TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 730/2015-RRC-L

Sucre, 12 de octubre de 2015


Expediente                        : Beni 3/2011

Parte Acusadora                : Empresa “Hermanos Cárdenas S.R.L.”

Parte Imputada                : Juan Alberto Peñarrieta Alpire

Delitos                : Apropiación Indebida y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de abril de 2011, cursante de fs. 359 a 364, Manolo Rodríguez Andrade, en representación legal de la empresa “HERMANOS CARDENAS S.R.L.” interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 009/2011 de 29 de marzo, de fs. 343 a 345, pronunciado por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, dentro del proceso penal seguido por la parte recurrente contra Juan Alberto Peñarrieta Alpire, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, tipificados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)  Por Sentencia 03/09 de 11 de agosto (fs. 302 a 306), el Juez Primero de Partido mixto Niño, Niña y Adolescente de Guayaramerin del Distrito Judicial de Beni, declaró al imputado Juan Alberto Peñarrieta Alpire, autor de la comisión del delito de Apropiación Indebida, tipificado por el art. 345 del CP, sancionándolo con la pena de dos años de reclusión con costas procesales; por otro lado, se lo absolvió de la comisión del delito de Abuso de Confianza, previsto y sancionado por el art. 346 y su agravante prevista por el art. 346 Bis, todos del CP., al no existir plena convicción sobre su participación en el referido ilícito.


b)  Contra la mencionada Sentencia, el imputado Juan Alberto Peñarrieta Alpire y Christian Cárdenas Guzmán este último en representación de la Empresa “Hermanos Cárdenas S.R.L.” , interpusieron recursos de apelación restringida (fs. 311 a 313 vta. y fs. 320 a 321), resueltos por Auto de Vista 009/2011 de 29 de marzo (fs. 343 a 345), emitido por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Beni, el cual revocando la Sentencia y declaró al imputado absuelto de la comisión del delito de Apropiación Indebida de conformidad al inc. 2) del art. 363 del Código de Procedimiento Penal (CPP), confirmando parcialmente la Sentencia en cuanto a la absolución del imputado por el delito de Abuso de Confianza.


I.1.1. Motivos del recurso


Del memorial del recurso de casación de fs. 359 a 364, y del Auto Supremo 460/2015-RA-L de 13 de agosto de fs. 389 a 392, se extraen los motivos segundo, tercero, cuarto y quinto, que fueron admitidos; en consecuencia, sobre los mismos este Tribunal circunscribirá su análisis de fondo, conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); consiguientemente, se transcriben los mismos a continuación.


1)  El recurrente transcribiendo parcialmente el Auto de Vista hoy impugnado, alega, que el Tribunal de alzada a tiempo de argumentar que el caso surge del incumplimiento de un contrato civil y que no se pidió la rendición de cuentas, había incurrido en revalorización parcial de la prueba, actividad que es privativa de los Tribunales de mérito, y con la cual había actuado en contradicción a lo señalado por el Auto Supremo 251 de 22 de julio de 2005, el cual transcribe parcialmente.


2)  Denuncia el recurrente que el Ad quem, vulneró el debido proceso al emitir una Resolución incompleta y con vicio de incongruencia omisiva, al haber resuelto únicamente el recurso de apelación restringida presentado por el acusado y no así el ahora apelante, contrariando la amplía línea jurisprudencial emitida por la entonces Corte Suprema de Justicia, incurriendo en el defecto absoluto previsto por el art 169 inc. 3) con relación al art. 124, ambos del CPP.


3)  Alega el impugnante, que el recurso no fue resuelto dentro de los 20 días computables a partir de la fecha de su sorteo conforme lo establecido por el art. 411 del CPP, contrariando la línea jurisprudencial sentada por los Autos
Supremos 146 de 17 de marzo de 2004 y 252 de 22 de julio de 2005, violentando el debido proceso e incurriendo en el defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) en relación a los arts. 130 y 135, todos del CPP.


4)   Fundamenta el recurrente, que el Dr. Gonzalo M. Hurtado Zamorano, interfirió en el Tribunal de alzada, al emitir el Auto de Vista hoy impugnado, el 29 de marzo del 2011, fecha en la que aún no había sido convocado ante el voto disidente de un miembro del Tribunal de alzada, pues dicha disidencia había sido notificada el 1 de abril del referido año; por lo que, a decir del ahora recurrente se violentó el art. 3 del CPP, pues el Vocal convocado había emitido criterio antes de ser convocado, comprometiendo su imparcialidad e incurriendo en el defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, con relación a los arts. 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE), desde el punto de vista del Juez imparcial.


I.1.2. Petitorio


Concluye solicitando, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, se revoque parcialmente la Sentencia declarando culpable al acusado por el delito de Abuso de Confianza, y sea con costas.  


I.2. Admisión del recurso


Por Auto Supremo 460/2015-RA-L de 13 de agosto, se determinó la admisión de los motivos segundo y cuarto por precedente contradictorio; asimismo, se admitió los motivos tercero y quinto vía flexibilización del recurso de casación.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1. De las apelaciones restringidas.


El imputado Juan Alberto Peñarrieta Alpire, interpuso recurso de apelación restringida argumentando los siguientes motivos:


1. Señala que no existe fundamentación en la Sentencia y la existente es contradictoria e insuficiente,  porque la misma por una parte señalaría que el dinero no lo recibió a título de posesión, sino para adquirir materia prima, y a decir del recurrente la contradicción estaría en basar el delito en la apropiación de dichos dineros, cuando por la prueba de cargo se habría demostrado que se realizó la compra de la referida materia prima, para lo que estaba destinado el dinero; de otro lado, indica que la afirmación, en sentido que se le hubieran cancelado los sueldos y porcentajes de las gestiones 2006 y 2007, no tiene prueba de respaldo, con lo cual, se habría vulnerado el principio de presunción de inocencia, al concluir que el acusado al dejar el trabajo tenía la obligación de dejar o devolver los depósitos que se realizaron a su cuenta, y para cobrar sus derechos laborales existen las vías legales correspondientes; luego señala, que más bien los querellantes le adeudarían la suma de Bs.- 215.000.00 (doscientos quince mil bolivianos) por concepto de porcentaje; por lo que, a su criterio la Sentencia carecería de fundamentación, porque la misma se basaría en simples suposiciones; además, de prueba que no fue incorporada legalmente al juicio, como es la documental a fs. 15, consistente en el informe emitido por el Banco Mercantil.


2. De otro lado arguye, que se habría aplicado erróneamente la ley sustantiva, considerando que el delito de Apropiación Indebida, exige que el sujeto activo se apropie de una cosa o valor ajeno, en provecho de si o de un tercero y del cual tiene la obligación de devolver, señala que en el caso de autos el acusado no tenía la obligación de devolver el dinero, sino solo tenía que rendir cuentas, situación que en ningún momento habría sido exigido por los acusadores; finalmente señala, que existe la duda si el dinero estaba destinado para la compra de la materia prima o para el pago del porcentaje por cada caja de almendra.


Por su parte el acusador particular Cristian Cárdenas Guzmán, presentó su recurso de apelación restringida argumentando lo siguiente:


Señala que el Juez de Sentencia, habría incurrido en una errónea valoración y apreciación de la prueba testifical, al haber sobreseído al acusado por el delito de Abuso de Confianza, establecido en el art. 346 del CP, siendo que el mismo a decir del querellante, habría adecuado su conducta al referido tipo penal, conforme a la prueba presentada por su parte; asimismo, señala doctrina desarrollada sobre el delito de Abuso de Confianza, y concluye denunciando errónea apreciación de la prueba e interpretación de la norma sustantiva.


II.2. Auto de Vista.


Los recursos de apelación restringida interpuestos por ambas partes, fueron resueltos por Auto de Vista 009/2011 de 29 de marzo, emitido por la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, resolviendo revocar la Sentencia en cuanto a la condena del acusado por el delito de Apropiación Indebida; por lo que, lo absuelve por este delito; consiguientemente, determina el cese de todas las medidas cautelares que existían en contra del acusado. 


III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y VERIFICACIÓN DE POSIBLE EXISTENCIA DE DEFECTOS ABSOLUTOS Y DE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


Formulado el recurso de casación, corresponde analizar y resolver el contenido del mismo, conforme al límite establecido en el Auto de Admisión 460/2015-RA-L de 13 de agosto; a cuyo efecto previamente, es necesario efectuar una puntualización sobre los aspectos que sirvan de sustento al presente fallo.


III.1. Marco legal, doctrinal y jurisprudencial.


III.1.1. Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.


Este Tribunal a través del Auto Supremo 396/2014-RRC de 18 de agosto a establecido, que las resoluciones, para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente las mismas; debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley, y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación Motivación como argumentación jurídica especial, señala: El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.


En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."


III.1.2. Principio de congruencia.


Entendido como la concordancia o correspondencia que debe existir entre la petición formulada por las partes y la decisión que sobre ella tome el Juez, fue definido por un sinnúmero de autores, como Devis Echandía, quien lo definió como: “el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y contencioso-administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas”. (DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, pág. 53). (Las negrillas son nuestras).


El principio de congruencia se configura en dos modalidades: a) La primera, conocida como congruencia interna, que obliga a expresar de forma coherente todos los argumentos considerativos entre sí y de éstos con la parte resolutiva, y; b) La segunda, conocida como congruencia externa, que es a la que hace referencia el autor precitado, relativa a la exigencia de correspondencia o armonía entre la pretensión u objeto del proceso y la decisión judicial. Este tipo de congruencia queda afectado en los siguientes supuestos: 1) La incongruencia omisiva o ex silentio, que se presenta cuando el órgano jurisdiccional omite contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes; 2) La incongruencia por exceso o extra petita (petitum), se produce cuando el pronunciamiento judicial excede las peticiones realizadas por el recurrente, incluyendo temas no demandados o denunciados, impidiendo a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido; 3) La incongruencia por error, que se da cuando en una sola resolución se incurre en las dos anteriores clases de incongruencia, entendiéndose por tanto, que el órgano judicial, por cualquier tipo de error sufrido, no resuelve sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente lo hace sobre aspectos totalmente ajenos a los planteados, dejando sin respuesta las pretensiones del recurrente.


III.1.3. Requisitos que debe cumplir el precedente contradictorio.


Siendo el recurso de casación un mecanismo, que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse, que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante (art. 420 del CPP). La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional; toda vez, que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva;  atribución, que se encuentra descrita en los arts. 419 del CPP y 42 inc. 3) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).


De lo anterior, se establece que únicamente son recurribles en casación, aquellos Autos de Vista que resulten indudablemente contrarios a la jurisprudencia establecida en un hecho similar; por este motivo, para que el planteamiento del recurso casacional sea certero, el recurrente no debe limitarse únicamente a presentarlo dentro el plazo dispuesto por ley y señalar la contradicción en la que creyere que incurrió el Tribunal de alzada respecto al fallo citado, lo que podría derivar en la admisibilidad del recurso, sino, debe asegurarse que el o los precedentes invocados, correspondan a situaciones fácticas análogas, como exige el art. 416 del CPP; lo contrario, por simple lógica, imposibilita a este Tribunal, verificar en el fondo la denuncia de contradicción por ser inexistente; es decir, que al no tratarse de situaciones fácticas similares, bajo ningún aspecto podría existir contradicción en la resolución entre uno y otro fallo.


Refiriéndose a la labor de contraste que debe realizar este Tribunal, el Auto Supremo 219/2014-RRC de 4 de junio señaló: “El art. 416 del CPP, instituye que: El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


En el caso que este Tribunal llegue a determinar la existencia de la contradicción señalada en el art. 419 del CPP; es decir, contradicción entre la Resolución recurrida en casación y el precedente contradictorio invocado, el art. 420 del CPP, señala que los efectos de la doctrina legal establecida: …será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y sólo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación, norma que es afín con el inc. 3) del art. 42 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que instituye como atribución de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, el sentar y uniformar la jurisprudencia.


La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la CPE, que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) respeto a la seguridad jurídica; b) realización del principio de igualdad; y c) unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.


En cuanto al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación; vienen a constituir, entonces, criterios interpretativos que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.


Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar.


De ello se concluye que el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el Código de Procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia, vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal”.


III.2. Análisis del caso en concreto.


Habiendo sido admitido el recurso de casación formulado por la parte acusada, con la finalidad de verificar la denuncia de contradicción en la que habría incurrido el Auto de Vista con los Autos Supremos 251 y 252 ambos de 22 de julio de 2005; además de establecer si existe o no los defectos absolutos denunciados por la parte recurrente; consiguientemente, atañe emitir pronunciamiento.


En cuanto al primer motivo, se tiene que el recurrente denuncia revalorización de prueba, siendo que el mismo fue admitido con la finalidad de verificar la contradicción del Auto de Vista recurrido y el Auto Supremo 251 de 22 de julio de 2005, que fue invocado como precedente contradictorio. 


El referido Auto Supremo fue emitido dentro de un proceso seguido por los delitos de Apropiación Indebida Abuso de confianza, en el cual la extinta Corte Suprema de Justicia, constató que el Tribunal de alzada revalorizó prueba; por lo que, determinó dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, señalando que en nuestro actual sistema procesal penal no existe la doble instancia, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “que, el Tribunal de Alzada no se encuentra legalmente facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo en consecuencia, circunscribir sus actos a los asuntos que fueron objeto de la apelación restringida; ….


Que, en caso de existir vulneración a las reglas de la sana crítica que regulan la valoración de la prueba el Tribunal de Alzada, deberá pronunciar el respectivo auto de vista con el fundamento que corresponda al artículo 124 con relación a los artículos 173, 359 y 370 inciso 6) in fine del CPP; en consecuencia, aplicará el artículo 413 del indicado código penal adjetivo”.


Ingresando al análisis del motivo denunciado, de los antecedentes descritos se observa que el Auto de Vista impugnado, a tiempo de establecer e identificar las: INSUFICIENCIAS TIPOLÓGICAS RESULTANDO DE NO HABER ACUDIDO PREVIAMENTE A LA JURICDICCIÓN CIVIL O LABORAL Y QUE AMERITAN LA ABSOLUCIÓN DEL IMPUTADO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA” (sic), determinó que los hechos objeto de juzgamiento no correspondería al ámbito penal sino que, los querellantes debieron acudir previamente a la jurisdicción civil o laboral, -sin embargo de manera contradictoria señala que el imputado en su momento no opuso excepción de prejudicialidad-; además, al cambiar la situación jurídica del recurrente de culpable a absuelto; empero, para justificar su resolución señala que el acusado no fue conminado a rendir cuentas, porque según el acusado se habría hecho entrega de las cajas de almendra, por lo que concluye que ante la duda se debería aplicar lo más favorable para el imputado; advirtiéndose que el motivo en examen, es absolutamente similar a la problemática fáctica y procesal planteada en el precedente invocado; por lo cual, se concluye que en el caso de autos, el Tribunal de alzada revalorizó la prueba, aspecto que es contrario al ordenamiento vigente en nuestro Estado Plurinacional, siendo que la atribución de revalorizar prueba es de exclusiva competencia de los Jueces y Tribunales de Sentencia, conforme a ello esté Tribunal sentó línea jurisprudencial, a través de los Autos Supremos 200/2012-RRC de 24 de agosto, que estableció que: cuando el Tribunal de alzada, al revalorizar la prueba modifica la Sentencia, cambiando la situación jurídica del imputado de absuelto a condenado o viceversa incurre en vulneración de los principios de inmediación y contradicción; no siendo la apelación restringida el medio idóneo para para otorgar valor a la misma o revisar cuestiones de hecho que son facultad exclusiva de los Jueces o Tribunales de sentencia; en tal razón, de evidenciarse que la Sentencia no está sujeta a lo previsto por las normas procesales en relevancia a la valoración de la prueba y el mismo haya tenido incidencia en la parte resolutiva, corresponderá anular total o parcialmente la misma, y disponer la reposición de juicio por otro Tribunal; concluyéndose en consecuencia que este motivo deviene en fundado.


El  segundo motivo, contiene la denuncia de incongruencia omisiva, señalando que el Auto de Vista recurrido no resolvió la apelación restringida por el accionante ahora recurrente-; por lo que, a decir del recurrente, se hubiera incurrido en defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) con relación al art. 124 ambos del CP.


En ese contexto,  conforme se desarrolló ampliamente en el acápite III de la presente Resolución, se incurre en el defecto de la incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) cuando una autoridad jurisdiccional no se pronuncia sobre las denuncias planteadas. En el caso de autos, de la lectura del Auto de Vista recurrido se observa que el Tribunal de alzada, en lo absoluto, no se pronunció sobre la apelación restringida interpuesta por la parte acusadora, limitándose a realizar una simple referencia al iniciar la redacción del Auto de Vista, refiriendo que “los argumentos expuestos tanto por el imputado como querellante a fs. 311 313 vta. y fs. 320 321, contra la sentencia de fs. 302 306” (sic), observándose que en la parte resolutiva, sólo hace referencia a que se revoca la Sentencia apelada, en cuanto a la condena del imputado por el delito de Apropiación Indebida, absolviéndole por dicho delito y confirma la sentencia en cuanto a la absolución del imputado por el delito de Abuso de Confianza, y concluye ordenando la cesación de todas las medidas cautelares emitidas en contra del acusado.


Por lo referido, se concluye que la Sala Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, vulneró las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; situación que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que: “… la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría que estamos ante la existencia de una incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), es decir cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal”.


Concluyéndose que, de la revisión del recurso de apelación restringida interpuesto por el querellante, y del Auto de Vista recurrido, se evidencia que la Resolución no resolvió la apelación interpuesta por el ahora recurrente, constituyéndose esta situación en defecto absoluto, conforme lo previene el art. 169 inc. 3) del CPP, por vulnerar el debido proceso establecidos en el art. 115 de la CPE, deviniendo en consecuencia, este motivo en fundado.   


Respecto al tercer motivo, el recurrente acusa que el Auto de Vista recurrido habría sido pronunciado fuera del plazo establecido por el art. 411 del CPP, situación que a decir del recurrente violaría el debido proceso; lo cual, se constituiría en defecto absoluto de conformidad al art. 169 inc. 3) con relación al art. 124 ambos del CPP, a tal efecto cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 252 de 22 de julio de 2005.  


El referido precedente fue emitido dentro de un proceso seguido por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, en el cual la extinta Corte Suprema de Justicia constató que El Auto de Vista recurrido, fue pronunciado fuera de plazo; por lo que, dejó sin efecto dicha Resolución impugnada, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “que, las resoluciones pronunciadas por el Tribunal de Apelación deben ser dictadas dentro de los 20 días computables a partir del sorteo; que en caso de existir disidencia, la misma debe resolverse dentro de los 20 días cumpliendo los artículos 411 parte in fine del Código de Procedimiento Penal, 122 con relación al 74 de la ley de Organización Judicial; en autos, la disidencia no fue resuelta dentro del plazo de los 20 días, este hecho constituye causal de nulidad según el artículo 169 inciso 3) de la Ley Nº 1970 que afecta el debido proceso amparado por el artículo 16-IV de la constitución Política del Estado” (las negrillas son nuestras).


Al respecto es preciso señalar que, esta línea jurisprudencial fue reconducida y modulada por este Tribunal, estableciéndose que en materia penal, el incumplimiento de plazos no acarrea la pérdida de competencia, menos la nulidad de lo actuado, determinándose que la retardación de justicia amerita la responsabilidad administrativa o penal de los funcionarios públicos negligentes, así lo establecieron los Auto Supremos 259 de 6 de mayo de 2011 y 045/2012-RRC de 22 de marzo; por lo que, la jurisprudencia y doctrina legal mencionadas por el recurrente es desactualizada, por consiguiente, este tema no merece mayor análisis. Máxime si de la revisión de los actuados del proceso, referente al reclamo, se tiene que a fs. 338, se sorteó la causa el 04 de marzo de 2011, emitiéndose el Auto de Vista ahora recurrido el 29 del mismo mes; venciéndose el plazo de los 20 días   recién el 30 de marzo del mismo año; habida cuenta, que la extinta Corte Suprema de Justicia emitió la Resolución 02/2011, de 2 de marzo, disponiendo que a partir del 14 de marzo de 2011, el horario de trabajo es de lunes a viernes, aclarando que para computar el plazo de los 20 días solo se cuentan los días hábiles; en consecuencia este motivo deviene en infundado.


Finalmente en el cuarto motivo del recurso, se tiene que el recurrente acusa defecto absoluto establecido en el art. 169 inc. 3) del CP, señalando que el Dr. Hurtado habría emitido el fallo antes de ser notificado, situación que a decir del recurrente vulneraria du derecho el Juez imparcial, motivo que fue admitido vía flexibilización; a tal efecto se debe precisar que el Juez natural se constituye en una de las garantías del debido proceso conforme se tiene de la SC 0491/2003-R de 15 de abril, que: “Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez competente aquel que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la resolución…”. En tal sentido, en el caso de autos, el recurrente no señala de qué manera el Magistrado convocado se hubiera parcializado para emitir el Auto de Vista recurrido; por lo que, esta denuncia resulta ser infundada; en consecuencia, este motivo deviene también en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso, interpuesto por Manolo Rodríguez Andrade en representación de la empresa “HERMANOS CÁRDENAS S.R.L”; en consecuencia, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 009/2011 de 29 de marzo, y determina que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado plurinacional, para que por intermedio de sus presidentes hagan conocer la presente Resolución a los Tribunales y Jueces en materia penal de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA