TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 717/2015-RRC-L

Sucre, 12 de octubre de 2015


Expediente                        : Santa Cruz 121/2010

Parte acusadora                : Ministerio Público y otro

Parte imputada                : Jorge Percy Boland España y otros

Delitos                : Sabotaje y otros  

Magistrada relatora        : Dra. Norka Natalia Mercado Guzmán


RESULTANDO


Por memorial presentado el 08 de junio de 2010, cursante de fs. 1786 a 1791, Alfonso Saavedra Bruno en representación de BOLPET S.R.L., interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 28/2010 de 22 de marzo, de fs. 1765 a 1769, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el recurrente contra Jorge Percy Boland España, Alfredo Guzmán Bedoya, Mauricio Eduardo Murillo Maldonado, Pedro Roberto Ricardo Linale Urioste y José Auad Lema, por la presunta comisión de los delitos de Sabotaje, Extorsión, Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Estafa, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Resoluciones Contrarias a la Constitución Política del Estado y las Leyes, Mandato Indebido y Complicidad, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 203, 333, 335, 232, 150, 153, 175 y 23 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a) Desarrollado el juicio oral público y contradictorio, el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 9/2009 de 07 de septiembre (fs. 1348 a 1388 vta.); por la que, declaró a los imputados Jorge Percy Boland España y Alfredo Guzmán Bedoya, absueltos de la comisión del delito de Sabotaje; a Mauricio Eduardo Murillo Maldonado absuelto de la comisión de los delitos de Mandato Indebido, Falsedad de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado y Extorsión en concurso real; a Pedro Roberto Ricardo Linale Urioste absuelto de la comisión de los delitos de  Falsedad de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado y Encubrimiento de Mandato Indebido, Sabotaje, Falsedad Ideológica, Mandato Indebido en Grado de Complicidad y Extorsión en Concurso Real, y; a José Auad Lema absuelto de la comisión de los delitos de Uso indebido de Influencias, Extorsión en Grado de Complicidad, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes y Extorsión, delitos  previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 203, 335, 232, 150, 153, 175, 333 y 23 del CP, por prueba insuficiente que demostrara la comisión de alguno de los delitos denunciados; con costas a la parte querellante a ser tasadas en ejecución de Sentencia.


b)  Contra la referida Sentencia, Alfonso Saavedra Bruno en representación de BOLPET S.R.L., interpuso recurso de apelación restringida (fs. 1437 a 1446); resuelto por Auto de Vista 28/2010 de 22 de marzo (fs. 1765 a 1769), emitido por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, que declaró admisible e improcedente el recurso interpuesto; en consecuencia, confirmó la Sentencia. Ante la solicitud de Explicación, Complementación y Enmienda (fs. 1771), mediante Auto de 14 de junio de 2010, declaró ha lugar señalando la imposición de costas al acusador particular a ser reguladas por el Tribunal de origen; y, declaró “No ha lugar” la Explicación solicitada por el representante de BOLPET S.R.L.


I.1.1. Motivo del recurso


Del memorial de recurso de casación (fs. 1786 a 1791) y del Auto Supremo 346/2015-RA-L de 06 de julio (fs. 1802 a 1805), dictado en el caso de autos, se extrae la denuncia a ser analizada en la presente Resolución, aspecto sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

A manera de preámbulo, refiere que el Auto de Vista lesiona sus derechos procesales vulnerando normas sustantivas y adjetivas por no considerar los defectos de la Sentencia denunciados en su apelación restringida. Así, argumenta que denunció actividad procesal defectuosa en razón a que, después del dictamen de la parte resolutiva de la Sentencia el 7 de septiembre de 2009, se señaló como fecha de lectura el 10 del mismo mes y año; empero, no se instaló el acto ni se dio la lectura a la Sentencia, no constando el acta donde señale los sujetos procesales presentes; asimismo, por falta de la firma de una Juez Ciudadana se le indicó que sería notificado posteriormente, actividad procesal defectuosa que fue reclamada y que aún no cuenta con resolución; puesto que, el Tribunal de juicio manifestó, que la Sentencia se dio por leída, extremo procesal inaceptable conforme al art. 361 del CPP, actuación procesal que violenta la seguridad jurídica y el debido proceso e incurre en el defecto previsto por los arts. 1, 130 y 169 inc. 3) del CPP, con relación a los arts. 361 del CPP y 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como incurrió en pérdida de competencia del Tribunal de juicio por incumplimiento de su lectura íntegra y la notificación con la misma, aspecto contradictorio a lo establecido en el Auto Supremo 131 de 13 de mayo de 2005 SPP; por lo que, correspondía al Tribunal de alzada anular la Sentencia y ordenar su reposición por otro Tribunal; sin embargo, también ingresó en contradicción con el referido Auto Supremo, con argumentos forzados que no condicen las cuestiones verdaderas ocurridas.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita se declare admisible y “procedente” su recurso de casación; habida cuenta, de la existencia de contradicción entre el Auto de Vista impugnado con la doctrina legal establecida en los precedentes, disponiendo la emisión de un nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable, anulando la Sentencia y disponiendo el reenvío del juicio.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 346/2015-RA-L de 06 de julio, de fs. 1802 a 1805 vta., este Tribunal admitió únicamente el inciso c) del primer motivo del recurso de casación formulado por Alfonso Saavedra Bruno en representación de BOLPET S.R.L., para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


Desarrollado el juicio oral, el Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 9/2009 de 07 de septiembre (fs. 1348 a 1388 vta.); por la que, declaró los imputados absueltos de la comisión de los delitos endilgados en su contra, en razón a que las pruebas fueron insuficientes para demostrar la comisión de alguno de los delitos denunciados, decisión asumida en base a los siguientes fundamentos:


HECHOS PROBADOS


i) Que BOLPET S.R.L tenía una relación crediticia con el Banco Unión, y desde enero de 1999 a octubre de 2001 trabajaban en el Banco los imputados Jorge Percy Boland España y Alfredo Guzmán Bedoya, evidenciado por las pruebas documentales de descargo 76 y 77 y de sus propias declaraciones.


ii) En enero de 1999 se otorgó un crédito a favor de Alfonso Saavedra Bruno por la suma de $us. 500.000.-, conforme se demuestra por las pruebas de cargo 1 y 2, crédito que no fue reportado por el querellante como irregular, incluso lo tenía como crédito por pagar conforme a la prueba documental 22 de la defensa y, cuando el querellante reclamó ante la Superintendencia de Bancos, no lo hizo por esta operación según se demuestra por la prueba 50 de la defensa, sino porque no se le permitía refinanciar. 


iii) En la tramitación del crédito no intervinieron ninguno de los querellantes, conforme se evidencia de prueba  2 y por la declaración de los testigos Julio César Miranda Franco y Ronald Gilberto Mariscal Flores quienes identificaron las firmas que figuran en los distintos formularios de crédito. Según la prueba 2 de cargo, se tiene, que los acusados intervinieron en la firma de la Minuta por la cual se concede el crédito por su calidad de gerente y subgerente, situación corroborada por el testigo Ronald Gilberto Mariscal Flores sin realizar otra intervención.


iv) Que, en el Banco el departamento de Cartera es el encargo de realizar los débitos de una cuenta para abonarlos a un crédito, no habiéndose probado que alguno de los imputados desempeñó un cargo en ese departamento, conforme las declaraciones de Jorge Banegas Cirbian, Ronald Gilberto Mariscal Flores Flores y Julio César Miranda Franco.


v) Se probó que el querellante remitió correspondencia al Banco Unión solicitando reprogramación del crédito de $us. 560.000.-, llevando más a la certeza de que, en fechas 24 de agosto, 10 y 22 de septiembre de 1999, no existió reclamo sobre ese crédito, por el contrario, la tenía como obligación pendiente en sus flujos de caja, hecho demostrado por las pruebas de descargo 5, 8, 9, 18 y 22.


vi) Que también existió un crédito otorgado a la empresa BOLPET S.R.L. por la suma de $us. 879.433 mediante escritura 3723/99 de 27 de octubre; que fue desembolsado en tres partidas (prueba de cargo 8).


vii) Que $us. 500.000 fueron desembolsados mediante cheque 28141 de 30 de noviembre de 1999, demostrado por la prueba de cargo 10. En la señalada fecha, existía la caja 30 para realizar desembolsos mayores (documental de descargo 11); además que, mediante la subgerencia de auditoría del Banco Unión, se verificó que los procedimientos de pago de esa fecha se cumplieron a cabalidad y que los reclamos del querellante eran infundados (documental de descargo 49 y testifical de descargo de Juan Carlos Fernández). Asimismo, el cheque 28141 por $us. 500.000 fue entregado personalmente al apoderado del querellante (pruebas documentales de la acusación particular 17, de descargo 40 y testifical de Jorge Banegas Cirbian. Respecto a la supuesta irregularidad del comprobante de desembolso por $us. 55.933.- que no cuenta con el sello de BOLPET se le resta credibilidad por corresponder a la documental 11 presentada por la misma acusación fiscal y particular, por cuanto sería parte del procedimiento del Banco en ese momento. También se resta credibilidad a las dos acusaciones respecto al hecho de que el cheque 28141 no fue entregado al querellante (prueba de descargo 12). Resta credibilidad a la documental de cargo 20 y 22 de la acusación fiscal y particular, por ser poco creíble que el querellante no hubiese reclamado la no entrega de medio millón de dólares y, que recién lo haga a fines del año 2003, cuando el hecho sucedió en el año 1999. La relación preferencial y de parentesco fue probada de manera uniforme por varios testigos: Jorge Valdez, Andrés Petricevic, Jorge Banegas Cirbian, Ronald Gilberto Mariscal Flores y la documental de descargo 28 que impone condiciones de irrevocabilidad. No resulta creíble que los recursos del cheque se destinaron para cubrir otros créditos suyos conforme intentó demostrar con su prueba documental Nº 14, porque en su nota al Banco (prueba 13 de descargo) reconoce que pagó su cuota de diciembre de 1999, apareciendo en el flujo de caja del querellante reflejan el crédito anterior (pruebas de descargo 21, 22, 38 y 47. Según la correspondencia de 31 de agosto, 21  y 29 de septiembre de 2001 dirigida al Banco, el querellante autoriza se pague de su cuenta corriente una cuota del crédito que en 1999 alega no le fue entregado  (documental de descargo 20, 31 y 32) con correspondencia con las pruebas de descargo 14, 17, 18, 19, 29 y 32; de igual manera, en el balance de BOLPET figura el ingreso de ese pasivo (documental de descargo 37).   


viii) Que en 2001, el Banco Unión otorgó otro crédito al querellante mediante Escritura 1926/2001  (documental de cargo 24 y 26) donde ya no firma Alfredo Guzmán Bedoya. Las versiones de que este crédito se utilizó para cubrir una obligación que estaba cancelada en agosto de 2001 no es evidente; por el contrario, por las pruebas de descargo 20, 24, el querellante consiente esa situación, sirviendo para pagar un crédito puente de corto plazo mientras se efectuaba uno mayor, así por las documentales de descargo 76 y 77 Jorge Rolando tampoco participó en la tramitación del crédito por encontrarse de vacaciones.


ix) Por la documental de cargo 39, se tiene, que el Banco concedió una reprogramación a favor de BOLPET según testimonio 969/2002, por $us. 491.762.- que fue firmado por otros personeros y no por Jorge P. Roland.


x) El querellante tuvo oportunidad de realizar reclamos ante la NAFIBO por estas presuntas irregularidades; sin embargo, en su correspondencia sólo se queja porque no se le quiso otorgar una reprogramación, hecho que también resulta falso porque existe correspondencia del Banco para la reprogramación siempre y cuando cumpla con los requisitos de orden legal.


Hechos no probados


i) No se demostró por prueba alguna que los imputados subsumieran su conducta al delito de sabotaje, porque no realizaron ninguno de los verbos típicos.


ii) Tampoco se probó la comisión de los delitos de Estafa, Falsedad Ideológica, Mandato Indebido en Grado de Complicidad de Pedro Linale Urioste, debido a que no se demostró que realizó alguna acción directa con el querellante, por el contrario, conforme la declaración de Luis Alberto Castañedas se tiene, que recién trabajó a mediados del años 2004 hasta mayo del 2007.


iii) En cuanto al delito de Mandato Indebido, no se probó su comisión en alguna de sus vertientes, porque Mauricio Murillo Maldonado se encuentra habilitado para ejercer como abogado; además, que no está probado que hubiera intervenido en un proceso judicial sin contar con poder notarial legalmente conferido, por el contrario, en el presente caso, se han mencionado dos poderes que lo facultan para actuar en representación del Banco Unión, ello en razón a que el poder lo otorga una persona jurídica, independientemente de las personas que conformaban el Directorio; puesto que, el poder nunca se revocó, teniendo plena validez conforme al art. 827 del Código Civil (CC); de igual manera, con relación a Mauricio Murillo y Pedro Linale Urioste, el poderdante Banco Unión otorgó certificación (prueba de descargo 84) donde expresa que, en todas las actuaciones realizadas con la empresa BOLPET no se incurrió en ningún tipo de mandato indebido.


iv) No se probó la comisión de los delitos de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, ni de resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes por parte de José Auad Lema, en razón a que, su condición de presidente de NAFIBO S.A.M. por ser una sociedad mixta [art. 425 del Código de Comercio (CC)], no le otorga la calidad de funcionario público; por cuanto, no puede ser sujeto activo del delito por ser atípico. Respecto a que un miembro del directorio de una entidad bancaria no puede ser miembro de otro Directorio, según el art.  12.2 de la ley 1488, existe la salvedad, en el caso de que se permita tal situación si es autorizado por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (actualmente ASFI), que en el caso de autos se demuestra por la documental de descargo 63.


v) No se demostró la configuración de ninguno de los elementos típicos del delito de Extorsión endilgado a José Auad Lema, Mauricio Murillo Maldonado y Pedro Linale Urisote, debido a que no se demostró la existencia intimidación o amenaza grave que se hubiese buscado, que alguien haga, y tolere que se haga o deje de hacer una cosa, las alegaciones de las acusaciones de que se hubiese constituido el ilícito por las persecuciones e inicio de juicios civiles por parte del Banco Unión, este cobro por la vía legal no puede considerarse como extorsión. 


II.2.Del recurso de  apelación restringida.


En el recurso de apelación restringida interpuesto por el acusador particular Alfonso Saavedra Bruno en representación de BOLPET S.A. (fs. 1437 a 1446), se denunció los siguientes agravios:


i) Ruptura y afectación del principio de inmediación por la suspensión prolongada de la audiencia de juicio oral, vulnerando el debido proceso y los principios de celeridad, inmediatez y legalidad, defecto inmerso en el art. 169 inc. 3) del CPP.


ii) Actividad procesal defectuosa, en razón a que los incidentes de exclusión probatoria y extinción de la acción penal debieron ser resueltos con carácter previo a dictarse Sentencia; sin embargo, de manera “amañada” en la parte resolutiva de la Sentencia, se manifiesta, que los incidentes y excepciones fueron resueltas en juicio y la exclusión probatoria en sentencia, lo que resulta falso porque fueron diferidos para ser resueltos a tiempo de dictar Resolución, inobservando el debido proceso, las normas procesales y la Constitución Política del Estado.


iii) Después de la deliberación se dictó el veredicto, siendo diferida la lectura integra de la Sentencia para otra fecha, sin embargo, por inasistencia de algunas partes, se dio por leída la misma, violentándose la seguridad jurídica y el debido proceso.


iv) Errónea aplicación del art. 363 incs. 2) y 3) del CPP, por absolver a todos los imputados, cuando existía suficiente prueba para generar convicción sobre su responsabilidad.


v) Defectuosa valoración de la prueba, por no valorar de manera armónica e integral toda la prueba de cargo ofrecida, que demuestra la comisión de los delitos endilgados; además, se valoró prueba de la cual se solicitó su exclusión probatoria por tratarse de fotocopias simples; asimismo, se excluyó la prueba pericial, sobre la cual existe reserva de apelación incidental. De otro lado, la prueba presentada por el Banco Unión no fue proporcionada por una orden fiscal, violentándose el secreto bancario, siendo su obtención de manera ilícita.


vi) Vulneración de las reglas de redacción y deliberación de la Sentencia previstas por el art. 359 del CPP, por ser inexistentes las consideraciones necesarias para la deliberación y votación, absolviéndose a los imputados de manera general y no de manera separada, siendo incomprensible que, estando terminada y redactada la Sentencia en fecha 7 de septiembre no se procedió a su lectura ese mismo día y se notificó a las partes.     


II.3.Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa en la Sala Penal Primera de la extinta Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, ésta resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 28/2010 de 22 de marzo, en la cual, resolviendo los puntos apelados concluyó:


i) Que Tribunal el A quo ha procedido correctamente y conforme a derecho, interpretando el art. 163 incs. 2) y 3) del CPP, para determinar, que la prueba aportada por la acusación no fue suficiente para demostrar la culpabilidad de los imputados en la comisión de los delitos endilgados.


ii) Los supuestos defectos de la Sentencia contenidos en el art. 370 incs. 1), 6), y 10) del CPP, no se encuentran debidamente fundamentados, tampoco citan las normas que consideran vulneradas y cuál la aplicación que pretende; asimismo, no indica de manera separada cada violación y el precedente contradictorio que exige el procedimiento; sin embrago, se procede al análisis de los mismos.


iii) El Tribunal de Sentencia procedió a una correcta valoración de las pruebas introducidas a juicio, conforme las previsiones de los arts. 124, 171 y 173 del CPP, fundamentando los motivos de hechos y derecho de acuerdo a la sana crítica, con una fundamentación suficiente, cumpliendo las exigencias del art. 114, 123, 124, 357, 359, 360 y 361 del citado cuerpo normativo, basada en la insuficiencia de la prueba para demostrar la acusación, resultando correcta la aplicación del art. 363 incs. 2) y 3) del CPP.


iv) Bajo el principio de presunción de inocencia, el Tribunal inferior valoró las pruebas con una visión sin perjuicios, por la imposición de la ley que obliga al juzgador que debe demostrarse la existencia del delito, más allá de cualquier duda razonable o de la presencia de simples indicios.


v) Las escazas probanzas aportadas por la parte acusadora no demostraron de manera cierta e indubitable, que los imputados incurrieron en los hechos delictivos sometidos a juzgamiento, sin probarse cuáles fueron los “actos ejecutivos” que hubieren realizado los imputados en el “iter criminis” en sus faces interna y externa, situación que generó duda razonable que beneficia a los imputados.


vi) No se vulneró el principio de inmediatez, que impone el deber de la presencia física de quienes intervienen en el juicio oral; por cuanto, los imputados siempre han estado presentes en el desarrollo de todo el juicio, los testigos declararon frente al Tribunal, la prueba documental fue exhibida ante el Tribunal y las partes, distinto es el principio de continuidad y unidad procesal previsto por el art. 334 del CPP, que no fueron mencionados por el acusador particular ni reclamados en su oportunidad, consintiendo las constantes suspensiones. Los incidentes de extinción de la acción penal y las exclusiones probatorias, si bien son de especial y previo pronunciamiento, el art. 345 del CPP, es claro al manifestar que las mismas serán tratadas en un solo acto a menos que el Tribunal resuelva hacerlo en sentencia.  Respecto al defecto incurrido porque no se dio lectura completa a la Sentencia en la audiencia de 10 de septiembre de 2009, se tiene que la misma fue instalada en la fecha y hora señaladas por el Secretario del Tribunal, sin que exista incumplimiento del plazo procesal; lo que existió fue una imposibilidad real y material de la realización de un acto procesal  debido a que una Juez Ciudadana no se encontraba presente debido a un accidente que le ocasionó un impedimento, hecho que fue justificado y acreditado en obrados, salvada la situación legal se procedió a la notificación de las partes con la Sentencia a partir del 16 de septiembre de 2009, lo cual no puede ser considerado como un agravio por el querellante, debido a que fue legalmente notificado con la Sentencia, habiendo interpuesto el recurso de apelación restringida que es motivo de análisis.


vii) Por unanimidad de votos de los miembros del Tribunal de juicio, se concluyó que, respecto a los imputados, el Ministerio Público y el acusador particular no actuaron con objetividad y probidad como ordenan los arts. 5 y 8 de Ley del Ministerio Público y 72 del CPP, sin presentar la suficiente prueba que demuestre la culpabilidad de los imputados.


viii) Para la emisión del fallo, el A quo observó las reglas previstas para la deliberación y redacción de la Sentencia, plasmando su fundamentación con la exposición de motivos de hecho y derecho en que se fundan, sin incurrir en el defecto previsto por el art. 370 inc. 10) del CPP, por el contrario, cumple con los requisitos descritos en el art. 360 del citado compilado legal.


Con estos argumentos, declaró admisible e improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por el acusador particular Alfonso Saavedra Bruno en representación de BOLPET S.R.L., en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada.


III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON EL PRECEDENTE INVOCADO


III.1. Del precedente contradictorio invocado.


El recurrente a tiempo de formular los cuestionamientos al Auto de Vista con relación a la supuesta inobservancia de lo establecido por la jurisprudencia del máximo Tribunal de Justicia, invocó el Auto Supremo 131 de 13 de mayo de 2005 afirmando que el fallo impugnado es contrario a la doctrina legal sentada por el mismo, en ese contexto se realizará el análisis de contradicción correspondiente.


En forma previa a la identificación de la doctrina legal establecida en el precedente y de la situación de hecho que le generó, es menester tener presente, que la función nomofiláctica de este máximo Tribunal de Justicia, tiene por objetivo uniformar la jurisprudencia nacional, para brindar seguridad jurídica a los litigantes en base a los principios de igualdad y tutela judicial efectiva; por otra parte, debe tenerse presente que las tendencias doctrinales y jurisprudenciales evolucionan conforme a las nuevas concepciones jurídicas vigentes que tienden a velar por una administración de justicia pronta y oportuna en observancia de los derechos y garantías de las partes, lo que importa realizar una interpretación más amplia de la norma, en ese sentido, el Auto Supremo 215/2015-RRC-L de 11 de mayo, estableció que. “…la jurisprudencia no tiene un carácter netamente estático, sino más bien dinámico; más aún, si nos encontramos en un sistema jurídico distinto a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado cuya voluntad del constituyente y la ingeniería constitucional es diferente a la anterior; razón por la cual, existe la necesidad en ciertos momentos y circunstancias que la referida jurisprudencia tienda a modular y cambiar…”.


En el caso de autos, el recurrente invoca como precedente contradictorio el Auto Supremo 131 de 13 de mayo de 2005, que fue pronunciado dentro de un proceso penal por el delito de Estafa en el cual, se denunció que el Ad quem interpretó erradamente el art. 361 del CPP, debido a que el Tribunal de juicio emitió la Sentencia fuera del término previsto por la referida norma; además, que resulta una obligación de los Tribunales de alzada proceder a la revisión de oficio a efectos de verificar si el proceso se desarrolló observando los plazos y normas que rigen su tramitación. La decisión asumida por el Tribunal de casación se fundamentó en base a la siguiente doctrina legal:


“Que, el respeto al debido proceso pasa por cumplir los actos procesales, debiendo los sujetos procesales observar las acciones que les compete. En el caso de autos, el sujeto procesal que dirime el conflicto penal es el juez o tribunal de sentencia que se encuentra obligado ha cumplir con el plazo legal para pronunciar sentencia; corrientemente, concluida la deliberación inmediatamente el Juez o Tribunal deberá redactar y firmar la sentencia, sin interrupción dando lectura en la misma audiencia. Sin embargo, por la complejidad del proceso y lo avanzado de la hora, el Juez o Tribunal puede adoptar el mismo procedimiento que para los casos normales, con la única diferencia de que la redacción y la lectura de la sentencia, deberá realizarse en el plazo máximo de 3 días computables a partir de la lectura de la parte resolutiva de la sentencia, momento en que también las partes se darán por notificadas, en la sala de audiencia. El incumplimiento de este plazo es causal de pérdida de competencia, porque vulnera el debido proceso, aspecto que tiene mayor relevancia tratándose de la responsabilidad del director del proceso que es el Juez o Tribunal de sentencia. La vulneración del debido proceso por incumplimiento del plazo, la redacción y lectura de la sentencia constituye defecto absoluto no siendo susceptible de enmienda conforme prescriben los artículos 1, 130, 169 inciso 3 y 370 inciso 10 del Código de Procedimiento Penal concordante con el artículo 16-IV de la Constitución Política del Estado. Debiendo el Tribunal de Apelación, aplicando el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, anular la sentencia de fojas 714 a 718 y disponer la reposición del juicio oral y público encomendado su realización a otro Juez de Sentencia” (El resaltado es nuestro).


Teniéndose presente, que los entendimientos asumidos por la extinta Corte Suprema de Justicia, sobre la temática relacionada con la pérdida de competencia por inobservancia e incumplimiento del plazo para la redacción y lectura de la Sentencia ha sido superada por el Auto Supremo 110/2005 de 31 de mayo, en cuya doctrina legal, en lo que atañe al presente caso, concluyó: "No obstante el incumplimiento de los plazos establecidos para fallar en esa norma de orden procedimental no acarreará la pérdida de competencia por parte del Tribunal que incumple el plazo, pues, atendiendo el interés de las partes procesales, no fuera justo erogarles mayores perjuicios cuando la negligencia es responsabilidad del órgano jurisdiccional, en cuyo caso lo que corresponde es dar lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente". En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la Sentencia número 0591/2005 de 2 de junio de 2005, en los términos que siguen "... no es menos cierto que el incumplimiento de dicho plazo, a diferencia del ámbito civil, no se sanciona con la pérdida de competencia; pues conforme a lo dispuesto por el artículo 135 del Código de Procedimiento Penal, el incumplimiento de los plazos previstos por el referido Código da lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente; en consecuencia, no puede invocarse pérdida de competencia de las autoridades judiciales por la supuesta demora en la emisión de la resolución; al contrario, si se considerare y tuviese la certeza de que dicha demora fue injustificada, tendría que denunciarse en la vía disciplinaria" En ese orden de ideas, se tiene, que en materia penal, el incumplimiento de plazos no acarrea la pérdida de competencia, menos la nulidad de lo actuado, sino la retardación de justicia que amerita la responsabilidad administrativa o penal de los funcionarios públicos negligentes.


Resulta también pertinente tener en cuenta, que el Código de Procedimiento Penal en sus arts. 169 y 170, reconoce dos tipos de actividad procesal defectuosa; los defectos absolutos y los defectos relativos, los primeros no susceptibles de convalidación a diferencia de los segundos; refiriéndose a estos defectos el Tribunal Constitucional en la Sentencia 1180/2006-R de 24 de noviembre de 2006, estableció que: "...el Código de Procedimiento Penal por un lado distingue los defectos absolutos y los relativos, que se diferencian en que los primeros no son susceptibles de convalidación y los otros quedan convalidados en los casos previstos por la norma; sin soslayar, que la diferencia sustancial de los defectos absolutos y relativos, radica en que en el defecto absoluto el quebrantamiento de la forma está vinculado a la protección de un derecho o garantía constitucional; en cambio, en el defecto relativo existe un quebrantamiento de forma; por otro lado, de la regulación de la actividad procesal defectuosa se tiene que no cualquier defecto es necesariamente irrevocable, sino sólo aquellos que causen perjuicio o agravio a la parte interesada. A esto debe añadirse que las formas procesales precautelan el ejercicio de los derechos de las partes y las garantías constitucionales; en consecuencia, no se puede decretar la nulidad, sino sólo cuando hay un defecto que por haber causado una afectación a un derecho o garantía es absoluto; es decir, la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, pues es necesario que ese quebrantamiento haya afectado los derechos de alguna de las partes y que ésta haya demostrado el agravio para poder solicitar la anulación del acto defectuoso" .


Basados en estos fundamentos, ingresando en el análisis de la litis, se observa, que el recurrente sostiene, que el Tribunal de juicio, concluido el debate, pasó a deliberar el lunes 07 de septiembre de 2009, concluida la deliberación, dictó sólo el veredicto y no la Sentencia completa defiriendo su lectura para el día 10 del mismo mes y año para las 17:30; alega que en la citada fecha, no se procedió a la lectura de la Sentencia como tampoco se habría instalado la audiencia, al extremo de no constar el acta correspondiente con la indicación de los sujetos procesales que se encontraban en la sala de audiencia. Añade que la Jueza Técnica, Octavia Salvatierra le indicó que la Sentencia no estaba firmada por la Jueza Ciudadana Ana Carola Chávez y que se les notificaría con la Sentencia concluida, limitándose el Tribunal de juicio a indicar falsa y erróneamente que la Sentencia se dio por leída, actividad procesal defectuosa, que vulnera el art. 361 del CPP, donde establece, que la sentencia se notificará con su lectura íntegra en la audiencia y las partes recibirán una copia de ella. Invocando el Auto Supremo 131 de 13 de mayo de 2005, argumenta, que al no poderse dar lectura de la Sentencia por la pérdida de competencia, corresponde el reenvío del juicio.


Como se tiene manifestado precedentemente, la doctrina legal que en ese momento determinaba que la inobservancia e incumplimiento de los tres días para la redacción y lectura de la Sentencia acarreaba la pérdida de competencia del Juez o Tribunal de Sentencia, ha sido superada , conforme razonó el citado Auto Supremo 110/2005, reiterado por los AASS 240/2009 de 12 de marzo, 259/2011 de 6 de mayo y 293/2012 de 16 de noviembre, en el entendido que el incumplimiento de esta forma procesal ya no implica la pérdida de competencia, simplemente da lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente.


Bajo esos parámetros, se evidencia en primer lugar que, a fs. 1389 cursa el Acta de Audiencia de lectura de Sentencia de fecha 10 de septiembre de “2008” (año erróneamente consignado, siendo lo correcto 2009) en el cual la Secretaria del Tribunal Sexto de Sentencia y Sustancias Controladas Liquidador, presta informe señalando que no se encuentran presentes el representante del Ministerio Público, la Jueza Ciudadana Carola Chávez Rosell y los imputados Pedro Roberto Ricardo Linale Urisote y José Auad Lema así como sus abogados; encontrándose presentes el querellante, su abogado y los imputados Jorge Percy Boland España, Alfredo Guzmán Bedoya y Mauricio Maldonado así como su abogado; en base a ello, la Presidenta del Tribunal dispone se de lectura a la Sentencia; a su vez, el abogado de la acusación particular, Abel Montaño Paz haciendo uso de la palabra, manifestó que no tenían ningún problema, acto en el que se hizo constar, que no se dio lectura de la Sentencia en su totalidad; de igual manera se pronunció el abogado de la defensa.


Por memorial de 14 de septiembre de 2009, el representante legal de BOLPET S.R.L., argumenta que el Tribunal de juicio habría perdido competencia por no instalar la audiencia ni dar lectura a la Sentencia, en respuesta, el Tribunal A quo rechazó el planteamiento de la pérdida de competencia señalando, que el día fijado para la lectura íntegra de la Sentencia, no se encontraban presentes el representante del Ministerio Público y una Juez Ciudadana, hecho que se puso en consideración, disponiendo se dé por leída la fundamentación de la Sentencia, debiendo notificarse a las partes con las copias respectivas para que puedan hacer uso del mecanismo de impugnación. Contra esta determinación, el representante legal de BOLPET S.R.L. interpuso recurso de reposición reiterando que en la fecha señalada para la audiencia de lectura íntegra de la Sentencia, no se procedió a la instalación del mismo; y por lo tanto, tampoco se dio lectura a la Sentencia, mereciendo el proveído de 29 de septiembre: “Estéese a la Sentencia de fecha 07 de septiembre del año 2009” (sic.).


Conforme a estos antecedentes, se advierte que el 10 de septiembre de 2009 el Tribunal de Sentencia instaló la audiencia (fs. 1389); empero, no se procedió a la lectura íntegra de la Sentencia por inasistencia del fiscal y de una Juez Ciudadana, poniéndose a consideración de las partes proceder a darse por leída la Sentencia, hecho que fue aceptado por el abogado de la acusación particular, quien haciendo uso de la palabra expresó su acuerdo para que se dé por leída la Sentencia; por cuanto, si se instaló la audiencia de lectura y dio su conformidad, convalidando el acto que ahora impugna como defectuoso.


En segundo lugar, conforme a la nueva línea jurisprudencial, este supuesto defecto ya no implica la pérdida de competencia del juez o tribunal, simplemente amerita una sanción administrativa o penal, fundamento, que guarda relación con el régimen de nulidades en materia penal, que se encuentra impregnado de algunos principios doctrinales como son el principio de convalidación y el principio de trascendencia, contenidos implícitamente en el art. 167 del CPP, al establecer que: “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y en este Código, salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado. En los casos y formas previstos por este Código, las partes sólo podrán impugnar, con fundamento en el defecto, las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento que les causen agravio. (Las negrillas son nuestras).


Bajo tal parámetro, el recurrente inicialmente convalidó el acto tildado de defectuoso; y por otro lado, no demostró de modo alguno, cuál el agravio que se generó con el mismo, de manera tal, que comprometiese algún derecho o garantía constitucional, pues, correspondía al afectado, demostrar objetivamente que el acto o defecto alegado como nulo, no pueda ser subsanado o convalidado y en su caso, haya ocasionado un perjuicio o agravio, claro está, que no sea fruto de la conducta o actuación pasiva o negligente del interesado o de quien invoca el defecto; además, en concordancia con estos principios se tiene al principio de conservación, de modo que la nulidad siempre será la excepción y la regla la eficacia del acto procesal; o sea, ante una duda razonable, debe optarse por la interpretación propensa a conservar el acto procesal y así evitar la nulidad. Es por ello, que el proceso penal acusatorio, antes que formalista o solemne debe ser finalista, siendo obligación de los administradores de justicia, constitucionalizar sus resoluciones, aplicando los principios constitucionales sobre las reglas positivas secundarias.


Consiguientemente, la jurisprudencia sentada por el precedente, ya no puede ser aplicada conforme la modulación realizada por el Auto Supremo 110/2005 antes descrito; y, en el marco de un control de legalidad amplio y objetivo, éste Tribunal no puede desconocer su alcance y sus efectos al momento de aplicar la misma a cada caso concreto, más aun considerando, que el Auto de Vista fue pronunciado cuando la doctrina del precedente invocado como contradictorio ya había sido superada; en consecuencia, en la óptica de la seguridad jurídica, corresponde aplicar las líneas jurisprudenciales vigentes que consoliden entendimientos acordes a los principios y valores que irradia la Constitución.


Todo cuanto se expuso precedentemente, demuestra que, la jurisprudencia sentada por el precedente invocado ha sido superada y modulada bajo la visión de lograr una administración pronta y oportuna sin dilaciones; en ese marco, este máximo Tribunal de Justicia, realizando su labor de contrastación y su función unificadora de jurisprudencia conforme el art. 419 relacionado con los arts. 417 primer párrafo y 420 del CPP, concluye que el Tribunal de alzada no contradijo la doctrina legal vigente y aplicable, debido a que habiéndose instalado la audiencia de lectura de la Sentencia, en el plazo previsto por ley, la misma fue leída en parte con total anuencia del abogado del querellante, actual recurrente, razón por la cual el motivo traído en casación deviene en infundado.

     

POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el motivo del recurso de casación interpuesto por Alfonso Saavedra Bruno en representación de BOLPET S.R.L., de fs. 1786 a 1791.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Magistrada Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA