TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 733/2015-RRC-L

Sucre, 20 de octubre de 2015


Expediente                        : La Paz 170/2010

Parte Acusadora                : Pedro Lima Maquera

Parte Imputada                : Samuel Mayta Condori

Delitos                        : Apropiación Indebida y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2010, cursante de fs. 500 a 503, Samuel Mayta Condori, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 85/2010 de 20 de octubre, de fs. 485 a 486 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Pedro Lima Maquera, en representación Legal de la Iglesia Evangélica Luterana Boliviana contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I.DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)  En mérito a la acusación particular (fs. 9 a 12), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 013/2010 de 8 de junio (fs. 435 a 442), el Juzgado Quinto de Sentencia en lo Penal del Distrito Judicial de La Paz, declaró al imputado Samuel Mayta Condori, autor de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos por los arts. 345 y 346 del CP, imponiéndole la pena de tres años de privación de libertad, así como la reparación de daños, perjuicios y costas a imponerse en ejecución de sentencia.


b)  Contra la mencionada Sentencia, el acusador particular Pedro Lima Maquera (fs. 456 a 457 vta.), y el imputado Samuel Mayta Condori (fs. 460 a 466 vta.), formularon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 85/2010 de 20 de octubre, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró admisibles e improcedentes los referidos recursos, confirmando la Sentencia  apelada.


I.1.1. Motivo del recurso


Del recurso de casación y del Auto Supremo 410/2015-RA-L de 4 de agosto, se extrae el siguiente motivo, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP):


El recurrente reclama que el Tribunal de alzada, no compulsó de manera adecuada todos los actuados de la sentencia, señalando en el tercer considerando del Auto de Vista, que la Jueza Quinto de Sentencia, hubiera estado presente en todos los actos y momentos de la producción de la prueba, lo cual no fue evidente, pues, el juicio fue presidido por el Juez Sexto de Sentencia, quien recibió las declaraciones y atestaciones de los testigos, y no sería evidente que todos los elementos de prueba fueron de conocimiento directo de la Jueza Quinto de Sentencia quien no tuvo la oportunidad de escuchar lo manifestado por los declarantes, que sólo hubiera leído las actas, lo cual no fue suficiente para valorar las declaraciones de los testigos y dictar Sentencia condenatoria, transgrediendo el principio de inmediación conllevando a que se vulnere el Juez Natural, el Debido Proceso y la Seguridad Jurídica, previstos en los arts. 169 inc. 3), 330 y 371 inc. 3) del CPP.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita se anule el Auto de Vista impugnado, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia y se disponga el pronunciamiento de uno nuevo que anule totalmente la sentencia y ordene la reposición del juicio por otro tribunal.

I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 410/2015-RA-L de 7 de agosto, cursante de fs. 795 a 798 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por el recurrente, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1. Acusación.


El acusador particular, Pedro Lima Maquera, en representación de la Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, formuló querella y acusación particular contra el imputado Samuel Mayta Condori, precisando que: el imputado cometió los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, argumentando que la institución sin fines de lucro a la que representa se dedica a ayudar a diferentes sectores, por lo que el 21 de septiembre del 2004, suscribió un convenio internacional entre la Iglesia Evangélica Boliviana Luterana y el Gobierno Municipal de Mocomoco, Segunda Sección Municipal de la Provincia Camacho del Departamento de La Paz, donde se llevó a cabo la instalación de agua potable a las Comunidades de Iñita Grande, Chojasquia y Juchupampa; en dicho convenio la Iglesia Evangélica Luterana Boliviana se comprometió a la ejecución de toda la obra y como contraparte el Gobierno Municipal de Mocomoco, erogó la suma de Bs. 150.000.- que nunca ingresó en la cuenta de la institución, porque el imputado que entonces ocupaba el cargo de Secretario de Desarrollo Social de la mencionada iglesia, aprovechando el cargo y la confianza otorgada por los directivos de la Iglesia, cobró los dineros de la entidad edilicia, siendo, que en una primera instancia, el 12 de julio de 2004, recogió Bs. 80.000.- y el 30 de septiembre de 2004 la suma de Bs. 70.000.- sin presentar descargos correspondientes a las autoridades de la iglesia, ocultó de forma maliciosa toda la documentación que fue obtenida mediante órdenes judiciales, aclarando que la entidad tenía y tiene cuentas bancarias donde debieron ser depositados esos montos de dineros por el imputado, quien apropiándose de dineros que no le pertenecían, encuadró su conducta a los tipos penales acusados, cometiendo una conducta antijurídica; por lo que solicitó la aplicación de concurso real de delitos y pago de daños y perjuicios.


II.2. Sentencia.


Desarrollado el Juicio Oral, el Juzgado Quinto de Sentencia en lo Penal, dictó la Sentencia condenatoria 013/2010 de 8 de junio, contra Samuel Mayta Condori, declarando su autoría en los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, condenándole a la pena de tres años de privación de libertad, así como la reparación de daños, perjuicios y costas a imponerse en ejecución de sentencia, con los siguientes argumentos:


Estableció que entre la Iglesia Evangélica Luterana Boliviana y la Alcaldía Municipal de Mocomoco, se habrían efectuado convenios destinados a proyectos referidos a la provisión de agua potable para las comunidades de Iñita Grande, Chojasquia y Juchupampa, habiendo la citada Iglesia efectuado los trabajos correspondientes, así como la Alcaldía cancelado el monto de contraprestación a través de los cheques 02580 girado el 12 de julio del 2004 por Bs. 80.000,  02753 por Bs. 30.000,  02761 por Bs. 20.000 y 02755 por Bs. 20.000, éstos últimos tres, girados el 28 de septiembre de 2004, que fueron cobrados por Samuel Mayta Condori. Sin embargo, se estableció que del pago y cobro del primer cheque por la suma de Bs. 80.000, tenía conocimiento el entonces Presidente de la Iglesia Rvdo. Humberto Ramos; empero, de lo que no se tuvo certeza absoluta es de que la segunda suma de Bs. 70.000 haya sido entregada a la misma persona o se haya invertido en el pago de materiales de construcción u otros, puesto que no se acreditó por ningún medio esa situación. De todos los aspectos se llegó a establecer principalmente de la declaración voluntaria del imputado que prestó ante el Juez 6to de Sentencia, así como de las deposiciones de los testigos de cargo y de descargo, de la documental judicializada por ambas partes, así como de la Audiencia de Alegatos y Conclusiones,  que el accionar del  acusado se adecuó a los tipos penales previstos por los arts. 345 y 346 del CP, referidos a la Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, por lo que pronunció sentencia condenatoria, a cuyo efecto si bien el acusado reconoció haber recibido el monto de Bs. 150.000, el monto que no ingresó a las cuentas de la Iglesia es de sólo Bs. 70.000, monto que de todas maneras debió ser depositado en las cuentas de la Iglesia, de la cual el imputado era el responsable de Desarrollo Social.


II.3. Apelaciones restringidas.

Notificadas las partes con tal determinación, el acusador particular Pedro Lima Maquera, en representación legal de la Iglesia Evangélica Luterana, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 456 a 457 vta.), así como el imputado Samuel Mayta Condori (fs. 460 a 466 vta.), quien, teniendo en cuenta la problemática planteada en casación, alegó que el Tribunal de Sentencia incurrió en defecto absoluto por vulneración de los principios de unidad, inmediación, continuidad del juicio oral, argumentado que la propia Jueza de mérito reconoció la flagrante fractura del debido proceso en el que incurrió al señalar que ante la recusación de la parte acusadora, dispuso la remisión del proceso al Juzgado siguiente en número; es decir, al Juzgado Sexto de Sentencia, quien recibió las atestaciones de los testigos de cargo y descargo,  que a pesar de que la Jueza Quinta de Sentencia no tuvo oportunidad de recibir de manera directa y mediata las declaraciones de los testigos, la mencionada autoridad jurisdiccional, en la Resolución de Sentencia, bajo el subtítulo de fundamentación jurídica y contraste intelectivo de la comunidad de pruebas, señaló que su autoridad valoró cada uno de los elementos de prueba producidas por las partes, al amparo del art. 173 del CPP, demostrando que de manera palmaria la Jueza no tuvo la oportunidad de valorar la prueba testifical ofrecida por ambas partes y que para llegar al conocimiento de lo referido por los testigos propuestos dentro de la presente causa, tuvo que recurrir a las actas de juicio, viciando de nulidad el acto procesal, contraviniendo los arts. 13 y 172 del adjetivo procesal penal.


II.4. Auto de Vista.


El Tribunal de apelación, emitió el Auto de Vista 85/2010 de 20 de octubre, por el que declaró admisibles e improcedentes los recursos interpuestos por ambas partes y confirmó la Sentencia condenatoria, concluyendo respecto a la denuncia identificada precedentemente, que el recurrente no señaló cuál el o los derechos vulnerados y que de la de la revisión de obrados se evidenció que el proceso, se desarrolló de forma normal y en estricta aplicación de la norma procesal; agregando que la Ley de Organización Judicial prevé la posibilidad de que un Juez sea suplido por otro; por lo tanto, el haberse desarrollado el juicio oral, ante otra autoridad, en suplencia legal, no es un defecto absoluto, es más el art. 13 del CPP solamente se referiría únicamente a medios de  la valoración de elementos de prueba, que no establece, que la suplencia legal, constituya vulneración de derechos y garantías o de normas legales; asimismo, el art. 172 del mismo cuerpo legal, se referiría a la inobservancia de formalidades, no pudiendo considerarse una formalidad la suplencia legal, la que fue dispuesta por la entonces Corte Superior del Distrito.


VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS


El presente recurso fue admitido por la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, ante la denuncia formulada por el recurrente en sentido de que la Jueza de Sentencia pronunció sentencia condenatoria pese a no recibir las declaraciones y atestaciones de los testigos, en vulneración del principio de inmediación, aspecto no compulsado adecuadamente por el Tribunal de alzada, por lo que corresponde verificar la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales.


III.1. Del debido proceso y el principio de inmediación.


El art. 115.II de la CPE, establece que: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones", precepto constitucional que encuentra su desarrollo y consagración práctica en la estructura del vigente  sistema penal, que se caracteriza por la oralidad, que a su vez está integrada por los principios de inmediación, contradicción, publicidad y continuidad, sobre los cuales debe desarrollarse el juicio con la fundamentación tanto de la acusación como de la defensa, la introducción de la prueba, el alegato de las partes y finalmente, en los plazos establecidos, el pronunciamiento de la Sentencia, resultando obligación de los Jueces y Tribunales, interpretar y aplicar los principios establecidos en armonía con las garantías jurisdiccionales y los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional.


En coherencia con lo anterior, se tiene al principio de inmediación, entendido como el contacto directo y permanente que debe existir entre el juzgador con las partes y la prueba, siendo dicho contacto más directo cuando se trata de la audiencia de juicio oral. En ese entendido MIXAN MASS, describe este principio señalando que la "inmediación es una condición necesaria para la concreción de visu y audito de la oralidad en el mismo lugar, acto y tiempo. Es la relación interpersonal directa: frente a frente, cara a cara entre el acusado y el juzgador, entre el acusado y el acusador, entre el acusado y los defensores y entre estos y el juzgador y el acusado respectivamente, también entre el testigo y el perito. El acusador y el juzgador, entre el agraviado y el actor civil y el tercero civilmente responsable. Es decir es una relación interpersonal directa de todos entre sí y a su turno" (Guía de actuaciones para la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal. Morales Vargas. Alberto J. Primera Edición; La Paz - 2004, Derechos Reservados GTZ).


Este principio que exige que el juicio se desarrolle con la presencia ininterrumpida de los Jueces y que "importa que el Juez debe elaborar la Sentencia de acuerdo con las impresiones personales que obtiene de las partes y de los medios de prueba en el curso del juicio oral" (Claus Roxín, Derecho Procesal Penal), se halla regulado en el art. 330 del CPP, respecto al cual este Tribunal mediante Auto Supremo 011/2013-RRC de 6 de febrero, expresó el siguiente criterio: “…el art. 330 del Código Adjetivo Penal, refiere que el juicio se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces y de todas las partes; además, en el sistema acusatorio establecido en el Código de Procedimiento Penal vigente, el juicio oral y público es la verdadera garantía para un proceso donde se respete el debido proceso y se otorgue el acceso a la justicia de la manera más amplia; entonces es, en esta fase del proceso penal en el que durante el contradictorio las partes debaten los elementos probatorios que fueran reunidos en la etapa preparatoria, subsanados en la etapa intermedia, para que frente a un juez o Tribunal se lleve a cabo la audiencia bajo los principios rectores de inmediación, contradicción, oralidad, publicidad y continuidad. Es decir, que en este sistema penal estos principios tienen como consecuencia que el juez o Tribunal de juicio sea el único órgano revisor jurisdiccional habilitado para determinar y fijar los hechos históricos acaecidos, a través del análisis crítico de las pruebas y de conformidad a la reconstrucción del iter criminis que las partes van realizando a lo largo del proceso, toda vez que son los únicos que pueden valorar la prueba judicializada en el debate bajo los principios de inmediación, concentración y contradicción que rigen el juicio oral y público”.


III.2. El Juez natural y seguridad jurídica.


El debido proceso supra referido, entre otros elementos está compuesto o integrado por el juez natural e inherentemente, la seguridad jurídica, principios y garantías que emergen del art. 117 de la CPE que señala: "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada" y en relación a este, el art. 120.I de la CPE señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa”; además, el art. 122 de la misma CPE, establece: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley", siendo este el marco constitucional que sustenta el principio del juez natural, que es entendido por la doctrina como el juez competente que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial, y así también lo establece el art. 12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) señala: "(Competencia) Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto", por lo que se concluye que el Juez natural, es aquel predeterminado por la ley, además de competente, independiente e imparcial.


III.3. Análisis del recurso planteado.


Con los antecedentes hasta ahora citados y por la característica del motivo alegado en el presente recurso, conviene remitirse al contenido del acta de audiencia del juicio oral y público, así se tiene que:


Presentada la acusación particular el 13 de mayo de 2009, fue sorteada y posteriormente radicada por ante el Juzgado Quinto Sentencia del Distrito Judicial de La Paz, a cargo de la Jueza Lucía Fuentes Nina, quien llevó a cabo la audiencia de conciliación el 10 de agosto de 2009 (fs. 39 vta.), sin que haya prosperado ningún acuerdo, motivo por el cual se dispuso la realización de los actos preparatorios para audiencia de juicio oral, señalando apertura de juicio oral para el 2 de octubre del 2009. Instalada la audiencia de juicio oral, por la misma autoridad judicial, se concedió la palabra a la parte querellante para su alegato inicial y seguidamente la defensa opuso excepciones de Extinción de la Acción por Conciliación, Extinción de la Acción por Prescripción, Prejudicialidad y Falta de acción (fs. 111 y 113 vta.), resueltas mediante Resolución 023/2009 de 19 de octubre, por la cual la Jueza Quinta de Sentencia en lo Penal, declaró probada la excepción de prescripción e improbadas las restantes, siendo revocada esa decisión en apelación por Auto de Vista 842/2009 de 16 de diciembre, emitido por la Sala Penal Primera del Distrito Judicial de La Paz (fs. 284 a 286 vta.).


Posteriormente la parte querellante formuló recusación en contra de la Jueza Lucía Fuentes Nina, quien se allanó a la pretensión mediante Auto 10 de 3 de marzo de 2010 (fs. 301 vta.), que en consulta mereció el Auto de Vista 207 de 15 de abril de 2010, que rechazó la recusación y dispuso que la Jueza reasuma el conocimiento de la causa.

El 8 de abril de 2010, el Juez Sexto de Sentencia en lo Penal (en suplencia legal) Delfor E. Ríos Arrueta, señaló audiencia de juicio oral para el 20 de abril de 2010 (fs. 310); consiguientemente, en la fecha señalada, se reinstaló la audiencia de juicio oral bajo la dirección del nombrado Juez (fs. 316 y ss.), recibiéndose la declaración del imputado, así como de los testigos de cargo, Luis Cristóbal Alejo Fernández y Javier Gutiérrez Flores,  señalando nuevo día y hora para prosecución de juicio para el 30 de abril del mismo año, a solicitud de la parte querellante. Reinstalada la audiencia el 30 de abril de ese año (fs. 353), bajo la dirección del Juez Sexto de Sentencia, se continuó con la recepción de los testigos de cargo Juan Miguel Parapo Mamani, Lorenzo Uturunco Mamani, Rufino Tito Aguilar, Rodolfo Fredy Catunta Nacho, Marcelino Uvaldo Osco Osco; judicializándose parte de la prueba literal de cargo y de descargo, suspendiéndose la audiencia para el 10 de mayo de 2010.


El 25 de mayo de 2010, a solicitud de la parte querellante, la Jueza Quinto de Sentencia, Lucía Fuentes Nina (reincorporada), señaló audiencia de prosecución de juicio oral para el 4 de junio de 2010 (fs. 419 vta.), actuación en la cual la parte querellante renunció a los dos testigos que faltaban por testificar y se procedió a judicializar las pruebas documentales de cargo y descargo, para posteriormente continuar audiencia el 8 de junio de 2010, donde las partes plantearon sus alegatos conclusivos y finalmente, la citada Jueza emitió la parte resolutiva de la Sentencia, declarando al imputado Samuel Mayta Condori, autor de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, condenándole a sufrir la pena privativa de libertad de tres años de reclusión (fs. 435 a 442).


Precisados estos antecedentes, conviene recordar que el fundamento del recurso de casación respecto al cual, este Tribunal abrió su competencia conforme se establece del Auto Supremo 410/2015-RA-L de 4 de agosto, está referido a la denuncia contra el Auto de Vista impugnado, que confirmó la Sentencia 013/2010 de 8 de junio, pese a la vulneración del principio de inmediación en el planteamiento del recurrente, al haber recibido el Juez Sexto de Sentencia, las declaraciones y atestaciones de los testigos; para posteriormente ser la Jueza Quinto de Sentencia la que sin valorar las mismas, emitiera Sentencia condenatoria.

Ahora bien, considerando los criterios doctrinales expuestos en el acápite III.1. de la presente Resolución respecto al principio de inmediación, se tiene que el espíritu del art. 330 del CPP, busca garantizar un contacto directo de las partes y la prueba testifical de forma concentrada en el curso del juicio oral, público y con todas las garantías procesales, actuados en base a los cuales el Juez emitirá la Sentencia, hecho que tiende a garantizar que el Juez que presenció de manera ininterrumpida el juicio en la recepción de las atestaciones testificales sea quien emita la Sentencia, y no un Juez que no tuvo esa relación directa con los testigos.


En el caso presente, conforme se advierte de los antecedentes expuestos, el juicio fue sorteado al Juzgado Quinto de Sentencia de La Paz cuya titular (Lucía Fuentes Nina), radicó la causa, instalando la audiencia de conciliación en la que las partes no llegaron a ningún acuerdo, motivo por el cual se instaló la audiencia de juicio en la que la parte imputada opuso excepciones y como consecuencia de ello, dictó Resolución declarando probada la excepción de Prescripción, motivando la formulación de recusación en su contra, llegando a ser suplida por el Juez Sexto de Sentencia (Delfor E. Ríos Arrueta), que en el caso en análisis, intervino en el desarrollo del juicio oral, específicamente en la fase destinada a la actividad probatoria testifical de las partes y judicializando parte de las pruebas documentales de ambas partes, para nuevamente intervenir la Jueza Quinto de Sentencia, siguiendo con el trámite del juicio oral, judicializando las restantes pruebas documentales de cargo y descargo y a los fines de que las partes expongan sus alegatos conclusivos, emitiendo finalmente la Sentencia condenatoria.


Por lo señalado, se establece que dos Jueces unipersonales conocieron y tramitaron de manera alterna las distintas fases del juicio oral, por lo que este Tribunal, considera que se vulneró flagrantemente el principio de inmediación establecido en el procedimiento penal y como consecuencia directa, el debido proceso a que tienen derecho las partes, pues cabe recordar, que es deber del Estado garantizar este derecho fundamental de las personas, el cual tiene íntima relación con el derecho a una justicia plural, pronta, oportuna, efectiva, transparente y sin dilaciones (art. 115 de la CPE), derechos que además se encuentran consagrados no sólo en la Constitución Política del Estado, sino también en el Código de Procedimiento Penal, pues éste desarrolla y concretiza las garantías y derechos fundamentales establecidos en ella, por esa razón, el juicio oral como las actuaciones en él efectuadas, deben estar garantizadas por una continuidad efectiva, y con ello lograr también la consumación del principio de inmediación, el que no puede ser interrumpido o quebrantado por la sustitución del Juez que tramitó de inicio el juicio oral en la recepción de las atestaciones de los testigos, como ocurrió en el presente caso, pues ante la posible acefalía, suspensión o cualquier otra razón legal que hubiera impedido a la titular del Juzgado Quinto de Sentencia donde fue sorteado el juicio, le correspondía conocer, tramitar y concluir el juicio con la emisión de la Sentencia al Juez suplente legal y de ninguna manera podían interactuar alternamente (inmediación) con las partes y la prueba, Jueces diferentes, desconociendo con ello no sólo el principio de inmediación, sino también otros principios (concentración y continuidad) que rigen el sistema penal acusatorio, incurriendo de esta manera en defectos absolutos, no susceptibles de convalidación. Sumado a las deficiencias anotadas, también concurre una evidente vulneración del debido proceso en su elemento al Juez natural (competente) y la seguridad jurídica, pues no otra cosa significa que habiendo conocido de inicio el juicio un determinado Juez, otro recepcione las declaraciones testificales y otro concluya el juicio oral emitiendo Sentencia, lo que amerita la nulidad de sus actos.


Es menester dejar constancia que este entendimiento fue asumido por este Tribunal, a través del Auto Supremo 195/2014-RRC de 15 de mayo, que si bien declaró infundado el recurso de casación que fuera interpuesto, concluyó que la decisión asumida por el Tribunal de alzada de anular la Sentencia pronunciada y disponer la reposición del juicio era correcta, ante la constatación de que dos Jueces unipersonales conocieron y tramitaron de manera alterna las distintas fases del juicio oral, incluida la actividad probatoria de las partes, en vulneración del principio de inmediación.


Todos estos aspectos, no fueron considerados por el Tribunal de alzada a tiempo de emitir el Auto de Vista impugnado, motivo por el cual, este Tribunal llega a la conclusión de que no obró correctamente al declarar la improcedencia del recurso interpuesto por Samuel Mayta Condori y confirmar la Sentencia 013/2010 de 8 de junio; en cuyo mérito, el presente recurso deviene en fundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 85/2010 de 20 de octubre y determina que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420 del CPP; remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA