento debe ser aplicado según las circunstancias de cada caso concreto y en el presente caso, su alcance de la misma, es totalmente aplicable y atendible porque como expreso el Auto de Vista, la victima reclamo oportunamente respecto a la negativa del memorial de desistimiento, otorgando al Juez como al Fiscal una concepción y posición material respecto a su plena voluntad de seguir el juicio conforme al derecho constitucionalizado del cual goza; sin que ello quiera decir que posteriormente, efectiva y materialmente las partes lleguen a un acuerdo satisfactorio que no refleje ninguna situación de negativa como sucedió en el presente caso, sino más bien de aceptación plena tanto de la víctima como del imputado, siempre precautelando los derechos fundamentales a partir de una correcta ponderación de derechos.         


En este sentido, se constata que el Auto de Vista contiene una fundamentación  y motivación razonable, donde se entiende claramente que a partir de una interpretación desde y conforme a la Constitución y en resguardo y protección efectiva de derechos fundamentales y garantías constitucionales de la víctima, se procedió a anular obrado con la facultad especifica que en ese momento le otorgaba al Tribunal de alzada el art. 15 de la LOJ (ahora abrogada) es decir, ante la existencia de defectos absolutos podían actuar de oficio y proceder a la nulidad de obrados aunque ésta no hubiere sido reclamada; por lo que al estar vigente dicha norma al momento de la emisión del Auto de Vista de ninguna manera contraviene el principio de seguridad jurídica.


Consiguientemente, a partir de un control de legalidad objetivo acorde a los nuevos postulados constitucionales, este Máximo Tribunal Supremo considera que, el Auto de Vista no vulnera el debido proceso, ya que el mismo, contiene las razones que justifican su clara y precisa determinación enmarcados en cánones constitucionales que consolidan la vigencia material de los derechos fundamentales de la víctima en el proceso penal, pues en el presente caso tratándose de delitos de acción pública, no puede estar por encima un documento de desistimiento, ante la voluntad material y real de la víctima, cuyas señales y expresiones en el proceso es de proseguir el mismo.

   

Por lo expuesto no resulta ser evidente el pronunciamiento ultra petita denunciado por el recurrente ni la falta de motivación y fundamentación extrañada.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Pedro Fabricio López Eid, con los fundamentos expuestos precedentemente


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA