TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 736/2015-RRC-L

Sucre, 30 de octubre de 2015


Expediente                  : Tarija 23/2011

Parte Acusadora                : Ministerio Público

Parte Imputada                : Dorian Arce Ibañez y otro

Delito                                : Estafa

Magistrada Relatora                : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 16 de agosto de 2015, cursante de fs. 152 a 154, Dorian Arce Ibañez, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 030/2011 de 4 de agosto de fs. 138 a 141 vta., pronunciado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, Hermes Iván Arce Conde y Juan José Arce Ibañez, por la presunta comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACION


I.1. Antecedentes


a)    Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 040/2009 de 23 de noviembre (fs. 117 a 121), el Tribunal Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, declaró a Dorian Arce Ibañez, autor de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiéndole la pena de dos años y seis meses de reclusión, mas multa de sesenta días a razón de Bs. 10.- (diez bolivianos) por día y costas a favor del Estado; y, a Hermes Iván Arce Conde, absuelto de la comisión del delito de Estafa previsto y sancionado por el art. 335 del CP.

b)    Contra la mencionada Sentencia, el recurrente formuló recurso de apelación restringida (fs. 125 a 128 vta.), resuelto por Auto de Vista 030/2011 de 4 de (fs. 138 a 141 vta.), pronunciado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, que declaró sin lugar el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada.


I.1.1. Del motivo del recurso de casación


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 686/2015-RA-L de 21 de septiembre (fs.164 a 165), se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre los cuáles, este Tribunal circunscribirá su análisis, conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


El recurrente sostiene que el Tribunal de alzada revalorizó las pruebas producidas en el juicio oral, al considerar que su persona participó en el hecho delictivo, por las declaraciones de Jenny Alba Miranda, Dilman Antonio Alba Romero, Máxima Valdez del Castillo y del menor AA para el traslado y permanencia en España de la víctima y otras personas; hechos que a su criterio, fueron nuevamente valorados contraviniendo los principios de inmediatez y concentración. Asimismo, señaló que el Tribunal de apelación al expresar “que no es evidente lo manifestado por el apelante que la sentencia se basa en hechos inexistente o no acreditados” (sic), revalorizó la prueba en transgresión a los principios de inmediación, concentración e inmediatez, invadiendo competencias ajenas reservadas exclusivamente al Tribunal de Sentencia. Citó el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003.


I.1.2. Petitorio


En base a los argumentos que expone, solicita la admisión del recurso y se emita resolución que deje sin efecto el Auto de Vista impugnado y determinando la doctrina legal aplicable, se ordene el reenvío del caso a otro tribunal.


I.1.3. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 686/2015-RA-L de 21 de septiembre, cursante de fs. 164 a 165 vta., este Tribunal, admitió el recurso de casación formulado por Dorian Arce Ibañez, respecto de las cuestiones especificadas en dicha Resolución, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación y establecido el ámbito de análisis del recurso, se tiene lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


La Sentencia 040/2009 de 23 de noviembre, con relación a los hechos, relacionó que los hermanos Juan José y Dorian Arce Ibañez, acordaron realizar traslado de personas a España, en esa intención Dorian Arce Ibañez, se contactó con Jenny Alba Miranda, a quien le manifestó que junto a su hermano que vive en La Paz, posibilitarían su viaje conjuntamente un grupo de personas, ofreciendo inclusive el pago de una semana de estadía en España, que tienen una representación cultural con convenio con una ONG de España, mostrando fotografías de personas que ya realizaron el viaje, siendo convencidos del resultado con la recomendación de que lleven ropa de baile, que conformado el grupo en la que estaban incluidos además de otras personas, su hermano, sus tres hijos menores y su persona, siendo que el costo del viaje fluctuaba entre dos mil a dos mil quinientos dólares americanos, que entregaron parte del dinero a Dorian Arce Ibañez y el resto sería entregado a su hermano Juan José Arce en la ciudad de La Paz, iniciando el viaje arribaron a Lima Perú, abordaron el avión con rumbo a España y en el aeropuerto de Madrid fueron deportados nuevamente a Lima por irregularidades en los pasaportes, permaneciendo en esa ciudad por casi un mes, decidiendo retornar buscaron a Dorian o Juan José, habiendo este último comprometido la devolución de dineros que no se cumplió.


En base a la prueba testifical, el Tribunal de Sentencia arribó a la convicción de que el imputado recurrente, aprovecho la necesidad de trabajo de las víctimas, sonsacando dineros, haciéndoles caer en error, prometiéndoles seguridad y confianza de su ingreso a España, sin que se hubiera procedido a la devolución de dineros; por lo que, en la parte resolutiva, dispone declarar a Dorian Arce Ibañez autor del delito de Estafa, condenándole a la pena de dos años y seis meses de reclusión.


II.2. Del Auto de Vista impugnado.


El Tribunal de alzada, por Auto de Vista 030/2011 de 4 de agosto, declaró sin lugar el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado Dorian Arce Ibañez y confirmó la Sentencia apelada, en base a los siguientes fundamentos:


Sobre el agravio referido a la errónea aplicación de ley sustantiva, estableció que la aplicación del art. 335 del CP a la conducta del imputado, por el Tribunal de Sentencia, fue realizado con la debida subsunción de los hechos al derecho, no siendo evidente el defecto de Sentencia establecido por el art. 370 inc. 1) del CPP, porque los elementos del tipo de Estafa están presentes en la conducta del imputado. Con relación a la inobservancia de la ley adjetiva, señaló que el sistema procesal penal, se rige sobre la base de determinados principios que materializan el debido proceso, tales como la oralidad, publicidad, concentración, continuidad, concentración e inmediación, que en el tema probatorio es preciso entender que los actos de investigación son generadores de evidencia y los actos de prueba determinan el valor de la información en la averiguación de la verdad y el procedimiento legal de la incorporación al juicio oral o actos de prueba, se producen en el juicio oral, ante el juez o tribunal que ha de pronunciar Sentencia, las declaraciones o entrevistas durante la etapa preparatoria son actos investigativos con valor informativo, pues la declaración testifical debe ser producida en el juicio oral de manera directa ante el órgano jurisdiccional, no obstante las dificultades de la actividad procesal que traban la continuidad de las audiencias, dificulta en la práctica diaria cumplir con el señalamiento de audiencias  en espacios cortos y de la revisión del acta de registro de juicio, se tiene que se ha decretado recesos, habiendo concluido el juico dentro del término razonable de tres días, sin que exista vulneración al principio de continuidad. Con relación a la declaración de la testigo Dilma Alba Romero, fue recepcionada en forma directa por el Tribunal, teniéndose en cuenta la inmediación y contradicción en su recepción, sin que se hubiere vulnerado el debido proceso o derecho a la defensa del imputado.


Sobre el agravio referido a la existencia de defecto absoluto contenido en el art. 169 inc. 3) del CPP, advierte que las contínuas interrupciones del juicio, no se enmarcan en las causales de suspensión del art. 335 del CPP, debiendo diferenciarse en el ámbito conceptual los términos de receso y suspensión. Finalmente, respecto al defecto de Sentencia establecido en el art. 370 inc. 6) del CPP, porque la Sentencia se basa en hechos inexistentes o no acreditados o en una valoración defectuosa de la prueba, el Tribunal de alzada refirió que el Tribunal a quo  arribó a la conclusión de la participación del imputado en el hecho delictivo, por las declaraciones de los testigos Jenny Alba Miranda, Dilman Antonio Alba Romero, Máxima Valdéz Castillo y del menor AA, respecto a las circunstancias del viaje, entrega de dineros y que en el Aeropuerto de Madrid fueron detenidos porque habían extranjeros que querían hacerse pasar por bolivianos porque tenían pasaportes falsos, siendo reportados a Lima retornando a Tarija desalentados, sin haber recuperado los dineros entregados; estableciendo, que no es evidente que la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados, haciendo notar que el A quo otorgó la credibilidad a esas declaraciones que al mismo tiempo se constituyen en víctimas directas de los hechos, no pudiendo ser tomada como defectuosa valoración por el contrario se concluyó sin lugar a dudas por la responsabilidad penal del recurrente.


III. VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCION DEL PRECEDENTE INVOCADO CON LA RESOLUCION IMPUGNADA.


Este Tribunal admitió el recurso de casación, abriendo su competencia a fin de verificar la existencia de contradicción del Auto de Vista impugnado con el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003 invocado como precedente contradictorio, ante la denuncia de revalorización de la prueba realizada por el Tribunal de alzada, en contravención de los principios de concentración e inmediatez, invadiendo competencias ajenas reservadas al Tribunal de Sentencia; por lo que, corresponde resolver la problemática planteada realizando la labor de contraste entre el precedente invocado y el Auto de Vista recurrido.


III.1.Doctrina legal aplicable asumida en el precedente invocado.


El recurrente, para fundar su recurso de casación, invocó como precedente contradictorio el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003, dictado en el proceso penal por el delito de Falsedad Ideológica y otros, en la que el Tribunal Supremo, determinó que el Auto de Vista emitido por el Tribunal de alzada, no está dentro de los alcances del art. 413 del CPP, al haber ingresado en revalorización de la prueba, al asumir que la conducta de los imputados no se adecua al tipo penal por el que fueron juzgados, disponiendo la anulación parcial de la Sentencia y pronunciando otra por la que declara la absolución de los imputados, sin tomar en cuenta que cuando se presenta esta figura, debe ordenar la reposición del juicio, indicando el objeto del nuevo juicio a sustanciarse por otro Juez o Tribunal; además, no tomó en cuenta que al Tribunal de apelación, no le está permitido revisar las cuestiones de hecho; sino, garantizar el debido proceso y correcta aplicación de la ley, siendo que la sentencia del tribunal de apelación no guarda coherencia y simetría necesaria entre los razonamientos esbozados en los considerandos y la parte dispositiva, que constituye el defecto previsto en el art. 370 inc. 8) del CPP; estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “Que de acuerdo a la nueva concepción doctrinaria la apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no siendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los jueces o tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales, los tratados internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la ley. Por ello no existe la doble instancia y el tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los siguientes aspectos: anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, cuando la nulidad sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio; y cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio resolverá directamente.


Conclusivamente, En aquellos supuestos en que el tribunal de alzada se incline por anular parcialmente la sentencia del juez o tribunal de sentencia, sea por la imposibilidad de reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación; por mandato del primer y segundo periodo del art. 413 de la Ley Procesal Penal, deberá indefectiblemente indicar el objeto concreto del nuevo juicio y remitir obrados a otro juez o tribunal para la reposición del mismo, en el marco de las garantías procesales, constitucionales y supranacionales que establecen los instrumentos internacionales. Cumplimiento que importa tener que salvar los vicios procedimentales y los fundamentos del hecho del proceso contenidos en la ratio decidendi de la presente resolución”.


III.2. Análisis del caso concreto.


La denuncia emergente del contenido del recurso de casación, alude que el Tribunal de apelación procedió a revalorizar la prueba testifical producida en el juicio oral, al considerar a su persona como participe de los hechos delictivos, en base a las declaraciones de Jenny Alba Miranda, Dilman Antonio Alba Romero, Máxima Valdez del Castillo y del menor AA, que fueron nuevamente valoradas en contravención a los principios de inmediatez y concentración. Asimismo, al haber asumido que no es evidente que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados, igualmente revalorizó la prueba y transgredió los principios mencionados de inmediatez y concentración, invadiendo competencias reservadas a los Tribunales de Sentencia.

Previamente, es menester dejar establecido que la actuación y límites de los Tribunales de alzada en la resolución del recurso de apelación restringida, se halla determinada por la competencia otorgada por el art. 51 inc. 2) del CPP; es así que, los arts. 407 y siguientes de la norma adjetiva penal, predisponen a partir de la naturaleza jurídica de este recurso dos aspectos, la primera referida a la incorrecta interpretación o aplicación de la ley (error in iudicando) o bien que la decisión de presunto agravio hubiere sido emitida a través de un procedimiento que no reúna requisitos o condiciones de validez (error in procedendo); de ello se desprende que la labor de los tribunales de apelación debe necesariamente estar apartada de una nueva valoración de la prueba producida en juicio, debiendo limitar su ámbito de decisión a la revisión de la sentencia de grado que posea fundamentos suficientes tanto descriptivos como intelectivos, sobre la valoración de la prueba, su coherencia, orden, idoneidad a los principios de la sana crítica, motivación eficaz, y que ofrezcan certidumbre sobre la decisión de condena o absolución según el caso.


En ese contexto el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida, tiene el deber de ejercer un efectivo control de la valoración de la prueba realizada por el Juez o Tribunal de Sentencia, a efecto de constatar si se ajusta a las reglas de la sana crítica y que se halle debidamente fundamentada; sin embargo, esto no supone un reconocimiento a la posibilidad de que aquel Tribunal, pueda ingresar a una nueva revalorización de la prueba o revisar cuestiones de hecho, por la característica de intangibilidad tanto de la prueba y de los hechos, que de hacerlo implicaría un desconocimiento de los principios rectores de inmediación y de contradicción, que rigen la sustanciación del juicio penal, incurriendo en un defecto absoluto no susceptible de convalidación que generan vulneraciones de los derechos a la defensa y al debido proceso.


En el caso presente, el Tribunal de apelación en el Considerando II, punto III.4.- en respuesta al motivo alegado por el recurrente en el recurso de apelación restringida, referido a la presunta existencia de defectos de sentencia en acuerdo al art. 370 inc. 6) del CPP, por Sentencia basada en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; alegó: “…se tiene que el Tribunal a quo llegó a conclusión de que el acusado ha participado del hecho delictivo por la declaración de…” (sic), que significa haber hecho referencia, al argumento arribado por el Tribunal de Sentencia, respecto a la participación del imputado en el hecho atribuido, emergente de la labor de valoración que efectuó de la prueba testifical de Jenny Alba Miranda, Dilman Antonio Alba Romero, Máxima Valdez del Castillo y del menor Horacio Martínez Alba, reproduciendo lo expresado en la Sentencia de la parte “IV.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y VOTOS DEL TRIBUNAL ACERCA DE LOS MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO” punto 1.; en cuyo mérito, no se advierte que la conclusión arrimada del análisis de la prueba realizado por el A quo, hubiere sido cambiado o se habría otorgado un entendimiento distinto por el Tribunal de alzada, capaz de provocar algún efecto en el recurrente, cuando tampoco se advierte ninguna situación que difiera de la Sentencia, porque el Auto de Vista confirmó el resultado de la misma; por lo que, no es coherente sostener la existencia de presunta revalorización cuando no existe ninguna consecuencia manifestada en el resultado final de la decisión o en la situación jurídica del recurrente.


En este sentido, las afirmaciones plasmadas en el Auto de Vista ahora impugnado que observa el recurrente y las transcripciones de partes de la Sentencia, de ninguna manera se constituyen suficientes para sostener que se ha procedido a revalorizar las pruebas; sino más bien, dicha actuación corresponde jurídicamente a la facultad que la ley le reconoce al Tribunal de alzada para ilustrar el ejercicio del control respecto a la sentencia emitida dentro de la presente causa, a los fines de establecer si el razonamiento jurídico efectuado por el Tribunal de Sentencia se adecuó a las reglas que impone el sistema de la sana crítica y establecer el aval valorativo integral realizado a dichas declaraciones, para llegar a determinar sobre la participación y responsabilidad del imputado frente a los hechos.


Es así, que el Tribunal de alzada al resolver el recurso de apelación formulada por la parte imputada y expresar criterios con razonabilidad, no sugieren infracción a la prohibición de revalorización de la prueba, menos desconocimiento de los principios de inmediatez y concentración; en consecuencia, se concluye  que no ingresó en contradicción con el precedente invocado, por el contrario, se constata que la Resolución cuestionada reúne las condiciones de validez necesarias, cuya decisión denota observancia de la doctrina legal contenida en el precedente citado, sin incurrir en defectos  absolutos inconvalidables o situaciones de vulneración de derechos y garantías fundamentales que afecten el debido proceso; por lo que, corresponde declarar infundado el recurso de casación formulado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art.  419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Dorian Arce Ibañez, cursante de fs. 152 a 154.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA