TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 743/2015-RRC-L

Sucre, 12 de octubre de 2015


Expediente                : La Paz 42/2011

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Ángel Rene Salazar Choque

Delito                : Receptación

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 27 de enero de 2011, cursante de fs. 785 a 786 vta. Ángel René Salazar Choque, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 708/2010 de 27 de noviembre, de fs. 777 a 779 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Edgar Mamani Condori y Lourdes Choque Callisaya contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Receptación, previsto y sancionado por el art. 172 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   En mérito a la acusación pública (fs. 228 a 229 vta.) y particular presentada por Edgar Mamani Condori y Lourdes Choque Callisaya (fs. 234 a 238 vta.), desarrollada la audiencia de juicio oral y público, la Jueza Segundo de Sentencia en lo Penal de La Paz, por Sentencia 1/2010 de 19 de febrero (fs. 705 a 715), que declaró a Ángel René Salazar Choque, absuelto de culpa y pena por el delito de  Receptación, previsto por el art. 172 del CP.


b)  Contra la referida Sentencia, los acusadores particulares Edgar Mamani Condori y Lourdes Choque Callisaya (fs. 718 a 747) y el Ministerio Público (fs. 750 a 751 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, resuelto por el Auto de Vista 708/2010 de 27 de noviembre (fs. 777 a 779 vta.), dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que admitió los recursos, y declaró procedentes las cuestiones planteadas; y, anuló la Sentencia apelada, disponiendo la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, motivando la formulación de recurso de casación.


I.1.1. Del motivo del recurso de casación


El recurrente luego de hacer mención a los motivos del recurso de apelación restringida que presentaron los acusadores, expresa que el Tribunal de alzada procedió a realizar una revisión de oficio del proceso penal y estableció que se hubiese roto el principio de continuidad al señalarse las audiencias por más de diez días calendario; sin embargo, los querellantes en la celebración del proceso no realizaron ninguna observación ni reclamo del acto defectuoso conforme el art. 407 del Código de Procedimiento Penal (CPP), convalidando los actos de la Juez de la causa, al respecto, señala que en materia de nulidades procesales rige el principio de especificidad o de legalidad establecido en el art. 297 del CPP; asimismo, el principio de trascendencia establece que no hay nulidad sin perjuicio, por lo tanto, no pueden hacer valer la nulidad si no han sufrido un gravamen con la infracción; agrega que, no se puede pretender hacer valer una nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene vital importancia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita declarar procedente el recurso de casación y dejar sin efecto  el Auto de Vista recurrido y subsistente la Sentencia apelada, con costas.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 481/2015-RA-L de 13 de agosto, de fs. 797 a 799 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación para su análisis de fondo respecto al motivo denunciado vía flexibilización.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1.De la Sentencia.


Una vez concluida la audiencia de juicio oral, la Jueza Segundo de Sentencia en lo Penal de La Paz, por Sentencia declaró a Ángel René Salazar Choque, absuelto de culpa y pena por el delito de Receptación, previsto por el art. 172 del CP, con base a los siguientes argumentos: i) Se demostró que el vehículo marca Toyota Corolla, color blanco, tipo vagoneta, con placa de control 1627-KZA, está registrado a nombre de Edgar Mamani Condori, el mismo se denunció en DIPROVE como vehículo robado el 11 de marzo de 2007, a denuncia formulada por Edgar Mamani Condori el 10 del mismo mes y año; efectuada la denuncia, se apersonó recién el 16 de agosto de 2007; ii) Asimismo, Edgar Mamani Condori y Ángel Salazar se presentaron en el Penal de San Pedro a objeto de buscar a un recluso del que no recuerdan el nombre; iii) Por el extracto de llamadas de TELECEL, se demostró que del celular con el número 76291321, se realizaron llamadas a los celulares de Ángel Rene Salazar Choque, Edgar Mamani Condori y Lourdes Choque Callisaya, lo que acredita que las tres personas víctimas e imputado tomaron contacto con el supuesto Hemerson; iv) Los querellantes ocupaban un departamento en el domicilio de Ángel Rene Salazar como inquilinos el que tenía espacio para guardar un vehículo; v) Por las declaraciones de Jhenny Lola Quisberth Flores y Rubén Poncio Molina, se demostró que el paquete del tamaño de un archivador fue entregado a Jhenny Lola Quisberth Flores en el domicilio de la Avenida 16 de julio Nº 55, y, vi) No se demostró que el imputado hubiese ofrecido a los querellantes la recuperación del vehículo o partes del mismo; que haya vendido las placas a los querellantes, tampoco se acreditó que se puso en contacto con los autores del robo del motorizado; que se quedó con la suma de $us 1.000; asimismo, en la inspección ocular, no se acreditó que se hayan constituido en la zona de Villa Adela de El Alto. 


II.2.Del recurso de apelación restringida de los acusadores particulares.


Por memorial de fs. 718 a 747, los acusadores  particulares Edgar Mamani Condori y Lourdes Choque Callisaya, formularon recurso de apelación restringida conforme los argumentos siguientes vinculados al recurso de casación: denunciaron defecto inprocedendo por violación de las garantías del debido proceso por inobservancia del principio de continuidad, expresando que el Juez de Sentencia no cumplió jamás con el principio de continuidad del juicio oral, derivando en la dispersión de la prueba, incurriendo en actividad procesal defectuosa, por lo que, se vulneró los arts. 329, 334, 336, y 345 del CPP, solicitando se disponga la nulidad de la Sentencia. 


II.3.Del recurso de apelación restringida del Ministerio Público.


El Ministerio Público, por memorial de fs. 750 a 751 vta., interpuso recurso de apelación restringida, al igual que los acusadores particulares, denunció entre uno de los motivos que tiene relación con el recurso de casación, la vulneración del principio de continuidad y las normas que la regulan, expresando como disposiciones legales violadas o erróneamente aplicadas, los arts. 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 1, 329, 334, 335 y 336 del CPP y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, haciendo suyos los fundamentos expuestos por los querellantes, para el efecto hace conocer una tabla en la que se consigna las fechas de inicio de la audiencia y suspensiones de la misma.  


II.4.Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Auto de Vista 708/2010 de 27 de noviembre,  admitió los recursos, procedentes las cuestiones planteadas, disponiendo la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, con los siguientes fundamentos: si bien la suspensión de las audiencias en algunos casos no fue más de diez días calendario, en otros, se suspendió por causales no previstas en el art. 335 del CPP, conforme estableció la jurisprudencia en el Auto Supremo 167 de 6 de febrero de 2007; asimismo, realizó un análisis detallado del desarrollo del juicio oral, refiriendo fechas desde el inicio del juicio oral, hasta la dictación de la Sentencia, consignando las suspensiones con el cómputo de los respectivos, concluyendo que se rompió el principio de continuidad, suspendiéndose incluso por más de diez días calendario, desarrollándose el juicio en forma discontinua, infringiéndose los arts. 334, 335 y 336 del CPP, verificándose la existencia de defectos absolutos y vicios de la Sentencia previstos en los arts. 169 y 370 del mismo Código.


III. VERIFICACIÓN DE LA VULNERACION DE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO


Este Tribunal, antes de ingresar al análisis propiamente dicho del recurso de casación, considera necesario observar algunos aspectos relativos al principio de continuidad, para finalmente ingresar al análisis del caso concreto.


III.1. El principio de continuidad.


El sistema penal oral acusatorio vigente en nuestro país, se desarrolla bajo ciertos principios los que resaltan en el juicio oral como fase esencial del proceso, así tenemos los principios de oralidad, contradicción, inmediación, continuidad, publicidad; el principio de continuidad reglado por el art. 334 del CPP, tiene por propósito que el desarrollo del juicio oral se lleve a cabo todos los días y horas hábiles en forma consecutiva hasta la dictación de la Sentencia; es decir, en lo posible de manera ininterrumpida a fin de evitar entre otros aspectos la dispersión de la prueba.


Respecto al principio de continuidad, el Auto Supremo 640/2014-RRC de 13 de noviembre, estableció el siguiente entendimiento: “Entre los principios enunciados, se encuentra el de continuidad del juicio oral, conocido en la doctrina también como principio de concentración, que implica que el juicio oral, que es la parte esencial y más importante del proceso penal, se lleve a cabo todos los días y horas hábiles en forma consecutiva hasta la dictación de la Sentencia, principio que se encuentra recogido en el art. 334 del CPP que señala: Iniciado el juicio, se realizará sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte sentencia y sólo podrá suspenderse en los casos previstos en este Código.


La audiencia se realizará sin interrupción todas las horas hábiles del día. El juez o el presidente del tribunal ordenará los recesos diarios, fijando la hora en que ésta se reinicie. Asimismo, las suspensiones del juicio oral están regladas por los arts. 335 y 336 del CPP, que prevé las causales, plazo de suspensión de la audiencia (diez días) y las consecuencias ante la subsistencia de una determinada causal de suspensión.


Entonces, de los preceptos citados, se colige que la regla general es la continuidad del juicio como manda el referido art. 334 transcrito, que debe observarse en la realización de los juicios orales, en condiciones de desarrollo normal del acto de juicio; empero, no se puede dejar de considerar, que en ciertas ocasiones, se presentan circunstancias que imposibilitan materialmente la prosecución normal del juicio oral, debido a diversos factores que pueden ser internos, atingentes al proceso o las partes, tales como la inconcurrencia de las partes, de sus abogados, de los integrantes del Tribunal de Justicia, de los testigos, peritos etc.; el planteamiento de cuestiones procesales como apelaciones, recusaciones, incidentes por causal sobreviniente; o por causas externas, a raíz de eventos ajenos al proceso, con la característica de fuerza mayor, que inevitablemente impiden el cumplimiento o vigencia del principio de continuidad o concentración, tales como declaratorias en comisión de jueces o suspensión imprevista de actividades laborales, entre otras situaciones, que de ninguna manera pueden ser atribuibles a las partes o la autoridad jurisdiccional; empero, lo cierto es que entorpecen o impiden el normal desarrollo del juicio y en consecuencia, de la vigencia plena del principio de continuidad o concentración y obviamente el de inmediación.


Por lo tanto, no sería correcto hacer una interpretación literal de la norma, y señalar que todo proceso en que no se hubiera respetado el principio de continuidad, es decir que no se haya llevado a cabo todos los días y horas hábiles hasta el pronunciamiento de la Sentencia, deban ser sancionados con nulidad por quebrantamiento a este principio, sino que también es pertinente considerar y valorar las causas de suspensión o interrupción al juicio, para establecer, primero, a quién es atribuible, después si es legítima o razonable; y, finalmente si es necesario o justificable la nulidad de un juicio oral”. Razonamientos similares han sido esgrimidos por la extinta Corte Suprema de Justicia en el Auto Supremo 93/2011 de 24 de marzo.


III.2. Análisis del caso planteado.


En el recurso en examen, el recurrente sostiene que el Tribunal de alzada al anular la Sentencia, procedió a realizar una revisión de oficio del proceso penal con el argumento de haberse roto el principio de continuidad al suspenderse las audiencias por más de diez días calendario; sin embargo, los querellantes en la celebración del juicio no realizaron ninguna observación ni reclamo del acto defectuoso conforme el art. 407 del CPP, además, no tomó en cuenta que en materia de nulidades procesales rige los principios de especificidad o de legalidad y de trascendencia.


Para la Resolución de la problemática planteada, es importante hacer mención que, la Ley de Organización Judicial 1455 de 18 de febrero de 1993, en su artículo 15 establecía: Revisión de oficio. “Los tribunales y jueces de alzada en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquellos, están obligados a revisar los procesos de oficio, a tiempo de conocer una causa, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes” (sic).


La norma glosada, efectivamente otorgaba a los superiores en grado Tribunales y Jueces, observar de oficio si los inferiores aplicaron correctamente los plazos y las leyes para disponer en su caso las sanciones pertinentes; es decir, ante la existencia de defectos absolutos podían actuar de oficio.


Ahora bien, de la revisión del acta de registro de juicio oral, se advierte que las audiencias de juicio oral se suspendieron dentro de los parámetros que señala el art. 336 del CPP; es decir, el análisis que efectuó el Tribunal de alzada en lo que corresponde a la suspensión de audiencias del juicio oral, no observó el art. 130 del CPP, que con absoluta claridad señala que a efectos de la suspensión de las audiencias y para computar el plazo máximo de diez días, sólo se debe tomar en cuenta los días hábiles; esto es, de lunes a sábado por disposición de la Ley de Organización Judicial, vigente hasta el 24 de junio de 2010, en la que se aprobó la Ley 025 nueva Ley del Órgano Judicial que establece como días hábiles de lunes a viernes, vigente a partir de enero de 2012, conforme la disposición transitoria segunda de la referida ley; en el caso en análisis, el Tribunal de alzada computó inclusive días domingos, lo que implica que en el cómputo de plazos para la suspensión de las audiencias del juicio oral aplicó erróneamente la norma referida.


Por otra parte, como se explicó en el acápite III.1 de la presente Resolución, el Tribunal de apelación a tiempo de resolver los recursos de apelación restringida, debió considerar y valorar las causas de la suspensión o interrupción al juicio, establecer a quien es atribuible, si éstas son legítimas o razonables y fundamentalmente determinar si es necesaria o justificable la nulidad del juicio, lo que no ocurrió en el caso, pues no existe ninguna justificación jurídica razonable que sustente el fallo para anular la Sentencia y disponer el reenvió del juicio, realizando simplemente una interpretación literal de la norma, haciendo mención a jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de Justicia que no tiene supuestos fácticos similares con referencia al asunto en examen.


En cuanto al principio de continuidad y su relevancia en el juicio oral, el Auto Supremo 640/2014-RRC de 13 de noviembre, estableció el siguiente entendimiento: “Entre los principios enunciados, se encuentra el de continuidad del juicio oral, conocido en la doctrina también como principio de concentración, que implica que el juicio oral, que es la parte esencial y más importante del proceso penal, se lleve a cabo todos los días y horas hábiles en forma consecutiva hasta la dictación de la Sentencia, principio que se encuentra recogido en el art. 334 del CPP que señala: […] Por lo tanto, no sería correcto hacer una interpretación literal de la norma, y señalar que todo proceso en que no se hubiera respetado el principio de continuidad, es decir que no se haya llevado a cabo todos los días y horas hábiles hasta el pronunciamiento de la Sentencia, deban ser sancionados con nulidad por quebrantamiento a este principio, sino que también es pertinente considerar y valorar las causas de suspensión o interrupción al juicio, para establecer, primero, a quién es atribuible, después si es legítima o razonable; y, finalmente si es necesario o justificable la nulidad de un juicio oral”.

Por lo anotado, se concluye que el Tribunal de apelación no obró de manera correcta, siendo evidente la vulneración de los principios de especificidad y trascendencia, en virtud de los cuales, no hay nulidad si la ley no lo prevé, no hay nulidad si el defecto no tiene relevancia ni afecta las garantías esenciales, menos produce perjuicio irreparable a las partes y no existe posibilidad de invalidar un acto procesal, si no existe interés lesionado por la parte que reclamó el defecto; es decir, no es posible la aplicación a ultranza del principio de continuidad si no existe una verdadera y comprobada afectación material a alguna de las partes, máxime si como en el recurso en análisis, los acusadores no observaron en el momento procesal oportuno la presunta violación al principio que ahora cuestiona, en su caso, ante la negativa de la autoridad jurisdiccional, pudieron haber realizado reserva de apelación en los términos del art. 407 del CPP, al no haber activado los mecanismos procesales para la protección de su derecho a la defensa en su momento, la vulneración de ese presunto defecto, no era atendible en apelación restringida, por lo que, el motivo el motivo deviene en fundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 708/2010 de 27 de noviembre, de fs. 777 a 779 vta., disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal de Justicia de La Paz, pronuncie en forma inmediata nueva Resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA