TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 714/2015-RRC-L

Sucre, 12 de octubre de 2015


Expediente                        : Cochabamba 156/2010

Parte Acusadora                : Ministerio Público

Parte Imputada                : Sergio Lichtenfeld Gwinner

Delito                : Robo

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 19 de octubre de 2010, cursante de fs. 199 a 204, Sergio Lichtenfeld Gwinner, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 22 de septiembre de 2010, de fs. 173 a 174 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la presunta comisión del delito de Robo, previsto y sancionado por el art. 331 del Código Penal (CP).


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)   En mérito a la acusación pública (fs. 2 a 3), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 24 de marzo de 2010 (fs. 114 a 118 vta.); por la que, declaró al imputado Sergio Lichtenfeld Gwinner, autor y culpable de la comisión del delito de Hurto, previsto y sancionado por el art. 326 primera parte del CP, imponiéndole la pena de dos años de reclusión, con costas a favor del Estado, siendo concedido el beneficio de perdón judicial. Por último, lo absolvió de culpa y pena por la comisión del delito de Robo, tipificado por el art. 331 de la citada Ley, al resultar insuficiente la prueba aportada.


b)  Contra la mencionada Sentencia, el imputado Sergio Lichtenfeld Gwinner formuló recurso de apelación restringida (fs. 137 a 147 vta.), resuelto por Auto de Vista de 22 de septiembre de 2010 (fs. 173 a 174 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró procedente el recurso interpuesto, anuló totalmente la Sentencia y ordenó la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia. Notificado con tal determinación, solicitó aclaración y complementación (fs. 177 y vta.), petición que fue resuelta por Auto de 9 de octubre de 2010 (fs.179), que impuso costas por parte del Ministerio Público a favor del acusado, motivando la interposición del recurso de casación que se resuelve en la presente resolución.


I.1.1. Motivo del recurso.


Del recurso de casación y del Auto Supremo 419/2015-RA-L de 4 de agosto (fs. 213 a 215), se extrae el siguiente motivo, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


El recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido, así como el Auto de Complementación de 9 de octubre de 2010, incurrieron en incongruencia omisiva e infracción al deber de fundamentación; por cuanto, el Tribunal de alzada se habría pronunciado sólo sobre su denuncia referida a la errónea aplicación de la ley sustantiva, y no así, sobre sus reclamos concernientes a: i) Defectuosa valoración de la prueba testifical de cargo, que habrían servido de base para la emisión de la Sentencia; empero, no habrían considerado que los testigos señalaron direcciones distintas, incumpliendo el Tribunal de Sentencia con la previsión de los arts. 173 y 194 del CPP; e, ii) Inobservancia de los principios procesales para la incorporación de prueba documental; toda vez, que de forma errónea se hubiere introducido la prueba signada como MP 1.2, consistente en un acta de entrega de una tira de cartera; la cual, no cumpliría con los requisitos de forma previstos por los arts. 120, 167, 172, 216 y 217 del CPP; no considerando, además, que el Ministerio Público no la habría ofrecido como elemento de prueba que supuestamente fue entregada a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); entonces, a criterio del recurrente se introdujo un acta que reflejaría la entrega de una evidencia inexistente. Reclamos, sobre los que, el Tribunal de alzada se habría limitado a señalar, que al haberse dispuesto la reposición del juicio por ser evidente la errónea aplicación del art. 326 primer párrafo del CP; resultaba innecesario analizar los referidos reclamos, hecho que considera el recurrente, inobservancia del principio procesal “tantum devolutum quantum apellatum”, vulnerando los principios constitucionales de seguridad jurídica, derecho a la defensa y al debido proceso, al efecto invoca los Autos Supremos 411 de 20 de octubre de 2006, 5 de 26 de enero y 207 de 28 de marzo ambos de 2007.


Agrega el recurrente, que si el Tribunal de alzada hubiese analizado los reclamos que no fueron examinados, en aplicación del art. 413 del CPP, le correspondía resolver directamente, determinando su absolución, no resultando necesario la reposición del juicio por otro Tribunal.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita a este Tribunal Supremo de Justicia, aceptar y declarar procedente su recurso, en virtud a la inobservancia de la doctrina legal determinada con anterioridad, ordenando al Tribunal de alzada pronuncie nuevo Auto de vista en el cual se examinen todos y cada uno de los aspectos impugnados en su recurso de apelación.

I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 419/2015-RA-L de 4 de agosto, cursante de fs. 213 a 215, este Tribunal admitió el recurso formulado por el recurrente, para su análisis de fondo.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación, se tiene lo siguiente:


II.1. Del recurso de apelación restringida del imputado.


Notificado el imputado Sergio Lichtenfeld Gwinner con la Sentencia emitida en la causa, formuló recurso de apelación restringida (fs. 137 a 147 vta.), denunciando los siguientes agravios:


a) Errónea aplicación de la ley penal adjetiva; por cuanto, la Sentencia habría sido constituida sobre hechos no acreditados por la acusación y a través de una valoración defectuosa de la prueba de cargo.


b) Defectuosa Valoración de la prueba, porque el Tribunal de sentencia, afirmó que a través de las declaraciones testificales de Bruno Lema y Mariana Ramírez, habría adquirido la convicción de que el hecho sucedió en la calle Túpac Katari 654, sin considerar que esa dirección habría sido señalada únicamente por Mariana Ramírez, ya que el Ministerio Público habría alegado que el hecho ocurrió en la calle Kollasuyo 4312 y Bruno Lema Vargas conforme el acta de juicio oral, señaló que el hecho sucedió en la plazuela Kollasuyo; aspectos, que demuestran la defectuosa valoración de la prueba, no pudiendo servir de base para generar convicción en el Juez, ya que en el presente caso, el Tribunal no contrastó las declaraciones de Bruno Lema Vargas y Mariana Ramírez con toda la prueba judicializada durante el desfile probatorio; sino, simplemente se limitó a valorarla de manera dirigida con la prueba documental signada como MP 1.2, ignorando contrastarla con la abundante prueba de descargo, no observando, la relación sentimental de Bruno Lema con la supuesta víctima situación que convertiría la declaración en interesada; por cuanto, el testigo participó en el supuesto intercambio de insultos y jaloneos de la cartera; en consecuencia, no sólo su persona habría intervenido en la violencia y fuerza como requisitos del desapoderamiento; pero, que existiría una tercera persona, llevando a afirmar que había mayor fuerza del lado de la supuesta víctima, situación que haría dudar lo aseverado por la denunciante.


Agrega que respecto a la declaración de Mariana Ramírez, el Tribunal de mérito no consideró la prueba documental de descargo que evidenciarían las múltiples denuncias de ella contra su persona por la tenencia de su hijo, situación por la que su atestación no podría ser imparcial y desinteresada, no pudiendo considerarse una valoración objetiva y menos tener su testimonio como base fundamental de una Sentencia condenatoria y peor aun cuando toda la restante prueba testifical estaría integrada por testigos de referencia que conocieron del hecho por el relato de la interesada Marian Ramírez; empero, estas declaraciones de personas con intereses directos en los hechos y en dañar a su persona son erróneamente valorados como verdades absolutas que dicen haber llevado convicción al Tribunal para fundar su Sentencia, no cumpliendo con la previsión de los arts. 173 y 194 del CPP.


c) Inobservancia de los principios procesales para la incorporación de prueba documental; afirma, que reservó el derecho de plantear apelación restringida en virtud a la errónea decisión del Tribunal de juicio de permitir la introducción de la prueba documental signada como MP 1.2 consistente en una acta de entrega de una tira de cartera de la cual solicitó su exclusión ya que no cumplía con los requisitos señalados por el procedimiento; sin embargo, el Tribunal habría resuelto que la prueba al estar debidamente suscrita por dos investigadores y tener el sello de la policía cumplía con los requisitos de forma para ser admitida como prueba documental, situación por la que solicitó complementación a los fines de que el Tribunal señale si consideraba necesario o no la existencia de la firma de la denunciante o un testigo de actuación en el acta; pero, complementó el Tribunal de que no era necesaria la participación de un testigo ya que el acta reflejaba que la denunciante era la que entregaba la evidencia de manera voluntaria, aspecto que constituiría un defecto de procedimiento; por cuanto, el Tribunal no habría observado el cumplimiento de los arts. 120, 167, 172, 216 y 217 del CPP, referidos a los requisitos que deberían contener un acta y las formalidades a ser observadas en este tipo de documentos; empero, del examen de la prueba documental MP 1.2 advierte, que la misma señala la participación en el acto de entrega de evidencias de la denunciante Mariana Ramírez; pero, la denunciante no suscribe dicha acta ni se tiene la firma de un testigo de actuación que de fe del acto realizado, que en el caso presente, el Ministerio Público debió exhibir dicha acta a alguno de sus testigos a efectos de validar su origen, siendo lo correcto producir la declaración testifical del investigador asignado al caso que supuestamente suscribió dicha acta de entrega, situación que habría sido observada por su persona, empero, rechazada por el Tribunal a quo, no considerando que en el presente caso el Ministerio Público ni siquiera ofreció como evidencia o elemento de prueba la tira de cartera supuestamente entregada a la FELCC el día de los hechos; en consecuencia, se habría introducido un acta que reflejaría la entrega de una evidencia inexistente en el proceso ya que no hubiere sido judicializada ni ofrecida como prueba por el Ministerio Público.


d) Incongruencia entre la acusación y la sentencia; por cuanto, por un lado existiría incongruencia en relación al lugar en el que se suscitó el hecho acusado; y por otro lado, el Tribunal lo habría condenado por el delito de Hurto, cuando esta figura penal no habría sido acusado en ningún momento por el Ministerio Público; y,


e) Errónea aplicación de la ley sustantiva, respecto  a los tipos penales 326 y 331 del CP; puesto que, erradamente habría sostenido como elemento subjetivo final de su conducta, el uso de violencia, cuando ese elemento simplemente se constituiría en un medio para lograr la conducta final como es la apropiación ilegítima de un bien en beneficio propio, extremo último que no habría sido demostrado durante la substanciación del juicio, concluyendo en la ausencia de punibilidad en su conducta.

      

II.2. Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba por Auto de Vista de 22 de septiembre de 2010 (fs. 173 a 174 vta.), declaró procedente el recurso planteado; en consecuencia, anuló totalmente la Sentencia apelada, ordenando el reenvío del juicio por otro Tribunal de Sentencia, con base a los argumentos que serán extractados a tiempo de realizar el análisis del caso concreto, para evitar reiteraciones innecesarias.


II.3.Del Auto de Complementación.


Por memorial de fs. 177 a 178, el imputado solicitó la aclaración y complementación del Auto de Vista recurrido, a los fines de que por un lado el Tribunal de alzada se pronuncie sobre todos los aspectos impugnados y observados en su recurso de apelación restringida; y, por otro lado determine la imposición de costas a la representante del Ministerio Público, ello en virtud de que el recurso interpuesto por su persona prosperó y quien se opuso habría sido el Ministerio Público. Solicitud que mereció el pronunciamiento del Auto Complementario de 9 de octubre de 2010 (fs. 179), que en su parte dispositiva señaló: i) Conforme prevé el art. 413 del CPP, en el presente caso, al haberse establecido que el Tribunal de Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, por errónea aplicación del art. 326 del CP, se anuló totalmente la Sentencia pronunciada por dicho Tribunal, motivo por el cual resultaba innecesario ingresar a revisar los otros aspectos impugnados, ya que el resultado sería el mismo; y, ii) en lo que respecta al reclamo sobre la imposición de costas, se complementa la parte resolutiva del Auto de Vista recurrido, bajo el siguiente fundamento: “Se impone costas a la representante del Ministerio Público a favor del imputado Sergio Lichtenfeld Gwinner, ello en función de lo previsto por el Art. 269 del CPP”.


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS


En el caso presente, la parte recurrente denuncia que el Tribunal de alzada incurrió en incongruencia omisiva e infracción al deber de fundamentación; habida cuenta, que se habría pronunciado sólo sobre su denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva y no así sobre sus reclamos concernientes a la defectuosa valoración de la prueba testifical de cargo e inobservancia de los principios procesales para la incorporación de prueba documental; limitándose a señalar en el Auto de Vista impugnado, que al haberse dispuesto la reposición del juicio por ser evidente la primera denuncia, resultaba innecesario analizar los otros reclamos, hecho que a decir del recurrente, constituye inobservancia del principio procesal “tantum devolutum quantum apellatum”; por cuanto, asevera, que si se hubiere pronunciado sobre los señalados reclamos, en aplicación del art. 413 del CPP, le correspondería resolver directamente determinando su absolución, al no ser necesaria la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia.


III.1.De los precedentes contradictorios invocados.


El Auto Supremo 411 de 20 de octubre de 2006, fue pronunciado por la Sala Penal Segunda de la extinta Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación formulado en un proceso seguido por los delitos de Malversación y Peculado, donde se evidenció que el Tribunal de alzada no cumplió con los arts. 124 y 398 del CPP, lo que  implicaría violación al debido proceso y al derecho a la defensa; razón por la que se dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, sentando la siguiente doctrina legal aplicable: Al no haberse pronunciado el tribunal a quo sobre todos los motivos en los que se fundaron el recurso de apelación restringida deducido por el procesado, sin que del conjunto del Auto de Vista pueda inferirse una respuesta fáctica a los mismos, hace evidente un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio), y en consecuencia la infracción del principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación.


Esta actividad se constituye en vicio absoluto que atenta contra al derecho a la defensa y al debido proceso, debiendo la autoridad jurisdiccional dictar sus resoluciones respondiendo efectivamente a las cuestiones planteadas por los recurrentes, cuya omisión constituye un defecto de la resolución que no puede convalidarse, correspondiendo en consecuencia dejar sin efecto el fallo recurrido de casación”. (las negrillas y el subrayado nos corresponden).


Respecto a los Autos Supremos 5 de 26 de enero y 207 de 28 de marzo ambos de 2007, fueron dictados por la Sala Penal Segunda de la extinta Corte Suprema de Justicia, que evidenció que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre todos los motivos en los que se fundaron los recursos de apelación restringida. Así, de manera uniforme, los precedentes establecieron que: La exigencia de motivación es una garantía constitucional de justicia, fundada en el régimen republicano de gobierno que, al asegurar la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, permiten el control del pueblo, sobre su conducta, resguardando con ello a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces; la motivación responde también a otros fines, ya que podrán los interesados conocer las razones que justifican el fallo y decidir su aceptación o fundar su impugnación por los medios que la ley concede. Al mismo tiempo brinda al Tribunal de alzada el material necesario para ejercer su control, y finalmente sirve para crear la jurisprudencia, entendida como el conjunto de las enseñanzas que derivan de las sentencias judiciales.


De ahí que la motivación de los fallos emergentes de los recursos, debe ser expresa, clara, legítima y lógica.


a) Expresa: porque el Tribunal, no puede suplirla por una remisión a otros actos, o a las constancias del proceso, o reemplazarlas por una alusión de la prueba. La ley exige que el juzgador consigne las razones que determinan su decisorio, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él, para arribar a la conclusión.


b) Clara: en la resolución, el objeto del pensar jurídico debe estar claramente determinado, de manera que produzca seguridad en el ánimo de quienes la conozcan, aún por los legos.


a) Completa: la exigencia comprende a todas las cuestiones planteadas por las partes en los diferentes recursos que se analizan, y a cada uno de los puntos decisivos que justifican cada conclusión. El Tribunal está obligado a considerar todas las cuestiones esenciales o fundamentales que determinan el fallo. En este sentido, cualquier aspecto de la indagación susceptible de valoración propia, asume individualidad a los fines de la obligación de motivar; y sobre la base del principio de exhaustividad habrá falta de motivación, cuando se omita la exposición de los razonamientos efectuados sobre un punto esencial de la decisión y sobre los hechos secundarios alegados en el mismo, porque la obligación de motivar alcanza también a ellos en cuanto comprenden el iter a través del cual el Tribunal llega a la conclusión sobre la causa petendi.


La motivación de los fallos emergentes de los recursos, para ser completa, debe referirse al petitum y al derecho, analizando la resolución impugnada y expresando las conclusiones a las que se arribe luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, resolver apartándose del petitum significa que el fallo incurre en un vicio de incongruencia.


El vicio de incongruencia como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones, en definitiva constituyen el objeto del recurso. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre, en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium.


d) Legítima: la legitimidad de la motivación se refiere tanto a la consideración de las denuncias formuladas, como a la obligación de revisar ex oficio la legitimidad del proceso. Por lo tanto, el fallo que se funda en la consideración de cuestiones alejadas del objeto particular del recurso deducido, no esta debidamente motivada.


e) Lógica: finalmente se exige que la sentencia cumpla con las reglas de logicidad, de ahí que el Tribunal valorará las cuestiones formuladas de un modo integral, empleando el razonamiento inductivo, verificando la observancia de las reglas de la sana crítica y exponiendo los razonamientos en que se fundamenta la decisión; es decir, sustentándolos en las reglas de la lógica, psicología y experiencia”.


III.2.La incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) como defecto absoluto.


De conformidad con el desarrollo jurisprudencial de este Tribunal, se incurre en el defecto de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) al no pronunciarse una autoridad jurisdiccional sobre las denuncias planteadas, vulnerando las disposiciones contenidas en los arts. 124 y 398 del CPP; temática que fue ampliamente desarrollada por este Tribunal en el Auto Supremo 297/2012-RRC de 20 de noviembre, refiriendo que: “(…) En ese entendido, la parte que se sienta perjudicada por una resolución judicial, puede hacer uso de los recursos que la ley le franquea, denunciando los presuntos agravios ante el superior en grado, siendo deber de este último, responder a cada una de esas denuncias de manera fundamentada, aspecto que se halla ligado al derecho de acceso a la justicia; lo contrario significaría que estamos ante la existencia de una incongruencia omisiva (citrapetita o ex silentio),es decir cuando en el Auto de Vista no se resuelven todos y cada uno de los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, los cuales deben ser absueltos uno a uno con la debida motivación y con base de argumentos jurídicos sólidos e individualizados, a fin de que se pueda inferir respuesta con criterios jurídicos al caso en concreto; respetando el principio tantum devolutum quantum apellatum, y al deber de fundamentación establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal”.


En coherencia con lo señalado, es menester precisar que en materia penal, las nulidades procesales se encuentran reguladas a partir del art. 167 al 170 del CPP, siendo aplicable la sanción de nulidad cuando las partes, que pretendan la nulidad o se deje sin efecto un acto o resolución, impugnen las decisiones judiciales u omisiones de procedimiento con fundamento en el defecto que le causó agravio (art. 167 del CPP), de lo que se establece que únicamente se puede pretender la nulidad, cuando existe agravio cierto (ofrece certidumbre respecto al perjuicio efectivo ocasionado) e irreparable (que tenga como único remedio la nulidad del acto o fallo). Respecto a la finalidad de las nulidades, Luis Maurino sostiene que: “las nulidades procesales  tienen como misión esencial enmendar perjuicios efectivos que, surgidos de la desviación de las reglas del proceso, pueden generar indefensión” (Maurino, Luis: Nulidades Procesales, Buenos Aires, Ed. Astrea, 2001, pag. 44), razón por la cual, el régimen de nulidades se encuentra regulado por principios como el de  legalidad o especificidad, de trascendencia y de subsanación, que guían a la autoridad jurisdiccional en su objetivo de impartir justicia y que le permite, en algunos casos, dejar pasar el incumplimiento de ciertos formalismos por su irrelevancia frente a los demás derechos y garantías protegidos; pues lo contrario, se constituirían en simples actos dilatorios.


Consecuentemente, no toda denuncia de incongruencia omisiva derivará en la decisión de parte del Tribunal de casación de dejar sin efecto el Auto de Vista impugnado, tal el caso cuando los argumentos que no merecieron pronunciamiento de parte del Tribunal de alzada, fueran eminentemente subjetivos, carentes de base lógica y sustento normativo, que no permitan a este Tribunal establecer la posibilidad de que, en caso de dejarse sin efecto el Auto de Vista ahora impugnado, pudiera modificar de forma alguna el resultado final del fallo; por lo que, es obligación de quien pretende se deje sin efecto un fallo, acreditar normativa y motivadamente el perjuicio real e irreparable ocasionado; es decir, el daño debe ser de tal magnitud, que solo pueda ser enmendado con la emisión de un nuevo fallo, pues el dejar sin efecto el Auto de Vista por una omisión que en el fondo no ha causado daño al recurrente y por lo tanto no cambiaría el resultado final del fallo, generaría una vulneración al principio de economía procesal.


III.3.Sobre la facultad del Tribunal de alzada de emitir nueva Sentencia.


Antes de ingresar al análisis del recurso en cuestión, resulta pertinente señalar que sobre esta temática, el Auto Supremo 660/2014-RRC de 20 de noviembre, sentó la siguiente doctrina legal aplicable: “este Tribunal entiende que no siempre la modificación de la situación jurídica del imputado implica un descenso al examen de la prueba y a los hechos, pues ello no sucede cuando lo que se discute en esencia no son los hechos establecidos por el juzgador; sino, la adecuación o concreción de esos hechos al marco penal sustantivo, ya sea por el imputado que sostiene que el hecho por el que se lo condenó no constituye delito por falta de alguno de sus elementos (acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad) y que lógicamente no implique modificación de los hechos mediante la revalorización de la prueba, o por el acusador que, ante la absolución del imputado plantea que esos hechos demostrados y establecidos en sentencia, sí se subsumen en alguna conducta prohibida por el Código Penal. En consecuencia, en estos casos el Tribunal de alzada no tiene necesidad alguna de valorar prueba (lo que se reitera le está vetado), por cuanto los hechos ya están establecidos en sentencia y no son objeto de discusión, correspondiéndole únicamente verificar si el trabajo de subsunción o adecuación del hecho acreditado fue correcta o no, entonces, de advertir que el juez incurrió en error al adecuar la conducta del imputado, ya sea por haber establecido la absolución o determinando la condena en forma indebida, tiene plena facultad para enmendar el mismo, sin necesidad de anular la Sentencia, puesto que el error se cometió en la operación lógica del juzgador y no en la valoración de la prueba que dio lugar al establecimiento de los hechos tenidos como probados; consiguientemente, no es razonable ni legal que se repita el juicio únicamente para que otro juez realice una correcta subsunción del hecho.


En tal sentido, a tiempo de ratificar el concepto rector de que el Tribunal de alzada no puede cambiar la situación del imputado como consecuencia de la revalorización de la prueba o de la modificación de los hechos probados en juicio; debe concebirse la posibilidad en el supuesto de que se advierta y constate que el Juez o Tribunal de Sentencia, incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva, que el Tribunal de alzada en estricta aplicación del art. 413 último párrafo del CPP y con base a los hechos probados y establecidos en Sentencia, en los casos de que éstos no sean cuestionados en apelación o de serlo se concluya que fue correcta la operación lógica del juzgador en la valoración probatoria conforme a la sana crítica, pueda resolver en forma directa a través del pronunciamiento de una nueva sentencia, adecuando correctamente la conducta del imputado al tipo penal que corresponda, respetando en su caso la aplicación del principio iura novit curia, ya sea para condenar al imputado o en su caso, para declarar su absolución, de no poder subsumirse la conducta al o los tipos penales, por no ser punible penalmente el hecho o porque no reúne todos los elementos de delito.


En consecuencia, este Tribunal considera necesario establecer la siguiente sub regla: El Tribunal de alzada en observancia del art. 413 última parte del CPP, puede emitir nueva sentencia incluso modificando la situación del imputado de absuelto a condenado o de condenado a absuelto, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba, menos a la modificación de los hechos probados en juicio al resultar temas intangibles, dado el principio de inmediación que rige el proceso penal boliviano; supuestos en los cuales, no está eximido de dar estricta aplicación del art. 124 del CPP, esto es, fundamentar suficientemente su determinación, ya sea para la absolución o condena del imputado y respectiva imposición de la pena” (las negrillas no cursan en el texto original).


III.4 Análisis del caso concreto.


Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, en el acápite II.1 de esta Resolución, se evidencia que notificado el imputado con la Sentencia condenatoria, interpuso recurso de apelación restringida reclamando: i) Errónea aplicación de la ley penal adjetiva, ii) Defectuosa Valoración de la prueba testifical, iii) Inobservancia de los principios procesales para la incorporación de prueba documental; y, otros; reclamos, sobre los que el Tribunal de alzada, previa referencia de la teoría finalista del delito, alegó, que de la revisión de la Sentencia, evidenció que el Tribunal inferior, resolvió el caso de autos en el marco de la teoría finalista del delito, cuyo máximo representante sería Hans Welzel; por cuanto, habría llegado a la conclusión de que el imputado no tenía la finalidad de robar, no tenía la finalidad de apoderarse de cosa mueble ajena con violencia y fuerza en las cosas; por lo que, en función del principio iura novit curia, modificó la calificación del hecho acusado de Robo por la comisión del delito de Hurto.


Agregó el Tribunal de apelación, que el Tribunal de Sentencia no tomó en cuenta, que en la estructura de ambos tipos penales, existiría un aspecto coincidente y otro divergente, lo coincidente sería que en ambos tipos penales el apoderamiento de la cosa mueble ajena se presentaría no solo como la conducta desplegada por el sujeto activo del delito, sino como el fin de esa conducta voluntaria; en cambio, lo divergente residiría en los medios utilizados para la consecución del fin, que para el Robo se requiere la concurrencia de la fuerza en las cosas, violencia o intimidación en las personas; en cambio, para el Hurto no se requeriría la concurrencia de tales medios. Que en otras palabras, la acción final de robar y la acción final de hurtar tendría un común denominador, el apoderamiento de cosa mueble ajena; sin embargo, los medios empleados para el logro de la acción final de robar y de la acción final de hurtar diferirían entre sí, que para lograr el Robo se utilizaría la fuerza, violencia o la intimidación; empero, para lograr el Hurto no se requeriría el uso de la fuerza, violencia o la intimidación.


Continuando con los argumentos de la Resolución recurrida, aseveró, que cuando el Tribunal de sentencia concluyó que el imputado no tenía la finalidad de robar o no tenía la finalidad de apoderarse de cosa mueble ajena con violencia y fuerza en las cosas, habría confundido el fin de la conducta voluntaria con los medios utilizados para la obtención de ese fin; ya que, si el fin de la conducta voluntaria desplegada por el imputado no fue según concluyó el Tribunal de Sentencia el apoderamiento de cosa mueble ajena; entonces, no sólo, no hubiese acción de robar; pero, que tampoco se configuraría la acción de hurtar; toda vez, que las conductas colaterales del uso de la fuerza en las cosas o violencia e intimidación en las personas no constituirían fines en sí mismos; sino, sólo medios para conseguir el apoderamiento de cosa ajena; concluyendo el Tribunal de alzada, que al haber atribuido el Tribunal de sentencia al imputado la responsabilidad de la comisión del delito de Hurto incurrió en el defecto de sentencia previsto por el art. 370 inc. 1) del CPP, por errónea aplicación del art. 326 primer párrafo del CP, situación por la que dispuso anular totalmente la sentencia, alegando respecto a los otros reclamos, que resultaba innecesario ingresar a su análisis.


Por lo expuesto, se constata que el Tribunal de apelación si bien se pronunció sobre el reclamo referido a la errónea aplicación de la norma sustantiva en la que hubiere incurrido el Tribunal de Sentencia; evidentemente no resolvió los otros cuestionamientos efectuados por el recurrente en la interposición de su recurso de apelación restringida, situación por la que conforme se extrajo en el apartado II.3 de este Auto Supremo, solicitó explicación y complementación a la Resolución recurrida, mereciendo el pronunciamiento del Auto Complementario de 9 de octubre de 2010, que respecto al punto cuestionado señaló, que conforme al art. 413 del CPP, constató que el Tribunal de Sentencia incurrió en el defecto del art. 370 inc. 1) del CPP, por errónea aplicación del art. 326 del CP, situación por la que anuló totalmente la Sentencia, motivo por el cual resultaba innecesario ingresar a revisar los otros aspectos impugnados, ya que el resultado sería el mismo.


De esta relación necesaria de antecedentes, se observa, que el Tribunal de Alzada al momento de emitir el Auto de Vista impugnado, no se pronunció respecto a las denuncias referidas a la defectuosa valoración de la prueba testifical; e, inobservancia de los principios procesales para la incorporación de prueba documental que alega el recurrente, resultando contrario a los precedentes invocados y desarrollados en el acápite III.1 de este Auto Supremo; por cuanto, es deber del Tribunal de alzada, pronunciarse y de manera fundamentada a todos los reclamos efectuados por el recurrente ante la interposición de su recurso de apelación restringida; agregando a dicha omisión, que no explicó por qué, consideró que resultaría innecesario ingresar a revisar los otros aspectos cuestionados, lo que indudablemente implica una falta de pronunciamiento expreso sobre los motivos señalados, omisión que implica vulneración al debido proceso incurriendo el Tribunal de alzada en el defecto de incongruencia omisiva conforme se desarrolló en el apartado III.2 de este Auto Supremo.


Ahora bien, considerando además los principios que regulan el régimen de nulidades, se establece que la relevancia de la omisión identificada, radica en el hecho de que una vez que se pronuncie el Tribunal de apelación respecto a los demás reclamos efectuados por el recurrente, conforme lo desarrollado en el apartado III.3 de este Auto Supremo, de verificarse sólo la errónea aplicación de la norma sustantiva en la que habría incurrido el Tribunal de Sentencia, el Tribunal de alzada podría eventualmente emitir una nueva sentencia conforme plantea el recurrente, siempre y cuando no proceda a una revalorización de la prueba y menos a la modificación de los hechos probados en juicio, al tener plena facultad para enmendar el supuesto error en el que habría incurrido el Tribunal de juicio, sin necesidad de anular la Sentencia, ello, siempre y cuando el error se hubiere cometido en la operación lógica del juzgador y no en la valoración de la prueba que habría dado lugar al establecimiento de los hechos tenidos como probados; en consecuencia, establecidos los hechos, resultaría irrazonable que se repita el juicio.


Por los argumentos expuestos, se concluye, que el Tribunal de apelación al momento de emitir el Auto de Vista impugnado incurrió en incongruencia omisiva que resulta relevante, en contradicción a los precedentes invocados por el recurrente, desarrollados en el apartado III.1 de esta Resolución; situación por la que corresponde a la Sala Penal Primera del ahora Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba el pronunciamiento de un nuevo Auto de Vista respondiendo a todos los puntos cuestionados por el recurrente en aplicación de los arts. 124 y 398 del CPP; y, con su resultado emita directamente una nueva sentencia en observancia de la doctrina legal aplicable desarrollada en el acápite III.3 de este Auto Supremo o en su caso disponga la nulidad de la Sentencia con el consecuente reenvío de la causa; en cuyo mérito, el presente recurso deviene en fundado.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso formulado por Sergio Lichtenfeld Gwinner, en cuyo mérito DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de 22 de septiembre de 2010 cursante a fs. 173 a 174 vta., y su Auto Complementario de 9 de octubre de la misma gestión cursante a fs. 179; y, determina que la Sala Penal Primera del ahora Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420 del CPP; remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA