TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 735/2015-RRC-L

Sucre, 12 de octubre de 2015


Expediente                        La Paz 178/2010

Parte Acusadora                Edith Tamashiro Pasten

Parte Imputada                Ángel Severo Mamani Lima

Delitos                        Daño Calificado y otros

Magistrada relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2010, cursante de fs. 279 a 285 vta., Edith Tamashiro Pasten, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 471/2010 de 7 de septiembre de fs. 245 a 247 vta.; y, el Auto Complementario de 14 de octubre de 2010 a fs. 250, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por la recurrente contra Ángel Severo Mamani Lima, por la presunta comisión de los delitos de Daño Calificado, Daño Simple,  Alteración de Linderos, Perturbación de Posesión, Amenazas, Coacción, Instigación Pública a Delinquir, Difamación, Calumnias, Injurias, Tentativa de Despojo, Estelionato y Estafa, tipificados y sancionados por los arts. 358, 357, 352, 353, 293, 294, 130, 282, 283, 287 y 351, 335, 337 con relación al 8 del Código Penal (CP), respetivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 25/2006 de 17 de octubre (fs. 114 a 119 vta.), el Juez Tercero de Partido y Sentencia de la ciudad de El Alto, del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Ángel Severo Mamani Lima, autor y culpable de la comisión de los delitos de Alteración de Linderos, Perturbación de Posesión, Tentativa de Despojo, Daño Simple, Difamación e Injurias previstos y sancionados por los arts. 352, 353, 351, en relación al art. 8 además del 282 y 287 del CP, imponiéndole la pena de reclusión de tres años, más el pago de costas, además de daños y perjuicios; por otra parte, se lo absolvió de los delitos tipificados en los arts. 130, 358, 293, 294, 335 y 337 con relación al art. 8 del CP.


b)  Contra la mencionada Sentencia, el imputado Ángel Severo Mamani Lima formuló recurso de apelación restringida (fs. 139 a 141 vta.), subsanado fs. 181 a 182 vta., resuelto por Auto de Vista 561/07 de 7 de agosto de 2007 (fs.  187 a 189), que fue dejado sin efecto por Auto Supremo 181 de 26 de abril de 2010 (fs. 227 a 229); en cuyo mérito, la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció el Auto de Vista 471/2010 de 7 de septiembre, que anuló totalmente la Sentencia apelada y dispuso la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, disponiendo se dicte además nuevo Auto de apertura de juicio, todo conforme a ley; por otra parte, el Auto Complementario de 14 de octubre de 2010, rechazo la solicitud de Complementación y Enmienda interpuesto por la acusadora particular (fs. 250), dando lugar a la interposición del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso


Del memorial del recurso de casación de fs. 279 a 285 vta., y del Auto Supremo 414/2015-RA-L de 04 de agosto de fs. 297 a 298 vta., se analiza el motivo admitido en la presente Resolución, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), transcribiéndose el mismo a continuación.


La recurrente, en gran parte de su recurso señala que, tanto el Auto Supremo 169/2008 de 5 de abril, como el Auto Supremo 181 de 16 de abril de 2010, se constituirían en actos procesales defectuosos y vulneran derechos al no tener una debida fundamentación; con ese antecedente denuncia que, el Tribunal de apelación indebidamente anuló la Sentencia, fundamentando la ampliación de la acusación, sin considerar, que por la indicada ampliación el acusado fue declarado absuelto; además, indica que esa situación no causó perjuicio a la parte imputada, de manera que, sin que exista acreditación de lesión objetivamente perjudicial se dispone una insulsa e inmotivada nulidad que solo genera retardación de justicia y viola los derechos de la víctima a una tutela judicial efectiva.


I.1.2. Petitorio


El recurrente pide se admita el recurso de casación, se declare procedente y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista impugnado, disponiendo de modo expreso la ejecutoria de la Sentencia dictada en contra del imputado. 


I.2. Admisión del recurso


Conforme se señaló precedentemente, se determinó la admisión del único motivo del presente recurso de casación de manera excepcional vía flexibilización, mediante Auto Supremo 414/2015-RA-L de 04 de agosto, de fs. 297 a 298 vta.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1. De la acusación.


El Fiscal de Distrito de La Paz, por Resolución 198/04 de 13 de mayo, Autorizó la conversión de acciones, por los delitos de Daño Calificado, Amenazas y Coacción; con ese antecedente, por memorial de fs. 9 a 12 vta., Edith Tamashiro Pasten formalizó su querella y acusación particular contra Ángel Severo Mamani Lima, por los delitos de Daño Calificado, Amenazas, Coacción, Alteración de Linderos, Daño Simple, Tentativa de Despojo, Perturbación de Posesión, Instigación Pública a Delinquir, Difamaciones, Injurias y Calumnias, previstos y sancionados por los arts. 358, 357, 353, 352, 351, 293, 294 y 130 del CP, en concordancia con el art. 45 del mismo cuerpo legal; pidiendo se declare culpable al acusado dictándose sentencia condenatoria en su contra, agravando la pena en una mitad por existir concurso real; asimismo, se observa que una vez instalada la Audiencia de Juicio Oral la parte acusadora luego de escuchar la declaración del acusado, amplió la querella, por los delitos Extorsión, Estafa y Estelionato.


III.2. De la Sentencia.


En el primer apartado, subtítulo, RELACIÓN DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIAS, OBJETO DEL JUICIO, se observa que en el desarrollo del juicio oral la parte acusadora amplió su acusación, por los delitos de Estafa y Estelionato; y luego de señalar los motivos de hecho y derecho, el Juez Tercero de Partido y Sentencia de la ciudad de El Alto, llegó a las siguientes conclusiones: 1. Que por las testificales de cargo llegó al convencimiento de que los hechos del 19 y 31 de enero, además del 1 de febrero de 2004, resultan ser ciertos y veraces, por las cuales concluye, que el acusado protagonizó hechos dirigidos a perturbar la pacífica posesión, a suprimir y alterar linderos en el lote de la querellante, destrozando adobes y mojones del referido terreno; asimismo, expresó amenazas contra los albañiles que estaban en el lote. 2. Que, la anterior conclusión se encuentra reforzada por los resultados de la audiencia de inspección ocular practicada in situ; además, que el imputado no es conocido como vecino en el lugar y tampoco tiene alguna propiedad o lote de terreno en el lugar. 3. Que la conducta del imputado estuvo dirigida a perturbar la posesión con el propósito de apropiarse de los lotes que son motivos de la litis, porque además, el acusado a manera de amedrentamiento realizó escrituras en las paredes dirigidas a generar incertidumbre en la querellante en relación a la posesión y su derecho propietario. 4. Que por los panfletos producidos a computadora por el acusado se observa, que el imputado llego a proferir expresiones difamatorias contra la querellante, al expresar de manera reiterativa y tendenciosa que se trata de súbditos extranjeros, situación que ha afectado la reputación de la querellante, sindicaciones que al no ser ciertas, el Juez A quo, concluyó que esa conducta se constituye en delito de Difamación, tipificado por el art. 182 del CP. 5. Que el acusado abría adecuado su conducta al delito de Injurias, previsto en el art. 287 del CP, por haberle sindicado de loteadora a la querellante, haciéndole ver como una persona que se dedica a la venta de lotes de manera clandestina, expresión con la cual tenía el objetivo de ofender la dignidad de la acusadora. 6. Que el honor de las personas se halla protegido por la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes; por lo que, la parte afectada puede recurrir ante la autoridad jurisdiccional a efectos de buscar la protección o resguardo de ese derecho. 7. Que el accionar desarrollado por el imputado, tiene su adecuación típica en los delitos de Alteración de Linderos, Perturbación de Posesión, Daño Simple, Tentativa de Despojo, Difamación e Injurias, tipificados en los arts. 352, 353, 357 y 351 con relación a los arts. 8, 282 y 287 del CP. Delitos que tienen como objetivo el menoscabo del ejercicio de un derecho real, y respecto a los delitos de Difamación e Injurias, concluyó que el imputado tuvo el propósito de dañar el honor, la dignidad y reputación de la querellante, delitos cometidos de manera dolosa al haber cometido con conocimiento y voluntad del imputado. 8. Respecto a los delitos de Tentativa de Estelionato y Tentativa de Estafa, Amenazas, Coacción, Instigación Pública a Delinquir, Daño Calificado y Calumnias, el Juez de mérito concluyó que no existen pruebas que respalden que el acusado hubiera cometido los referidos delitos. 9. Determina que el imputado es culpable, por generar menoscabo en la posesión y el ejercicio de un derecho real de la querellante así como en su honor, actuando de manera dolosa, acciones que son constitutivas de los delitos tipificados por los arts. 352, 353, 351 con relación a los arts. 8, 357, 382 y 387 del CP. 10. Que las pruebas de descargo no tienen eficacia, por no ser uniformes; asimismo, determina que la prueba documental, como las certificaciones emitidas por el INRA y la HAM de El Alto no desvirtúan los hechos que motivaron la acusación. 11. Finalmente señala, que adquiere convicción y certeza sobre los hechos y responsabilidad penal del imputado Ángel Severo Mamani Lima en grado de autor de la comisión de los delitos de Alteración de Linderos, Perturbación de Posesión, Tentativa de Despojo, Daño Simple, Difamación e Injurias, imponiéndole la pena máxima del delito previsto en el art. 353 del CP, en consideración al concurso real previsto en el art. 45 del CP.

  

II.3. De la apelación restringida.


El imputado fundó la alzada, en los memoriales de fs. 139 a 141 vta., reiterado y ampliado en el memorial de fs. 181 a 182 vta., bajo las siguientes consideraciones que tienen relación al motivo del recurso de casación que se resuelve:


Autorizada la conversión de acciones por los delitos de Daño Calificado, Amenazas y Coacción, la parte acusadora podía ampliar su acusación conforme lo previene el art. 348 de la Ley 1970, y no como lo hicieron a tiempo de interponer la acusación, dejando de lado la autorización del Fiscal, lo que a decir del recurrente, significaría que las partes actúen a su libre albedrío, siendo que por los delitos que fue autorizada la conversión de acciones fue absuelto; además, indica entre los delitos que relata la acusación particular se encuentra el delito de Instigación Pública a Delinquir, que es un delito de acción Pública, delito sobre el cual no se habría dado la autorización de conversión, iniciándole un proceso por un delito de acción pública como si fuera un delito de acción privada, violando el art. 169 inc. 3) del CPP, en relación a sus derechos constitucionales, a la defensa, a un procesamiento legal y al debido proceso. 


II.4. Auto de Vista.


El recurso de apelación restringida y su ampliación, fue resuelto por Auto de Vista 471/2010 de 7 de septiembre, emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que en la parte resolutiva determinó anular totalmente la Sentencia y dispuso la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia, debiendo incluso dictar un nuevo Auto de apertura de juicio, con las siguientes consideraciones de hecho y derecho: El Auto Supremo 181 de 26 de abril de 2010, anuló el Auto de Vista recurrido, identificando el defecto absoluto, traducido en que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva por no haberse pronunciado sobre la denuncia realizada por el acusado en la apelación restringida, respecto a que en la tramitación de la causa se haya ampliado de manera ilegal la acusación por otros delitos de acción pública, por lo que en aplicación de dicho razonamiento, concluyó que, el Ministerio Público autorizó la conversión de acciones en consideración a que como principal delito estaba el de Daño Calificado, que en su contenido era eminentemente de carácter patrimonial, y que no existía un interés público gravemente comprometido, estableciendo que el proceso se debió realizar solamente por los delitos de Daño Calificado, Amenazas y Coacción, si bien el Juez de Sentencia es competente para conocer delitos de acción privada, evidenció que al momento de plantear su acusación la parte querellante, lo hizo por los delitos de acción privada, por lo cuales se autorizó la conversión de acciones; y, por otro delito de acción pública, como es el de Instigación Pública a Delinquir; sin embargo, este no fue autorizado por el Fiscal de distrito ni el Juez Instructor, determinando que el juicio se haya llevado con vicios, el Juez inferior al haber dictado el Auto de apertura de juicio también por un delito de orden público, que no fue autorizado por el Ministerio Público.


III. FUNDAMENTOS DEL FALLO Y VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIA


Formulado el recurso de casación, corresponde analizar y resolver el contenido del mismo, conforme al límite establecido en el Auto de admisión 414/2015-RA-L de 4 de agosto; a cuyo efecto, previamente, es necesario efectuar una puntualización sobre los aspectos que sirvan de sustento al presente fallo.


III.1. Marco legal y doctrinal.


III.1.1. Principios procesales aplicables.

Principio de verdad material.


El principio de verdad material, se constituye en uno de los pilares de la administración de justicia conforme dispone el art. 180. I de la CPE, que exige al juzgador, anteponer la averiguación de la verdad, teniendo como fin la justicia, ante cualquier formalidad. Esta exigencia, tiene como límite, no poner en indefensión a las partes, ni la infracción de derechos o garantías cuya relevancia sea de orden constitucional.


Este principio fue desarrollado, por el Auto Supremo 067/2013-RRC de 11 de marzo de 2013, que emitió la siguiente doctrina legal “El art. 180.I de la CPE establece como un principio constitucional el de la verdad material, desarrollada como la obligación que tiene todo juzgador en la labor efectuada sobre este principio, anteponiendo la verdad de los hechos antes que cualquier formalidad. Asimismo el art. 115.I de la referida Ley Fundamental, reconoce el derecho de acceso a la justicia, al disponer que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; este derecho, considerado como el que tiene, toda persona de recurrir ante un Juez o Tribunal superior competente e imparcial, para hacer valer sus pretensiones; también reconocido por los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el art. 8; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 8.2 inc. h); y, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 14….”


III.1.2. Nulidad y principio de trascendencia.


La nulidad procesal, de manera general, significa castigar con ineficacia algún acto jurídico llevado a cabo en el proceso con inobservancia de algunos de los requisitos que la ley establece para su validez.


El Código de Procedimiento Penal, regula el régimen de nulidades en materia procesal penal al establecer en su art. 167 que: No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado.


En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causaran agravio”.


El art. 170 del CPP, refiere: “Los defectos relativos quedarán convalidados en los siguientes casos:


1. Cuando las partes no hayan solicitado oportunamente que sean subsanados;


2. Cuando quienes tengan derecho a solicitarlo hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto; y,


3. Si no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin con respecto a todos los interesados” (Las negrillas son nuestras).


Los defectos previamente descritos, se encuentran directamente vinculados a los principios procesales que rigen las nulidades; sin embargo, la nulidad procesal encuentra su límite en los principios que la rigen y a su vez excluyen los actos de la nulidad procesal; pues, bajo ningún aspecto se puede consentir el uso indiscriminado de esta institución, que de forma lógica atenta al principio de celeridad que es una de las características principales de nuestro actual sistema procesal; por lo que, resulta trascendental  dejar sentando que no todo defecto y/o irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento tiene como efecto la nulidad, tal cual señala nuestra normativa.


Además, es necesario considerar que el principio de trascendencia (pas nullite sans grief), que significa que “no hay nulidad sin perjuicio”; es decir, que únicamente es posible declarar la nulidad, cuando los defectos procedimentales denunciados provoquen un daño de tal magnitud que dejen en indefensión material a las partes y sea determinante para la decisión adoptada en el proceso judicial, debiendo quedar claro, que de no haberse producido dicho defecto, el resultado sería otro, o que el vicio impida al acto cumplir con las formalidades para el cual fue establecido. Para que opere la nulidad (art. 169 del CPP), quien la solicite debe: i)  Alegar el perjuicio o daño, señalando de forma clara, cuál el acto que no pudo realizar o que se realizó incumpliendo las formas procesales, no resultando suficiente una invocación genérica de algún defecto, sin explicación clara y precisa de dichas circunstancias; ii) Debe acreditar de forma específica la existencia de perjuicio cierto, concreto y real en desmedro de sus derechos y/o garantías constitucionales, demostrando que la única forma de enmendar el error es por medio de la declaratoria de nulidad; iii) Debe existir interés jurídico en la subsanación; por lo que,  quien solicita nulidad, debe explicar por qué la solicita; toda vez, que el argumento de impetrante es el que permite, al juzgador, establecer el ámbito de pronunciamiento. 


El principio de Subsanación, que establece que no hay nulidad sin el vicio alegado, no influye en el sentido o resultado del fallo o en las consecuencias del acto viciado; por lo que, puede ser objeto de subsanación sin que afecte al fondo del proceso.


Estos principios, orientadores de las nulidades, deben ser interpretados de manera restrictiva cuando se alegue nulidad, tomándose en cuenta el interés y la magnitud del detrimento ocasionado, toda vez que “no hay nulidad por la nulidad misma”, sino, requiere para su declaración, que el incumplimiento de las formas se traduzca en un efectivo detrimento a los intereses de la defensa; es decir, que este tenga relevancia constitucional, lo contrario implicaría aceptar nulidades con base en un excesivo formalismo, que en muchos de los casos daría lugar a la invalidación de una gran cantidad de actos y en algunos casos de procesos, afectando con ello la búsqueda de la verdad material, por errores u omisiones involuntarias, en clara infracción al principio de celeridad (art. 115.II de la CPE).


Respecto a los defectos absolutos, este Tribunal de justicia, estableció línea jurisprudencial en el Auto Supremo 021/2012-RRC  de 14 de febrero de 2012, señalalando que: “El Código de Procedimiento Penal, tiene por finalidad regular la actividad procesal, en cuyo trámite pueden presentarse dos tipos de defectos, los absolutos y los relativos, que se diferencian en que los primeros no son susceptibles de convalidación y los otros quedan convalidados en los casos previstos por la norma; destacando, que la diferencia sustancial de los defectos absolutos y relativos, radica que el defecto absoluto, implica el quebrantamiento de la forma vinculado a la vulneración de un derecho o garantía constitucional; en cambio, en el defecto relativo al no afectar al fondo de las formas del proceso, pueden convalidarse si no fueron reclamados oportunamente, si consiguieron el fin perseguido respecto a todas las partes y cuando quien teniendo el derecho a pedir que sean subsanados, hubiera aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto defectuoso; a esto debe añadirse que las formas procesales precautelan el ejercicio de los derechos de las partes y las garantías constitucionales; en consecuencia, no se puede decretar la nulidad, sino sólo cuando hay un defecto que por haber causado una afectación a un derecho o garantía constitucional se constituye en absoluto; es decir, la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, pues es necesario que ese quebrantamiento haya afectado los derechos de alguna de las partes y que ésta haya demostrado el agravio para poder solicitar la anulación del acto denunciado de ilegal” (Las negrillas son nuestras).


III.2. Análisis del caso en concreto.


En el caso de autos se tiene, que el recurrente acusa que el Tribunal de apelación indebidamente anuló la Sentencia, con el argumento de haber ampliado la acusación, sin considerar que por los delitos, que se amplió la acusación, el acusado fue declarado absuelto, señalando además, que la referida ampliación de acusación, no habría causado perjuicio alguno al imputado; por lo que, a su criterio la anulación de la Sentencia es insulsa que sólo genera retardación de justicia y viola los derechos de la víctima.


Del análisis detenido del recurso de casación, y de todos los antecedentes del proceso, se observan tres momentos o circunstancias que son determinantes para dilucidar el caso de autos, siendo los mismos los siguientes: 1. Que la conversión de acciones fue autorizada por los delitos de Daño Calificado, Amenazas y Coacción; 2. Que el memorial de acusación particular fue presentado por los delitos de Daño Calificado, Amenazas y Coacción delitos sobre los cuales se autorizó la conversión- además se incluyó los delitos de Alteración de Linderos, Daño Simple, Despojo, Perturbación de Posesión, Difamación, Injurias, Calumnias e Instigación Pública a Delinquir este último de acción pública por el cual el Auto de Vista ahora recurrido anuló la Sentencia-; y 3. Que en juicio oral, luego de escuchar la declaración del acusado, la parte acusadora amplía la acusación por los delitos de Tentativa de Estafa y Tentativa de Estelionato.


La Sentencia, declaró absuelto al acusado por los delitos que fueron convertidos por el Fiscal señalados en el punto 1 del párrafo anterior; además, de los delitos que fueron ampliados en la audiencia de juicio oral, citados en el punto 3 del párrafo anterior; asimismo, se lo absolvió por el Delito de INSTIGACIÓN PÚBLICA A DELINQUIR interpuesto en el memorial de acusación punto 2-; se lo declaró culpable por los Delitos de Alteración de Linderos, Perturbación de Posesión, Tentativa de Despojo, Daño Simple, Difamación e Injurias -delitos denunciados en el memorial de acusación-.


Al respecto se tiene, que el Delito de INSTIGACIÓN PÚBLICA A DELIQUIR, fue incluido en el segundo momento, es decir a tiempo de interponer el memorial de acusación particular de fs. 9 a 12 vta., advirtiéndose que al respecto el acusado no realizó ninguna observación o impugnación contra la querella o acusación, mas al contrario se observa que por memorial de fs. 42 a 43 responde a la acusación, presentando la prueba de descargo.


En definitiva se concluye que, no obstante constituir un defecto procesal que una persona sea procesada y condenada por un delito de acción pública dentro de la tramitación de un proceso penal de carácter privado; en el caso concreto se advierte que, a pesar de haberse acusado indebidamente al imputado por el delito de Instigación Pública a Delinquir, delito que conforme se señaló ut supra, es un delito de acción pública, en el que necesariamente tenía que participar el Ministerio Público, o autorizar su conversión; se debe considerar que el Juez de mérito lo declaró absuelto por el referido delito; en consecuencia, la acusación por el referido tipo penal, no le causó daño o perjuicio alguno; puesto que, conforme a los principios que rigen las nulidades procesales, desarrollados en el acápite III.1 de la presente Resolución, para determinar la anulación de la Sentencia, no basta con la constatación de haya sido incluido un delito de acción pública en el proceso de acción privada sin la debida autorización del Fiscal o Juez Instructor, sino también debe determinarse si eliminando hipotéticamente ese delito, y desarrollado nuevamente el proceso penal se llegaría a otro resultado.


Entonces, resultando que en el caso de autos, la Sentencia anulada por el Tribunal de alzada, condenó al acusado por otros delitos de acción privada y conforme se mencionó de manera reiterada, le absolvió por el delito de Instigación Pública a Delinquir, se concluye que la anulación de la Sentencia y consecuente reenvío sólo implicaría poner en funcionamiento todo el aparato jurisdiccional, para llegar al mismo resultado, en directo detrimento de los sujetos procesales a quienes se les privaría de acceder a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, porque en el proceso se dilucidan hechos y no así tipos penales; en consecuencia, corresponde al Tribunal de apelación emitir nueva Resolución conforme a los principios procesales pertinentes  y los principios que rigen las nulidades.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO, el recurso de casación de fs. 279 a 285 vta. interpuesto por Edith Tamashiro Pasten, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 471/2010 de 7 de septiembre de 2010, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie un nuevo Auto de Vista en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces en materia penal de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA