TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 718/2015-RRC-L

Sucre, 12 de octubre de 2015


Expediente                        : Santa Cruz 140/2010        

Parte Acusadora                : Flora Ramos Copa Vda. de Abelo

Parte Imputada                : Sirley Carola Zeballos Carvajal y otro

Delitos                        : Apropiación Indebida y otro

Magistrada Relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 29 de junio de 2010, cursante de fs. 539 a 543 vta., Sirley Carola Zeballos Carvajal, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 105 de 9 de junio de 2010, de fs. 524 a 525 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Flora Ramos Copa Vda. de Abelo contra la recurrente y Fidel Andrés Garnica Rodríguez, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.


  1. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   Por Sentencia de 18 de febrero de 2010, el Juez Tercero de Sentencia en lo Penal de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de  Santa Cruz, declaró a Sirley Carola Zeballos Carvajal, autora y culpable, de la comisión del delito de Apropiación Indebida, tipificado por el art. 345 del CP, subsumiéndose en dicho tipo penal el delito de Abuso de Confianza; en consecuencia, le impuso la pena privativa de libertad de dos años a cumplir en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Palmasola) sección mujeres, más el pago de costas a favor de la parte querellante y la reparación de daños. Por otro lado, declaró al imputado Fidel Andrés Garnica Rodríguez, absuelto de culpa y pena de la comisión de los tipos penales de Apropiación Indebida y Abuso de confianza, previstos por los arts. 345 y 346 del CP.


b)  Contra la referida Sentencia, la imputada Sirley Carola Zeballos Carvajal (fs. 485 a 488) y la querellante Flora Ramos Copa Vda. de Abelo (fs. 491 a 496), plantearon recursos de apelación restringida, resueltos por Auto de Vista 105 de 9 de junio de 2010 (fs. 524 a 525 vta.), dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que declaró parcialmente procedente el recurso interpuesto por la querellante, incrementando el quantum de la pena de dos a tres años y cuatro meses de reclusión; por otro lado, declaró improcedente el mismo recurso, respecto a la situación del imputado Fidel Andrés Garnica Rodríguez, e improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por Sirley Carola Zeballos Carvajal, motivando la formulación del presente recurso de casación.


I.1.1. Motivo del recurso


Del memorial del recurso de casación que cursa de fs. 539 a 543 vta., y del Auto Supremo 356/2015-RA-L de 6 de junio de fs. 557 a 559, se extrae el siguiente motivo sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP):

Alega la recurrente que, hasta el momento de su declaración, el juicio se llevó acabo ante el Juez Segundo de Sentencia, cuando éste de oficio se excusó de la causa, tramitándose el juicio ante el Juez Tercero de Sentencia, quien dispuso se continúe con el juicio, en vulneración de los principios de inmediación, oralidad y contradicción, así como la vulneración al derecho de defensa y Juez natural, tomando en cuenta que su declaración más que un medio probatorio es un medio de defensa, y el cual no fue oído por el Juez sentenciador; por lo que,  el mismo no sabe si en el referido momento procesal el imputado fue o no convincente; incidente de actividad procesal defectuosa que había sido rechazado por el Juez Tercero de Sentencia, con inconsistente argumento de que la fase de incidentes precluyó y que las declaraciones y actuaciones realizadas se encuentran en actas del juicio; argumento ratificado por el Tribunal de alzada, quien se limitó a señalar que no es evidente la supuesta vulneración de los principios de oralidad e inmediación, pues la prueba se produjo y judicializó ante el Juez que emitió la Sentencia; sin tomar en cuenta que es un juicio oral y no escrito. Cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 184 de 2008, 204 de 28 de marzo de 2007 y 435 de 11 de octubre de 2006.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita que en primer lugar, se pronuncie sobre la excepción de extinción de la acción penal o alternativamente se pronuncie sobre el incidente opuesto, indicando que se debe anular el juicio y se ordene la reposición por otro Juez. 


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 356/2015-RA-L de 6 de julio, se determinó la admisión del recurso de casación para el análisis de fondo del segundo motivo, ante la concurrencia de los presupuestos de flexibilización.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1.        Audiencia de juicio oral.


El Juez Segundo de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, instaló la audiencia de juicio oral el 26 de marzo de 2009 y previo rechazo de las excepciones de prejudicialidad, falta de acción y exclusión probatoria, recibió la declaración de la imputada Sirley Carola Zeballos Carvajal, quien entre lo más sobresaliente, manifestó que después de recibir el cheque, llamó a la querellante a su oficina y le habría entregado el dinero en billetes de cien y otros de cincuenta, que posteriormente se le indicó que no entregó el referido dinero y que su error fue no haber hecho firmar un recibo de entrega del dinero. A continuación se declaró un receso, sin reinstalarse la audiencia de juicio oral, por inasistencia de la parte imputada y de su abogado defensor, motivando incluso la imposición de multas. Luego la imputada recusó al Juez de la causa y opuso la excepción de extinción de la acción penal por transcurso del tiempo.


El 27 de agosto de 2009, el Juez Segundo de Sentencia de Sentencia, se excusó de continuar con el caso, remitiendo el cuaderno procesal al Juez Tercero de Sentencia, el cual sin ninguna observación radicó el proceso en su juzgado, y luego de haber suspendido nuevamente de manera reiterada la audiencia de juicio por causas atribuibles a la parte imputada y su abogado, se instaló nuevamente el juicio el 14 de octubre de 2009, que declaró sin lugar las excepciones de extinción de la acción penal.


Reinstalada la audiencia de juicio, el 4 de noviembre, la imputada planteó incidente de actividad procesal defectuosa, señalando que si bien se tomó su declaración, ésta fue prestada ante el Juez Segundo de Sentencia y no ante el Juez Tercero, incidente que fue declarado improcedente, con el argumento de que las excepciones planteadas fueron resueltas el 26 de marzo de 2009.      


II.2.        De la Sentencia.


El Juez Tercero de Sentencia concluyó que la imputada Shirley Carola Zeballlos Carbajal, en su calidad de apoderada recibió $us. 8.750.- por concepto de beneficios de la Aseguradora Nacional Vida a favor de la querellante, dinero que no fue entregado a la beneficiaria, por lo cual la declaró autora y culpable de la comisión del delito de Apropiación Indebida, previsto y sancionado por el art. 345 del CP, subsumiendo en dicho tipo penal el delito de Abuso de Confianza, por lo que le impuso la pena de dos años de reclusión, con costas y la correspondiente reparación de daños.


II.3. De la apelación restringida.


La imputada fundó su recurso de apelación restringida (fs. 485 a 488), bajo las siguientes consideraciones que tienen relación con el motivo del recurso de casación que se resuelve:


Señaló que presentó incidente de actividad procesal defectuosa, porque la lectura y fundamentación de la acusación, además de las excepciones, incidentes y su declaración, se realizaron ante el Juez Segundo de Sentencia y cuando pasó el caso a conocimiento del Juez Tercero, éste dispuso la continuidad del juicio sin retrotraer la causa, cuando incluso se tenía que dictar un nuevo Auto de apertura de juicio, situación que fue reclamada oportunamente, siendo rechazada con el argumento de que la fase de los incidentes ya habría precluido; con ese antecedente, denunció que se vulneró el principio de inmediación, señalando que lo oyó un juez y lo condenó otro, y al no haberle escuchado denunció que también se afectó su derecho a la defensa, finalmente reclamó que se vulneró el principio de oralidad, porque el Juez que dictó la sentencia, lo habría hecho simplemente leyendo el expediente sin escuchar su declaración.  


II.4.Auto de Vista.


El recurso de apelación restringida interpuesto por la imputada, fue resuelto por Auto de Vista 105/2010 de 9 de junio, emitido por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por Sirley Carola Zeballos Carvajal, al constatar que la inmediación y la oralidad se practicaron ante el Juez sentenciador, ante quién se produjo y judicializó la prueba, y que a fs. 462 se constató su intervención verbal, concluyendo además que tampoco era cierto que no se escuchó a la imputada. Además, a tiempo de declarar procedente parcialmente la apelación restringida interpuesta por la parte contraria, incrementó la sanción a tres años y cuatro meses.   


III. VERIFICACIÓN DE LA DENUNCIA DE VULNERACIÓN DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES


El presente recurso fue admitido para su análisis de fondo ante la denuncia de vulneración de los derechos a la defensa y el juez natural, porque el Tribunal de alzada ratificó la sentencia, sin tomar en cuenta que el Juez sentenciador no participó del juicio hasta el momento en que la imputada prestó su declaración, correspondiendo en forma previa al análisis de la problemática planteada efectuar las siguientes precisiones.


III.1. El derecho a la defensa en el proceso penal.


El derecho a la defensa se halla definido como el: "(...) derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le pueda atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se les concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano" (Gimeno Sendra, Vicente, El derecho de defensa en "Constitución y proceso", Madrid, 1988, página 89), se constituye en un derecho básico del ciudadano de rango constitucional y de protección especial, pues la CPE establece en el art. 109.I que: "Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección"; motivo por el cual en su art. 115.II señala que: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones" y el art. 119.II prevé que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.


Esto significa, que dentro del proceso penal, la función defensiva le corresponde a toda persona a quien se le atribuya la comisión de un hecho delictivo; lo que implica, que dentro de cualquier ordenamiento jurídico penal, en el que se reconozcan derechos y garantías, de manera inevitable ha de reconocerse el derecho al imputado de ejercer el derecho a la defensa reconocido constitucionalmente y por tratados internacionales, habida cuenta que: "El derecho de defensa cumple, dentro del proceso penal, un papel particular: por una parte, actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás. Por ello, el derecho de defensa no puede ser puesto en el mismo plano que las otras garantías procesales. La inviolabilidad del derecho a defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el ciudadano, porque es el único que permite que las demás garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal" (Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc S.R.L., 1993, página 151).


En el ordenamiento interno, el art. 5 del CPP, establece que el imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las Convenciones y los Tratados Internacionales vigentes y ese Código le reconocen desde el primer acto del proceso hasta su finalización, entendiéndose como primer acto del proceso cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en esa lógica, el ejercicio del derecho a la defensa se proyecta en bloque en todo el ámbito procesal penal, siendo la defensa expansiva y polivalente, habida cuenta que se encuentra reconocida en una fase del proceso como en otra, incluida la investigativa pues: "La defensa en juicio debe poder ser ejercida a lo largo de todo el proceso, de manera particularmente intensa, durante la investigación, ya que las posibilidades de afectación de todas las garantías procesales se dan primordialmente en esta etapa". (Binder, Alberto M., Introducción al Derecho Procesal Penal, Ad-Hoc S.R.L., 1993, página 158).


En cuanto se refiere a los alcances del derecho a la defensa, el Tribunal Constitucional, a partir de la Sentencia Constitucional 1534/2003-R, de 30 de octubre manifestó que es la: ”(...) potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos; interpretación constitucional, de la que se extrae que el derecho a la defensa alcanza a los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal".


III.2. Respecto al Juez natural.


La garantía del debido proceso, entre otros elementos está compuesta o integrada por el juez natural e inherentemente, la seguridad jurídica, principios y garantías que emergen del art. 117 de la CPE que señala: "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada" y en relación a este, el art. 120.I de la CPE señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa”; además, el art. 122 de la misma CPE, establece: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley", siendo este el marco constitucional que sustenta el principio del juez natural, que es entendido por la doctrina como el juez competente que de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial, y así también lo establece el art. 12 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) señala: "(Competencia) Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto", por lo que se concluye que el Juez natural, es aquel predeterminado por la ley, además de competente, independiente e imparcial.


III.3. La nulidad y los principios que la regulan.


Teniendo en cuenta el principio de trascendencia, las irregularidades que originan una nulidad, la invalidación de lo actuado, sólo son aquellas que son trascendentes para la salud del proceso, con incidencia en la sentencia. Las demás irregularidades son intrascendentes y por ende no generadoras de nulidad. Debe existir, como consecuencia de la irregularidad, una afectación a una garantía fundamental del ciudadano procesado; o poner en peligro esa irregular actuación la extructura misma del proceso. Además, el vicio debe producir un perjuicio a un derecho sustancial de una de las partes y ser la única solución viable y eficaz la declaratoria de nulidad.


La nulidad se debe aplicar sólo a casos insalvables y de importancia, y no aplicar únicamente por el frágil y engañoso argumento de la “nulidad por la nulidad misma”. En este sentido el art. 167 del CPP, establece: “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado.


En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causaran agravio”.


Los defectos previamente descritos, se encuentran directamente vinculados a los principios procesales que rigen las nulidades; sin embargo, la nulidad procesal encuentra su límite en los principios que la rigen y a su vez excluyen los actos de la nulidad procesal; pues, bajo ningún aspecto se puede consentir el uso indiscriminado de esta institución, que de forma lógica atenta al principio de celeridad que es una de las características principales en el actual sistema procesal, por lo que resulta trascendental  dejar sentando que no todo defecto y/o irregularidad en un acto procesal o en un procedimiento tiene como efecto la nulidad, tal cual señala la normativa.


Por otra parte, el principio de subsanación, establece que no hay nulidad si el vicio alegado, no influye en el sentido o resultado del fallo o en las consecuencias del acto viciado, por lo que puede ser objeto de subsanación sin que afecte al fondo del proceso.


Estos principios, que son orientadores de las nulidades, deben ser interpretados de manera restrictiva cuando se alegue nulidad. Se debe tomar en cuenta el interés y la magnitud del detrimento ocasionado, toda vez que “no hay nulidad por la nulidad misma”, sino, requiere para su declaración, que el incumplimiento de las formas se traduzca en un efectivo detrimento a los intereses de la defensa; es decir, que este tenga relevancia constitucional, lo contrario implicaría aceptar nulidades con base en un excesivo formalismo, que en muchos de los casos daría lugar a la invalidación de una gran cantidad de actos y en algunos casos de procesos, afectando con ello la búsqueda de la verdad material, por errores u omisiones intrascendentes, en clara infracción al principio de celeridad (art. 115.II de la CPE).


III.4. Análisis del caso en concreto.


En el caso de autos se tiene que, la recurrente acusa que el Tribunal de alzada se habría limitado a ratificar la Resolución del Tribunal de Sentencia, con el argumento de que no existió vulneración del principio de oralidad e inmediación, porque la prueba se habría producido y judicializado ante el Juez que emitió la sentencia, sin considerar que éste no participó del juicio hasta el momento en que la imputada prestó su declaración.


Del análisis detenido del recurso de casación y de todos los antecedentes del proceso, se observa que una vez instalada la audiencia de juicio oral, la imputada prestó su declaración el 26 de marzo de 2009, ante el Juez Segundo de Sentencia, luego por una serie de factores atribuibles a la parte acusada y su abogado, de manera reiterada se suspendieron las audiencias del juicio oral, hasta que el 27 de agosto del mismo año, la referida autoridad judicial se excusó de continuar con la tramitación de la causa, arguyendo que se habría generado una animadversión de parte de los imputados hacia su autoridad, por no haberse aceptado la recusación interpuesta en su contra, denotando éstos, odio y resentimiento hacia su autoridad, quienes además utilizaron un sin número de acciones dilatorias para que no prospere el proceso, por lo que remitió los obrados ante el Juez Tercero de Sentencia, el cuál sin observación alguna radicó la causa en su despacho y continuó el proceso.


En la audiencia de 14 de octubre de 2009, el Juez Tercero de Sentencia declaró sin lugar la extinción de la acción penal presentada por la parte imputada, quien el 4 de noviembre del mismo año presentó incidente de actividad procesal defectuosa, pidiendo que se le tome nuevamente su declaración, indicando que la realizó ante el Juez Segundo de Sentencia, el cual se excusó, situación que a su criterio afectó el principio de inmediación; incidente que por Auto de 4 de noviembre de 2009, fue declarado improcedente, continuando el juicio oral con la declaración del coimputado, luego se presentaron las pruebas testificales y documentales de cargo y descargo. Finalmente, al concluir la audiencia de juicio oral, se concedió la palabra tanto a la acusadora particular como a la imputada, quienes en aplicación del art. 356 del CPP, ejercieron el derecho a la última palabra, oportunidad en la cual la imputada al igual que lo expresado en su declaración insistió que el dinero fue entregado a la parte querellante sin haberse entregado ningún recibo por la confianza que había.


En definitiva, se tiene que la imputada Sirley Carola Zeballos Carvajal, si bien prestó su declaración ante el Juez Segundo de Sentencia, no es menos evidente que esa declaración fue considerada por el Juez Tercero de Sentencia que finalmente emitió la sentencia condenatoria en su contra, tal como se advierte de su contenido en el acápite “PERSONALIDAD Y DECLARACIÓN DE LA IMPUTADA SHIRLEY CAROLA ZEBALLOS CARVAJAL”, que esencialmente es coincidente con lo sostenido por la propia imputada en ejercicio de su derecho a la última palabra, cuando en los hechos alegó su inocencia al enfatizar que el monto de dinero en cuestión fue entregado a la parte querellante sin extenderse el respectivo recibo por la confianza existente; además, se advierte que durante todo el desarrollo del acto de juicio la imputada ejerció ampliamente su derecho a la defensa constitucionalmente garantizado y conforme los alcances precisados en el acápite III.1 de la presente resolución, pues opuso excepciones encaminadas a la extinción de la acción, independientemente de que hayan sido rechazadas por la autoridad judicial, ofreció y se judicializó la prueba de descargo, interrogó a los testigos de cargo, expuso el alegato final y ejerció su derecho a recurrir respecto a las resoluciones emitidas en la presente causa, no siendo evidente que haya sido juzgada sin ser escuchada como sostiene en su recurso.


Por otra parte, considerando los principios que regulan las nulidades en el sistema procesal penal, a criterio de este Tribunal en el eventual caso de que se disponga la anulación del juicio a los fines de que se reciba la declaración de la imputada, que se reitera en lo esencial refleja lo sostenido en la fase destinada al ejercicio del derecho a la última palabra que se cumplió ante el juez sentenciador, se llegaría al mismo resultado, habida cuenta que la Sentencia se fundó en la prueba testifical y documental que fue judicializada bajo los principios de inmediación y contradicción, ante el Juez que emitió el fallo; por lo que la anulación de la Sentencia y consecuente reenvío, sólo implicaría poner en funcionamiento todo el sistema judicial, para llegar al mismo resultado, en directo detrimento de los sujetos procesales a quienes se les privaría de acceder a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; consiguientemente, por todo lo expresado se concluye que el recurso deviene en infundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Sirley Carola Zeballos Carbajal, cursante de fs. 539 a 543 vta.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA