TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 750/2015-RRC-L

Sucre, 12 de octubre de 2015


Expediente                  : Oruro 1/2011

Parte Acusadora                  : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                  : Abel Aguilar Márquez

Delitos                        : Falsedad Ideológica y otros

Magistrada Relatora                : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2010 cursante de fs. 138 a 141 vta.,  Abel Aguilar Márquez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 22/2010 de 1 de noviembre, de fs. 110 a 115 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y José Víctor Arias Latorre en representación de Freddy Hernán Arias Latorre contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Ideológica, Falsedad Material y Estafa, previstos y sancionados por los arts. 199, 198 y 335 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACION


a)   Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 18/2010 de 13 de agosto (fs. 43 a 50), el Tribunal  Segundo de  Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, declaró a Abel Aguilar Márquez, autor de la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Estafa, previstos y sancionados por los arts. 199 y 335 del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión, con costas y responsabilidad civil a favor del Estado y de la parte acusadora averiguables en ejecución de sentencia, siendo absuelto del delito de Falsedad Material tipificado por el art. 198 de CP; por otra parte, fue beneficiado con la Suspensión Condicional de la Pena, previo al cumplimiento de ciertos requisitos.

b)  Contra la mencionada Sentencia, el imputado Abel Aguilar Márquez formuló recurso de apelación restringida (fs. 92 a 96 vta.), resuelto por Auto de Vista 22/2010 de 1 de noviembre (fs. 110 a 115 vta.), emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, dando lugar a la interposición del recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso


Del memorial de casación y del Auto Supremo 440/2015-RA-L de 04 de agosto, se tiene como motivo a ser analizado en el fondo, el siguiente:


Alegó que el Auto de Vista impugnado, determinó supuesta falta de fundamentación en el recurso de apelación restringida por incumplimiento de lo previsto por el art. 396 inc. 3) y 408 en relación al 407 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, una vez radicado el proceso, el Tribunal de alzada debió conminar al apelante subsane las observaciones detectadas, antes de emitir la Resolución correspondiente, de acuerdo al Auto Supremo 10 de 26 de enero de 2007.


I.1.2. Petitorio


En base a los argumentos que expone y una vez remitidos los antecedentes al Tribunal Supremo de Justicia, solicita la admisión del recurso de casación y se pronuncie resolución disponiendo el reenvió del juicio.

I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto de Supremo 440/2015-RA-L de 04 de agosto, cursante de fs. 150 a 152 vta., este Tribunal admitió únicamente el primer motivo del recurso formulado por Abel Aguilar Márquez, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO.


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


La Sentencia 18/2010 de 13 de agosto, emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, describe en cuanto al hecho y circunstancias objeto del juicio, que en el mes de septiembre de 2006, el imputado Abel Aguilar Márquez, en su condición de funcionario de la Alcaldía Municipal de Oruro, ofreció a Freddy Hernán Arias Latorre, tramitar un Padrón Municipal para respaldar el funcionamiento de un lenocinio que se planificaba aperturar, cobrando al respecto el monto de $us.1.200.-, al cabo de un tiempo el imputado entregó al querellante el Padrón Municipal 1-11-25597, que autoriza el funcionamiento del Lenocinio denominado “El Triángulo”, figurando como propietario Freddy Hernán Arias Latorre y, cuando el mencionado se apersonó a dependencias del Municipio para recabar la Resolución de Funcionamiento, fue sorprendido cuando se le indicó que el padrón era falso y que el trámite no figuraba en los registros de la Alcaldía.


En consideración a la valoración de la prueba testifical y documental incorporada al juicio oral, el Tribunal consideró que la actuación ilícita del imputado, se origina en la intención de obtención de beneficios económicos, aprovechando la función que desempeñaba como funcionario del Municipio de Oruro en el cargo de auxiliar de Tesorería de la Alcaldía, para proporcionar un supuesto padrón sobre una actividad económica que no corresponde, a cambio de un monto económico, conducta que a criterio del Tribunal se subsume a los ilícitos que se atribuyen; por lo que, en su parte resolutiva por unanimidad de sus miembros, asumió la convicción plena objetiva y precisa de la existencia del hecho y la participación del imputado, declarando la autoría del acusado por la comisión de los delitos de Falsedad Ideológica y Estafa, previstos y sancionados en los arts. 199 y 335 del CP, imponiéndole la pena de tres años de reclusión.


II.2. Del recurso de apelación restringida


La parte acusada, a través de memorial de apelación restringida, argumentó, esencialmente, que: i) Inobservancia de la apelación de la ley, debido a la falta de determinación circunstanciada del hecho [defecto previsto en el art. 360 inc. 2) con relación al art. 370 inc. 3), ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP)]; ii) Fundamentación insuficiente sobre la responsabilidad penal del imputado [de acuerdo a lo establecido en el art. 370 inc. 5) del CPP]; iii) Valoración defectuosa de la prueba [defecto inserto en el art. 370 incs. 6) con relación al art. 365, ambos del Código adjetivo penal]; iv) Con el epígrafe de “…REGLAS DE DELIBERACION..”, citando el art. 359 inc. 2) en relación con el art. 370 inc. 10), ambos del CPP, expresa argumentos contrastando el contenido de la acusación fiscal con el de la acusación particular; v) Aludiendo al voto de los miembros del Tribunal en la etapa de la deliberación, a cuyo efecto citó el art. 360 inc. 3) del CPP, denunció que en la Sentencia se omitió establecer cuál la valoración sobre la prueba testifical y documental, habiéndose limitado a concluir en la parte resolutiva que existe un voto unánime; vi) Por último, alega vulneración del principio del debido proceso, haciendo mención a que el quantum de la pena, así como la misma condena, atropellaron su derecho constitucional.


II.3. Del Auto de Vista impugnado


El Auto de Vista 22/2010 de 01 de noviembre, en cuanto a los aspectos cuestionados en el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado Abel Aguilar Márquez, fundamentó en la parte “II.3.- FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN” (sic), aludiendo: a) Que las disposiciones contenidas en los arts. 398, 407, 396 inc. 3) y 408 del CPP, no hubieren sido observados por el apelante que se limitó a realizar una relación de las presuntas vulneraciones y a efectuar una valoración subjetiva de los preceptos supuestamente inobservados, sin fundamentar debidamente dentro del marco de la lógica las disposiciones que se consideren violadas o erróneamente aplicadas o del error en que habría incurrido el Tribunal conforme prescribe el art. 407 del CPP. Que el recurso de apelación restringida por la naturaleza y finalidad legal, es esencialmente de puro derecho, en su análisis no puede retrotraer su actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos o pruebas fácticas que ya fueron sometidas a control oral público y contradictorio por el Órgano Jurisdiccional de Sentencia, que no existe doble instancia y no es posible en la alzada, revalorizar la prueba ni los hechos. b) Con relación a la supuesta existencia de dos versiones, que identifica la acusación en calidad de víctimas, adujo que el fundamento del apelante se remite a elaborar una relación de presuntas vulneraciones, sin dar cumplimiento al art. 408 tercer parágrafo del CPP; cuando el recurrente, debió indicar separadamente cada violación con sus fundamentos, limitándose simplemente a meras especulaciones acerca del trabajo del juzgador. Que el hecho objeto del juicio se encuentra enunciado en la parte “Enunciación del hecho y circunstancias objeto del juicio” y los delitos acusados se encuentran demostrados con elementos obtenidos, correctamente judicializados sin transgresiones, habiendo el Tribunal enunciado correctamente el hecho; en definitiva, el recurso de apelación restringida no fue debidamente sustentado. c) Sustentó que el apelante, no explicó, porqué la Sentencia tendría una insuficiente fundamentación. Que una resolución es insuficiente cuando no cuenta con la debida motivación de las razones; por las que, se resuelven de una u otra manera y es contradictoria cuando no existe coherencia lógica en los fundamentos o razonamientos con la parte resolutiva del fallo y ello atenta las reglas de la sana crítica; una resolución puede ser insuficiente o contradictoria, pero de ninguna manera tener los dos supuestos. Que no es evidente la insuficiente fundamentación por los antecedentes fácticos relacionados en la Sentencia, que establecieron los actos desplegados por el acusado en la comisión de los delitos. Los aspectos referidos al poder especial, debían ser reclamados en su oportunidad y en cuanto a la subsunción, la Sentencia mencionó de manera clara que el actuar y comportamiento el acusado se ajusta a los tipos penales descritos en los arts. 199 y 335 del CP, estando el fallo debidamente motivado y fundamentado, que describe todos los elementos de prueba incorporados al juicio. En cuanto a la alegación de defectuosa valoración de la prueba e infracción de las reglas de la sana crítica, sostuvo, que el acusado no ha producido prueba alguna en relación al valor otorgado a las pruebas que reclama, sin que se haya especificado debidamente el vicio aludido con indicación expresa en que consiste la valoración defectuosa de la prueba; toda vez, que la fundamentación del fallo es coherente, lógica y conforme a los medios de prueba producidos en el juicio oral. No existe el atropello a las garantías constitucionales al debido proceso, porque se otorgó a los medios de prueba el valor correspondiente para determinar la existencia del hecho y la participación del acusado en la comisión de los hechos ilícitos, tanto en la decisión en sentido de que la acusación no probó la comisión del delito de Falsedad Material, por insuficiencia de prueba.


III.VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DEL PRECEDENTE INVOCADO CON LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA


Este Tribunal, de acuerdo al Auto Supremo 440/2015-RA-L de 04 de agosto, admitió el primer motivo expresado en el recurso de casación, aperturando su competencia a fin de verificar la existencia de contradicción del Auto de Vista impugnado con el Auto Supremo invocado como precedente contradictorio, ante la denuncia referida a la omisión del Tribunal de apelación, de disponer la conminatoria al apelante, para que subsane las observaciones en el recurso de apelación restringida, al advertir la falta de fundamentación de las cuestiones apeladas antes de emitir la Resolución correspondiente; por lo que, corresponde resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste entre el precedente citado con el Auto de Vista recurrido.


III.1. Doctrina Legal aplicable asumida en el precedente invocado.


El recurrente para fundar su recurso de casación, invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 10 de 26 de enero de 2007, emergente del proceso penal por el delito de Homicidio, que luego del juicio oral, público y contradictorio se emitió la Sentencia que declaró la autoría del imputado, igualmente la absolución a favor de otros co-imputados acusados en Grado de Complicidad y Encubrimiento; habiéndose interpuesto recurso de apelación restringida el que fue declarando inadmisible. El mencionado Auto Supremo, ante el planteamiento de recurso de casación, consideró que los requisitos de forma establecidos por los artículos 407 y 408 del CPP, facilitan el conocimiento cabal y objetivo de la pretensión impugnatoria del recurrente; por lo que, para lograr ese propósito, el art. 399 del CPP, obliga al Tribunal de alzada a conminar al recurrente para que subsane los defectos u omisiones de forma bajo apercibimiento de rechazo, previo a disponer el rechazo in límine; empero, no es aplicable al caso, ya que el Tribunal Ad quem cumplió con dicha norma y concedió al recurrente la oportunidad de subsanar las formalidades legales, cuando observó, que el recurso de apelación restringida no cumple con las disposiciones de los artículos 407 y 408 del CPP, defecto u omisión que deberá corregirse en el término de tres días bajo apercibimiento de rechazo; sin embargo, subsanado el mismo es declarado inadmisible a pesar de haber ingresado a realizar un análisis de fondo.


Continúa fundamentando, que la observación realizada al recurso, conforme a la previsión del artículo 399 del CPP, no fue expresa al omitir señalar las expectativas del Tribunal respecto al recurso que fue impreciso, dejando en inseguridad jurídica al recurrente quien, no adquirió conocimiento de aquello que el Tribunal consideraba insuficiente en la impugnación a efecto de que pueda subsanarlo y se pueda ejercer la función de control de legalidad de la resolución recurrida como del proceso; en su mérito, estableció la siguiente doctrina legal aplicable:


“El sistema de recursos contenido en el Nuevo Código de Procedimiento Penal, ha sido trazado para efectivizar la revisión de los fallos dictados como emergencia del juicio penal, conforme disponen los artículos 8.2 inciso h) de la Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica), y artículo 14.5) de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), asegurando el control del decisorio por un Juez o Tribunal Superior al que pronunció la resolución condenatoria.


Que dentro de esta lógica han sido pronunciadas las Sentencias Constitucionales Nº 1075/2003-R y Nº 1044/2003, por citar solamente algunas, cuyo fundamento o argumento principal radica en "otorgar a toda persona la posibilidad de acceso a un sistema de recursos y medios impugnativos, más allá de formalismos que puedan impedir el ejercicio efectivo del genérico y doctrinalmente denominado "Derecho a Segunda Opinión".


De ahí que, si el Tribunal de alzada observa el recurso de apelación restringida y otorga un plazo para subsanar el recurso conforme a la previsión del artículo 399 del Código Adjetivo Penal, debe precisar de manera clara y expresa en el decreto respectivo, la observación que realiza y los requisitos que extraña, toda vez que las resoluciones judiciales deben ser expresas y no tácitas.


En cuyo caso, si transcurridos los tres días, el recurrente no subsana el recurso conforme a las observaciones realizadas, precluye el derecho del recurrente por el transcurso del tiempo, debiendo el Tribunal ad quem dar estricta aplicación al artículo 399 del Código de Procedimiento Penal y RECHAZAR el recurso, sin ingresar a realizar consideraciones de fondo; de lo contrario tramitará el recurso conforme a procedimiento y dictará resolución declarando procedente o improcedente el recurso.

Si el Tribunal advierte que no realizó la observación al recurso de manera clara y expresa, restringiendo involuntariamente el derecho al recurso judicial efectivo, debe dar aplicación a la previsión del artículo 168 del Código de Procedimiento Penal y subsanar el acto, renovándolo, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido, garantizando así el ejercicio del referido derecho”.


III.4. Análisis del caso concreto.


Del contenido del recurso de casación en lo pertinente al motivo admitido, se advierte, que el recurrente denunció que el Tribunal de alzada, al advertir que las cuestiones planteadas en el recurso de apelación restringida no estaban debidamente fundamentadas, debió disponer la conminatoria al apelante para que subsane las observaciones detectadas, antes de emitir el Auto de Vista correspondiente; por lo que, corresponde resolver la problemática planteada mediante labor de contraste entre el precedente citado y la Resolución recurrida.


En ese sentido, el Auto de Vista impugnado 22/2010 de 1 de noviembre, en el punto “II.3.- FUNDAMENTOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN”, establece la advertencia previa al análisis de los agravios expresados en el recurso de apelación restringida, la observación de la previsión establecida en los arts. 396 inc. 3) y 408 del CPP, siendo que el apelante no fundamentó los motivos y se limitó a relacionar las presuntas vulneraciones sin observar las normas mencionadas, realizando una valoración subjetiva de los preceptos supuestamente inobservados, sin fundamentar debidamente dentro de la lógica, las disposiciones que considera violadas o erróneamente aplicadas o el error en que hubiera incurrido el Tribunal.


Esa observación centrada en la falta de  fundamentación que a criterio del Tribunal de alzada presentó el recurso de apelación restringida, constituye la crítica principal y constante en la labor de análisis de las cuestiones que expresa el recurso. En esa misma lógica, supone la afección directa a todo el recurso, que obviamente repercutirá en el análisis individual de los distintos motivos, de donde igualmente emanen posiciones con la misma consecuencia, cuando expresamente sostuvo en la parte: “CONCLUSIÓN: Por todo lo manifestado, este Tribunal concluye que las motivaciones y alegaciones del apelante no son sustentables ni suficientemente explicadas, mas al contrario resultan contradictorias e incoherentes a más de incurrir en confusos razonamientos, consecuentemente, corresponde confirmar el fallo”. (sic), ante lo cual y en base a un análisis objetivo, debió tomar en cuenta que el sistema procesal de impugnación, consagra el derecho de toda persona declarada culpable sobre el cual pesa una condena, de otorgársele la posibilidad de acceso al sistema de recursos, más allá de formalismos que puedan impedir el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionalmente proclamados.


Por principio general establecido en el art. 399 del CPP, cuando el Tribunal de alzada, advierte que el recurso de apelación restringida no cumple con los requisitos exigidos en los artículos 407 y 408 del CPP, debe otorgar un plazo para subsanar el recurso, precisando de manera clara y expresa la o las observaciones detectadas y los requisitos que extraña; toda vez, que las resoluciones judiciales deben ser expresas y no tácitas. En el caso presente, se advierte que el Tribunal de alzada, no realizó la observación al recurso a tiempo de su admisión, por cuanto antes de emitir la Resolución de apelación, tenía la posibilidad de dar aplicación a la previsión del art. 168 del CPP, para subsanar el acto y rectificando el error permitir el cumplimiento de acto omitido, garantizando de esa forma el ejercicio del referido derecho del imputado vinculado a la tutela judicial efectiva que le permita sustentar en la forma debida sus alegaciones, de modo que obtenga respuestas mediante una resolución igualmente fundamentada, que acoja sus reclamos mediante un pronunciamiento de fondo, no así atribuir el resultado del recurso a aspectos formales u observaciones referidas a la falta de fundamentación, insuficiente explicación y contradicciones, presentes en el recurso de apelación restringida.


En su caso, si no obstante la conminatoria la parte recurrente no procede a subsanar su recurso conforme a las observaciones extrañadas dentro del plazo determinado por ley, en aplicación a la norma procesal penal corresponde su rechazo por inadmisible, sin que ello importe denegación de justicia ni restricción al derecho a la defensa o al recurso judicial efectivo; toda vez, que se habrían otorgado y garantizado los mecanismos legales razonables a efecto de que las impugnaciones observen las formalidades que proveen al operador de justicia el instrumento para su trámite, sólo así, en caso de haberse subsanado suficientemente el recurso, se señalará la audiencia de fundamentación oral y posteriormente se dictará la correspondiente resolución, declarando improcedente o procedente la impugnación formulada según corresponda.


Finalmente, en cuanto al precedente contradictorio invocado, al presentar similar situación jurídica al caso analizado referida a la posibilidad de otorgar a toda persona la garantía del acceso al sistema de recursos más allá de formalismos que puedan impedir el ejercicio efectivo del derecho a una segunda opinión del que, conforme se tiene fundamentado, se apartó el Tribunal de alzada, supone la existencia de contradicción a los lineamientos jurisprudenciales esbozados por este Tribunal, que constituye defecto absoluto insubsanable al vulnerar derechos fundamentales como el debido proceso en su componente de la tutela judicial efectiva, al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP, y en aplicación del art. 419 del mismo cuerpo normativo procedimental, corresponde dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado a efectos de la subsanación de las situaciones defectuosas fundamentadas.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Abel Aguilar  Márquez, de fs. 138 a 141 vta.; y, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 22/2010 de 01 de noviembre, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA