TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 744/2015-RRC-L

Sucre, 12 de octubre de 2015


Expediente                        : La Paz 43/2011

Parte Acusadora          : Lucio Fernando Flores Chuquimia

Parte Imputada           : Trifonia Gladys Zeballos Gómez

Delito                                 : Despojo

Magistrada Relatora          : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de febrero de 2011, cursante de fs. 1164 a 1167 vta., Trifonia Gladys Zeballos Gómez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 5/2011 de 12 de enero, de fs. 1151 a 1154, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Lucio Fernando Flores Chuquimia contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1 Antecedentes


a)   Por Sentencia 4/2010 de 22 de marzo (fs. 1006 a 1008 vta.), la Jueza Cuarto de Sentencia en lo Penal de La Paz, declaró a Trifonia Gladys Zeballos Gómez, autora de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiéndole la pena de tres años y seis meses de reclusión, más el pago de daño civil a calificarse conforme a procedimiento. 


b)   Contra la mencionada Sentencia, la imputada interpuso recurso de apelación restringida (fs. 1028 a 1030 y fs. 1080 a 1087 vta.), resuelto por el Auto de Vista 5/2011 de 12 de enero (fs. 1151 a 1154), que declaró improcedente el citado recurso, y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1 Del motivo del recurso


La recurrente denuncia la vulneración del art. 124 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por parte del Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista recurrido, pues ante las denuncias efectuadas en su recurso de apelación restringida, relacionadas a la vulneración al principio de unidad y continuidad del juicio oral, la insuficiente y contradictoria fundamentación de la Sentencia por basarse en hechos inexistente y no acreditaros en el Juicio oral, la defectuosa valoración de la prueba y la relativa a la fijación de la pena, en el Auto de Vista el  Tribunal simplemente se hubiese limitado a señalar: “Que, analizando la apelación materia del presente recurso, la misma no ingresa en vicios de la sentencia, ni errónea inobservancia de la ley sustantiva y adjetiva, para que accione el recurso, mucho menos para efectuar la consideración de una nueva sentencia, toda vez que la apelación interpuesta no se encuentra individualizada, y menos diseminados los vicios que tendría la Resolución No. 04/2010 que motiven la interposición del recurso de apelación restringida como lo prevé el art. 408 del CPP” (sic), argumento que a decir de la recurrente seria subjetivo y no refleja la objetividad del Tribunal en la emisión de la resolución, invocando al efecto el Auto Supremo 472 de 8 de diciembre de 2005.


I.1.2. Petitorio


La recurrente solicita que previa revisión de oficio y de los fundamentos de su recurso se determine la procedencia de las cuestiones planteadas disponiéndose la revocatoria del Auto de Vista recurrido.


I.2. Admisión del recurso


Por Auto Supremo 482/2015-RA-L de 13 de agosto, éste Tribunal declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Trifonia Gladys Zeballos Gómez.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1.De la Sentencia.


La Jueza Cuarto de Sentencia en lo Penal de La Paz, dictó Sentencia condenatoria contra Trifonia Gladys Zeballos Gómez, declarándola autora de la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del CP, imponiéndole la pena de tres años y seis meses de reclusión, más el pago de daño civil a calificarse conforme a procedimiento. 


II.2. De la apelación restringida.


Por memoriales que cursan de fs. 1028 a 1030 y 1080 a 1087 vta., la imputada interpone recurso de apelación restringida contra la Sentencia pronunciada, teniendo como fundamentos de los agravios denunciados en dicha etapa y que son motivo de casación, que:


1. Que, de acuerdo a los datos del proceso se tendría que este se inició a raíz de la presentación del memorial de querella y acusación particular de fecha  6 de octubre de 2004, habiendo existido en el transcurso del mismo innecesaria dilación no atribuible a la apelante, ni al órgano judicial, sino a la parte querellante; por lo que, al emitirse la Sentencia condenatoria fuera del plazo permisible se hubiese incurrido en defectos absolutos e insubsanable previstos en el art. 169 del CPP, con relación al principio de continuidad previstos en los arts. 329, 334, 335, 336 y 338 del CPP.


2. Que, la Sentencia apelada contenía una fundamentación insuficiente y contradictoria, respecto de los hechos acusados y los hechos probados, toda vez que, la misma se basó en hechos inexistentes y no acreditados, además, de contar con defectuosa valoración probatoria y de acuerdo a la previsión del art. 370 del CPP, se constituye en defectos absolutos que ameritan la anulación de la Sentencia.


3. Vulneración del art. 365 del CPP, pues la citada normas legal establece que para dictar Sentencia condenatoria se requiere que la prueba aportada sea suficiente para generar en el Juez la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado, lo cual se habría vulnerado en la Resolución apelada, toda vez que no se tomó en cuenta de manera objetiva la prueba de cargo como de descargo, vulnerando de esa manera el principio de legalidad, por lo que, los tipos penales resultarían inexistentes.


4. Que, la Sentencia apelada no cumplía con lo dispuesto en los arts. 37, 38, 44 y 45 del CP, ya que no se habría fundamentado la mayor o menor gravedad del hechos, tampoco en qué medida la pena impuesta podría cumplir la finalidad de enmienda y readaptación social de la apelante, tomándose en cuenta que la misma sería una persona de la tercera edad, y tendría estado delicado de salud.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, resolvió el recurso de apelación restringida interpuesto por la imputada, mediante Auto de Vista 5/2011 de 12 de enero, teniéndose como fundamentos los siguientes:


Con carácter previo el Tribunal de alzada aclaró que, en cuanto al memorial de apelación restringida, de fs. 1080 a 1087 vta., era rechazado por haber sido presentado fuera del plazo legal.


1. Respecto de que el presente proceso hubiese sufrido una dilación innecesaria y no atribuible a la apelante, ni al órgano jurisdiccional; la recurrente en ningún momento señaló las actuaciones en las que, la parte querellante hubiese incurrido en la dilación indebida extremo que inviabilizó su consideración, asimismo, la apelante no señaló en su apelación la manera en la que se habría violado el principio de continuidad, previsto por el art. 334 del CPP. Al respecto además, la apelante denuncia que en la Sentencia apelada existirían defectos absolutos previstos en el art. 169 de la normativa procesal penal; sin embargo, no mencionó el inciso de dicho artículo, en el cual se encuadrarían los defectos observados, asimismo, en cuanto a la vulneración de los arts. 329, 334, 335, 336 y 338 del CPP, se concluyó que de la revisión de obrados no se evidencio que ninguno de los preceptos legales citados hayan sido vulnerados por la Ad quo, además que la apelante no señaló de manera concreta el momento en el que se habría vulnerado las norma legales  citadas, como tampoco las fojas en las que se podría evidenciar dichas vulneraciones.


2. En cuanto a que la Sentencia apelada sería insuficiente y contradictoria, al respecto la apelante no hubiese señalado la contradicción en la que habría incurrido como tampoco que insuficiencia tendría, mucho menos se hizo mención de los hechos inexistentes en los que se hubiera basado, lo que implicó una imposibilidad al Tribunal de alzada de ingresar a conocer dichos extremos, ya que tal como señala el art. 398 del CPP, “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”, en consecuencia, en aplicación a esta norma solo se deben pronunciar sobre los aspectos cuestionados en apelación.


3. Con relación a la defectuosa valoración de la prueba, establecieron que la sana critica es un método que no tiene la excesiva rigidez de la prueba legal que proviene de la ley y de la libre convicción, ya que este método combina las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia, es decir, que la valoración de la prueba se debe realizar con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia, señalando que con base en los criterios de verdad otorgados a cada elemento de prueba los hechos probados sean confrontados para establecer si su acción determinada pudo suceder o si ello fue posible de una u otra manera explicable dentro de las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, postulados que rigen el razonamiento, las trasformaciones material y la vida social, formal y dialécticamente comprendidos; extremos que se evidenciaron de la revisión de actuados y que fueron cumplidos por la Ad quo, ya que se verificó que la misma valoró todos los elementos de prueba judicializados de manera conjunta e integral, siendo en los cuales se aplicó las reglas de la sana critica, además, que se debe tener presente que el proceso penal tiene por objetivo buscar la verdad material sobre la comisión de un hecho ilícito; por lo que al, no ser evidente la vulneración a las reglas de la sana critica como al principio de legalidad, dicho Tribunal no puede ingresar a una revalorización de la prueba.


4. Al último agravio denunciado por la apelante, no sería evidente que la Sentencia condenatoria incumplió con lo dispuesto en los arts. 37, 38, 44 y 45 del CP, toda vez que en su punto cuarto de la fundamentación jurídica señaló que la imputada, sería mayor de edad, madre de familia, con un grado de educación bachiller, marcando que dichos elementos serian tomados en cuenta para imponer la sanción penal, por lo que, no sería evidente que se obvio la edad de la apelante a momento de emitir la Sentencia apelada.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN


Establecido el ámbito de análisis en el Auto de Admisión y considerando la problemática en el recurso de casación, se ingresa a resolver en los siguientes términos:


III.1. La labor de contraste en el recurso de casación.


Conforme lo dispuesto por el art. 42.I inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y 419 del CPP, las Salas especializadas tienen la atribución de sentar y uniformar la jurisprudencia, cuando un Auto de Vista dictado por una de las Cortes Superiores de Justicia, actuales Tribunales Departamentales de Justicia, sea contrario a otros precedentes pronunciados por las otras Cortes Superiores o por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.


El art. 416 del CPP, preceptúa: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, puntualizó: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en materia procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.


La atribución de este Tribunal, de sentar y unificar jurisprudencia, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


Por otro lado, la doctrina legal a ser dictada por este Tribunal en el supuesto caso de verificar la existencia de contradicción entre la Resolución impugnada y los precedentes invocados como contradictorios; será de aplicación obligatoria para los Tribunales y Jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva Resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, en previsión de lo dispuesto por el art. 420 del CPP.


III.2. Del precedente invocado.


Auto Supremo 472 de 8 de diciembre de 2005, dictado dentro del proceso penal seguido por el M.P contra G.S.J, por la presunta comisión del delito de Asesinato, Resolución que tiene como antecedente fáctico que el Auto de Vista impugnado incurrió en errónea aplicación, interpretación y aplicación inconstitucional de la ley penal procesal, toda vez que el ad quem no habría dado cumplimiento al artículo 124 de la Ley 1970 que prohíbe que la fundamentación sea remplazada por una simple relación de documentos, por lo que, carecería de fundamentación, privando de este modo conocer al imputado el alcance aplicativo e interpretativo de las normas en que basó el Tribunal de alzada para anular totalmente la Sentencia. Esta denuncia generó la emisión de la siguiente doctrina legal:


Se consideran defectos absolutos cuando en la resolución, sea sentencia o Auto de Vista, no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución basados en normas sustantivas, adjetivas penales o correspondan a Convenios o Tratados Internacionales, omisión que se constituye en defecto insalvable porque genera incertidumbre a los sujetos procesales, este defecto se inscribe en el artículo 370 inciso 5) en relación al artículo 169 inciso 3) ambos del Código de Procedimiento Penal”.


Respecto al precedente invocado, al corresponder a una situación de hecho similar al denunciado, una presunta falta de fundamentación, corresponde ingresar a considerar el fondo de la problemática planteada a los fines de establecer la presunta existencia de contradicción.

III.3. La debida fundamentación de las resoluciones judiciales.


El art. 180.I de la CPE, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece el debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en cualquier recurso que la ley prevé, por lo mismo las autoridades que ejercen jurisdicción a nombre del Estado, deben manifestar por escrito los motivos de sus resoluciones, resguardando de esa manera tanto a los particulares como a la colectividad, de decisiones arbitrarias.


Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, refiriéndose a la fundamentación y motivación, refiere: “…constituye un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.


El mismo autor citando a Joan Pico I Junoy,  manifiesta que la motivación cumple las siguientes finalidades: a) Le permite controlar a la sociedad la actividad judicial y cumplir así con el de publicidad; b) Garantía intraprocesal de los derechos y libertades fundamentales de las partes; c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de su contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la Resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.


Ese entendimiento fue asumido por este Tribunal mediante varios Autos Supremos, entre otros el Auto Supremo 218/2014 de 4 de junio, que refiere: Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal estableció (…), entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa por qué se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica”.


III.4. Análisis del caso concreto.


En cuanto a la denuncia de vulneración del art. 124 CPP, por parte del Tribunal de alzada en la emisión del Auto de Vista recurrido al no haberse pronunciado con la debida motivación a su recurso de apelación restringida incurriendo en contradicción  al Auto Supremo 472 de 8 de diciembre de 2005.


Para ingresar a establecer la existencia o no de falta de fundamentación del Auto de Vista recurrido, es menester primero establecer que el recurso de apelación restringida opuesto por la ahora recurrente no fue preciso en cuanto a las denuncias efectuadas, ya que fueron genéricas y no permitieron al Tribunal de alzada contar con las suficientes bases fácticas que le permitan resolver cada uno de los planteamientos de la imputada y así lo hizo conocer en la fundamentación de cada uno de los agravios resueltos, no siendo evidente lo manifestado por el recurrente en cuanto a que el argumento del Tribunal de alzada fue subjetivo al señalar que: “Que, analizando la apelación materia del presente recurso, la misma no ingresa en vicios de la sentencia, ni errónea inobservancia de la ley sustantiva y adjetiva, para que accione el recurso, mucho menos para efectuar la consideración de una nueva sentencia, toda vez que la apelación interpuesta no se encuentra individualizada, y menos discriminados los vicios que tendría la Resolución No 04/2010 que motiven la interposición del recurso de apelación restringida tal como lo prevé el Art. 408 del CPP” (sic), pues, respecto de esta cita, corresponde solo un fragmento de la Resolución recurrida que de ninguna manera constituye toda la fundamentación del Tribunal de alzada para rechazar su apelación, sino al contrario fue la introducción para resolver todas y cada uno de los motivos apelados, conclusión que se arriba de la verificación del Auto de Vista recurrido en su último considerando en el que se desarrolló los argumentos que otorgan una respuesta clara y precisa a los agravios denunciados, es decir, se estableció que la recurrente no precisó, en que actuados del proceso se vulneró el principio de continuidad, no señaló que partes de la Sentencia resultaba contradictoria e insuficiente, tampoco se estableció una defectuosa valoración probatoria, y finalmente, que la Resolución apelada si tomo en cuenta a momento de la fijación de la pena la edad de la apelante.  


Corresponde aclarar, que la doctrina formulada por el Tribunal en reiterados Autos Supremos, ha establecido que las resoluciones no necesariamente deben contener una fundamentación ampulosa, estableciendo como parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo, que toda Resolución debe ser clara, precisa, congruente y fundamentada. Clara, para la fácil comprensión literal de la escritura a través de un lenguaje fluido y nítido, y para evitar incertidumbre o confusión; precisa, porque la autoridad judicial debe de abocarse a satisfacer los requerimientos propios de la contienda, sin entrar en desviaciones; congruente, que significa guardar la debida correspondencia entre lo pedido y lo resuelto, sea que se acoja o se rechace, con el respectivo fundamento en uno u otro caso; fundamentada, debiendo darse las razones precisas que llevan al juzgador a tomar la decisión, con mención y análisis de todos los elementos de prueba que respaldan los hechos tenidos por probados.


Así, lejos de demostrar el recurrente la ausencia de fundamentos que sustenten la Resolución impugnada, se evidencia una mera disconformidad con los argumentos esbozados por el Tribunal de alzada que contiene los elementos esenciales de una debida fundamentación, aun cuando ésta no sea extensiva o ampulosa, es concreta y lógica conteniendo las razones de hecho y derecho; además, de no ser evidente la existencia de contradicción con la doctrina legal sentada en el precedente invocado, deviniendo el recurso de casación en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Trifonia Gladys Zeballos Gómez, de fs. 1164 a 1167 vta.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA