TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 713/2015-RRC-L

Sucre, 12 de octubre de 2015


Expediente        : Cochabamba 190/2009

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Ricardo Mercado Mercado

Delito        : Resoluciones Contrarias a la Constitución Política del Estado y a las Leyes y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 31 de agosto de 2009, cursante de fs. 840 a 842 vta., Ricardo Mercado Mercado, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 18 de agosto de 2009, cursante de fs. 835 a 838, pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Alcaldía Municipal de Quillacollo representado por Hugo Cesar Miguel Candia contra el recurrente, por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución Política del Estado y a las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Nombramientos Ilegales y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 153, 154, 157 y 224 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)  En mérito a la acusación pública (fs. 2 a 7) y particular presentada por Hugo Cesar Miguel Candia en representación de la Alcaldía Municipal de Quillacollo (fs. 15 y vta.), desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Quillacollo de la entonces Corte Superior del Distrito judicial de Cochabamba, pronunció la Sentencia 4/09 de 30 de enero de 2009 (fs. 765 a 769), por la que declaró al imputado Ricardo Mercado Mercado, absuelto de culpa y pena de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución Política del Estado y a las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Nombramientos Ilegales y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 153, 154, 157 y 224 del CP, dejando sin efecto las medidas cautelares personales que se hubieren adoptado en su contra.


b)  Contra la mencionada Sentencia, la Alcaldía Municipal de Quillacollo y el Ministerio Público, interpusieron recursos de apelación restringida (fs. 780 a 784 y 786 a 789 vta.), resueltos por Auto de Vista de 18 de agosto de 2009 (fs. 835 a 838), dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que declaró procedentes los recursos y por ende anuló totalmente la Sentencia y dispuso la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. De los motivos del recurso de casación


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 461/2015-RA-L de 13 de agosto (fs. 926 a 928 vta.), se extrae los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP):


1)  Denuncia la inobservancia de la ley procesal penal, debido a que los recursos de apelación restringida que formularon los acusadores, no cumplen con los requisitos establecidos en los arts. 396 inc. 3) y 408 del CPP, limitándose a explicar supuestas irregularidades y detallar las particularidades de los elementos constitutivos de los delitos, sin mencionar las disposiciones adjetivas hipotéticamente quebrantadas o violadas y cuál la correcta aplicación que se pretende; asimismo, las apelaciones omitieron señalar precedentes contradictorios y el cotejo analítico entre el precedente y la resolución cuestionada; no obstante, los Vocales actuaron con exceso de autoridad al obviar las irregularidades procesales incurriendo en el defecto absoluto contemplado en el art. 169 incs. 1) y 3) del CPP, violando derechos fundamentales como el debido proceso, legalidad y seguridad jurídica al ingresar al análisis de fondo, pese a que los recursos resultaban incompletos, agrega que, de no admitirse la denuncia las normas procesales se convertirían en opiniones líricas e intrascendentes y los Autos Supremos en meras opiniones, dando lugar a que se presenten recursos sin la menor formalidad.


2)  Expresa que el Tribunal de alzada, sostuvo que el Tribunal de Sentencia incurrió en defecto absoluto por la inobservancia de los arts. 52 y 321 del CPP, anulando totalmente la Sentencia; sin embargo, la interpretación realizada del art. 52 del CPP, resulta extremadamente ritualista y restrictiva, puesto que si bien establece que en ningún caso el número de Jueces Ciudadanos será menor al de los Jueces Técnicos, ello debe entenderse a los fines de la realización del juicio oral conforme el art. 329 del CPP y no así para las cuestiones incidentales como es el caso de la resolución de la recusación, de aplicarse en esa forma daría lugar a contar con cuatro Jueces Ciudadanos, tres para el juicio oral y uno para el incidente y daría lugar a que se repita todo lo obrado, afectándose los principios de inmediación, continuidad y celeridad procesal; en el caso, se resolvió al existir el quórum necesario. En lo referente a que los Jueces Ciudadanos recusados hubiesen ingresado y participado en la deliberación, resulta subjetivo debido a que los actos judiciales se rigen por los principios de objetividad y buena fe.


I.1.2. Petitorio


El recurrente solicita que en base a lo fundamentado se imprima el trámite de rigor y se remita antecedentes ante el Tribunal Supremo.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 461/2015-RA-L de 13 de agosto, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación, interpuesto por Ricardo Mercado Mercado, vía flexibilización.


II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1.Del incidente de recusación a los Jueces ciudadanos.


En el desarrollo de la audiencia del juicio oral de 26 de enero de 2009, el abogado de la entidad acusadora particular y el Ministerio Público, conforme se acredita por el acta de registro del juicio oral (fs. 744 a 763 vta.), formularon el incidente de recusación por causal sobreviniente en contra de los Jueces Ciudadanos Norah Claros de Cossio y José Carlos Montaño Zelada, por las causales previstas en el art. 316 incs. 10) y 11) del CPP, tramitado el incidente con las formalidades legales, el Tribunal de Sentencia por Auto de la misma fecha, rechazó la recusación (fs. 749 vta.); sin embargo, habiéndose solicitado la nulidad del referido Auto por el abogado de la acusación particular con el argumento de que en la deliberación intervinieron los cinco jueces, dos Técnicos y los tres Jueces Ciudadanos, el Tribunal emitió el siguiente Auto: “Se a establecido que en la deliberación participaron los dos jueces técnicos y un juez ciudadano, si bien los otros dos jueces ciudadanos estuvieron presentes, sin embargo se abstuvieron de intervenir en la deliberación sobre la recusación, en consecuencia no ha lugar a lo solicitado por la parte acusadora” (sic), inmediatamente el abogado del Municipio de Quillacollo realizó protesta de hacer uso del recurso de apelación restringida.


II.2.De la Sentencia.


El Tribunal de Sentencia de Quillacollo de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunció Sentencia absolutoria a favor del imputado Ricardo Mercado Mercado, por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución Política del Estado y a las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Nombramientos Ilegales y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados por los arts. 153, 154, 157 y 224 del CP, con base a los siguientes fundamentos: i) Se demostró que el imputado ejerció el cargo de Alcalde Municipal de Quillacollo durante las gestiones 2005 y 2006, en cuya entidad existían dos modalidades de contratación de personal; ii) Durante su gestión los ciudadanos José Bernardino Escalera Villarroel, Basilides Chirila Zeballos y Daniel Soliz Choclo, fueron trabajadores del Municipio, los que luego de la censura del Alcalde, procedieron a la devolución de sueldos supuestamente percibidos de manera ilegal; y, iii) No se demostró que el imputado hubiese causado perjuicio a la Alcaldía Municipal, tampoco que en el ejercicio de sus funciones haya dictado resoluciones técnico administrativas contrarias a la Constitución Política del Estado y a las Leyes o que hubiese efectuado Nombramientos Ilegales o que realizó actividades económicas financieras en perjuicio del Municipio de Quillacollo.


II.3.De la apelación restringida del acusador particular.


Orlando Espinoza Cotari, en su condición de Alcalde del Municipio de Quillacollo (fs. 780 a 784), interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia, argumentando los siguientes fundamentos vinculados al recurso de casación: Denunció actividad procesal defectuosa conforme el art. 169 inc. 1) del CPP, expresando que en el juicio oral recusó a los Jueces Ciudadanos José Carlos Montaño Zelada y Norah Claros de Cossio, por causal sobreviniente establecida en el art. 316 incs. 10) y 11) del CPP; es decir, amistad íntima con el acusado y haber recibido beneficios, en ambos casos afirma que se demostró con prueba documental y testifical que no reunían los requisitos para actuar con imparcialidad; sin embargo, se decretó un receso e ingresaron a deliberar los cinco jueces, pese a que indicaron que sólo deliberaron los dos jueces técnicos y un juez ciudadano, rechazándose la recusación; al respecto, sostiene que conlleva vicios procedimentales, puesto que conforme el art. 52 del CPP, el número de jueces ciudadanos no puede ser menor al de los jueces técnicos, en todo caso, debió haberse seguido el procedimiento que indica la última parte del art. 60 concordante con el art. 320 inc. 3) del CPP; en otras palabras, para conformar el quórum debió citarse al juez ciudadano siguiente de la lista y no agravar permitiendo que los jueces ciudadanos recusados participen de la deliberación para resolver su recusación, incurriendo en la causal de nulidad prevista en el art. 321 del CPP. 


II.4.De la apelación restringida del Ministerio Público.


El representante del Ministerio Público, por memorial de fs. 786 a 789 vta., formuló recurso de apelación restringida; en cuanto al motivo vinculado al recurso de casación, denunció defecto absoluto refiriendo que se interpuso recusación contra los Jueces Ciudadanos José Carlos Montaño Zelada y Norah Claros de Cossio, por las causales consignadas en el art. 316 incs. 10) y 11) del CPP, luego de recibirse la declaración de testigos, el Tribunal en pleno ingresó a deliberar acerca de la recusación en franca violación al art. 320 incs. 1) y 2) del CPP, si bien el presidente del Tribunal aclaró que los recusados ingresaron al mismo recinto pero no deliberaron; no obstante, el sólo hecho de haber ingresado al mismo recinto contaminó su decisión generando duda si intervinieron o no en la deliberación, consiguientemente, el acto fue viciado de nulidad constituyendo defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 4) del CPP.  


II.5.Del Auto de Vista impugnado.


La Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, resolvió el recurso de apelación restringida, mediante Auto de Vista de 18 de agosto de 2009, por el que anuló totalmente la Sentencia, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, con los siguientes fundamentos jurídicos que tienen relación con el agravio denunciado en el recurso de casación: Luego de hacer mención a las disposiciones legales establecidas en los arts. 44, 52 y 62 del CPP, al incidente de recusación de los Jueces Ciudadanos y a la resolución emitida por el Tribunal de Sentencia que expresa que en la deliberación sólo participaron dos Jueces Técnicos y un Juez Ciudadano, si bien los Jueces Ciudadanos estuvieron presentes en el acto de deliberación no intervinieron en la misma, concluyó que se produjeron los siguientes defectos absolutos: 1) La resolución de la recusación de los Jueces Ciudadanos, se pronunció en contraposición del art. 52 del CPP, ya que la decisión fue adoptada cuando los Jueces Técnicos se encontraban en número mayor al Juez Ciudadano; al margen de ello, tampoco se observó el procedimiento establecido en la Sentencia Constitucional 0048/2005 de 28 de julio, por lo que, se incurrió en el defecto absoluto no susceptible de convalidación previsto en el inc. 1) del art. 169 del CPP; y, 2) Al haber ingresado los Jueces Ciudadanos recusados al mismo recinto donde tuvo lugar la deliberación a efectos de determinar si se aceptaba o rechazaba el incidente, se incurrió en el defecto absoluto no susceptible de convalidación previsto en el inc. 4) del art. 169 del CPP con relación al art. 321 del mismo cuerpo legal, porque los dos jueces ciudadanos recusados no debieron ingresar al recinto donde se iba a resolver la recusación, pues con el sólo hecho de haber ingresado indebidamente, viciaron de nulidad el propio acto de deliberación realizado.     

III. VERIFICACIÓN DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA


El recurrente denuncia que los recursos de apelación restringida que interpusieron el Municipio de Quillacollo y el Ministerio Público, no cumplieron con los requisitos establecidos en los arts. 396 inc. 3) y 408 del CPP, quebrantándose derechos fundamentales como el debido proceso, la legalidad y seguridad jurídica; por otra parte, refiere que el Tribunal de alzada a tiempo de anular totalmente la Sentencia incurrió en defecto absoluto por inobservancia de los arts. 52, 321 y 329 del CPP, en vulneración de los principios de inmediación, continuidad y celeridad, tomando en cuenta que la recusación de los Jueces Ciudadanos se resolvió con el quórum necesario, correspondiendo a este Tribunal verificar si los motivos denunciados tienen mérito.


III.1.Respecto a los requisitos del recurso de apelación restringida.


Antes de ingresar al análisis propiamente dicho del motivo en examen, es importante realizar algunas consideraciones respecto a los requisitos del recurso de apelación restringida, que deben ser observados por el Tribunal de alzada, a objeto de que pueda disponer se subsane, admita o en su caso rechace. El Auto Supremo 98/2013-RRC de 15 de abril, estableció la siguiente jurisprudencia: “En el sistema procesal penal, en los arts. 394 y siguientes del CPP, se establecen las normas generales y los requisitos de tiempo y forma que se deben observar a tiempo de interponer los diferentes recursos, siendo facultad privativa de los Tribunales de apelación o alzada, velar por el cumplimiento de las normas que regulan el trámite y resolución de dichos recursos, y por ende, pronunciarse sobre la admisibilidad de los mismos.


De manera particular, por previsión expresa del art. 407 CPP, el recurso de apelación restringida se interpondrá por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o adjetiva, cuando el vicio versa sobre la incorrección del juicio contenido en la sentencia o violación de ley sustantiva, o sobre la irregularidad en la actividad procesal, en el segundo caso, el recurso será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente, su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir durante la sustanciación del juicio, salvo en los casos de nulidad absoluta o vicios de sentencia previstos en los arts. 169 y 370 CPP.


Conforme señalan los arts. 408 y 410 CPP, a tiempo de interponer el recurso de apelación restringida, deberá citarse inexcusablemente, de manera concreta y precisa, las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas, además de expresar cuál es la aplicación que se pretende, indicando separadamente cada violación con sus fundamentos, con el advertido de que posteriormente no podrá invocarse otra violación; esta exigencia se explica, porque el Tribunal tiene que saber cuál es la norma procesal o sustantiva que el procesado considera inobservada o erróneamente aplicada y fundamentalmente, cuál es la aplicación de la norma que pretende aquel que impugna de una sentencia, es decir, el recurrente tiene el deber, a partir de los motivos que alega en su recurso, indicar en su planteamiento cuál la solución que el Tribunal de alzada debiera dar a su caso. Es menester tener en cuenta que de acuerdo a la Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio: Estas exigencias, tienen la finalidad de que el Tribunal que conozca el recurso no tenga que indagar qué ha querido decir el recurrente, cuál ha podido ser la norma procesal o sustantiva que el procesado entiende inobservada o violada. Pues, una tarea así para el tribunal que debe conocer el recurso, dada la recargada e intensa actividad judicial, podría determinar el colapso (la mora judicial), imposibilitando el cumplimiento de las exigencias constitucionales de celeridad procesal.


De las previsiones legales referidas, se puede establecer que en la legislación penal boliviana el derecho al recurso no es absoluto, pues su existencia primero y su ejercicio después va a depender de la concurrencia de todos y cada uno de los presupuestos, requisitos o condiciones de admisibilidad del recurso; además, no puede ser ejercitado por cualquier persona, ni de cualquier forma, pues su ejercicio exige el cumplimiento de una serie de condiciones legalmente establecidas. Por lo tanto, el derecho a recurrir está supeditado y condicionado legalmente o dicho de otro modo, el recurso de apelación restringida debe ser formulado tal y como prevé la norma procesal, requiriendo la diligencia del recurrente.


En ese ámbito, la jurisprudencia ha determinado criterios en cuanto a los requisitos de forma en la interposición de la apelación restringida, en los términos contenidos en el Auto Supremo 10 de 26 de enero de 2007 que expresó: El sistema de recursos contenido en el Nuevo Código de Procedimiento Penal, ha sido trazado para efectivizar la revisión de los fallos dictados como emergencia del juicio penal, conforme disponen los artículos 8.2 inciso h) de la Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica), y artículo 14.5) de la Ley Nº 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), asegurando el control del decisorio por un Juez o Tribunal Superior al que pronunció la resolución condenatoria; para luego señalar lo siguiente: ...si el Tribunal de alzada observa el recurso de apelación restringida y otorga un plazo para subsanar el recurso conforme a la previsión del artículo 399 del Código Adjetivo Penal, debe precisar de manera clara y expresa en el decreto respectivo, la observación que realiza y los requisitos que extraña, toda vez que las resoluciones judiciales deben ser expresas y no tácitas.


En cuyo caso, si transcurridos los tres días, el recurrente no subsana el recurso conforme a las observaciones realizadas, precluye el derecho del recurrente por el transcurso del tiempo, debiendo el Tribunal ad quem dar estricta aplicación al artículo 399 del Código de Procedimiento Penal y RECHAZAR el recurso, sin ingresar a realizar consideraciones de fondo; de lo contrario tramitará el recurso conforme a procedimiento y dictará resolución declarando procedente o improcedente el recurso. Entendimiento consolidado en los Autos Supremos 58 de 27 de enero y 219 de 28 de marzo, ambos del 2007, entre otros”.


Ingresando al análisis del motivo denunciado por el recurrente, se advierte concretamente que cuestiona los requisitos de forma que debe contener el recurso de apelación restringida establecido en el art. 408 del CPP; es decir, no se hubiese señalado las disposiciones adjetivas presuntamente quebrantadas o violadas, la aplicación que se pretende y la cita de los precedentes contradictorios.


Con relación a los requisitos de forma, establecidos en los arts. 407 y 408 del CPP, conforme la jurisprudencia glosada en el apartado III.1 de la presente Resolución, el recurso de apelación restringida se interpondrá por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o adjetiva, cuando el vicio versa sobre la incorrección del juicio contenido en la sentencia o violación de ley sustantiva, o sobre la irregularidad en la actividad procesal; en el segundo caso, el recurso será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente, su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir durante la sustanciación del juicio, salvo en los casos de nulidad absoluta o vicios de sentencia previstos en los arts. 169 y 370 CPP.


Asimismo, a tiempo de la interposición del recurso de apelación restringida, deberá citarse inexcusablemente, de manera concreta y precisa, las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas, además de expresar cuál es la aplicación que se pretende, indicando separadamente cada violación con sus fundamentos, con el advertido de que posteriormente no podrá invocarse otra violación. 


Ahora bien, los recursos de apelación restringida interpuestos por el Municipio de Quillacollo y el Ministerio Público, guardan similitud porque ambos denuncian defectos absolutos por actividad procesal defectuosa, en cuanto a una presunta interpretación de la norma procesal penal y defectos de Sentencia, teniendo como base normativa los arts. 169 inc. 1), 4), 370 incs. 1) del CPP, 13, 14, 153, 154 y 157 del CP; además de los arts. 370 inc. 4), 172, 370 inc. 5), 6), 320 numerales 1), 2) y 321 del CPP, referidos a errónea aplicación de la ley sustantiva con relación a los delitos acusados y defectuosa valoración de la prueba, en ellos, citan las disposiciones presuntamente vulneradas y erróneamente aplicadas, invocando Autos Supremos como precedentes contradictorios; y, en cuanto a la aplicación que se pretende, sostienen que el procedimiento que debió ser aplicado era el establecido por el art. 62 concordante con el art. 320 inc. 2) del CPP. Asimismo, consta a fs. 751, la protesta de apelación restringida con referencia a la recusación de los jueces ciudadanos por parte del abogado del Municipio de Quillacollo.


Del análisis realizado, este Tribunal concluye que los recursos formulados por el Municipio de Quillacollo y el Ministerio Público, cumplen con los requisitos exigidos por la normativa procesal penal para el recurso de apelación restringida, establecidos en los arts. 407 y 408 del CPP, no siendo evidente la vulneración del debido proceso, la legalidad y la seguridad jurídica, al advertirse que el Tribunal de alzada, no actuó con exceso de autoridad al resolver los recursos de apelación restringida, conforme consta en el Auto de Vista impugnado, por el cual fueron admitidos los recursos formulados por los acusadores público y particular, para luego ingresar a resolver el motivo relativo a la denuncia de defectos absolutos, de modo que pretender que el conocimiento del fondo de ambos recursos constituya un defecto absoluto como plantea la parte recurrente, sería desconocer los principios pro actione y de favorabilidad que les asiste a las partes,  interpretando la normativa procesal penal con un exagerado y riguroso formalismo que en la práctica quebrantaría el derecho de impugnación que les asiste a los sujetos procesales, por lo que, este motivo deviene en infundado.    


III.2. En cuanto a la recusación de los Jueces ciudadanos.


El recurrente denuncia que el Tribunal de alzada, al anular totalmente la Sentencia incurrió en defecto absoluto por inobservancia de los arts. 52 y 321 del CPP, puesto que la interpretación del primer artículo citado, resulta extremadamente ritualista y restrictivo, pues si bien el número de Jueces Ciudadanos no puede ser menor al de los Jueces Técnicos, se entiende que es a los fines de la realización del juicio oral y no para el incidente de recusación; en el caso, de aceptarse esa interpretación, daría lugar a que el Tribunal esté constituido por cuatro Jueces Ciudadanos, tres para el asunto de fondo y uno convocado para la resolución del incidente, dando lugar a la afectación de los principios de inmediación, continuidad y celeridad procesal, lo que constituye defecto absoluto previsto en el art. 169 incs. 1) y 3) del CPP.


Para resolver el motivo en cuestión, es importante tomar en cuenta que el proceso data del año 2009, de tal forma que el instituto de la recusación para el caso en particular, debe ser analizado observando la normativa legal vigente en ese año, habida cuenta que la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, incorporó modificaciones al régimen de recusaciones; en consecuencia, de los antecedentes procesales y conforme se explicó en el acápite II.1 del presente Auto Supremo, en la audiencia del juicio oral de 26 de enero de 2009, la Alcaldía de Quillacollo y el Ministerio Público, formularon el incidente de recusación por causal sobreviniente en contra de los Jueces Ciudadanos Norah Claros de Cossio y José Carlos Montaño Zelada, por las causales previstas en el art. 316 incs. 10) y 11) del CPP, debido a que los jueces recusados tendrían amistad íntima con la parte contraria y hubiesen recibido beneficios del imputado. Tramitado el incidente, el Tribunal de Sentencia por Auto de la misma fecha rechazó la recusación; no obstante, el abogado del Municipio de Quillacollo observó la forma de resolución del incidente, al cuestionar la participación de los jueces recusados en el acto de la deliberación, motivando que el Tribunal mediante resolución expresa, haga notar que efectivamente los dos jueces ciudadanos estuvieron presentes; empero, se abstuvieron de intervenir en la deliberación sobre la recusación. 


Ahora bien, el Tribunal de apelación a tiempo de resolver los recursos de apelación restringida interpuestos por los acusadores, anuló totalmente la Sentencia con el argumento, de que la resolución del incidente de recusación de los Jueces Ciudadanos, se pronunció en contraposición del art. 52 del CPP y que no se tomó en cuenta el procedimiento establecido en la Sentencia Constitucional 0048/2005 de 28 de julio, por lo que, se incurrió en el defecto absoluto no susceptible de convalidación previsto en el inc. 1) del art. 169 del CPP; asimismo, el hecho de haber ingresado los Jueces Ciudadanos recusados al mismo recinto donde tuvo lugar la deliberación, se incurrió en el defecto absoluto no susceptible de convalidación previsto en el inc. 4) del art. 169 del CPP con relación al art. 321 del mismo cuerpo legal, viciando de nulidad el acto de deliberación realizado.     

 

Para el análisis del motivo en cuestión y respecto al instituto de la recusación, la citada Sentencia Constitucional 0048/2005 de 28 de julio, a tiempo de resolver un recurso directo de nulidad en el que se abordó la temática de la recusación de los integrantes de un Tribunal de Sentencia, estableció los siguientes aspectos: “1º Las normas previstas por el art. 52 del CPP, disponen que los tribunales de sentencia, como tribunales competentes en materia penal, están conformados por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos, y son competentes para el conocimiento, sustanciación y resolución de los juicios en todos lo delitos de acción pública; excepto aquellos que por mandato del art. 53 del CPP corresponde tramitar a los jueces de sentencia.


Dada la conformación de los Tribunales de Sentencia, compuestos por jueces técnicos y legos llamado también sistema de jueces escabinos o de tribunales mixtos; sus integrantes técnicos, en su condición de componentes permanentes del órgano jurisdiccional tienen algunas atribuciones tendientes a la preparación del juicio; como radicar la acusación y las pruebas ofrecidas por el fiscal, notificar al querellante para que presente acusación particular, poner en conocimiento del imputado las acusaciones y las pruebas de cargo, recibir las de descargo (art. 340 del CPP); así como dictar Auto de apertura del juicio, precisar los hechos sobre los que se abre el juicio (art. 342 del CPP), y  señalar día y hora para la celebración del juicio (art. 343 del CPP). De otro lado, también deberán cumplir la tarea de la integración del Tribunal con los jueces ciudadanos, para lo cual, quince días antes de la celebración del juicio, en audiencia pública deben proceder al sorteo de 12 ciudadanos, los cuales pondrán en conocimiento de las partes (art. 61 del CPP), para luego proceder a la constitución del tribunal con tres jueces ciudadanos conforme el procedimiento previsto por el art. 62 del CPP.


Lo relacionado implica lo siguiente: a) la competencia de juzgar los delitos de acción pública, no incluidos en las normas previstas por el art. 53 CPP, está otorgada a los tribunales de sentencia integrados por jueces técnicos y ciudadanos, lo que confiere al Tribunal una naturaleza mixta inherente a su función, de tal manera que no puede funcionar en ausencia de jueces ciudadanos o técnicos, pues se atentaría contra esa naturaleza; b) los jueces técnicos integrantes de esos tribunales, tienen algunas atribuciones tendientes al cumplimiento de la función específica de ese órgano jurisdiccional, que pueden ser calificadas de mero trámite. El tema específico de las recusaciones será considerado en forma posterior.


2º También es necesario precisar una regla general sobre las competencias de los jueces en materia penal, ya que las normas previstas por el tercer párrafo del art. 44 del CPP, disponen lo siguiente:


El juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas”.


3º Respecto al trámite específico del incidente de recusación, las normas previstas por el art. 320 del CPP, disponen lo siguiente:


“Artículo 320º.- (Trámite y resolución de la recusación).- La recusación se presentará ante el juez o tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente.


Si el juez recusado admite la recusación promovida, se seguirá el trámite establecido para la excusa. En caso de rechazo se aplicará el siguiente procedimiento:


1. Cuando se trate de un juez unipersonal, elevará antecedentes al tribunal superior dentro de las veinticuatro horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada de rechazo. El tribunal superior, previa audiencia en la que se recibirá la prueba e informe de las partes, se pronunciará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes sobre la aceptación o rechazo de la recusación, sin recurso ulterior. Si acepta la recusación, reemplazará al juez recusado conforme a lo previsto en las disposiciones orgánicas; si la rechaza ordenará al juez que continúe con la sustanciación del proceso, el que ya no podrá ser recusado por las mismas causales;


2. Cuando se trate de un juez que integre un tribunal el rechazo se formulará ante el mismo tribunal, quien resolverá en el plazo y forma establecidos en el numeral anterior.


Cuando el número de recusaciones impida la existencia de quórum o se acepte la recusación de uno de sus miembros, el tribunal se completará de acuerdo con lo establecido en las disposiciones orgánicas”.


De las normas glosadas, se deduce que en el procedimiento de recusación de los jueces en materia penal, aceptada la misma se procede a su reemplazo; empero, cuando el juzgador no se allana a la recusación, el procedimiento difiere según se recuse a un juez unipersonal, o a uno integrante de un Tribunal, así:


a) Para el primer caso, tratándose de un Juez unipersonal, planteada la recusación y rechazada por el juzgador, éste remitirá los antecedentes ante el superior; debiendo la autoridad llamada por ley, previa audiencia, pronunciarse en el plazo de cuarenta y ocho horas sobre la aceptación o rechazo de la recusación, y según la resolución dictada, reemplazará o no al recusado;


b) para el caso de la recusación a un integrante de un Tribunal de sentencia, se formulará la recusación ante el propio Tribunal, el cual deberá pronunciarse en el plazo y formas anteriormente descritas para el caso de un juez unipersonal.


De otro lado, el mismo art. 320 del CPP, en su último párrafo, prevé la posibilidad de una recusación que afecte la integración del tribunal, es decir que impida a éste considerar las recusaciones, lo que puede darse por ejemplo cuando se recusa a tres de los jueces; en ese caso, y en concreto para el caso de que provoque la ausencia de jueces técnicos suficientes para conformar el Tribunal, el último párrafo del citado art. 320 del CPP, dispone que el tribunal se completará de acuerdo con las disposiciones orgánicas; ahora bien, las normas orgánicas son las previstas por la Ley de Organización Judicial; empero, dado que la referida Ley es anterior al cambio del sistema procesal penal, no prevé en forma expresa la suplencia para jueces técnicos de tribunales de sentencia, sin embargo existe la norma general para juzgados de partido en materia penal, art. 138 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), que dispone que la suplencia se ejerce por el siguiente en número de la misma materia, en forma concordante para los tribunales especializados en casos por la Ley 1008, art. 142 de la LOJ, que dispone que la suplencia se ejercitará por un juez similar; bajo ese criterio, la Corte Suprema de Justicia, mediante Circular 17/03, de 1 de octubre, en su numeral 3 inc. b) instruyó a todos los jueces de la República lo siguiente: “Ante el Impedimento de ambos Jueces Técnicos que componen el Tribunal de Sentencia y cumplido el procedimiento previsto por los arts. 318 ó 320 inc. 2) de la Ley 1970, conforme expresamente remite la última parte de ambos artículos, se deberá aplicar la Ley de Organización Judicial; debiendo, en consecuencia, convocarse a un Juez Técnico del Tribunal de Sentencia siguiente en número” (sic).


Consecuentemente, para el caso de la recusación contra los dos jueces técnicos de un Tribunal de Sentencia, como es el caso en estudio, le corresponde el conocimiento de la recusación al propio tribunal del que forman parte los recusados, empero, dado que quedaría conformado sólo por los tres jueces ciudadanos, su naturaleza mixta quedaría afectada, pues precisa para constituirse por lo menos un juez técnico, por lo que se deberá convocar al número de jueces técnicos suficientes para conformar el tribunal, lo que equivale a decir que se deberá convocar a un juez técnico del siguiente Tribunal de Sentencia en número, debiendo de esa manera completarse el tribunal para que considere la recusación a los dos jueces técnicos.


Para el caso de recusación o ausencia de número suficiente de Jueces Ciudadanos, rige lo dispuesto por la parte in fine el art. 62 del CPP” (las negrillas no cursan en el texto original).  


De la jurisprudencia constitucional glosada, se concluye en primer término que, promovida la recusación ya sea contra Jueces Técnicos o Ciudadanos, resuelve el incidente el propio Tribunal de Sentencia; ahora, cuando el número de recusaciones impida la existencia de quórum, tratándose de la recusación de los dos jueces técnicos, se convocará a otro Juez Técnico del Tribunal de Sentencia siguiente en número y en caso de que la recusación se halle dirigida a dos o más jueces ciudadanos, se convocará al número suficiente de jueces ciudadanos para resolver el incidente, conforme la parte in fine del art. 62 del CPP, que dispone la citación al siguiente de la lista, pues de la comprensión del análisis efectuado por el Tribunal Constitucional, la aplicación de la citada norma procesal penal, tiene que ver en el contexto de la formulación de recusaciones contra los integrantes de un Tribunal de Sentencia; debiendo enfatizarse que durante el pleno desarrollo del acto de juicio, la convocatoria de jueces únicamente se efectuará a los fines de la resolución de la recusación, pues de su resultado dependerá la continuación o no del juicio iniciado; es decir, en caso de que finalmente se rechace la recusación, las autoridades recusadas reasumirán el conocimiento de la causa y en el caso de ser aceptada, será posible la continuación del juicio siempre y cuando se den las condiciones previstas en el art. 52 del CPP, de modo que el Tribunal esté integrado por lo menos con dos jueces ciudadanos y un juez técnico, caso contrario se dispondrá la constitución de un nuevo Tribunal para la tramitación del juicio.


En el caso presente, el recurrente cuestiona la inobservancia de los arts. 52 y 321 del CPP, por parte del Tribunal de alzada en el trámite de resolución de la recusación interpuesta a los Jueces Ciudadanos, correspondiendo verificar si efectivamente existió una interpretación errónea que genere la concurrencia de un defecto absoluto no susceptible de convalidación conforme establece el art. 169 incs. 1) y 3) del CPP.


Ahora bien, de los antecedentes procesales y considerando el entendimiento jurisprudencial sobre la problemática planteada, se tiene que ante la determinación de los dos jueces ciudadanos de no allanarse a la recusación formulada en su contra, de modo alguno los demás integrantes del Tribunal dos jueces técnicos y un juez ciudadano-, podían haber resuelto la recusación interpuesta, pues las exigencias previstas por la norma en cuanto a la composición mixta del Tribunal, imponían la convocatoria de un juez ciudadano conforme las previsiones de la parte in fine del art. 62 del CPP, para completar el quórum necesario, conforme el art. 52 del CPP, considerando que dicho Tribunal además de ser competente para conocer del proceso, también lo es para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, entre ellas por supuesto una demanda de recusación, por lo que la afirmación de la parte recurrente en sentido de que la recusación se resolvió con el quórum necesario, a la luz de la normativa citada no resulta evidente, pues si bien desde el punto de vista numérico sería cierto, no lo es si se considera la composición mixta del Tribunal de Sentencia, careciendo también de sustento legal la afirmación de que sólo se trataba de una recusación y no así del conocimiento y resolución del proceso penal, teniendo en cuenta el alcance del art. 44 in fine del CPP. Por último, debe enfatizarse que la necesaria convocatoria a un juez ciudadano de la lista para dilucidar y resolver la recusación, no afecta al principio de inmediación precisamente por la finalidad de su convocatoria y posterior actuación, menos los principios de continuidad y celeridad, porque la formulación de una demanda recusatoria, constituye  una contingencia en la tramitación de cualquier proceso judicial que debe ser resuelta por la autoridad o tribunal competente, y en el caso particular por el Tribunal de sentencia observando las normas relativas a su composición mixta.


Por último, en cuanto a la vulneración del art. 321 del CPP, respecto a que el acto de deliberación hubiese estado viciado de nulidad por el ingreso de los jueces recusados, no tiene mayor trascendencia referirse a esta temática, al haberse vulnerado la composición mixta del Tribunal de Sentencia, conforme se tiene expresado supra, teniendo en cuenta que el resultado sería el mismo.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ricardo Mercado Mercado.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán 

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA