TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 749/2015-RRC-L

Sucre, 12 de octubre de 2015


Expediente                        : La Paz 162/2011

Parte Acusadora                : Roberto Torrez Mendoza

Parte Imputada                : Marcos Gonzalo Torrico Flores

Delito                        : Cheque en Descubierto

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 18 de agosto de 2011, cursante de fs. 181 a 183 vta., Marcos Gonzalo Torrico Flores, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 624/2011 de 22 de junio, de fs. 170 a 171 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Roberto Torrez Mendoza contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del Código Penal (CP).


I.DEL RECURSO DE CASACION


I.1. Antecedentes


a)   Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 7 “A”/2010 de 22 de mayo (fs. 90 a 96), la Jueza Segundo de Sentencia de La Paz, declaró a Marcos Gonzalo Torrico Flores, absuelto de la comisión del delito de Cheque en Descubierto, previsto y sancionado por el art. 204 del CP, sin costas.

b)  Contra la mencionada Sentencia y su Auto Complementario (fs. 97), el acusador particular formuló recurso de apelación restringida (fs. 112 a 118 vta.), resuelto por el Auto de Vista 624/2011 de 22 de junio, (fs. 170 a 171 vta.), emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró procedente el citado recurso y anuló la Sentencia apelada, ordenando la reposición del juicio oral y público por el Juez siguiente en número.


I.1.1. Motivos del recurso de casación


1)  Bajo el subtítulo “NULIDAD DEL AUTO DE VISTA POR FALSEDAD DE ARGUMENTOS RESPECTO DE LA PRUEBA INCORPORADA AL JUICIO (Contravención del A.S. 308 de 25-8-06)” (sic), previa cita y transcripción de la doctrina legal del mencionado precedente, el recurrente aduce que la regla de la jurisprudencia impone el deber a los jueces de alzada, realizar un efectivo control al sistema de valoración de la prueba y verificar que la prueba fue judicializada, deber que no fue cumplido por el Tribunal de apelación, porque se tuvo como introducidas al juicio, cartas notariadas y diligencias que jamás fueron judicializadas, siendo al contario excluidas por no haber sido ofrecidas en forma detallada de acuerdo a los arts. 290 y 341 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Que el precedente, dicta el deber de fundamentar la Sentencia, que fue cumplido en forma adecuada mediante la exposición de las razones y el fundamento probatorio, en cuya virtud, se falló por la absolución, porque no existe prueba que acredite que su persona fue conminada al pago de los cheques girados. Refiere que el fundamento principal del Auto de Vista impugnado para anular la Sentencia, fue la mala valoración de la prueba consistente en cartas y diligencias que no fueron judicializadas, incurriendo en error in iudicando en la revisión de la Sentencia, contrariando la doctrina legal del precedente invocado.


2)  Arguye, “NULIDAD DEL AUTO DE VISTA POR REVALORIZAR LA PRUEBA DEL JUICIO (Contravención del A.S. 22 de 3-2-10)” (sic), porque la errada concepción de que las cartas notariadas y diligencias fueron judicializadas, condujo al Tribunal de alzada a establecer que se aplicó en forma errónea la ley sustantiva para declarar su absolución; argumento que carece de fundamento real y muestra una tendencia a determinar su condena, ya que sin inmediación, ver o escuchar a los testigos de cargo y descargo, asume la conclusión de que la absolución no tiene mérito, afirmación que tampoco tiene fundamento y es contrario al principio de legalidad del delito y de las penas, pues el Tribunal de alzada para asumir esta determinación  de que su conducta es típica, valoró documentos no judicializados en sentido favorable a la acusación, contrariando la prohibición de revalorizar la prueba como advierte el Auto Supremo 22 de 3 de febrero de 2010.


I.1.2. Petitorio


Solicita la admisión del recurso de casación y se dicte la doctrina legal aplicable, dejando sin efecto el Auto de Vista impugnado.

I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 606/2015-RA-L de 17 de septiembre, de fs. 194 a 196, este Tribunal admitió el recurso formulado por Marcos Gonzalo Torrico Flores, para el análisis de fondo de los motivos precisados en el acápite I.1.1. de la presente Resolución.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


La relación de hechos que describe la Sentencia, refiere que Marcos Gonzalo Torrico Flores, procedió al giro de cuatro cheques de su cuenta 1400591918 del Banco Nacional de Bolivia, favor de Roberto Torrez Mendoza, siendo los siguientes: cheque 1557613 por el monto de $us.3000.- girado el 25 de agosto, 1557614 por $us.4000.- de fecha 25 de septiembre, 1557616 por el monto de $us.4000.- de 25 de octubre y 1557618 por $us.1000.- girado el 25 de diciembre todos del año 2008, que fueron rechazados en su pago por la institución bancaria por insuficiencia de fondos, procediéndose a la conminatoria legal al girador con intervención notarial, sin que los mismos hayan sido cubiertos.


La Sentencia, consideró como hechos no probados, la entrega de los cheques como parte de pago de una obligación y que los mismos han sido girados por el imputado como persona natural o en representación de la empresa FREEMARKET INT CONSULTING y fundamentalmente, no se ha demostrado que el girador haya sido interpelado para el pago dentro del término de las 72 horas establecidas en el art. 204 del CP, que a criterio del Tribunal genera duda razonable que amerita la aplicación del principio del in dubio pro reo; por lo que, en la parte resolutiva dispuso la absolución del imputado respecto al delito de Cheque en Descubierto, previsto en el art. 204 del CP, por insuficiencia de pruebas.


II.2.Del Auto de Vista impugnado. 


El Auto de Vista 624/2011 de 22 de junio, declaró la procedencia de los fundamentos del recurso de apelación restringida interpuesto por el querellante Roberto Torres Mendoza y dispuso la anulación de la Sentencia y la reposición del juicio oral por el Juez siguiente en número, en base a los siguientes fundamentos:


El imputado realizó el giro de cuatro cheques a favor del querellante que fueron rechazados por insuficiencia de fondos, procediéndose luego a la conminatoria legal para su pago mediante notas dirigidas al girador para cada uno de los cheques, que dichas cartas notariadas y diligencias fueron judicializadas; por lo que, la absolución incurre en la causal prevista por el art. 370 inc. 1) del CPP, por existir errónea aplicación del art. 204 del CP, referido al delito de Giro de Cheque en Descubierto, cuya última parte fue erradamente interpretada porque la nulidad del cheque está referida al contenido del título valor sin afectar el hecho punible que implica girar un cheque, sin la suficiente provisión de fondos o sin estar autorizado expresamente para girar en descubierto, en consecuencia se incurrió en error in iudicando en cuanto a la esencia del delito provocando la errónea aplicación de ley sustantiva al declarar la absolución del imputado, con el argumento de que la prueba no hubiera sido suficiente.


Igualmente, el a quo incurrió en la causal del art. 370 inc. 5) del CPP, toda vez que no existe fundamentación suficientemente clara y precisa de los elementos  concretos que generen duda razonable y que la prueba judicializada, no conlleve a la convicción suficiente de autoría, siendo incluso contradictoria cuando en la relación se asume la convicción de que se ha girado cheques que fueron rechazados por insuficiencia de fondos y en la parte de los hechos no demostrados, se concluye que no fueron entregados como parte de pago de una obligación, cuando el título valor mercantil como es el cheque, tiene una causa abstracta y no se puede pretender se demuestre que fueron entregados como parte del pago de una obligación, siendo indiferente que hubieren sido girados como persona natural o como representante de un ente, aspecto que demuestra haberse incurrido en la causal prevista en el art. 370 inc. 6) del CPP, al existir deficiente e inadecuada valoración de la prueba, más cuando no se cita que elementos de prueba provocarían la duda razonable para la absolución.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DEL PRECEDENTE INVOCADO CON LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA


Este Tribunal admitió el presente recurso de casación, aperturando su competencia a fin de verificar los cuestionamientos esbozados en los motivos admitidos, referidos a la obligación impuesta a los Tribunales de alzada de realizar un control efectivo a la valoración y verificación de que la prueba fue judicializada, deber que hubiere sido incumplido por el Tribunal de apelación, que dedujo como judicializadas cartas notariales y diligencias que no fueron introducidas al juicio por haber sido excluidas, siendo que el deber de fundamentar la Sentencia, fue cumplido adecuadamente mediante la exposición de razones y el fundamento probatorio necesario, para disponer un fallo absolutorio por falta de prueba que acredite que su persona fue conminada al pago de los cheques girados. Asimismo, la errada concepción de que las cartas notariales y diligencias fueron judicializadas, condujo al Tribunal de alzada a establecer la existencia de errónea aplicación de ley sustantiva y la nulidad de Sentencia, contrariando la prohibición de revalorizar la prueba; por lo que, corresponde resolver la problemática planteada, mediante la labor de contraste entre los precedentes citados y el Auto de Vista recurrido.


III.1.Doctrina legal aplicable asumida en los precedentes invocados.


En primer término, el recurrente invocó el precedente establecido en el Auto Supremo 308 de 25 de agosto de 2006, emergente del proceso penal seguido por el delito de Despojo, previsto y sancionado por el artículo 351 del CP, del que emana la Sentencia que declara la autoría del imputado, condenándolo a la pena de tres años y seis meses de reclusión. La indicada Resolución fue apelada y resuelta mediante Auto de Vista  que confirma la Sentencia apelada, resolución que a su vez fue objeto de recurso de casación.


En el análisis del recurso de casación, el Tribunal Supremo de Justicia, evidenció la existencia de defectos de Sentencia en las resoluciones tanto del a quo como del ad quem, estableciendo que existe ambigüedad en la valoración de la prueba, no siendo posible la coexistencia de pruebas con idéntico valor al ser, a la vez, contrarias entre sí, vulnerándose de este modo las reglas lógicas, concluyendo que existió una mala praxis del sistema de la sana crítica. Que no se ha realizado una adecuada determinación de la pena y tampoco el Tribunal de apelación, ha ejercido un control sobre la referida actuación jurisdiccional, resultando en consecuencia una pena excesiva, que el Tribunal de alzada, omitió relacionar y considerar el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado, restringiendo con ello el derecho a la defensa y el derecho a la impugnación de las resoluciones jurisdiccionales. Concluyó, asumiendo que el Tribunal de apelación, no aplicó correctamente las normas procedimentales, infringiendo el art. 124 del CPP, al contener una fundamentación insuficiente, igualmente omitir el control de valoración realizada en Sentencia, de los elementos de prueba y el aspecto referido a la inadecuada determinación de la pena impuesta con discrecionalidad, sin considerar circunstancias atenuantes. En esa virtud esbozó la siguiente doctrina legal aplicable: “El espíritu de la normativa penal, en consonancia con la doctrina penal contemporánea, establece que la apelación restringida constituye el único medio legal para impugnar una sentencia, por lo tanto los Tribunales de apelación deben fundamentar sus decisiones expresando los motivos de hecho y de derecho en que se basan, no pudiendo ésta ser reemplazada por la simple relación de las pruebas o requerimientos de las partes vulnerando, de tal manera, derechos constitucionales. Ante eventuales denuncias de defectuosa valoración de la prueba o errónea aplicación de la ley sustantiva, es menester que los Tribunales de alzada, realicen un efectivo control del sistema de valoración de la prueba y se pronuncien, de manera expresa, absolviendo los fundamentos del recurso de apelación en análisis.


Nuestro ordenamiento penal acoge el sistema de la Sana Crítica, pretendiendo explicar que sus contenidos y fines son el sometimiento de la prueba a las leyes o reglas que regulan el razonamiento deductivo, los fenómenos materiales y las conductas frente a la sociedad de acuerdo a lo admitido por ella misma para hacer viable la existencia y verificación de sus comunes objetivos, todo cumplido en forma sana, esto es, bajo la premisa de reglas generales admitidas como aplicables, y crítica es decir que, con base en los criterios de verdad otorgados a cada elemento de prueba, los hechos probados sean confrontados para establecer si una acción determinada pudo suceder o si ello fue posible de una u otra manera explicable dentro de las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, postulados generales que rigen el razonamiento, las transformaciones materiales y la vida social, formal y dialécticamente comprendidos.


La máxima expresión del sistema emerge del juicio de mérito y se traduce en la resolución del a quo, quien debe analizar en su integridad los elementos probatorios introducidos legalmente al proceso para, con fundamento y límite en la sana crítica, colegir cuáles ameritan probar un hecho y cuáles no, labor intelectual que obliga a una apreciación, inicialmente individual pero, acto seguido, como en todo proceso analítico, una actividad confrontativa con el universo probatorio, única forma de establecer la verdad procesal, pues el grado de certeza no puede ser abstracto sino referido a un objeto determinado, esto es, que el juicio probatorio, imprescindiblemente, debe fundamentarse en los medios de prueba dinamizados en la correspondiente actividad procesal.


En un primer momento, a partir de la inmediación y de la percepción directa de la prueba, el juez o Tribunal, de manera subjetiva, adquiere convicción. Posteriormente, debe expresar ese razonamiento y darle el necesario soporte racional al juicio que realizó sobre la prueba en el que se le exige que traduzca, de manera objetiva, el valor asignado a cada elemento de la misma y explique la operación lógica realizada para llegar a determinada conclusión; esta actividad debe ser expresa de manera que garantice a las partes el control del razonamiento del Juez o Tribunal y la correcta aplicación del sistema de valoración de la prueba, para el posible control de legalidad ulterior.


Este control, en consecuencia, debe incluir la verificación de la correcta motivación de las sentencias y recae primeramente en el ad quem quien, ante la oscuridad, contradicción o falta de motivación de las resoluciones judiciales, debe disponer lo que corresponda, conforme la previsión de los artículos 413 y 414 del Código de Procedimiento Penal”.


Asimismo, invocó el Auto Supremo 22 de 3 de febrero de 2010, que deviene del proceso penal seguido por los delitos de Estupro y Homicidio en grado de Tentativa, Allanamiento de Domicilio o sus Dependencias y Lesiones Leves, previstos y sancionados por los artículos 309, 251 relacionado con el 8, 298 y 271 segunda parte, todos del CP, en cuyo efecto se emitió la Sentencia que declaró la autoría del imputado por el delito de Lesiones Leves, imponiendo la pena de siete meses de reclusión y le absolvió por los demás delitos acusados; Sentencia que en apelación interpuesta por la parte querellante, fue anulada parcialmente por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, y sin necesidad de reenvío, declaró al acusado autor del delito de Estupro y le impuso la pena de cuatro años y seis meses de presidio; Resolución que fue recurrida de casación por el imputado con el argumento de que el Tribunal de alzada no debió sentenciarle por un delito que en criterio del Tribunal de Sentencia no fue demostrado, careciendo el Auto de Vista recurrido de fundamentación legal que sustente la determinación de anular parcialmente la Sentencia y mucho menos condenar por el delito que fue absuelto.


El Auto Supremo, fundamentó que el Auto de Vista, indebidamente anuló la Sentencia y cambió la situación jurídica del imputado de absuelto a condenado, desconociendo que la acreditación de los elementos constitutivos de un tipo penal conlleva necesariamente la comprobación de hechos y la valoración de prueba, razón por la cual el Tribunal de apelación no podía dictar nueva Sentencia sino disponer su anulación y la realización de un nuevo juicio por otro Tribunal a efectos de la correcta valoración probatoria. En ese sentido estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “De acuerdo a la filosofía de la Ley 1970 y a la línea doctrinal sentada por este Alto Tribunal de Justicia la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio, no siendo el medio jerárquico para revalorizar pruebas o revisar cuestiones de hecho, competencia que se encuentra reservada exclusivamente a los Jueces o Tribunales de Sentencia, razón por la cual si el Tribunal de apelación advierte defectuosa valoración de la prueba debe anular total o parcialmente la sentencia, disponiendo la realización de un nuevo juicio por otro Tribunal.


El Tribunal de alzada sin necesidad de reenvío puede subsanar errores de derecho existentes en el proceso, pero nunca revalorizar la prueba, ya que lo contrario significaría desconocer el principio de inmediación que constituye el eje central en la producción probatoria, cuya valoración está reservada exclusivamente para los Tribunales de sentencia sean estos colegiados o unipersonales”.


III.2. Análisis del caso concreto.


En cuanto al primer motivo, el recurrente acusó que el Tribunal de alzada no realizó un efectivo control al sistema de valoración y verificación de que la prueba fue efectivamente judicializada en referencia a las cartas notariadas y diligencias que fueron dadas por judicializadas cuando fueron excluidas, siendo el fundamento principal del Auto de Vista impugnado para disponer la anulación de la Sentencia.


En primer término, corresponde establecer que el elemento central del motivo referido, se basa en determinar que las pruebas documentales consistentes en cartas en cuyo anverso consta la representación notarial, fueron o se encuentran debidamente judicializadas o como arguye el recurrente los mismos hubieren sido excluidas del proceso, para ello es menester remitirse al momento de sustanciación de juicio oral y oportunidad de consideración de la judicialización de la mencionada literal. En efecto, en la continuación de la audiencia de diecisiete de mayo de 2010, luego de haberse agotado la producción de prueba testifical, la parte querellante pretendió la introducción de documental consistente en cuatro notas con representación notariada, por su parte la defensa del imputado planteó la exclusión probatoria de dicha documental que fue resuelta por Resolución 12/2010 de 17 de mayo, por el que el juzgador a quo aceptó la solicitud de exclusión probatoria de las mencionadas cartas por considerarlas vulneratorias a lo dispuesto por el art. 341 inc. 5) del CPP. Por su parte, la Sentencia en el subtítulo PRUEBA PRODUCIDA E INTRODUCIDA A JUICIO, en cuanto a la prueba documental, solo refirió a los cuatro cheques girados por el imputado además de la testifical, y en la parte HECHOS NO DEMOSTRADOS punto cuarto, expresó “no se ha demostrado que el imputado hubiese sido interpelado para el pago dentro el término de 72 horas que establece el Art. 204 del Código Penal…” “…que la insuficiencia de prueba da lugar a la duda razonable, situación que merece la aplicación del principio in dubio pro reo” (sic); que constituye el fundamento esencial para disponer la absolución del imputado por el ilícito previsto en el art. 204 del CP.


En lo pertinente, en el Auto de Vista impugnado, el Tribunal de alzada sostuvo que arribó a la conclusión de que el imputado giró los cuatro cheques por diferentes montos de su cuenta del Banco Nacional de Bolivia rechazados por insuficiencia de fondos y que se procedió a la conminatoria legal para su pago mediante notas dirigidas al girador debidamente diligenciadas de fecha 16 de enero de 2009, dejando establecido que se encuentran comprobados con los cheques, las cartas notariadas y diligencias que se judicializaron y que constan debidamente detalladas en la Sentencia, el hecho por el que la juzgadora a quo incurrió en el defecto de Sentencia, previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, al haber declarado absuelto al imputado por errónea aplicación del art. 204 del CP. Por otro lado, asume que incurrió además en las causales de los incs. 5) y 6) del art. 370 del CPP, por no haber fundamentación insuficiente e inadecuada valoración de la prueba, cuando no se ha precisado que elementos concretos llevarían a la duda razonable para que la prueba judicializada no lleve a la convicción suficiente de autoría.


Ahora bien, la decisión adoptada por el Tribunal de alzada, no se encuentra sustentada legalmente, en razón a que ella no reviste un adecuado análisis de los antecedentes y datos del proceso, en razón a que entendió que las pruebas consistentes en las cartas con representación notarial que supuestamente contienen la conminatoria que otorga el plazo de 72 horas al girador, para que realice el pago respectivo de los importes de los cuatro cheques se encuentra judicializada; sin embargo, no toma en cuenta de que la mencionada documental fue excluida del proceso mediante Resolución de exclusión probatoria por el Juez a quo; por consiguiente, es evidente la versión del recurrente en sentido de que se consideró a dicha prueba como si la misma formara parte de la prueba producida legalmente en el juicio por ende judicializada cuando no es así, y esa mala determinación conlleva a realizar afirmaciones erradas referidas a la insuficiente fundamentación e inadecuada valoración de la prueba que supuestamente presenta la Sentencia.


En ese sentido, la decisión de absolución expresada en la Sentencia tiene mérito, por haber sostenido que el razonamiento fundamental de la decisión, es la falta de elementos probatorios dando lugar a la duda razonable y aplicación al principio del in dubio pro reo, aunque el tema en específico, orienta al análisis de la concurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal establecido en el art. 204 del CP, siendo que el aspecto referido a la conminatoria legal al girador otorgándole el término legal para su pago, es el elemento de consumación del delito,  al mencionar: “El que girare un cheque sin tener la suficiente provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no abonare su importe dentro de los setenta y dos horas de habérsele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación, será sancionado con reclusión de uno a cuatro años y con multa de treinta a cien días.


En igual sanción incurrirá el que girare cheque sin estar para ello autorizado, o el que lo utilizare como documento de crédito o de garantía. En estos casos los cheques son nulos de pleno derecho.


El pago del importe del cheque, más los intereses y costas judiciales en cualquier estado el proceso o la determinación de la nulidad por las causas señaladas en el párrafo anterior, constituirán causales de extinción de la acción penal para este delito. El Juez penal de la causa, antes de declarar la extinción de la acción penal, determinará el monto de los intereses y costas, así como la existencia de las causales que producen la nulidad del cheque”.


De las distintas figuras que presenta el tipo penal, la referida en la primera parte, se tiene que el giro de cheque en descubierto es un delito que no se consuma con la acción, sino que, realizado el hecho concede al girador la oportunidad de liberarse de la consideración de la antijuridicidad de su acción, si procede a realizar el pago dentro del término otorgado por ley, de setenta y dos horas de haber recibido la notificación por cualquiera de los medios legalmente permitidos, caso en el que se reputa como el cumplimiento de cualesquier obligación civil, pero si el pago no se realiza la figura adquiere ribetes de índole penal con las consecuencias establecidas para el delito de Cheque en Descubierto. El elemento referido a la interpelación por los medios legalmente permitidos y su incumplimiento en el pago vencido el plazo concedido por ley, constituye el elemento que se suma a la concurrencia de la acción de girar el cheque propiamente y el correspondiente rechazo de la entidad bancaria por falta de fondos, que en su conjunto convergen a la determinación de considerar como delito consumado y adecuado al tipo del art. 204 del CP, cuya inconcurrencia de cualesquiera de sus componentes, importa la falta de elementos constitutivos del tipo en la conducta del imputado, que en principio no observó el a quo en el análisis para fundar su decisión que finalmente derivó en similar sentido de determinar la absolución del imputado; aspectos que, en lo tocante a la labor del Tribunal de apelación, no fueron observados en el cumplimiento de deber asignado de ejercitar el control de la legalidad de los fallos del inferior, al no advertir si efectivamente la prueba documental fue debidamente y legalmente introducida al juicio que merezca ser eficazmente valorada con los efectos consiguientes que influyen en la decisión final; por el contrario y como ocurrió, al haber sido objeto de exclusión legal, la misma no tiene ningún efecto porque es considerada como inexistente, y su incidencia igualmente es trascendental en la constitución del tipo del cual es componente fundamental como es la tipicidad, cuya inconcurrencia hace inexistente el delito, o en otros términos la falta de uno solo de los elementos que no encajen a tipo penal, bastará para que el hecho denunciado deje de ser delito en función al principio de legalidad, aspectos que debían ser advertidos por el Tribunal de alzada, antes de establecer la concurrencia de situaciones defectuosas que supuestamente están presentes en la Sentencia.


En ese sentido, la labor del Tribunal de alzada, revela un obrar contradictorio al precedente invocado que enuncia el deber de los Tribunales de apelación, de fundamentar sus decisiones expresando los motivos de hecho y derecho en que se basan, no pudiendo ser reemplazada por la simple relación de las pruebas o requerimientos de las partes vulnerando derechos fundamentales; por lo que corresponde a este Tribunal Supremo dar aplicación al segundó párrafo del art. 419 del CPP, dejando sin efecto el Auto de Vista impugnado, por haber evidenciado la existencia de un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso que constituye defecto absoluto al tenor del art. 169 inc. 3) del CPP, a efectos de que se emita nuevo Auto de Vista que considere las observaciones efectuadas.


En cuanto al segundo motivo admitido, por el que acusa que el Tribunal de alzada vulneró la prohibición de revalorización de prueba que no fue judicializada en el juicio oral para considerar la errónea aplicación de ley sustantiva; planteamiento que omite señalar la prueba en particular a que hace referencia, pero la mención a la prueba no judicializada, supone representar la consistente en las cartas con diligencia notarial aludido bastantemente en el análisis del motivo anterior, en el que quedó establecido no forma parte de la comunidad probatoria por no haber sido introducida legalmente al proceso en virtud a incidente de exclusión probatoria resuelto judicialmente, por lo que cualesquier consideración y referencia valorativa a esa documental, carece de valor legal; no obstante, no es evidente la afirmación de supuesta valoración de dicha literal, porque la consideración de que esos elementos se encuentran judicializados condujo al Tribunal de apelación haberse incurrido en las situaciones defectuosas de Sentencia establecidas en los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del CPP, que difieren de una posible revalorización de la prueba del que emane un resultado que haya influido en la situación jurídica del imputado, lo que supone interpretar que la declaratoria de nulidad de la Sentencia, no resulta como consecuencia de una revalorización de la prueba; en ese sentido, no se advierte ninguna situación de contradicción con el precedente invocado cuya orientación no vislumbra situación jurídica similar, cuyo lineamiento está relacionado a la defectuosa valoración de la prueba; por consiguiente en esta parte, lo alegado por el recurrente carece de mérito.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Marcos Gonzalo Torrico Flores, de fs. 181 a 183 vta.; y, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 624/2011 de 22 de junio, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus presidentes, pongan en conocimiento de los jueces en materia penal de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA