TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 726/2015-RRC-L

Sucre, 12 de octubre de 2015


Expediente                : La Paz 149/2010

Parte Acusadora                : Ministerio Público y otros

Parte Imputada                : Ascencio Zapata Lipa y otros

Delitos                        : Abigeato y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 13 de octubre de 2010, de fs. 737 a 741, Ascencio Zapata Lipa, Plácida Zapata Lipa, Wilder Jhonny Zegarra Piluy, Pepe Kea Huanca, René Coronel Coajera, Zenobio Kea Cuqui, Carmelo Kea, Libio José Mauri Coajera, Germán Kea Cobo y Carlos Juan Piluy, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 66/2010 de 9 de septiembre y su complementación, cursantes de fs. 723 a 725 y 731 a 734, pronunciados por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, Alejandro Wilson, Benito y Mario de apellidos Poroso Chambi contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Abigeato; y, Lesiones Graves y Leves, previstos y sancionados por los arts. 350 y 271 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)    Por Sentencia 02/10 de 11 de junio de 2010 (fs. 650 a 673), el Tribunal de Sentencia de Achacachi del Distrito Judicial de La Paz, declaró a los imputados Ascencio Zapata Lipa, Plácida Zapata Lipa, Wilder Jhonny Zegarra Piluy, Pepe Kea Huanca, René Coronel Coajera, Zenobio Kea Cuqui, Carmelo Kea, Libio José Mauri Coajera, Germán Kea Cobo y Carlos Juan Piluy, autores y culpables de la comisión de los delitos de Abigeato, y Lesiones Graves y Leves, tipificados en los arts. 350 y 271 segundo párrafo, ambos del CP, condenándoles a la pena de cinco años de presidio, así como al pago de costas al Estado; mas costas, daños y perjuicios a la parte acusadora particular, a calificarse en ejecución de Sentencia.


b)  Contra la mencionada Sentencia, los imputados formularon recurso de apelación restringida (fs. 693 a 698 vta.), resuelto por el Auto de Vista 66/2010 de 9 de septiembre, que declaró admisible e improcedente el recurso interpuesto; por lo que, dejó firme y subsistente la Sentencia apelada, motivando la interposición del presente recurso planteado.


I.1.1. Motivo del recurso


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 399/2015-RA-L de 4 de agosto (fs. 749 a 751), se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del CPP.


Previa transcripción de parte del contenido del Auto de Vista recurrido, denuncia que la Sala Penal Segunda, al emitir el Auto de Vista impugnado, contradijo flagrantemente el Auto Supremo 256 de 26 de julio de 2006, que en un caso de abigeato y otros delitos, declaró que el Tribunal de alzada lesionó el derecho de los acusados a la defensa, al no pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos apelados, lo que ocurrió en el caso concreto; por cuanto, pese a la claridad de la impugnación, el Tribunal de apelación no resolvió ninguno de los puntos cuestionados, relativos a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, la falta de individualización de los imputados, la fundamentación insuficiente y contradictoria de la Sentencia y que esta se basó en valoración irrazonable de la prueba, alegando que no se encuentran los derechos identificados y las disposiciones violadas; y, que sólo se hizo referencia a defectos de la Sentencia, argumentos que tilda de ilógicos e irracionales, resultando la declaratoria de improcedencia del recurso.

I.1.2. Petitorio


Los recurrentes solicitan se admita y se declare procedente su recurso, una vez se determinen como probadas las infracciones denunciadas.

I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 399/2015-RA de 4 de agosto, cursante de fs. 749 a 751, este Tribunal, admitió el recurso formulado por los imputados para el pronunciamiento de fondo del motivo precedentemente identificado.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


II.1. De la apelación restringida.


Emitida la Sentencia condenatoria, los imputados Ascencio Zapata Lipa, Plácida Zapata Lipa, Wilder Jhonny Zegarra Piluy, Pepe Kea Huanca, René Coronel Coajera, Zenobio Kea Cuqui, Carmelo Kea, Libio José Mauri Coajera, Germán Kea Cobo y Carlos Juan Piluy, interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 693 a 698 vta.), con los siguientes motivos: i) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, argumentando que el delito de Abigeato debe ser cometido por una persona y no diez, que debe apropiarse del ganado y trasladarse a propiedad ajena, lo cual no ocurrió; además, de no referir la Sentencia donde se encontró la cabeza de ganado y quién se apropió de ella; asimismo, no se demostró la propiedad de la cabeza de ganado con algún medio de prueba, ingresando en contradicción en sentido si el dueño era la familia Poroso o Eduardo Poroso; tampoco se tuvo presente la Ley de 5 de enero de 1961, sobre la nomenclatura de marcas y señales a fin de demostrar la propiedad ganadera; vulnerándose así la reglas del debido proceso; ii) Los acusados no se encuentran suficientemente individualizados, incurriendo en el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 2) del CPP; en sentido que la Sentencia no establece quiénes son los autores de los delitos de Abigeato y Lesiones, tampoco los grados de participación de cada uno de los acusados, ingresando la Sentencia en defecto absoluto conforme señala el art. 169 inc. 3) del CPP; iii) No existe fundamentación de la Sentencia, siendo insuficiente y contradictoria, que es un defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) de la norma adjetiva penal; ya que de la simple lectura de la Sentencia se evidencia que adolece de la debida fundamentación, pues no describe la participación de cada uno de los imputados en los ilícitos endilgados y resulta contradictorio al señalar que la propiedad del ganado le  pertenece a Eduardo Poroso y luego a la familia Poroso; iv) La Sentencia se basa en valoración defectuosa de la prueba, inmersa en el defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP; sobre las declaraciones testificales de los acusados que señalaron que al momento de carnear la cabeza de ganado, la comunidad estaba constituida por más de 60 personas, pero contrariamente sólo se procesa a diez; en la declaración del acusador Alejandro Wilson Poro que sostuvo era dueño de 35 cabeza, luego de 7 y finalmente de 25 cabeza de ganado, sin tenerse claro cuál es la verdad; asimismo, sobre las agresiones físicas no refiere la Sentencia quién o quiénes habrían producido dichas agresiones; la acusación es por una (1) cabeza de ganado pero el acusador en su testimonio dijo que era propietario de treinta y cinco (35) cabezas; y, los certificados expedidos por los galenos del Hospital de Apolo consignaron días de impedimento, pero ello es atribución de los médicos forenses; v) Excepción de extinción de la acción penal e incidente de justicia comunitaria; el Tribunal habría rechazado ambas excepciones; pero, no consideró en relación al primero  que los acusados fueron imputados el 18 de noviembre de 2006 y hasta la fecha en que se planteó la excepción ya paso tres años, y sobre el segundo, se demostró la extinción de la acción por aplicación de la justicia comunitaria, ya que cuando los comunarios realizaron el carneo de una cabeza de ganado lo hicieron con la intervención de la Central Agraria de la zona, quien incluso orientó a los comunarios como debía procederse de acuerdo a los usos y costumbres, entonces “no corresponde su conocimiento ni resolución a la justicia ordinaria” (sic); y, vi)  Nulidad de la Sentencia por defecto absoluto inmerso en el art. 169 inc. 3) del CPP y art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); por cumplirse los principios de inmediación y continuidad, ya que se inició el proceso el 1 de octubre de 2009 y concluyó el 11 de junio de 2010, al haberse suspendido la audiencia de juicio oral por la inasistencia de los jueces ciudadanos, jueces técnicos, fiscal y de fuerza mayor, lo cual es un defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP.


II.2. Del Auto de Vista impugnado y Auto complementario.


Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista 66/2010 de 9 de septiembre, declarando admisible el recurso de apelación interpuesto e improcedente el mismo, previa precisión de los motivos del recurso y su respuesta, con el siguiente argumento: De la lectura íntegra de la apelación restringida, se evidencia que incumple con la cita de las disposiciones legales, no indica cuáles los derechos o garantías vulneradas y cuál la aplicación pretendida, siendo inviable el recurso por no contener estos requisitos mínimos.


Notificada la anterior resolución, los imputados solicitaron la explicación, complementación y enmienda en relación a la ausencia de pronunciamiento de la dilación del proceso, en vulneración del principio de continuidad; por tal motivo, el Tribunal de apelación emitió el Auto de explicación, complementación y enmienda de 17 de septiembre de 2010, efectuando una descripción de distintas actas de audiencia de juicio oral y de cuáles las razones de su suspensión, para luego concluir que varias  audiencias fueron suspendidas por la inasistencia de los acusados y/o abogados defensores, alguna por el Ministerio Público; pero, en dichas faltas tampoco concurrieron los imputados o una juez ciudadana, importando que de todas maneras no se hubiere llevado a cabo la audiencia; asimismo, los arts. 335 y 336 del CPP, refieren que puede suspenderse la audiencia por más de una vez, además dichas suspensiones fueron consentidas por los imputados al no haber reclamado en el momento oportuno, y la nulidad corresponde cuando existe alguna vulneración a derechos, lo cual no ocurre; por tanto, complementó el Auto de Vista 66/2010 de 9 de septiembre, en sentido que, no existe razón valedera para acceder a la pretensión de los apelantes por no reclamar de manera oportuna, no haber efectuado la reserva de recurrir, ni tampoco señalar el derecho o garantía vulnerada.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON EL PRECEDENTE INVOCADO


En el presente caso, denuncian los recurrentes que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación respecto a los motivos denunciados en apelación restringida, pues pese a la claridad de su impugnación, no resolvió los puntos relacionados a inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, falta de individualización de los imputados, fundamentación insuficiente y contradictoria de la sentencia y valoración irrazonable de la prueba, vulnerando con ello el derecho a la defensa, por lo que corresponde resolver la problemática planteada.


III.1.Consideraciones doctrinales y normativas sobre la debida fundamentación.


Este Tribunal en reiteradas oportunidades ha señalado que la Constitución Política del Estado (CPE), reconoce y garantiza el debido proceso en sus arts. 115.II y 117.I y 180.I; siendo así que, la citada garantía contiene entre uno de sus elementos la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, lo que significa que el Juez o Tribunal al emitir el fallo debe resolver los puntos denunciados, mediante el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que apoya su decisión; además, esta expresión pública de las razones justificadas de la decisión judicial, garantiza también el derecho a la publicidad otorgado a las partes como a la sociedad en general respecto a la información de la resolución; fallo que debe ser: expreso, claro, completo, legítimo y lógico; exigencia que también se halla establecida en el art. 124 del CPP.


Es así, que en consideración a la exigencia contenida en la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal, la doctrina legal aplicable de este Tribunal ha establecido en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012 de 4 de diciembre, entre otros, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo; es decir, que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica; i) Expresa, porque se debe señalar los fundamentos que sirvieron de soporte para sustentar su tesis, sin remisión a otros actos procesales; ii) Clara, en sentido que el pensamiento del juzgador debe ser aprehensible, comprensible y claro, no dejando lugar a dudas sobre las ideas que expresa el juzgador; iii) Completa, debiendo abarcar los hechos y el derecho; iv) Legítima, ya que debe basarse en pruebas legales y válidas. Para que exista legitimidad en la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la Sentencia, el Tribunal de alzada debe realizar el análisis de iter lógico por el que se evidencie la correcta o incorrecta valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo; y, v) Lógica, que es el requisito transversal que afecta a los otros requisitos; debiendo la motivación, en términos generales, ser coherente y debidamente derivada o deducida, pero utilizando las máximas de la experiencia, la psicología y las reglas de la sana crítica.


Estos requisitos de la fundamentación o motivación, deben ser tomados en cuenta por el Tribunal de alzada a momento de emitir la Resolución, a fin de que sea válida; lo contrario significaría incurrir en falta de fundamentación y de motivación. Asimismo, para una fundamentación o motivación no se precisa que sea extensa o redundante de argumentos y cita de normas legales; sino, ser clara, concisa y responder todos los puntos denunciados.


Lo anterior significa, que sólo se estará ante una falta de fundamentación o motivación cuando la resolución emitida por el Juez o Tribunal carezca de alguno de los elementos (expresa, clara, completa, legítima y lógica) del iter lógico o camino del razonamiento efectuado, a efecto de llegar a una determinada conclusión, incumpliendo de esta manera lo determinado por el art. 124 del CPP, y vulnerando los derechos al debido proceso y debida fundamentación.


III.2.Análisis del caso concreto.


Los recurrentes centran su denuncia en que el Tribunal de alzada con la emisión del Auto de Vista impugnado como con el Auto Complementario, vulneró el derecho a la defensa al no pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos apelados, pese a la claridad de la apelación, decisión que en su planteamiento resulta contradictorio al Auto Supremo 256 de 26 de julio de 2006.


La resolución judicial invocada como precedente contradictorio en lo esencial estableció la obligación del Tribunal de alzada de pronunciarse fundadamente respecto a cada uno de los puntos apelados, conforme establecen los arts. 124 y 398 ambos del CPP, de lo contrario dicha omisión ocasiona la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa.


Conocido el contenido de la denuncia del recurso de casación y el alcance del Auto Supremo invocado como elemento contradictorio a la decisión asumida por los vocales, corresponde establecer si evidentemente el Tribunal de apelación incurrió o no en ausencia de fundamentación; para ello el análisis de la presente resolución partirá del contenido de los motivos planteados en apelación restringida y observar cual la respuesta otorgada por el Tribunal de apelación a los mismos y discernir si incurrió en vulneración del derecho a la defensa reclamada por los recurrentes.


Así, de la lectura de la apelación restringida se puede constatar que los imputados denunciaron los siguientes seis aspectos centrales: i) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, ya que el art. 350 del CP, refiere que ese delito debe ser cometido por una persona y no diez, que debe apropiarse del ganado y llevarse a propiedad ajena, además no se demostró la propiedad de la cabeza de ganado, vulnerándose con ello el debido proceso; ii) Los acusados no se encuentran suficientemente individualizados, conforme el defecto previsto en el art. 370 inc. 2) del CPP; al no establecer la Sentencia quiénes y el grado de participación en los delitos de Abigeato y de Lesiones, incurriendo en el defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP; iii) No existe fundamentación de la sentencia, siendo insuficiente y contradictoria, defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) de la norma adjetiva penal; toda vez, que no establece la participación de cada uno de los imputados en los delitos atribuidos; iv) La Sentencia se basa en valoración defectuosa de la prueba, inmerso en el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP; en relación a las declaraciones testificales de los acusados, la declaración del acusador particular, sobre las agresiones físicas que no señala la Sentencia quienes habrían realizado y, respecto a los certificados médicos expedidos con días de impedimento cuando no tenían atribución para ello dichos galenos; v) Excepción de extinción de la acción penal e incidente de justicia comunitaria; porque desde la imputación formal a la fecha de presentación de la excepción ya transcurrió tres años, y la decisión de carnear la cabeza de ganado lo hicieron en aplicación de sus usos y costumbres; por lo que, no corresponde su remisión a la justicia ordinaria; y, vi)  Nulidad de la Sentencia por defecto absoluto inmerso en el art. 169 inc. 3) del CPP y art. 15 de la LOJ;  por incumplimiento de los principios de inmediación y continuidad durante el juicio oral, que es un defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP.


Ante esta apelación restringida, el Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista 66/2010 de 09 de septiembre, señalando que el art. 408 del CPP, establece los requisitos mínimos que debe contener todo recurso de alzada, aspectos que de la lectura de la apelación interpuesta por los imputados “…evidencia que esta no cumple con la cita concreta de las disposiciones legales que se consideran violadas; por cuanto, se limita a señalar los defectos contenidos en la Sentencia Nº. 002/10 de fecha 11 de junio de 2010, pero no refiere a cuales son los derechos o garantías que hubiesen sido vulnerados, además, que no señala cuál es la aplicación que pretende respecto a lo puntos apelados” (sic). Al no contener estos requisitos mínimos el recurso planteado es inviable. Asimismo, los imputados solicitan la complementación de dicha resolución sobre la dilación del proceso, emitiendo el Tribunal de apelación el Auto de Explicación, Complementación y Enmienda de 17 de septiembre de 2010, estableciendo no ser evidente la pretensión de los imputados, al no haber formulado sus reclamos sobre la dilación del juicio oral de manera oportuna, sin realizar la reserva de recurrir, y por no señalar cual la garantía o el principio vulnerado por los intervalos consentidos por ellos mismos.


La anterior decisión asumida por el Tribunal de alzada en el Auto de Vista ahora impugnado y Auto Complementario, demuestra claramente que ante la denuncia de los recurrentes de la falta de fundamentación de parte del Tribunal de apelación de los seis aspectos reclamados en su apelación restringida relativo a: los defectos de sentencia previstos en el art. 370 incs. 1), 2), 5) y 6) del CPP, excepción de extinción de la acción penal, incidente de justicia comunitaria, e incumplimiento de los principios de inmediación y continuidad durante el juicio oral; simplemente otorgó respuesta cierta, clara y fundada al último reclamo sobre la vulneración del principio de continuidad, explicando las razones por las cuales se suspendieron las audiencias y la convalidación de los imputados al no efectuar su reclamo en el momento oportuno; sin embargo, en relación a los cinco primeros agravios no dio respuesta de manera fundamentada, conforme previene el art. 124 del CPP y la doctrina legal aplicable de este Tribunal, que estableció en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007 y 319/2012-RRC de 4 de diciembre, determinados parámetros o exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo, en sentido de que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica.


En efecto, estos parámetros no fueron cumplidos por el Tribunal de apelación en relación a estos cinco primero agravios reclamados; toda vez, que la Resolución impugnada no plasma las características, de ser: i) Expresa, porque no señala los fundamentos que sirven de sustento para respaldar una decisión coherente en relación a los cinco puntos reclamados, ya que si bien refiere que los apelantes habrían incumplido los parámetros exigidos por el art. 408 del CPP, al no fijar en la apelación la cita de las normas violadas, el fundamento de ellas y cuál la aplicación pretendida; esta respuesta no otorga suficiente motivación en relación a las cinco denuncias realizadas contra la Sentencia, aún más cuando no sólo se reclama la existencia de cuatro defectos de Sentencia; sino, también apelan contra la excepción e incidente que fueron negadas por el Tribunal de juicio, los cuales son aspectos totalmente diferentes, pues los primeros atacan el fondo de la Sentencia y los segundos procuran poner fin al proceso penal mediante la extinción de la acción penal y el reclamo de aplicación de justicia comunitaria. Por otro lado, los vocales al argumentar su decisión lo efectúan remitiéndose a otros actos procesales y no a los puntos cuestionados en la apelación, así, se ratifica la inobservancia a este elemento imprescindible para ser considerado como una correcta fundamentación; ii) Clara, el pensamiento desarrollado por el Tribunal de juicio no queda comprensible y existen dudas sobre lo expresado, ya que no respondió a los cuestionamientos efectuados en apelación restringida contra el fondo de la Sentencia y la excepción e incidente opuestos; iii) Completa, al no abarcar los hechos planteados y el derecho reclamado como vulnerados en los cinco agravios de la apelación; iv) Legítima, al no basarse en aspectos legales y válidos; toda vez, que no efectúo el análisis del iter lógico utilizado por el Tribunal de juicio en la emisión de la Sentencia en relación a la valoración probatoria; y, v) Lógica, al no resultar coherente ni correctamente deducida, al esquivar y otorgar una respuesta en relación a los puntos cuestionados en apelación restringida, resultando incoherente que se declare la admisión del recurso de apelación para luego declarar su improcedencia por motivos que en todo caso hacen al examen de admisibilidad, ya que si el Tribunal de alzada considera que los apelantes incumplen con la previsión establecida en el art. 399 del CPP, debe otorgárseles la oportunidad de subsanar los defectos en que incurrieron, esto en respeto del derecho constitucional de recurrir los fallos judiciales, aspecto que no se observa en el Auto de Vista impugnado.


De lo anterior se infiere que evidentemente resulta correcta la denuncia formulada en el presente recurso, al haber incumplido el Tribunal de apelación con las previsiones de los arts. 124 y 398 del CPP y los parámetros establecidos en la amplia doctrina legal establecida por este Máximo Tribunal Supremo, al no otorgar una respuesta debidamente fundada tanto en la emisión del Auto de Vista impugnado como en el Auto Complementario a los cinco agravios denunciados, incurriendo en contradicción con el Auto Supremo invocado como elemento de contraste, vulnerando de esta manera el derecho a la defensa; consiguientemente, el presente recurso deviene en fundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, dispone DEJAR SIN EFECTO el Auto de Vista 66/2010 de 09 de septiembre, y Auto Complementario cursante de fs. 723 a 725, y de fs. 731 a 734 y determina que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.


A los efectos de lo previsto por el art. 420 del CPP, hágase conocer mediante fotocopias legalizadas el presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia, para que por intermedio de sus Presidentes, pongan en conocimiento de los Jueces penales de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA