TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 745/2015-RRC-L

Sucre, 12 de octubre de 2015


Expediente                : La Paz 46/2011

Parte Acusadora                : Pascuala Mercado Maidana

Parte Imputada                : Betzabé Lidia Plata de Calderón

Delito                : Lesiones Graves y Leves

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de febrero de 2011, cursante de fs. 338 a 340 vta., Pascuala Mercado Maidana, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 280/2010 de 21 de diciembre, de fs. 322 a 326, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por la recurrente contra Betzabé Lidia Plata de Calderón, por la presunta comisión del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el arts. 271 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   En mérito a la acusación particular presentada por Pascuala Mercado Maidana (fs. 17 a 18 vta.), una vez concluida la audiencia de juicio oral y público, el Juez Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por Sentencia 16/2010 de 20 de agosto (fs. 286 a 292), que declaró a Betzabé Lidia Plata de Calderón, absuelta de culpa y pena del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del CP, sin constas por ser excusable.


b)  Contra la referida Sentencia, la acusadora particular Pascuala Mercado Maidana, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 299 a 303 vta.), resuelto por el Auto de Vista 280/2010 de 21 de diciembre (fs. 322 a 326), dictado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedente el recurso planteado; y en consecuencia, confirmó la Resolución apelada, motivando la interposición del recurso de casación que se resuelve en la presente Resolución.


I.1.1. Motivos del recurso


Del recurso de casación y del Auto Supremo 483/2015-RA-L de 13 de agosto, se extrajeron tres motivos, habiendo sido admitido sólo el primer y tercer motivo, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP):


En el primer motivo, Alega, que si bien el Juez de la causa no introdujo elementos probatorios de oficio; sin embargo, aceptó pruebas extraordinarias y las judicializó en inobservancia de lo establecido por los arts. 329 y 340 del CPP, admitiendo varias y diferentes a las que fueron ofrecidas en el memorial de “fs. 29”, lo que se equipararía a introducirlas de oficio; como ser: a) La prueba DP1 correspondiente a fotocopias de la denuncia presentada por Betzabé Lidia Plata Calderón del 23 de agosto de 2007, en tanto que en la audiencia de juicio presentó fotocopias de la querella, habiéndose planteado exclusión probatoria por tratarse de prueba diferente a la ofrecida. Sin embargo, el Auto de Vista, sobre este tema resolvió en un sentido jurídico distinto, manifestando que en la audiencia de 14 de mayo de 2010, la defensa introdujo dicha prueba, contra la que, el querellante solicitó exclusión probatoria con el argumento que no fue ofrecida en cumplimiento del art. 340 del CPP; y, que sería impertinente, argumento este último atribuido a su persona que no es evidente. Extremos que señala, contradicen el Auto Supremo 179 de 6 de febrero de 2007; por tanto, correspondía anular la Sentencia y disponer el reenvío.; y, b) Con relación a la prueba PD2, fundamentó su exclusión probatoria, puesto que en el muestrario fotográfico donde se lo ve sentado en una silla, no se sabe dónde y cuándo fueron tomadas las mismas, puesto que no tiene referencia técnica, sólo se ve en la parte de abajo que se insertó la fecha de forma manuscrita; sin embargo, el Auto de Vista señalaría que su persona no demostró la ilicitud o el incumplimiento del art. 340 del CPP, habiéndose aplicado una misma norma con distinto alcance; a cuyo efecto invoca el Auto Supremo 654 de octubre de 2004 que sería relativo a la incorrecta valoración de la prueba, señalando que contradice al Auto de Vista impugnado, puesto que pese a existir una errónea valoración de las pruebas de parte del Juez de Sentencia, los Vocales afirman que dicha valoración fue correcta, sin tener presente que se incorporaron pruebas no ofrecidas dentro del marco del art. 340 del CPP.


Como segundo motivo, Arguye que existe incongruencia entre la acusación y la Sentencia, dado que en el caso presente, la acusación se presentó por los delitos de Tentativa de Homicidio y Lesiones Graves, previstos en los arts. 251 con relación al 8 y 271, con las agravantes previstas en los arts. 272, 252 incs. 2) y 3), todos del CP, y la Sentencia absuelve a la imputada por el delito de Lesiones Leves, previsto en el art. 271 del CP, cuando nunca acusó por este último delito; sino, por Lesiones Graves, puesto que eso se acredita del impedimento, siendo necesario aclarar que si es delito de Lesiones Leves ya no podría ser de Graves, siendo ambos excluyentes. Afirma que lo señalado contradice el Auto Supremo 320 de 14 de junio de 2003, relativo al principio procesal de la congruencia, invocado a tiempo de plantear su apelación restringida; y con relación a lo cual, el Auto de Vista señaló que no existió violación de dicho principio, cuando el precedente contradictorio establece que el tribunal o juez, deben circunscribirse en lo fáctico y legal a los hechos acusados probados y no probados, pues los acusados en el memorial de “fs. 17-18” son los que deben ser objeto del juicio. Por tanto, el sentido jurídico asignado en el Auto de Vista impugnado no coincide con el del precedente contradictorio invocado, por haberse aplicado una norma con diverso alcance.


I.1.2. Petitorio


La recurrente, solicita a este Tribunal Supremo de Justicia, que admita su recurso y  dicte resolución determinando la existencia de contradicción en los términos del art. 416 del CPP, dejando sin efecto el fallo impugnado y disponiendo que la Sala Penal que emitió el fallo dicte uno nuevo de acuerdo con la doctrina legal establecida.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 483/2015-RA-L de 13 de agosto, cursante de fs. 349 a 351 vta., éste Tribunal, admitió los motivos primero y tercero del recurso formulado por la recurrente, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1. De la acusación particular.


Por memorial de fs. 17 a 18 vta., Pascuala Mercado Maidana presentó acusación particular contra Betzabe Lidia Plata de Calderón por los delitos de: Tentativa de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 con relación al art. 8 del CP; y, Lesiones Graves tipificado por el art. 271 primera parte con la agravante de los arts. 272 y 252 incs. 2) y 3) de la referida ley.

II.2.Del ofrecimiento de las pruebas de descargo.


Notificada la acusada Betzabe Lidia Plata de Calderón con el Auto de admisión de querella por el delito previsto por el art. 271 del CP, para la celebración de audiencia de conciliación; y, al no haber llegado a ningún acuerdo entre las partes, se concedió a la imputada el plazo de 10 días para que ofrezca sus pruebas de descargo.


Por memorial de fs. 28 y vta., la acusada ofreció las siguientes pruebas de descargo: 1. Literales, consistentes en: PD1 (Fotocopias Legalizadas de la denuncia presentada por Betzabe Lidia Plata Mercado de 23 de agosto de 2007), PD2 (Muestrario fotográfico presentado por Betzabe Lidia Plata Mercado de 19 de septiembre de 2007), PD3 (Informes médicos que acreditarían la existencia de artritis y síndrome de túnel carpiano de 14 de marzo de 2008), PD4 (Certificado Médico Forense de 6 de mayo de 2008), PD5 (Memorial de denuncia y querella presentado por Pascuala Mercado Maidana de 29 de agosto de 2007), PD6 (Fotocopia legalizada de la Resolución de Sobreseimiento Nº 22/08 D.P.-RVM emitida por la fiscal Rosario Venegas de 9 de agosto de 2008), PD7 (Fotocopia legalizada de la Resolución Nº T.V.L. 688/08 de la Fiscalía de Distrito donde se ratificaría el sobreseimiento de la Betzabe Lidia Plata Mercado de 10 de septiembre de 2008 y su correspondiente notificación), PD8 (Prueba acumulada en la fiscalía que corresponde y certificados médicos, inspecciones y otros); PD9 (Desdoblamiento de CD); 2. Testificales; y, 3) Pericial.


II.3.Del acta de audiencia de juicio de 14 de mayo de 2010.


Constituida la audiencia de prosecución de juicio oral, público y contradictorio, habiéndose agotado la producción de las pruebas de cargo, el Juez concedió la palabra a la parte imputada para que produzca sus pruebas de descargo que puestas a la vista a solicitud de la parte querellante, el abogado de la imputada refiere que el 21 de agosto de 2007 presentó denuncia por su clienta y los actuados correspondientes y como prueba la denuncia de Pascuala Mercado Maidana que habría sido acumulada dictándose el sobreseimiento, corrida en traslado al abogado de la parte querellante refirió, que no tendría relación con el hecho ya que la prueba PD1 consistiría en fotocopia legalizada de 23 de agosto de 2007, no existiendo denuncia; sino, sólo querella de 22 de agosto de 2007, que no se trata de la prueba ofrecida; por cuanto, la denuncia no habría sido ofrecida en su memorial de ofrecimiento de fs. 28, no  cumpliendo con el art. 340 del CPP, por lo que solicitó su exclusión probatoria; explicando el abogado de la parte imputada que la presentación del memorial fotocopia legalizada presentada el 23 de agosto de 2007 y la prueba signada como PD1 fotocopias legalizadas y denuncia por Betzabe Lidia Plata guardaría relación con la documentación presentada el 2007; toda vez, que serían los hechos, el día y las partes serían los mismos, pretendiendo demostrar con esa prueba que serían ellos los agredidos por la señora Mercado. Al respecto, resuelve el Juez que en consideración a lo expuesto por ambas partes y toda vez que dicha prueba habría sido obtenida en forma lícita teniendo relación de fecha de presentación 23 de agosto de 2007, será el juzgador quien conforme al art. 171 y 173 del CPP, le daría o no el valor que corresponda al momento de dictar la Sentencia, situación por la que rechazó la exclusión probatoria, ordenando que por secretaria se de lectura a la prueba, teniéndola por judicializada.


Continuando con el desarrollo de la audiencia, respecto a la prueba 2 concerniente al muestrario fotográfico, refirió el abogado de la imputada que la señora Mercado el 16 de septiembre de 2007 se encontraría absolutamente sana en su integridad física, tal extremo se tendría de su propia familia desvirtuando las aseveraciones manifestadas, corrida en traslado al abogado de la parte querellante señaló, que de la prueba Nº 2 consistente en el muestrario fotográfico de “19 de septiembre de 2007” no se sabría cuándo y dónde fueron tomadas, ya que en la parte de abajo no llevaría la firma del responsable del 16 de septiembre de 2007, que no tiene nada que ver con el hecho, por cuanto, no demostraría nada, no cumpliendo con lo dispuesto por los arts. 171 y 172 del CPP ya que sería una simple fotografía por lo que solicita su exclusión, corrida en traslado a la defensa arguyó, que la prueba guarda su licitud, resolviendo el Juez de juicio que será quien valore lo que corresponda, que dicha prueba fue presentada conforme lo establecido por el art. 340 segunda parte del CPP, que por secretaria se de lectura, teniéndose por judicializada la prueba.


Así también fueron judicializadas las pruebas PD3, PD4, PD5, PD6, PD7, PD8 y PD9. 

   

II.4.De la Sentencia.


De la relación de hechos Pascuala Mercado Maidana (querellante), fundamenta su acusación por el delito de Lesiones manifestando que el 21 de agosto de 2007, a horas 16:30, aproximadamente en su tienda ubicada en la calle Eloy Salmón cuando atendía a sus compradores, llegó a su tienda Betzabe Lidia Plata (imputada), y sin que medie motivo alguno procedió a insultarle y agredirle salvajemente, como esta situación se repetiría a diario, le habría solicitado que deje de molestar intentando agarrar un palo para asustarla y exigirle que se retire de la tienda; empero, violentamente le quito el palo, le habría agarrado de los hombros lanzándola al suelo con violencia, golpeándole con fuerza en sus hombros, espalda, piernas y pies y una vez en el suelo procedió a pisarle sus pies, vociferando que debe morir, interviniendo su hija Lidia Olga Plata a quien le avisaron de la agresión, presentándose por esa razón ante el médico forense prescribiendo 12 días de impedimento  ampliándose a 30 días por presencia de fractura de tercio medio proximal de clavícula izquierda y fractura en cuña de primea lumbar  sin desplazamientos, existiendo en este hecho Tentativa de Homicidio, previsto por el art. 251 del CP.


Concluido el juicio oral, el Juez Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, emitió la Sentencia 16/2010 de 20 de agosto (fs. 286 a 292), declarando a la imputada, Betzabé Lidia Plata de Calderón, absuelta de pena y culpa del delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del CP, sin constas por ser excusable. Resolución que fue pronunciada bajo los siguientes fundamentos: 1. Que, entre las partes existiría una relación de parentesco de primer grado; toda vez, que la querellante se constituye en madre de la imputada a quien acusa de haberla agredido; 2. Que, la parte querellante a efectos de demostrar los hechos acusados, produjo declaraciones testificales de su hija Lidia Olga Plata y su persona que aseverarían lo acusado, del mismo modo habrían declarado Zenón Freddy Cornejo Paye y Edmundo Magariños Veizaga, quienes habrían manifestado haber visto las agresiones cometidas por la imputada a su madre, sin que le conste al segundo de los nombrados sobre lesión alguna, menos haber visto sangre en el lugar, finalmente produce la declaración del perito Dr. Raúl Alberto Morales Gonzales quien habría atendido a la querellante el 23 de agosto de 2007, es decir, 2 días del hecho denunciado, señalando que las fracturas serían de 1 a 2 meses anteriores al 21 de agosto de 2007, que dichas lesiones se hallan en vía de consolidación y no podían ser del 21 de agosto, que del mismo se habría judicializado 2 certificados médicos forenses por el que acreditaría impedimentos de 12 y 30 días, asimismo, 4 certificados de placas radiográficas que acreditarían haber atendido a la querellante. Por su parte la imputada habría producido la declaración del empleado de seguridad que señalaría conocer a ambas partes que el 21 de agosto de 2007, vio pelea entre ambas donde la querellante habría hecho corretear con un palo a la imputada sin que haya visto agresión física, declaración que sería corroborada por la otra testigo Lizeth Rosario Chambilla. Así también, produció como documentales de descargo las Resoluciones 22/08 de 8 de agosto y 688/08 de 10 de septiembre dictadas por la Fiscal Rosario Vanegas y Fiscal de Distrito Teresa Vera, por el que se habría sobreseído a la ahora imputada, decisión ratificada por la autoridad superior, que investigada por el Ministerio Público habría dado lugar a la presente acción por Conversión de Acción, también se tendría fotografías de 16 de septiembre de 2007, 25 días después del hecho corroborada por desdoblamiento de CD donde se vería a la ahora querellante en un acontecimiento social bailando y compartiendo con amistades. Que en consideración a las pruebas ofrecidas y producidas por la parte querellante sin dar credibilidad a su declaración ni a la de su hija Lidia Olga Plata por existir enemistad con la imputada de tiempo atrás por problemas familiares relativas a herencia, que los hechos acusados no se demostraron con prueba plena; por cuanto, las declaraciones de los testigos de ambas partes resultarían contradictorias dando lugar a la falta de veracidad y credibilidad sobre si los hechos habrían ocurrido generando duda razonable, es más la declaración del perito ofrecido por la querellante señalaría que las lesiones se hallaban en vía de consolidación cuando la atendió el 23 de agosto de 2007 que fueron de uno a dos meses atrás y no del 21 de agosto; por otra, parte se tendría el sobreseimiento dictado por la fiscalía sobre el caso investigado, corroborado por las declaraciones de los guardias de seguridad ante el Ministerio Público, el juzgado y en inspección ocular seguida de reconstrucción realizado en el lugar de los hechos, quienes señalaron que no hubo agresiones, razones que llevaron al juzgador a eximir de responsabilidades a la parte acusada.    


II.5.Del recurso de apelación restringida de la querellante.


Contra la referida Sentencia, la querellante formuló recurso de apelación restringida (fs. 299 a 303 vta.), denunciando los siguientes agravios, vinculados a los motivos admitidos: 1. Que, la Sentencia habría incurrido en los siguientes defectos de procedimiento: i) Que, en la audiencia de 14 de mayo la imputada habría ofrecido prueba extraordinaria consistente en la declaración de su testigo Edmundo Magariños Veizaga, recibido en otro proceso de otra naturaleza, cuando aún no habría producido ninguna de sus pruebas, sin fundamentar cuál era la norma que haría viable ese ofrecimiento, ni habría justificado lo que pretendía probar; empero, el Juez pese a su solicitud de exclusión la habría introducido a juicio, incumpliéndose lo previsto por los arts. 329 y 340 del CPP; ii) Que, respecto a la prueba signada como PD1 consistente en fotocopias de la denuncia presentada por la imputada de 23 de agosto de 2007, habría sido judicializado pese a su planteamiento de exclusión, que el ofrecimiento en su memorial señalaría “denuncia de 23 de agosto de 1.997”, no diría querella; por cuanto, la prueba que se judicializó sería una querella presentada por la imputada, situación por la que solicitó su exclusión por tratarse de una prueba diferente a la ofrecida dentro del marco de lo previsto por los arts. 329 y 340 del CPP, ya que fue rechazada la exclusión con el argumento de que tenía relación con la fecha siendo el juzgador quien le dará el valor; empero, no habría considerado, que entre un denuncia y una querella existe una diferencia conceptual; empero, habría sido considerado como si fueran sinónimos; iii) Que, respecto a la prueba PD2, planteó exclusión; por cuanto, siendo un muestrario fotográfico donde se la vería a la querellante sentada en una silla; sin embargo, no sabe el lugar donde ni la fecha en la que fueron tomadas, ya que el manuscrito donde se coloca la fecha de 16 de septiembre de 2007 sería manipulable y falsificada; no cumpliendo con lo dispuesto por los arts. 171 y 172 del CPP, violándose, además, normas relativas a la intimidad, privacidad, honra, honor, propia imagen y dignidad; empero, fueron valoradas para favorecer en la Sentencia a la imputada; iv) Que, con relación a la prueba PD7, al momento de producirla se habría introducido una diferente; v) Finalmente, respecto a la prueba PD9 que correspondería al desdoblamiento de un CD, pese a su planteamiento de exclusión toda vez, que el CD habría sido producto de un montaje ya que no referiría la fecha ni el año en la que supuestamente su persona se encontraba en dicha reunión, el Juez habría sobrevalorado la referida prueba. 2. Que, la Sentencia no observó las reglas relativas a la congruencia entre la acusación y la Sentencia; aseveró, que la acusación que presentó fue por los delitos de Tentativa de Homicidio previsto por el art. 251 con relación al art. 8 del CP y Lesiones Graves, tipificado por la primera parte del art. 271 con las agravantes de los arts. 272, 252 incs. 2) y 3) de la misma norma; empero, la Sentencia absuelve a la imputada por los delitos de Lesiones Graves y Leves cuando afirma nunca planteó el delito de Lesiones Leves, no pronunciándose en dicha absolución por el delito de Tentativa de Homicidio, demostrándose una total incongruencia.       

      

II.6. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz por Auto de Vista 280/2010 de 21 de diciembre (fs. 322 a 326), declaró improcedente la apelación interpuesta; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos vinculados a los motivos admitidos: 1) Que, de una minuciosa revisión de obrados, evidenció que mediante memorial de 2 de abril de 2009 (fs. 28), Betzabé Lidia Plata Mercado ofreció su prueba de descargo de manera oportuna; 2) Que, con relación a la prueba signada PD1 fotocopias legalizadas de la denuncia presentada por la imputada de fecha 23 de agosto de 2007 y no como señala la apelante de 23 de agosto de 1997; asimismo, de la audiencia de 14 de mayo de 2010 (fs. 226), se habría introducido la prueba signada como PD1, ante lo cual la parte querellante solicitó su exclusión bajo el  argumento de que no habría sido ofrecida en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 340 del CPP, además, que la misma sería impertinente, solicitud que fue rechazada por el ad quo bajo el argumento de que dicha prueba fue obtenida de manera lícita y que en virtud a lo previsto por los arts. 171 y 173 de la citada ley, sería el Juez quien dará el valor correspondiente, por lo que se evidencia que no se vulneró derecho o garantía alguna; toda vez, que el Juez ad quo, cumplió con lo establecido por ley, siendo evidente que no se demostró la ilicitud de la prueba PD1, al igual que de la prueba PD2, de la cual la parte ahora apelante no demostró su ilicitud o el incumplimiento de los previsto por el art. 340 del CPP, por lo que el Juez al rechazar dichas solicitudes de exclusión no habría vulnerado derecho alguno de la apelante. Agrega, que era necesario recordar lo previsto por el art. 171 del CPP, por lo que al haberse ofrecido los elementos probatorios de descargo de manera legal y siendo los mismos como lo señaló el Ad quo, pertinentes, no existió vulneración alguna al admitir los mismos a juicio, asimismo, señaló que respecto a lo previsto por el art. 172 del CPP, que de la revisión de obrados evidenció que la parte apelante no pudo demostrar; y, 3) Que, en ningún momento el juez ad quo, absolvió a la querellada por el delito de Lesiones Leves; por cuanto, de manera textual habría señalado: “Betzabé Lidia Plata de Calderón, C.I. 2524373 L.P., 48 años de edad, casada, comerciante, domiciliado en la Calle Boquerón No 1453 Zona San Pedro de la ciudad de La Paz, Absuleta de pena y culpa del delito de Lesiones Graves y Leves previstos y sancionados por el Art. 271 del Código Penal”, ante lo cual, sería necesario recordar a la apelante que el delito previsto en el art. 271 del CP, que fue señalado en la querella, tiene como nomen iuris Lesiones Graves y Leves; asimismo, le recuerda a la querellante que según el Auto de admisión de querella 18/2009 de 2 de marzo (fs. 20), se habría admitido la querella únicamente por el delito tipificado en el art. 271 del CP, lo cual también se evidenciaría del Auto de apertura de juicio 34/2009 (fs. 31), por lo que el presente proceso sólo se habría versado por la supuesta comisión del tipo penal previsto por el art. 271 del CP.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


Precisado los motivos, este Tribunal Supremo de Justicia, admitió el recurso de casación interpuesto por la parte querellante, con la finalidad de evidenciar si el Tribunal de apelación incurrió en contradicción con la doctrina legal invocada, respecto a que el Auto de Vista impugnado, habría resuelto, en un sentido jurídico distinto ante sus denuncias referidas a: i) Que, el Juez de Sentencia habría aceptado pruebas extraordinarias, como la DP1 y la DP2, judicializándolas en inobservancia de lo establecido por los arts. 329 y 340 del CPP; y, ii) Que, existiría incongruencia entre la acusación y la Sentencia.

III.1.De los precedentes contradictorios invocados.


En el primer motivo el recurrente invocó el Auto Supremo 179 de 6 de febrero de 2007, que fue pronunciado por la Sala Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, en la Resolución de dos recursos de casación por los delitos de Falsedad Ideológica y otros, donde constató respecto al primer recurso, que el Tribunal de alzada no observó que el Tribunal de Sentencia infringió el art. 342 del CPP; por cuanto, de manera oficiosa, habría producido una prueba que no fue formulado por ninguna de las partes, elemento de prueba que sería insubsanable; toda vez, que se habría constituido en la base del juicio para la emisión de la Sentencia, razón por la que se dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, sentando la siguiente doctrina legal aplicable: La competencia es la facultad de un tribunal o Juez para ejercer jurisdicción en un determinado asunto. De ahí que se constituya en una de las bases y garantías para que el administrador ocurra ante la autoridad jurisdiccional que resolverá su causa, árbitro imparcial al que no le está permitido el introducir o producir prueba de oficio dentro del proceso penal de molde acusatorio; obrar en contrario redunda en la pérdida absoluta de imparcialidad, violando la garantía del debido proceso.


De acuerdo al mandato del art. 15 de la Ley de Organización Judicial, el Tribunal de Apelación, tiene la obligación de revisar de oficio si los jueces observaron las leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes. En el caso de autos, debió observarse que el Tribunal de Sentencia excedió su competencia al introducir de oficio la prueba pericial, encontrándose tal actuación completamente prohibida por disposición del tercer párrafo del art. 342 del Código de Procedimiento Penal. Se reconoce que la prueba pericial para su validez debe seguir el procedimiento señalado por los arts. 204 y siguientes del precitado procedimiento penal, y por supuesto adecuarse al principio de legalidad de la prueba.


En consecuencia, es obligación del Tribunal de Apelación anular el proceso y ordenar juicio de reenvío”. (Las negrillas nos corresponden).


Así también, se tiene el “Auto Supremo 654 de octubre de 2004”; que revisada la base de Autos Supremos de este Tribunal Supremo de Justicia; se advierte, que en la gestión 2004 sólo existió una Sala Penal, de donde se presume que la fecha del precedente citado sería el 25 de octubre, la cual fue emitido por la Sala Penal de la ex Corte Suprema de Justicia, donde advirtió que si el Tribunal de alzada constatare que el Tribunal de Sentencia no hubiere valorado correctamente los hechos y pruebas, no puede efectuar nueva valoración; sino, le corresponde disponer el reenvió para un nuevo juicio por otro Tribunal de Sentencia, aspecto que no habría ocurrido, situación por la que se dejó sin efecto la Resolución recurrida, sentando la siguiente doctrina legal aplicable: “El recurso de apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o en la emisión de sentencia, y no para revalorizar pruebas o revisar cuestiones de hecho, razón por la cual, en resguardo de los principios del debido proceso, si un Tribunal de Alzada constata que en el caso que pasó a su conocimiento hubo incorrecta valoración de pruebas, debe anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal en aplicación de lo determinado por el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal”. (Las negrillas nos corresponden).


En el tercer motivo, el recurrente invocó el Auto Supremo 320 de 14 de junio de 2003, que fue pronunciado por la Sala Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, donde evidenció que el Tribunal de alzada al convalidar la Sentencia, no habría observado que el Tribunal de Sentencia no resolvió el incidente de atipicidad, aspecto que violaría el debido proceso; así también, constató la falta de individualización del sujeto activo con la descripción de la norma penal correspondiente al delito de Peculado; que habiendo sido excluida la prueba documental de los imputados, habría sido valorada para dictar la Sentencia; que los hechos acusados, en Sentencia deben ser tomados en cuenta en función a la verificación de las pruebas en juicio oral; y, la ausencia de fundamentación en el Auto de Vista impugnado, situación por la que fue dejada sin efecto la Resolución recurrida, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “El principio de congruencia se refiere a que la sentencia debe referirse a los hechos acusados probados y no probados, aspecto que necesariamente debe encontrarse fundamentado tanto de hecho como de derecho.


(…) En consecuencia el tribunal de alzada debió extrañar la falta de referencia de los hechos acusados en la sentencia, resolver el incidente de atipicidad, la falta de individualización del o sujeto activo, y la falta de fundamentación de la valoración de prueba excluida de acuerdo a la sana crítica” (El resaltado es propio).


III.2.        Sobre los principios de verdad material, valoración integral de las pruebas y el conocimiento de las formas.


A los fines de la Resolución del presente motivo, es preciso referir con carácter previo sobre los principios de verdad material y de la valoración integral, argumentos que fueron expuestos en el Auto Supremo 67/2013-RRC de 11 de marzo: “El principio de la verdad material o real, se encuentra reconocido en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio de la verdad material, que se expresa en la obligación que tiene todo juzgador al momento de emitir una Resolución judicial, anteponer la verdad de los hechos antes que cualquier situación, sin dejar de lado las formas procesales determinadas por la ley; es decir, que al efectuar la decisión el Tribunal de Justicia, prevalecerá la verificación y el conocimiento de los hechos materiales, sobre el conocimiento de las formas, siempre y cuando no signifique vulneración de derechos y garantías constitucionales.
En esa línea la Sentencia Constitucional 0713/2010-R de 26 de julio, sobre este principio, señaló: El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas. En ese contexto, el régimen de nulidades, estará subordinado únicamente a la violación de derechos o garantías constitucionales; y en consecuencia, la inobservancia de las formalidades que no vulnere derechos o garantías constitucionales, tendrá menos relevancia que justifique una declaratoria de nulidad a momento de realizar el trabajo de valoración de la actividad procesal que adolezca de algún defecto formal...


Por otra parte, si bien el Código de Procedimiento Penal establece un conjunto de reglas relativo a los medios de prueba conforme se tiene de las disposiciones contenidas en los arts. 171 al 220, precisando en el art. 333 de la referida norma procesal, que el juicio será oral y sólo podrán incorporarse por su lectura, entre otras, las pruebas que se hayan recibido conforme a las reglas del anticipo de prueba; no es menos cierto que, privilegiando los principios de la verdad material y de la valoración integral de la prueba que obliga al juez a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida en el juicio en los términos previstos por el art. 173 del CPP; el Tribunal de alzada al resolver en apelación una denuncia relativa a la concurrencia de defecto de Sentencia porque se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio, debe considerar si la prueba cuestionada o endilgada de espuria, es esencial o decisiva para el fallo y si prescindiendo de los elementos probatorios que proporciona, se establezca la verdad material del conjunto de los demás elementos de prueba de cargo como de descargo proporcionados por la actividad probatoria de la partes, en cuyo caso, se hace innecesaria la nulidad de la Sentencia”. (Las negrillas y el subrayado es nuestro).


III.3.El principio de congruencia entre la acusación y la Sentencia.


El principio de coherencia, congruencia o correlación entre la acusación y la Sentencia, es parte del debido proceso que corresponde al eje principal del sistema acusatorio y está caracterizado por: la división del órgano que investiga y acusa, con aquel que Sentencia; el derecho que tiene el imputado a conocer la denuncia formulada en su contra; y, la prohibición de la reformatio in peius (reformar en perjuicio); pues este sistema está basado en la igualdad de las partes, a fin de que el acusador, como la defensa tengan las mismas oportunidades durante el desarrollo del proceso, comprendiendo que no hay proceso sin acusación y que no existe posibilidad alguna de declarar al acusado culpable por hechos que no constaren en una acusación.


Entonces, el principio de coherencia o congruencia, debe mediar entre la acusación y la Sentencia, garantizando el derecho a la defensa, la lealtad procesal y la unidad lógica del proceso; toda vez, que quien es acusado por determinado ilícito, debe ser condenado o absuelto por el ilícito acusado.


Ese razonamiento se ha mantenido de manera uniforme y reiterado, es así que el Auto Supremo 73/2013-RRC de 19 de marzo, señaló, en uno de sus fundamentos, al principio de congruencia: Este principio referido a la imprescindible correspondencia que debe existir en materia penal, entre los hechos acusados por la acusación fiscal y/o particular, con los hechos por los que se condena en sentencia, se halla inmerso en el art. 362 del CPP, al prescribir: El imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación, norma que guarda concordancia con el art. 342 del mismo Código, al establecer que en ningún caso los juzgadores pueden incluir en el Auto de apertura de juicio, hechos no contemplados en alguna de las acusaciones(las negrillas nos corresponden).


En tal sentido, se concluye que en el actual sistema acusatorio penal, los hechos son el objeto de juzgamiento, sobre el que gira el debate del juicio oral y en el que debe enmarcarse la posterior Sentencia; empero, tampoco debe comprenderse este principio de correlación entre la acusación y la Sentencia como un rigorismo matemático; toda vez, que la calificación del ilícito acusado, puede variar única y exclusivamente en hechos que tienen relación con los aspectos subjetivos del tipo penal que de alguna manera incidan el grado de responsabilidad; así como, en la imputación jurídica sobre la calificación jurídica, pero sin extralimitarse ni apartándose de la misma familia de los delitos, ello bajo el principio del iura novit curia.


En todo caso, la correspondencia entre la acusación y la Sentencia debe regir una correlación esencial sobre el hecho objeto del proceso.


III.4. Análisis del caso concreto.


III.4.1.        Sobre la supuesta introducción y judicialización de pruebas extraordinarias, diferentes a las que habrían sido ofrecidas por la defensa.


Sintetizada la denuncia traída a casación reclama la recurrente que el Auto de Vista recurrido resolvió en un sentido jurídico distinto ante su denuncia referida a que el Juez de juicio aceptó pruebas extraordinarias y las judicializó en inobservancia de lo previsto por los arts. 329 y 340 del CPP; por cuanto, habría admitido pruebas diferentes a las ofrecidas por la defensa, como serían las signadas como DP1 concerniente a fotocopias de la denuncia presentada por Betzabé Lidia Plata de 23 de agosto de 2007; sin embargo, en la audiencia de juicio habría presentado fotocopias de querella; y, la DP2 consistente a un muestrario fotográfico que no se sabría cuándo y dónde habría sido tomada; puesto que, no tendría referencia técnica; sino, sólo en su parte inferior estaría insertada la fecha de forma manuscrita; pruebas sobre las que habría planteado su exclusión por tratarse de pruebas diferentes a las ofrecidas.


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se desarrolló en los antecedentes procesales vinculados al recurso, expuestos en el acápite II.2, de esta Resolución, notificada la acusada Betzabe Lidia Plata de Calderón con el auto de admisión de querella por el delito previsto por el art. 271 del CP, fue convocada a celebración de audiencia de conciliación; empero, no habiendo llegado a ningún acuerdo entre partes, el Juez de juicio, concedió a la imputada el plazo de 10 días para que pudiera ofrecer sus pruebas de descargo, situación por la que por memorial de fs. 28 y vta., la acusada ofreció de entre sus pruebas literales de descargo las signadas como: PD1 consistente en fotocopias legalizadas de la denuncia presentada por Betzabe Lidia Plata Mercado de 23 de agosto de 2007; y, la PD2 consistente en un muestrario fotográfico de 19 de septiembre de 2007.


Ahora bien, conforme se extrajo en el apartado II.3 de este Auto Supremo, se observa que del acta de desarrollo de audiencia de juicio oral público y contradictorio de 14 de mayo de 2010, una vez, agotado la producción de las pruebas de cargo, el Juez concedió la palabra a la defensa para que produzca sus pruebas de descargo, que puestas a la vista a solicitud de la parte querellante; respecto a la prueba signada como DP1, el abogado de la imputada alegó, que el 21 de agosto de 2007 presentó denuncia por la ahora imputada más los actuados correspondientes; y, como prueba, la denuncia de Pascuala Mercado Maidana, situación por la que se habría dictado sobreseimiento, corrida en traslado al abogado de la parte querellante refirió, que no tendría relación con el hecho, ya que, la prueba PD1 consistiría en fotocopia legalizada de 23 de agosto de 2007, no existiendo denuncia; sino, sólo querella, no tratándose a criterio de la querellante, de la prueba ofrecida por la defensa en su memorial de fs. 28, aspecto que incumpliría el art. 340 del CPP, situación por la que solicitó su exclusión probatoria; explicando al respecto el abogado de la parte imputada, que la presentación del memorial fotocopia legalizada presentada el 23 de agosto de 2007 y la Prueba signada como PD1 consistentes en fotocopias legalizadas y denuncia por Betzabe Lidia Plata guardan relación con la documentación presentada el 2007; a lo que, el Juez de juicio concluyó, que dicha prueba habría sido obtenida en forma lícita, teniendo relación de fecha de presentación como sería el 23 de agosto de 2007;  que sería él como juzgador, quien conforme a los arts. 171 y 173 del CPP, le daría o no el valor que corresponda, al momento de emitir la Sentencia, situación por la que rechazó la exclusión probatoria, teniéndose por judicializada la referida prueba.


Que, respecto a la prueba PD2 concerniente al muestrario fotográfico, corrida en traslado al abogado de la parte querellante señaló, que de la referida prueba no se sabe cuándo y dónde habrían sido tomadas; ya que, en la parte de abajo no llevaría la firma del responsable de la fecha de 16 de septiembre de 2007, además, que no tendría nada que ver con el hecho ya que no demostraría nada; por cuanto, no cumpliría con lo dispuesto por los arts. 171 y 172 del CPP, por ser una simple fotografía, situación por la que solicitó su exclusión, resolviendo el Juez de juicio que será quien valore lo que corresponda, que dicha prueba habría sido presentada conforme lo establecido por el art. 340 segunda parte del CPP, razón por la que fue judicializada.


Concluido la audiencia de juicio, con la emisión de la Sentencia absolutoria, la recurrente, interpuso recurso de apelación restringida, conforme se advierte de lo extractado en el apartado II.5 puntos ii) y iii) de esta Resolución, donde reclamó, que pese a su planteamiento de exclusión probatoria de las pruebas signadas como PD1 y PD2, habrían sido judicializadas, no considerando respecto a la prueba PD1, que en el memorial de ofrecimiento de pruebas de descargo señalaría “denuncia”, y no “querella”, tratándose de una prueba diferente a la ofrecida; empero, habría sido considerado como si fuera sinónimos; y, respecto a la prueba PD2, señaló la querellante, que siendo un muestrario fotográfico donde se la vería a su persona sentada en una silla; empero, no se sabría el lugar, la fecha ni donde fueron tomadas; ya que, el manuscrito donde se colocaría la fecha de 16 de septiembre de 2007, sería manipulable y falsificada, aspecto que incumpliría los arts. 171 y 172 del CPP; sin embargo, habrían sido valoradas para favorecer en la Sentencia a la imputada.


Ahora bien, de la revisión del Auto de Vista recurrido, se constata que el Tribunal de alzada abrió su competencia y deliberando en el fondo sobre este punto evidenció, que mediante memorial de 2 de abril de 2009 (fs. 28), la imputada habría ofrecido prueba literal, testifical y pericial; lo que evidenciaría, que ofreció sus pruebas de descargo de manera oportuna. Que, con relación a la prueba signada PD1, se tendría que del memorial de 2 de abril de 2009, la querellada ofreció como prueba signada PD1 consistente en fotocopias legalizadas de la denuncia presentada por la imputada de 23 de agosto de 2007, y no como habría señalado la querellante apelante de 23 de agosto de 1997; que asimismo, de la audiencia de 14 de mayo de 2010 (fs. 226), se habría introducido la prueba signada como PD1, habiendo evidentemente la parte querellante solicitado su exclusión bajo el argumento de que no habría sido ofrecida en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 340 del CPP, solicitud que habría sido rechazada por el ad quo bajo el argumento de que dicha prueba fue obtenida de manera lícita y que en virtud a lo previsto por los arts. 171 y 173 de la citada ley, sería el, como Juez, quien daría el valor correspondiente; situación por la que advirtió el ad quem, que no se evidenciaría vulneración a derecho o garantía alguna; toda vez, que a su criterio, el Juez ad quo, cumplió con lo establecido por ley, ya que, no se habría demostrado la ilicitud de la referida prueba; al igual, que de la prueba PD2, de la cual la apelante no habría demostrado su ilicitud o el incumplimiento de los previsto por el art. 340 del CPP, por lo que el Juez al rechazar dichas solicitudes de exclusión no habría vulnerado derecho alguno de la apelante.


Continuando con los fundamentos del Auto de Vista recurrido, sobre las referidas pruebas, además agregó, que era necesario recordar lo previsto por el art. 171 del CPP, ya que al haberse ofrecido los elementos probatorios de descargo de manera legal y siendo los mismos como habría señalado el Ad quo, pertinentes, no existió vulneración alguna al admitir los mismos a juicio. Finalmente, señaló que conforme prevé el art. 172 del CPP, de la revisión de obrados, habría evidenciado, que la parte apelante no pudo demostrar.


Este conjunto de razones expuestos en la resolución recurrida, permiten establecer a este Tribunal Supremo de Justicia, que la denuncia interpuesta por la recurrente referida a que, el Tribunal de alzada habría resuelto en un sentido jurídico distinto al Auto Supremo 179 de 6 de febrero de 2007, que invocó como precedente respecto a la introducción de prueba extraordinaria como la signada como PD1; no resulta evidente, por cuanto, en el caso de autos, se advierte que no se produjo ni introdujo ninguna prueba de forma oficiosa ni de forma extraordinaria; toda vez, que conforme se tiene del memorial de ofrecimiento de pruebas de descargo (fs. 28 y vta.), las pruebas PD1 y PD2, sí fueron ofrecidas para su producción en la etapa del juicio. Que, respecto a la prueba PD1 si bien, se ofrece la fotocopia legalizada de una denuncia y se habría reproducido una querella; empero, se advierte que ese aspecto, fue considerado y explicado por el Juez de juicio; puesto que, conforme se tiene del acta de audiencia de 14 de mayo de 2010, el Juez explicó que al haber sido obtenida dicha prueba de forma lícita; y, toda vez, que tendría relación de fecha de presentación que sería 23 de agosto de 2007, sería su autoridad como juzgador, que en previsión de los arts. 171 y 173 del CPP, quién otorgaría o no, el valor que corresponda al momento de la emisión de la Sentencia; aspecto, que fue correctamente controlado y explicado por el Tribunal de alzada en la Resolución impugnada.


Así también, corresponde señalar que respecto a la invocación del Auto Supremo 654 de 25 de octubre de 2004, que a decir, de la recurrente sería contrario al Auto de Vista recurrido; por cuanto, hubiere existido una incorrecta valoración de la prueba PD2; ya que, no hubiere sido ofrecida dentro del marco del art. 340 del CPP, no resulta evidente; toda vez, que como ya se explicó la referida prueba fue correctamente ofrecida, introducida y judicializada, cumpliéndose con lo dispuesto por el art. 340 del CPP; en consecuencia, no se advierte la concurrencia de una errónea valoración de la prueba en la que hubiera incurrido el Juez de juicio; toda vez, que la referida prueba fue debidamente ofrecida por la parte imputada, situación por la que el Tribunal de alzada no advirtió incorrecta valoración de la prueba, no incurriendo en contradicción con el precedente citado.


De lo anterior, también debe tenerse presente que en un proceso penal conforme el fundamento jurídico desarrollado en el apartado III.2. de este Auto Supremo, la verdad material está sobre las formas, resultando en el caso presente que, el Juez de Sentencia estableció su criterio en mérito al conjunto del desfile probatorio, tanto de las pruebas de cargo como de las pruebas de descargo, llegando a la convicción de que no existió prueba plena para determinar con certeza el hecho acusado por la querellante, Resolución que cuenta con el respaldo probatorio y jurídico necesario; toda vez, que las pruebas que reclama la recurrente no fueron las únicas pruebas en las que el Juez de Sentencia se habría basado para emitir la Resolución de absolución en favor de la imputada, no correspondiendo, en consecuencia, anular la Sentencia ni disponer su reenvió como alega la recurrente; toda vez, que el régimen de nulidades se encuentra subordinado únicamente a la violación de derechos y garantías constitucionales, aspecto que fue correctamente controlado por el Tribunal de apelación conforme se advierte de la Resolución recurrida.


Del análisis efectuado, este Tribunal concluye respecto a este motivo del recurso, que el Tribunal de alzada no incurrió en contradicción con los precedentes invocados y desarrollados en el apartado III.1 de este Auto Supremo, menos que hubiere aplicado el art. 340 del CPP con un distinto alcance al señalar que su persona no demostró la ilicitud o el incumplimiento del referido artículo; toda vez, que se evidenció que las pruebas introducidas y judicializadas por la parte imputada fueron debidamente ofrecidas, situación por la que el presente motivo deviene en infundado.


III.4.2.Sobre la supuesta incongruencia entre la acusación y la Sentencia.


La recurrente denuncio que presentó acusación por los delitos de Tentativa de Homicidio y Lesiones Graves previstos por los arts. 251 con relación al 8 y 271, con las agravantes previstas en los arts. 272, 252 incs. 2) y 3), todos del CP; empero, la Sentencia habría absuelto a la imputada por el delito de Lesiones Leves; delito, que nunca habría acusado.


Ingresando al análisis de este motivo, conforme se constata de lo extractado en el apartado II.5 de este Auto Supremo, evidentemente la recurrente en la interposición de su recurso de apelación restringida reclamó este punto, que fue desestimado por el Tribunal de apelación; toda vez, que conforme lo extractado en el acápite II.6 de esta Resolución señaló, que en ningún momento el Juez Ad quo, absolvió a la querellada por el delito de Lesiones Leves; por cuanto, de manera textual la Sentencia habría señalado: “Betzabé Lidia Plata de Calderón, C.I. 2524373 L.P., 48 años de edad, casada, comerciante, domiciliado en la Calle Boquerón No 1453 Zona San Pedro de la ciudad de La Paz, Absuelta de pena y culpa del delito de Lesiones Graves y Leves previstos y sancionados por el Art. 271 del Código Penal”, (las negrillas son propias), recordándole además a la querellante, que el delito previsto en el art. 271 del CP, que fue señalado en la querella, tiene como nomen iurisLesiones Graves y Leves”; además, que según el Auto de admisión de querella 18/2009 de 2 de marzo (fs. 20), se habría admitido la querella únicamente por el delito tipificado por el art. 271 del CP, lo cual también se evidenciaría del Auto de apertura de juicio 34/2009 (fs. 31), por lo que el presente proceso sólo se habría versado por la supuesta comisión del tipo penal previsto por el art. 271 del CP.


Del argumento expuesto en la Resolución recurrida, permite establecer a este Tribunal Supremo de Justicia, que la denuncia interpuesta por la recurrente referida a la existencia de incongruencia entre la acusación y la Sentencia, no resulta evidente; por el contrario, se constata que el Tribunal de apelación ejerció de manera correcta su deber de control; toda vez, que conforme los antecedentes del proceso, se advierte, que evidentemente por memorial de fs. 17 a 18 vta., Pascuala Mercado Maidana presentó querella contra Betzabe Lidia Plata de Calderón por los delitos de: Tentativa de Homicidio, previsto y sancionado por el art. 251 con relación al art. 8 del CP; y, Lesiones Graves tipificado por el art. 271 primera parte con la agravante de los arts. 272 y 252 incs. 2) y 3) de la referida Ley; empero, por Auto de admisión de querella 18/2009 de 2 de marzo (fs. 20), el Juzgado Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, admitió la querella únicamente por el delito previsto por el art. 271 del CP; lo mismo sucedió, respecto al Auto de Apertura de juicio 34/2009 de 30 de abril (fs. 31); en consecuencia, concluido el juicio oral, se emitió Sentencia, declarando a la imputada, Betzabé Lidia Plata de Calderón, absuelta de pena y culpa lógicamente del único delito por el cual se desarrolló la audiencia de juicio oral como es el delito de Lesiones Graves y Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del CP.


En efecto, no se constata que en la causa la Sentencia haya absuelto a la imputada por el único delito de Lesiones Leves; toda vez, que el art. 271  del CP, contempla el ilícito “Lesiones graves y leves”; aspecto, que fue correctamente observado por el Tribunal de alzada, no resultando contrario al Auto Supremo 320 de 14 de junio de 2003 como alega la recurrente; por cuanto, la Sentencia se basó en los hechos acusados y por el único delito admitido; en consecuencia, se constata que la Resolución recurrida cumplió con el principio de congruencia que fue desarrollado en el apartado jurídico III.3 de este Auto Supremo, situación por la que este motivo también deviene en infundado.


Por los fundamentos expuestos, este Tribunal llega a la conclusión de que la resolución recurrida obró correctamente, puesto que, ejerció de manera correcta su deber de control, reuniendo los requisitos de validez necesarios, no incurriendo en contradicción con los Autos Supremos invocados y desarrollados en el apartado III.1 de esta Resolución; deviniendo en consecuencia, el presente recurso en infundado. 

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Pascuala Mercado Maidana, fs. 338 a 340 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA