TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 738/2015-RRC-L

Sucre, 12 de octubre de 2015


Expediente                        : Cochabamba 27/2011

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte Imputada                : Víctor Hugo Mendoza Peña

Delito                : Lesiones Gravísimas 

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 2 de febrero de 2011, cursante de fs. 170 a 174, Víctor Hugo Mendoza Peña, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 24 de diciembre de 2010, de fs. 163 a 165 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Herberth Ibrahim Jaldín López contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Lesiones Gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 incs. 3) y 4) del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)  Desarrollado el juicio oral y público, el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia 026/2010 de 28 de septiembre (fs. 77 a 85); por la que, declaró al imputado Víctor Hugo Mendoza Peña, autor y culpable de la comisión del delito de Lesiones Gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 incs. 3) y 4) del CP, condenándole a la pena de tres años de reclusión; y, en aplicación del art. 366 y 24 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se le concedió el beneficio de la Suspensión Condicional de la pena imponiéndole medidas restrictivas por el lapso de un año.


b)   Contra la mencionada Sentencia, Herbert Ibrahim Jaldín López y Víctor Hugo Mendoza Peña, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 101 a 102 vta. y fs. 132 a 136); resuelto por Auto de Vista de 24 de diciembre de 2010 (fs. 163 a 165 vta.), emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró improcedentes los recursos planteados; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


I.1.1. Motivo del recurso


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 486/2015-RA-L de 13 de agosto (fs. 182 a 184), se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, aspecto sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del CPP y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).


Manifiesta, que el Auto de Vista, en su punto II.1 estableció que su impugnación responde a un propio análisis valorativo, no pudiendo revalorizar la prueba; que no se estableció concretamente el agravio respecto a la defectuosa valoración probatoria, cuando en realidad se denunció que la Sentencia se basó en una prueba inexistente, hecho demostrado en la audiencia de fundamentación; mediante la cita del Auto Supremo 214/2007 justificó la inexistencia de vulneración de las reglas de la sana crítica manifestando que la Sentencia debe estar fundada por un hecho no cierto, aspecto verificado en el presente caso como es basarse en un supuesto desfile identificativo que nunca se realizó. De igual manera, en apelación restringida denunció vulneración del principio de legalidad y el debido proceso, por no valorarse en su integridad las declaraciones testificales de la víctima, la incomparecencia de Erick Pérez; la inexistencia de las evidencias consistentes en los trozos de la botella recolectados por la madre de la víctima; las declaraciones de Miguel Peña, Marcelo Peña; Misael Cruz Pinto y Carlos Romero López.


De otro lado, el recurrente alega, que la Sentencia carece de fundamentación descriptiva e intelectiva, limitándose a la enunciación de las pruebas, sin una valoración individual e integral de las mismas constituyendo una defectuosa valoración, incumpliendo las reglas de la sana crítica, como son la experiencia, la psicología y la lógica, quebrantando el debido proceso, ingresando en el defecto previsto por los arts. 370 inc. 6) y 169 inc. 4) del CPP.  Asimismo, la Sentencia se basa en un hecho inexistente como es el desfile identificativo donde se reconoció al imputado como autor de la agresión, cuando ninguna de las partes ofreció ni judicializó dicha prueba.


Al efecto cita como doctrina legal aplicable los Autos Supremos 328/2006 y 410/2006.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita la admisión del recurso y se determine dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 486/2015-RA-L de 13 de agosto, de fs. 182 a 184, este Tribunal admitió únicamente el primer motivo del recurso de casación interpuesto por el imputado Víctor Hugo Mendoza Peña para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Concluido el juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dictó Sentencia condenatoria en contra de Víctor Hugo Mendoza Peña, por la comisión del delito de Lesiones Gravísimas; toda vez, que la prueba aportada fue suficiente para generar convicción sobre la responsabilidad del imputado en la comisión del delito endilgado, siendo sus fundamentos los siguientes:


i) Que en base a lo visto y oído en el juicio oral, las pruebas desfiladas y lo expresado por el acusado (a cuyo efecto procedió a describir las declaraciones de la víctima, de Miguel Horacio Peña Salinas, Misael Cruz Pinto, Carlos Romero López y Mari Cruz Morales Rivas, así como las pruebas de cargo del Ministerio Público, codificadas desde la F-1 a la F-7, así como la prueba de descargo presentada por la parte acusada), el Tribunal llegó a la convicción de que el imputado, en horas de la madrugada del 2 de marzo de 2008, en inmediaciones de la plazuela “Honor y Patria”, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con un grupo de jóvenes, produciéndose un encuentro con otro grupo de jóvenes que se encontraban en el interior de un vehículo, llegando a intercambiar insultos; el imputado se acercó a la movilidad junto a los dos hermanos Peña, donde la víctima que estaba sentado al lado del chofer empezó a cerrar el vidrio, lanzando un objeto de vidrio que ingresó por la ventana de la movilidad causando una herida en el rostro de Herbert Jaldín López, ocasionándole un impedimento de 181 días y una marca indeleble en el rostro. 


ii) Que el Ministerio Público ha probado que el 2 de marzo de 2008, la víctima sufrió una lesión en el rostro quedando marcado y estigmatizado para siempre, al inicio existía duda sobre la participación del imputado, que fue desechado conforme se desarrolló la investigación en razón a que se sindicó como responsable a uno de los hermanos Peña, rompiéndose el pacto de silencio. Por su parte la acusación particular ha demostrado la lesión gravísima ocasionada a la víctima, demostrado por el certificado Médico Forense, las declaraciones de la víctima, de su madre, y de Carlos Romero López; así como la responsabilidad del imputado a través de las declaraciones testificales de los hermanos Peña.


iii) La defensa argumentó, que no se demostró quién era el responsable; que no existe responsabilidad penal sino accidental, siendo inexistente el dolo porque nadie quería cortar el rostro de la víctima; que no resulta concebible recluir en la cárcel a un inocente por falta de medios de investigación cuando la propia víctima manifestó que fue Erick Pérez quien arrojó la botella.


iv)  Que de la libre valoración del material probatorio y en aplicación de las reglas de la sana crítica, se llegó a la convicción de que Víctor Hugo Mendoza Peña cometió el delito de Lesiones Gravísimas previsto por el art. 270 incs. 3) y 4) del CP, en razón a que, el 2 de marzo de 2008, en horas de la madrugada en la plazuela “Honor y Patria”, arrojó un objeto de vidrio que ingresó por la ventana de la movilidad donde se encontraba Herbert Jadín López, cortándole el lado derecho de la cara, provocando un impedimento de 181 días y una marca indeleble en el rostro que fue visto y constatado por el Tribunal, sin que los argumentos de la defensa referidos a que el imputado no cometió el delito y sólo fue acusado porque los hermanos Peña se sintieron en peligro procesal, así como la investigación del Ministerio Público fue a medias, resultan insuficientes para poner en duda la acusación.   

II.2. Del recurso de apelación restringida interpuesto por Víctor Hugo Mendoza Peña.


Del memorial de apelación restringida de fs. 132 a 136, el recurrente denuncia como agravios de la Sentencia:


i) Errónea aplicación de la norma sustantiva generada por la insuficiente fundamentación de la Sentencia y defectuosa valoración de la prueba, ésta última, porque no se valoró en su integridad cada una de las declaraciones testificales, las cuales tendrían contradicciones como ser la declaración de la víctima, en la cual reconoció como agresores a los hermanos Peña y luego a su persona, sin que existiera un desfile identificativo donde estuviera presente; la declaración de la madre de la víctima que manifestó, que los hermanos Peña le dijeron que fue algo leve y no lo mataron y que supuestamente habría recolectado evidencias del lugar del hecho, que nunca fueron exhibidas, las declaraciones de Miguel Horacio Peña, Marcelo Peña, Misael Cruz Pinto y de Carlos Romero López.  


ii) Defectuosa valoración de la prueba documental, debido a que se manifestó que existió un desfile identificativo realizado por la víctima, cuando nunca sucedió aquello; asimismo, la Sentencia se limita a realizar una relación enunciativa de las pruebas, sin señalar lo que demostraron y cual el valor otorgado, careciendo de fundamentación fáctica y descriptiva; además, de no haberse cumplido con las reglas de la sana crítica; de otra parte, no se consideró lo manifestado por el Ministerios Público que reconoce que existe duda sobre quien es el autor del hecho. Existe omisión en la fundamentación de sus conclusiones y la vinculación existente entre los medios probatorios que permitieron arribar a la convicción de culpabilidad.


iii) Errónea aplicación de la norma sustantiva (arts. 20 y 270 del CP), debido a que no se ha demostrado que su persona es autor del delito de la lesión causada a Herbert Ibrahim Jaldin; además, que su conducta no se subsume al tipo penal endilgado por no estar probado que su persona fue quien arrojó la botella y lesionó a la víctima.


II.3. Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa ante la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, resolvió declarar improcedentes los recursos de apelación restringida interpuestos por el acusador particular y por el imputado, confirmando la Sentencia, decisión asumida bajo los siguientes fundamentos:


i) El imputado realiza un análisis valorativo propio  sobre la prueba testifical; y, conforme a la doctrina legal que impide a los tribunales de alzada de revalorizar prueba, la impugnación formulada por el imputado carece de mérito.


ii) Respecto al desfile identificativo, el apelante sólo se limitó a señalar ese aspecto sin establecer cuál el agravio causado y la disposición legal que considera vulnerada.


iii) Sobre la supuesta limitación del Tribunal de juicio al realizar una relación enunciativa  de la prueba presentada, el apelante no señala las pruebas que no fueron valoradas; sin embargo de ello, revisada la Sentencia, se evidencia que existe una adecuada fundamentación fáctica y probatoria (descriptiva e intelectiva).


iv) En lo que concierne a la falta de valoración integral y sistemática, la misma carece de mérito, porque no se ciñe a lo establecido en el Auto Supremo 151 de 2 de febrero de 2007 referido a que la valoración de la prueba y de los hechos corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia.


v) La defectuosa valoración de la prueba alegada por el imputado, conforme a la doctrina del Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, debió estar dirigida a atacar la logicidad de la Sentencia con relación a la actividad probatoria y la vulneración de las reglas de la sana crítica, que están constituidas por los principios de la lógica, (de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y de identidad), la experiencia común y la psicología.


vi) El reclamo de que su conducta no se subsumió al delito acusado, porque no se habría demostrado con pruebas que él hubiese lesionado a la víctima, sólo es una enunciación limitada, sin sustento motivado en derecho conforme a los cánones descritos en el art. 408 del CPP, omisión que no puede ser suplida por el Órgano Jurisdiccional, careciendo de mérito.  


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


III.1. De los precedentes contradictorios invocados.


El recurrente a tiempo de formular los cuestionamientos al Auto de Vista en el motivo admitido para el análisis de fondo, invocó los Autos Supremos 328/2006 de 29 de agosto y 410/2006 de 20 de octubre afirmando, que el fallo impugnado es contrario a la doctrina legal sentada por los mismos, en ese contexto se realizará el análisis de contradicción correspondiente.


Auto Supremo 328 de 29 de agosto de 2006, fue emitido dentro de un proceso por lesiones leves, en el cual la recurrente alegó, que el Tribunal de alzada de manera parcializada y con carencia de efectividad jurídica, revalorizó la prueba con fundamentos incompletos, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica, advertida tal situación, el máximo Tribunal de Justicia determinó dejar sin efecto el Auto de Vista sentando la siguiente doctrina legal:


“Que es una premisa en la línea jurisprudencial conformada por el Tribunal Supremo que, en el nuevo sistema procesal penal, no existe segunda instancia, por lo que el Tribunal de Apelación no tiene competencia para valorar la prueba producida en forma contradictoria en el juicio oral, dicha línea jurisprudencial que se encuentra sustentada por el Auto Supremo Nº 438 de fecha 15 de octubre de 2005 establece la siguiente "DOCTRINA LEGAL APLICABLE: que la línea jurisprudencial sobre la valoración de la prueba y los hechos es de exclusiva facultad de Jueces y Tribunales de Sentencia, son ellos los que reciben en forma directa la producción de la prueba y determinan los hechos, poniendo en práctica los principios que rigen el juicio oral y público; el análisis e interpretación del significado de las pruebas y de los hechos son plasmados en el fundamento de la sentencia, ahí es donde se expresa la comprensión del juzgador con claridad, concreción, experiencia, conocimiento, legalidad y lógica; esa comprensión surge de una interacción contradictoria de las partes, de esa pugna de validación de objetos, medios e instrumentos de prueba que se da dentro del contexto del juicio oral y público; la objetividad que trasciende a través de la producción de la prueba no puede ser reemplazada por la subjetividad del Tribunal de Apelación; éste se debe abocar a controlar que el fundamento sobre la valoración de la prueba y de los hechos, tenga la coherencia, orden y razonamientos lógicos que manifiesten certidumbre".


En la misma línea jurisprudencial, el Auto Supremo Nº 91 de 28 de marzo de 2006 establece: "DOCTRINA LEGAL APLICABLE: que la valoración de los hechos y de la prueba es atribución privativa del Juez o Tribunal de Sentencia por cuanto ellos son los que se encuentran directamente involucrados en todo el proceso de la producción de la prueba con la intervención contradictoria de las partes procesales; ahora en caso de que dicha valoración sea confusa, contradictoria o insuficiente porque no tiene el sustento de la experiencia, conocimiento, o no son utilizadas adecuadamente la lógica y las técnicas de argumentación, en definitiva no se encuentran explicadas apropiadamente y que ponga en duda la razón del Tribunal de Sentencia, el Tribunal de Apelación debe identificar la falla o la impericia del Juez o Tribunal de Sentencia en la valoración de los hechos y las pruebas, además debe observar que las reglas de la sana crítica estén explicitadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la consistencia de lograr convicción en las partes, sobre todo en la autoridad que controla la sentencia apelada, que las impugnaciones hechas por las partes sean verídicas y tengan fundamento jurídico".


Que, asimismo, el Tribunal de alzada debe fundamentar su resolución, plasmando el criterio jurídico que sostiene la parte resolutiva del Auto de Vista que emita, caso contrario atenta contra los principios de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica.


Auto Supremo 410 de 20 de octubre de 2006, emitido en una causa penal seguida por el delito de Estafa, donde en sentencia se absolvió al imputado y, en apelación restringida el Tribunal de alzada anuló el fallo impugnado y dispuso el reenvío del proceso a otro Tribunal; contra esta resolución, el imputado recurrió en casación aduciendo error de fundamentación para anular la Sentencia, por omitir considerar que la impugnación de los vicios procesales precluyó por negligencia de la otra parte por no hacer reserva de apelación restringida; además, de establecer contradicciones y error procesal; asimismo, la nulidad determinada por el  Auto de Vista por defectos procesales que fueron convalidados resulta ultra petita, a tal efecto estableció la siguiente doctrina legal aplicable:


“La Corte Suprema de Justicia de Bolivia ha sentado la línea jurisprudencial vinculante en sentido de que en el marco del Código de Procedimiento Penal, acorde con la Doctrina Penal moderna, establece la necesidad de que los fallos emitidos por los jueces de sentencia y apelación sean emitidos con el fundamento y la motivación suficiente para garantizar la efectivización de manera real, el derecho que tienen los sujetos procesales de impetrar la revisión del fallo a efectos de conocer el razonamiento científico que lleva a pronunciar los fallos, de una determinada manera sea por condena o absolución o por la improcedencia o anulación tratándose de tribunales de apelación.


La escasa o contradictoria fundamentación conlleva violación a derechos y garantías constitucionales tal cual lo establecen los artículos 370 inciso 5), 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal, artículos 8.2 inciso h) de la Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica) y artículo 14.5 de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), normas legales que expresamente consagran el derecho que tiene toda persona a conocer en detalle los fundamentos de las resoluciones impugnadas esto a objeto de que compruebe la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, garantizando de esta manera el debido proceso como fundamento esencial del Derecho Procesal Penal moderno.


Por otra parte el Tribunal de alzada no puede ´anular` el proceso y disponer el reenvío del proceso a conocimiento de otro Tribunal en base a vicios procesales susceptibles de convalidación y que no fueron objeto de ´reserva de apelación restringida` en su oportunidad, precluyendo para los sujetos procesales, el derecho de reclamación posteriormente, únicamente el Tribunal de apelación puede anular la sentencia en su totalidad ante la existencia de vicios procesales insubsanables establecidos en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal lo contrario significaría violar el principio de ´celeridad procesal`, de ´economía` y ´concentración` de los actos procesales.


Finalmente el Tribunal de alzada de acuerdo al imperio de lo dispuesto por el artículo. 398 del Código de Procedimiento Penal que dispone; Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, en consecuencia no pueden considerar otros aspectos procesales que ameriten obrar en forma ´ultrapetita` en aplicación del principio de ´legalidad` que obliga a los Tribunales de alzada de observar estrictamente esta disposición, a no ser que se evidencien violaciones a derechos y garantías constitucionales, vicios insubsanables no sujetos a convalidación contenidos en los artículos 169 inciso 3) y 370 del Código de Procedimiento Penal lo contrario significaría actuar en vulneración a la garantía constitucional del ´debido proceso`, tal el caso de autos que el Tribunal de alzada, resuelve aspectos no reclamados por el apelante de la sentencia”.


III. 2 Análisis del caso concreto.-


En el caso en examen, donde el recurrente alega, que el Auto de Vista no consideró su denuncia de defectuosa valoración de la prueba, con el fundamento de que su persona realizó un propio análisis valorativo de la prueba testifical cuando en realidad solicitó la verificación de lo obrado por el Tribunal de Sentencia; tampoco consideró la falta de valoración individual e integral de la prueba con vulneración de las reglas de la sana crítica, que la Sentencia se basa en una prueba inexistente como es el desfile identificativo; falta de fundamentación descriptiva e intelectiva limitada a una enunciación de las pruebas, lo que resultaría contradictorio a la doctrina del Auto Supremo 328/2006, referido a la imposibilidad de los Tribunales de apelación de revalorizar prueba y la función de ejercer control sobre la fundamentación valorativa de la prueba y de los hechos; y, del Auto Supremo 410/2006 relativo a la obligatoriedad de la debida fundamentación de los fallos; que, para anular la Sentencia el defecto procesal debe ser insubsanable; y, que los tribunales de alzada deben circunscribir su resolución a los aspectos cuestionados en la apelación.


Ahora bien, para el análisis de los argumentos expuestos en casación y admitidos por este Tribunal, es preciso partir de los razonamientos asumidos  por el Tribunal de alzada respecto a los motivos denunciados por el apelante, verificando los antecedentes que constan en el cuaderno procesal; así se tiene, que la Sentencia condena a Víctor Hugo Mendoza Peña como autor de la comisión del delito de Lesiones Gravísimas, basado en que la prueba aportada fue suficiente para generar convicción sobre su responsabilidad penal, Resolución apelada por el imputado alegando que la Sentencia incurrió en: Errónea aplicación de la norma sustantiva generada por la insuficiente fundamentación de la Sentencia y defectuosa valoración de la prueba, en especial de las declaraciones testificales y del desfile identificativo, careciendo las pruebas de valoración individual e integral, con una fundamentación fáctica y descriptiva; y, porque su conducta no se subsume al tipo penal acusado.


El Tribunal de apelación, previo a resolver los puntos apelados de la Sentencia, manifestó, que su labor se encuentra limitada o “restringida”  como mecanismo de control del fallo emitido por el inferior  “sólo al control de la aplicación del Derecho sin ingresar a la construcción de los hechos históricos” (sic.), citando al efecto la doctrina de los Autos Supremos 104/2004 y 196/2005. Sobre los cuestionamientos del impugnante expuestos en su recurso de apelación restringida concluyó que: “… el imputado apelante basa su impugnación en su propio análisis valorativo del contenido de la prueba testifical producida en la audiencia de juicio oral, como es el caso de las declaraciones de Herberth Ibrahim López Jaldin, Guanda Miriam López Corrales, Miguel Horacio Peña, Marcelo Peña, Misael Cruz Pinto y Carlos Romero López. Sin embargo este particular análisis probatorio testifical no puede ser verificado por este Tribunal de Alzada en función a la doctrina legal aplicable y vinculante precedentemente glosada, por lo que la impugnación formulada por el actual imputado apelante carece de mérito.   Respecto a la alegación del apelante en sentido de que no existió una correcta valoración al haberse hecho mención al desfile identificativo realizado por la víctima siendo que nunca fue realizado, el imputado apelante únicamente se limitó a señalar ese aspecto sin establecer cuál sería el agravio que se le hubiere causado y las disposiciones legales que consideraba que se hubieran vulnerado.  En relación al reclamo de que el Tribunal de Sentencia inferior se limitó a realizar una relación enunciativa de la prueba presentada lo que ocasionó que la Sentencia carezca de fundamentación fáctica y descriptiva y que se incurra en el defecto de Sentencia previsto en el num. 5) del Art. 370 del CPP, el apelante no señala que pruebas no habrían sido valoradas por el Tribunal a-quo. Al margen de ello este Tribunal de apelación ha procedido a revisar la Sentencia impugnada y considera que, en ella existe una adecuada fundamentación fáctica y una correcta fundamentación probatoria (descriptiva e intelectiva) de las pruebas producidas en la audiencia de juicio oral.  Respecto a la alegación del apelante en sentido de que al no haberse considerado la prueba en forma integral y sistemática se incurrió en el defecto de Sentencia previsto por en el num. 6) del Art. 370 del CPP corresponde indicar a este Tribunal de apelación que dicha alegación impugnatoria resulta carente de mérito al no ceñirse al Auto Supremo 151 de 2 de febrero de 2007. (…) De ello se infiere que cuando la parte apelante alega la existencia de una defectuosa valoración de la prueba no puede pretender que el tribunal de Alzada vuelva a valorar las pruebas que se produjeron en el juicio oral, sino que tendría que atacar la logicidad de la sentencia impugnada en lo que atañe a la actividad probatoria y su relación con la vulneración de las reglas de la sana crítica racional, las que están constituidas por los principios de la lógica (de no contradicción, tercero excluido, razón suficiente y de identidad), la experiencia común y de la psicología…” (sic.)


Ahora bien, siendo que la denuncia medular radica en que en apelación restringida el recurrente solicitó al Tribunal de alzada ejercer control sobre la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia, sin pretender que revaloricen la prueba; cabe señalar, conforme consta en el acápite II.2 de la presente Resolución, el imputado denuncia, que la Sentencia no valoró en su integridad las declaraciones testificales de Herberth Ibrahim López Jaldin, Guanda Miriam López Corrales, Miguel Horacio Peña, Marcelo Peña, Misael Cruz Pinto y Carlos Romero López, transcribiendo parte de las declaraciones de los mismos; sin embargo, como ciertamente concluyó el Ad quem, correspondía al recurrente establecer de manera clara y concreta las reglas de la sana crítica que consideraba fueron inobservadas o inaplicadas al momento de valorar las referidas declaraciones señalando de manera concreta donde radicaría el defecto en la valoración de cada uno y cuál el fundamento erróneo con el cual el A quo valoró defectuosamente cada una de las citadas declaraciones; en razón de ello, el Tribunal de apelación sostuvo que era obligación del impugnante atacar la logicidad de la Sentencia relacionada con la valoración de la prueba; es decir, exponer el iter lógico del Tribunal de Sentencia que resulta contrario a la lógica, a las máximas de la experiencia o a la psicología como componentes de la sana crítica; además, de señalar los pasos lógicos seguidos por el Tribunal de Sentencia que no resultaban coherentes con la valoración de la prueba y cuál la interpretación sesgada de la prueba introducida a juicio. Debe tenerse presente que, en el proceso penal, la libre convicción del juzgador atañe la potestad y obliga­ción de valorar la prueba recibida conforme a las reglas de la sana crítica racional, que reconocen su discrecionalidad.


Por otro lado, respecto a que el Tribunal de juicio se limitó a realizar una relación enunciativa de la prueba sin realizar una valoración integral de la misma, aquello no resulta evidente, en razón, que a fs. 82 y vta. el Tribunal de Sentencia concluyó, que las pruebas testificales y documentales eran coincidentes sobre la existencia del hecho, señalando, que por las declaraciones testificales de quienes estuvieron en el lugar, en principio se guardó silencio sobre la identidad del autor del hecho para luego romper el silencio, relatos creíbles y coincidentes porque dijeron lo que vieron y vivieron en ese momento señalando al imputado como autor del hecho; asimismo, las relacionó con la pruebas documentales que proporcionaron certeza sobre el hecho y la participación del imputado, concordando en tiempos, partícipes y circunstancias que no fueron desvirtuadas por prueba alguna de la defensa, respecto a las testificales de descargo, determinó, que sólo avalaron la conducta del imputado, quienes refirieron actuaciones de la investigación y que sabían referencialmente sobre el objeto del juicio, mientras que la documental de descargo constituían fotocopias de memoriales sobre las actuaciones procesales de la etapa investigativa, que no lograron desvirtuar la acusación. 


En ese sentido, resulta correcta la apreciación del Ad quem sobre la supuesta inexistencia de la valoración integral de la prueba que fue reemplazada por una relación enunciativa de la misma, al señalar que la denuncia no era evidente; puesto que, después de revisar el fallo entonces impugnado concluyó que el mismo contaba con una adecuada fundamentación fáctica y una correcta fundamentación probatoria tanto descriptiva como intelectiva de las pruebas ofrecidas en la audiencia de juicio oral.


Con relación a que la Sentencia se basó en el desfile identificativo para sustentar la condena del imputado, manifestando el recurrente que en el mismo nunca estuvo presente la víctima, se verifica que el Tribunal de alzada señaló que el recurrente no fundamentó cómo la prueba cuestionada le causaba agravio, omitiendo citar normativa legal pertinente, aspecto corroborado por el contenido de la Sentencia [fundamentos descritos en el apartado II.1 del presente Auto Supremo], la que expresamente estableció que se llegó a convicción de la responsabilidad del acusado por la valoración integral de los elementos probatorios desfilados en juicio, describiendo al efecto las declaraciones de la víctima, de Miguel Horacio Peña Salinas, Misael Cruz Pinto, Carlos Romero López y Mari Cruz Morales Rivas, así como las pruebas de cargo del Ministerio Público, codificadas desde la F-1 a la F-7, así como la prueba de descargo presentada por la parte acusada, en la que de ningún modo da preponderancia al desfile identificativo cuya valoración cuestiona el recurrente.

 

Bajo esos parámetros, el Auto de Vista contiene la suficiente fundamentación, pronunciándose de manera expresa, clara, concreta y lógica sobre los aspectos sometidos a su consideración, siendo su motivación concisa, conforme a la exigencia establecida en el procedimiento, expresándose claramente sobre los agravios denunciados por la parte apelante, resolviéndolos conforme a su competencia realizando una exposición jurídica suficientemente razonada, en base a los antecedentes del caso y verificando si el Juez A quo, orientó su labor por pasos racionales, correctos y en observancia de las reglas que impone la sana crítica; por cuanto, no se evidencia contradicciones en los fundamentos jurídicos expuestos por el Tribunal de apelación con la doctrina sentada por los precedentes invocados, referidos al impedimento del Tribunal de alzada de revalorizar la prueba; y, más al contrario, en observancia de sus facultades y competencias sujeto a la denuncia de defectuosa valoración de la prueba determinó, que la misma carecía de mérito en razón a que el recurrente no señaló con claridad y precisión los razonamientos (iter lógico) del Tribunal de juicio que resultan defectuosos al momento de valorar la prueba, señalando concretamente el o los componentes de la sana crítica que fueron inobservados o erradamente aplicados; en ese contexto, la decisión de declarar improcedente su recurso de apelación restringida; y, en consecuencia, confirmar la Sentencia, resulta acertada.


Es pertinente aclarar que, no es suficiente demostrar la disconformidad con la resolución impugnada para poder referir la existencia de un quebranto o inobservancia de las normas penales o derechos y garantías constitucionales, por el contrario, se debe aludir de manera específica la contradicción, incoherencia, o error detectado en la estructura de sus razonamientos, en vez de emitir su propia interpretación de lo que se estima como correcto; y, ante la constatación de la existencia de la debida fundamentación en el Auto de Vista que otorgó respuesta a cada agravio denunciado en la apelación restringida, el motivo traído en casación deviene en infundado.

     

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el motivo del recurso de casación interpuesto por Víctor Hugo Mendoza Peña, de fs. 170 a 174.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA