TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 706/2015-RRC-L

Sucre, 30 de septiembre de 2015


Expediente                        : La Paz 140/2010        

Parte Acusadora                    : María Daniela Sánchez Guevara de Guillen

Parte Imputada                       : Hortensia Romero de Valloton y otro 

Delitos                               : Estafa y otro

Magistrada Relatora          : Dra. Maritza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memorial presentado el 26 de agosto de 2010, cursante de fs. 557 a 571, Hortensia Romero de Valloton, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 59/2010 de 20 de marzo, de fs. 514 a 516, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por María Daniela Sánchez Guevara de Guillén contra la recurrente y Gustavo Herasmo Romero Cavero (desistido en su favor), por la presunta comisión de los delitos de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)  En mérito a la acusación particular presentada por María Daniela Sánchez Guevara de Guillén (fs. 144 a 146), previo desistimiento de la demanda a favor de Gustavo Herasmo Romero Cavero (fs. 165 vta.), una vez concluida la audiencia de juicio oral y público, el Juez Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por Sentencia 29/2009 de 21 de noviembre (fs. 457 a 462), que declaró a Hortensia Romero de Valloton, autora de la comisión del delito Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, condenándola a tres años de reclusión, con costas y daños a calificar en ejecución de Sentencia; y, absuelta por la comisión del delito de Estafa, tipificado por el art. 335 del CP, sin costas por ser excusable.


b)  Contra la referida Sentencia, la imputada Hortensia Romero de Valloton interpuso recurso de apelación restringida (fs. 467 a 479 vta.); resuelto por el Auto de Vista 59/2010 de 20 de marzo (fs. 514 a 516), dictado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedente el recurso planteado; y en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación.


I.1.1. De los motivos del recurso de casación


Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 342/2015-RA-L de 6 de julio, se extrae los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).


1)   Alega que el Auto de Vista impugnado, violó lo prescrito por los arts. 335 y 336 del CPP, puesto que el Juez de la causa dispuso la suspensión de la audiencia por plazos superiores a diez días y pese a haberse denunciado en apelación; los Vocales señalaron que si bien es cierto que durante el juicio oral se produjeron varias suspensiones; sin embargo, aplicando deliberadamente el Auto Supremo 155 de 15 de febrero de 2007, señalaron que no constituye causal de nulidad de obrados, porque solamente afecta a las partes y no a quien inobservó los plazos procesales, sin tener presente que el precitado Auto Supremo versa sobre la demora incurrida en el pronunciamiento de una resolución de recurso de apelación restringida; por tanto, no hace mención al principio de continuidad establecido en los arts. 335 y 336 del CPP. Por lo cual, lo que correspondía era aplicarse el Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007, el cual marca la diferencia entre plazo procesal y principio procesal de continuidad y analiza la precitada normativa, la cual evita la dispersión de la prueba y su valoración por el tiempo transcurrido en las diferentes suspensiones de las audiencias.


2)    Agrega que el Tribunal de alzada vulneró lo establecido en el art. 124 del CPP, puesto que sostuvo que el Juez de Sentencia hizo un análisis preciso de la prueba aportada, concluyendo que la imputada otorgó en garantía hipotecaria un bien inmueble sin el consentimiento de su esposo, admitiendo que la imputada gravó un bien como propio, siendo el 50% ajeno; todo ello, haciendo una escueta y sesgada relación de antecedentes totalmente distorsionados, con el único fin de coadyuvar a la parte querellante, soslayando la obligación de fundamentación necesaria, sin mencionar siquiera, cuál es la norma que prohíbe dar en garantía un bien inmueble que es de propiedad en un 50% de acciones y derechos, peor aun cuando la abogada prestamista conocía su estado civil de casada. Invoca en calidad de precedente el Auto Supremo 0207/2004 de 9 de febrero, que estaría referido a la obligatoriedad de las autoridades jurisdiccionales a emitir resolución con una exposición de motivos de hecho y de derecho en que se fundan, sin que sea insuficiente ni contradictoria.


3)   Asimismo, denuncia violación de los arts. 173 y 370 inc. 6) del CPP, puesto, que a su criterio, el Tribunal de alzada no se pronunció sobre lo denunciado en su apelación restringida, como es que la querellante sabía que el bien dado en garantía por su persona, era ganancial; como tampoco dio respuesta a su denuncia de falta de valoración de las prueba ofrecida por la acusadora particular, inobservando la obligación impuesta por el art. 173 del CPP; entre ellas: a) La signada como PAC 3 correspondiente a la escritura pública 266/2004 de 18 de junio, que demostraba que la querellante tenía conocimiento sobre su calidad de casada; b) La PAC 2; por la que, demostró que es falso que la acusadora no pudo inscribir su derecho propietario; y, c) La PAC 4 ofrecida por la querellante, consistente en un comprobante de caja presentado únicamente en fotocopia simple, incumpliendo lo establecido por el art. 1311 del Código Civil (CC), en cuya copia solo existe un sello de observado y no así de rechazo. Incumplimiento lo establecido en el Auto Supremo 314 de 25 de agosto de 2006, cuyo tenor sería relativo a la obligación del Juez y Tribunal de analizar uno a uno los medios probatorios incorporados al debate para que en alzada se controle la misma por las reglas de la sana crítica.


I.1.2. Petitorio


La recurrente solicita, que admitido el recurso de casación, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y se ordene se pronuncie nueva resolución cumpliendo y respetando las normas denunciadas de conculcadas en cumplimiento a los precedentes contradictorios.


I.2. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 342/2015-RA-L de 6 de julio, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Hortensia Romero de Valloton,  los motivos primero, segundo y cuarto descritos en el acápite I.1.1., de la presente Resolución.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


El Juez Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció Sentencia condenatoria contra la imputada, Hortensia Romero de Valloton, declarándola autora de la comisión del delito Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP; asimismo, la absolvió por el delito de Estafa, con base a los siguientes argumentos: i) Se comprobó que la querellante suscribió un contrato de préstamo de dinero por la suma de $us. 40.000 a favor de Gustavo Herasmo Romero Cavero, siendo garante la imputada Hortensia Romero de Valloton, quien otorgó como garantía hipotecaria el bien inmueble ubicado en la localidad de Puerto Pérez, Provincia Los Andes del Departamento de La Paz; ii) En el juicio oral se demostró los siguientes hechos: que la imputada es propietaria del inmueble ubicado en Puerto Pérez con una superficie de 398,80 mts., debidamente registrado en Derechos Reales; que Gustavo Herasmo Romero dio su consentimiento con el préstamo y garantía hipotecaria; empero, la acusadora particular presentó desistimiento a su favor; el documento de préstamo fue protocolizado bajo el testimonio 266/2004, el mismo fue rechazado en Derechos Reales para su registro al no existir consentimiento del esposo de la imputada; y, que ambos esposos utilizaron como medio o instrumento para conseguir dicho préstamo; iii) En definitiva, la imputada garantizó la deuda contraída por Gustavo Herasmo Romero con el cien por ciento del inmueble, correspondiendo la mitad a su esposo Jean Jack Valloton, quien no dio su conformidad con dicha garantía hipotecaria, dando lugar a que no se pueda registrar en Derechos Reales en perjuicio y detrimento de la parte querellante, subsumiéndose su conducta en el tipo penal Estelionato; y, iv) No se demostró el delito de Estafa, debido a que no se acreditó que en el accionar de la imputada hubiese utilizado engaños y artificios para consumar el delito, tomando en cuenta, además, que respecto al beneficiario del préstamo de dinero Gustavo Herasmo Romero, la parte querellante desistió de la acción penal.


II.2. De la apelación restringida.


Por memorial de fs. 467 a 479 vta., la imputada Hortensia Romero de Valloton formuló recurso de apelación restringida contra la Sentencia argumentando los siguientes fundamentos vinculados al recurso de casación: a) Denuncia violación a los principios de continuidad y celeridad, refiriendo que, el Juez de la causa no observó lo previsto en los arts. 335 y 336 del CPP, debido a que la audiencia del juicio oral, fue suspendida en reiteradas oportunidades más allá de los diez días establecidos por ley, para cuyo efecto adjunta una tabla detallada que consigna la fecha de audiencia, motivo de suspensión, el nuevo señalamiento y el tiempo trascurrido, sosteniendo que no se tomó en cuenta el Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007; b) Refiere que la Sentencia vulnera el art. 124 del CPP, porque la misma no se encuentra debidamente fundamentada, violentando los principios de seguridad jurídica y el debido proceso, al afirmar que se garantizó con el 100 % del inmueble; sin embargo, no especificó los elementos de juicio que inducen a sostener que su persona es autora del delito que se le atribuye, no mencionó la norma que impida dar en garantía un bien inmueble que le pertenece, siendo el mismo ganancial, y la querellante sabía este extremo puesto que en el documento figura como casada, no se especificó el valor otorgado a sus pruebas, incurriendo en defecto de Sentencia previsto en el art. 370 incs. 1) y 2), sancionado con nulidad conforme el art. 169 inc. 3) del mismo Código; y, c) Asimismo, denunció violación al art. 173 del CPP, al no valorarse las siguientes pruebas ofrecidas por la acusadora particular: PAC 3, consistente en la escritura pública 266/2004 de 18 de junio, sobre préstamo de dinero con garantía hipotecaria en la que figura como casada, consiguientemente, la querellante sabía que era bien ganancial; PAC 2, con la que demostró que la querellante María Daniela Sánchez Guevara de Guillen mintió al sostener que no pudo inscribir su derecho propietario, ya que en el documento de referencia se consigna el asiento B1 y B2 hipoteca sobre el bien registrado en Derechos Reales bajo la matrícula computarizada 2.12.4.01.0000009; y, la prueba PAC 4, consistente en comprante de caja 0709058 en copia simple que demuestra el incumplimiento de lo establecido en el art. 1311 del  Código Civil (CC), sólo existe el sello de observado y no el hecho de que el trámite hubiese sido rechazado por falta de consentimiento de su esposo; concluye que, al no haberse otorgado el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, se incurrió en el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP.   

II.3. Del Auto de Vista impugnado.


Radicada la causa en la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, resolvió el recurso de apelación restringida, mediante Auto de Vista 59/2010 de 20 de marzo, con los siguientes fundamentos jurídicos que tienen directa relación con los agravios denunciados en el recurso de casación: a) Con relación a la violación a los principios de continuidad y celeridad, refirió que, si bien en el juicio oral se produjeron diferentes interrupciones; sin embargo, conforme el Auto Supremo 155 de 15 de febrero de 2007, el incumplimiento de los plazos procesales, no constituye causal de nulidad de obrados, porque sólo afecta a las partes y no a quien ha inobservado los plazos procesales, por cuya circunstancia, no es aplicable el art. 370 inc. 6) del CPP, no existiendo error inprocedendo que amerite nulidad o incumpliendo de los arts. 335 y 336 del CPP, puesto que la inobservancia implica sanción al Juez y no a las partes; b) Respecto a la vulneración del art. 124 del CPP, expresó que la Sentencia en el acápite de fundamentación fáctica, realizó un análisis preciso de la prueba aportada y la convicción que generaron los medios de prueba, llegando a la conclusión que la imputada otorgó en garantía hipotecaria un inmueble ubicado en la localidad de Puerto Pérez Provincia Los Andes de La Paz, sin el consentimiento de su esposo Jean Jack Valloton, titular del 50 % del inmueble, que dio lugar a que en Derechos Reales no se asiente la partida, determinando que el Juez aplique el “Art. 335 del Código Penal” (sic); es decir, gravó un bien como propio siendo ajeno en el 50 %, no siendo evidente la vulneración de los arts. 124 y 370 inc. 5) del CPP; y, c) En cuanto a la defectuosa valoración de la prueba, sostuvo que no tiene competencia para revalorizar prueba producida en el juicio oral, al ser atribución exclusiva del Juez de instancia en virtud al principio de inmediación; asimismo, no se observó que hubiese incurrido en defecto de valoración de la prueba, puesto que el hecho de que la acusadora conocía que la imputada era casada, no desvirtúa el hecho típicamente antijurídico de haber gravado un bien inmueble con garantía hipotecaria sin ser propietaria exclusiva del bien, por cuya circunstancia, no es aplicable el art. 370 inc. 6) del CPP. 

III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DE LOS PRECEDENTES INVOCADOS CON LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA


El presente recurso de casación fue admitido ante la denuncia de vulneración de los principios de continuidad y celeridad, falta de fundamentación del Auto de Vista impugnado y falta de respuesta del Tribunal de alzada al reclamo de la acusada con referencia a la prueba presentada por la acusadora particular, correspondiendo realizar un análisis de las denuncias efectuadas por la recurrente y verificar si tiene o no mérito.


III.1.Respecto a la vulneración de los principios de continuidad y celeridad.


En este motivo, la recurrente, afirma que el Juez de Sentencia, vulneró lo preceptuado por los arts. 335 y 336 del CPP, al haber suspendido de manera reiterada la audiencia de juicio oral, incumpliendo el principio de continuidad; el Tribunal de alzada, de manera errada señaló que ello no constituye causal de nulidad, aplicando equivocadamente la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 155 de 15 de febrero de 2007, cuando lo correcto era aplicar el Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007; afirmando que el Tribunal de alzada ingresó en contradicción; de un lado, porque aplicó un precedente que no tiene supuestos fácticos similares al caso concreto; y de otro, porque contradijo la doctrina legal aplicable establecida para la especie.


El Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007, emerge del delito de Asesinato, en casación se denunció entre otros motivos, la vulneración del principio de continuidad, toda vez que la audiencia de juicio se hubo suspendido por 13, 18, 15 y 23 días respectivamente; por lo que, se vulneró el principio de celeridad, extremo que no fue considerado por el Tribunal ad quem; en el análisis del recurso interpuesto, se demostró que la audiencia de juicio oral, fue suspendida en varias oportunidades y por lapsos que superaban el máximo permitido por ley, evidenciándose la vulneración del principio de celeridad, emitiéndose la siguiente doctrina legal aplicable:


Esta Sala estima que el espíritu del Código de Procedimiento Penal y del sistema oral acusatorio, contiene como regla general, el principio de continuidad de la audiencia de juicio, el que consiste que aquella se realizará sin interrupción, durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su culminación; estableciendo como excepción al mencionado principio, la suspensión de dicha audiencia, por un plazo máximo de diez días, tan solo una vez y en cualquiera de los casos enumerados en la disposición 335 del Código de Procedimiento Penal.


Dicho principio persigue que el juicio se desarrolle en un lapso cerrado mediante un proceso consecutivo para la exposición de la acusación, las pruebas, las alegaciones o informes de las partes y de inmediato se dicte la sentencia. Con ello se busca hacer efectivo que el proceso se desenvuelva sin dilaciones indebidas.


Que en ese razonamiento, el juicio oral, público y contradictorio desarrollado en el caso de Autos, se efectuó en franca violación del principio de continuidad que rige el juicio oral, público y contradictorio, ocasionando dispersión de la prueba y su valoración, situación que ha sido esbozada en el Auto Supremo Nº 239, de 1 de agosto de 2005, toda vez que los principios procesales tienen un objeto y un fin, de ahí que la interrupción más allá de los límites razonables expresamente señalados en la norma penal, sustraen de la necesaria credibilidad a los fallos judiciales; el fallo en forma inmediata impide que los jueces se vean influenciados por factores externos a lo vivido en el debate, para que la única influencia en la decisión sea lo que haya quedado impregnado en las retinas y en el sentido auditivo de los jueces que emiten el decisorio, por otra parte permite el desarrollo del principio de publicidad y asegura fundamentalmente que el juez pueda extraer de manera inmediata, sin que sean determinantes las limitaciones humanas como la memoria, para precisar los elementos de prueba que han de sustentar su resolución.


Así, no es concebible que la autoridad jurisdiccional ignore estos presupuestos y deje de ejercitar las facultades que le provee la ley para la correcta dirección de la audiencia, consintiendo en que las partes realicen cuanto acto dilatorio les plazca, sin que se libren las respectivas amonestaciones o en su caso se impongan las multas pertinentes, pero es aún más grosero que el titular del órgano jurisdiccional discrecionalmente e ignorando las características propias del proceso acusatorio, señale fechas tan distantes para la prosecución de una audiencia de juicio donde se define la situación jurídica de las personas.


De ahí que esta distorsión del procedimiento resulta grave ya incide directamente en la integridad del legítimo proceso, no pudiendo ser fidedignos los razonamientos de un juez que ha conocido de los antecedentes de hecho en un lapso de tiempo irrazonable, debiendo en estos casos aplicarse la sanción pertinente, tanto procesal como disciplinaria, de donde la oportunidad procesal para el ejercicio de tal control jurisdiccional, era precisamente durante el análisis en el fondo del recurso de apelación restringida interpuesto por los imputados, empero no fue ejercitada bajo el principio de igualdad por el órgano jurisdiccional, legitimado a tal efecto”.


Por otra parte, el Auto Supremo 155 de 15 de febrero de 2007, emerge del juzgamiento del delito de Tráfico de Sustancias Controladas; sin embargo, en el análisis del recurso, el mismo fue declarado inadmisible; en consecuencia, no contiene doctrina legal aplicable susceptible de contrastación por cuanto no resolvió el fondo del recurso interpuesto; no obstante, esgrimió como fundamento lo siguiente: “Este Tribunal ha señalado que el incumplimiento de los plazos no puede causar mayor perjuicio a las partes, de ahí que la inobservancia de los mismos no acarrea la nulidad de obrados sino la responsabilidad de los operadores de justicia quienes están obligados a resolver las causas dentro de los términos y plazos previstos por ley, de ahí que dicho motivo conforme la modulación doctrinal efectuada por este Tribunal no puede tener como consecuencia la anulación de obrados afectando aún más la garantía de seguridad jurídica…”. Argumento este en el que sustentó su fundamentación el Auto de Vista impugnado.


Ingresando al análisis del motivo en cuestión, es importante tomar en cuenta que el derecho como toda rama del saber humano, evoluciona constantemente, de ahí porqué, en materia procesal penal en particular, también ha existido  modificaciones en el juzgamiento de los delitos, dando lugar a que en el país en la actualidad este vigente un sistema procesal penal de corte acusatorio adversarial, en el que el juicio oral es la fase esencial del proceso, el que se desarrolla bajo los principios de oralidad, continuidad, contradicción y publicidad, entre los más importantes; en esta dinámica de trasformaciones la doctrina legal establecida por la extinta Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, también evoluciona y es susceptible de que la jurisprudencia sentada en los Autos Supremos, sea superada y mejorada con el propósito de fortalecer los derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesales, puesto que en materia penal los sujetos procesales intransigentemente buscan la solución del conflicto penal de manera eficaz, pronta y oportuna.


El Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007, sostuvo que el principio de continuidad de la audiencia de juicio, consiste en que aquella se realizará sin interrupción, durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su culminación, estableciendo como excepción al mencionado principio, la suspensión de dicha audiencia, por un plazo máximo de diez días, la suspensión prolongada provocaría la dispersión de la prueba; en estos casos, debiera aplicarse la sanción pertinente, tanto procesal como disciplinaria.     

No obstante, el entendimiento referido, la suspensión de la audiencia de juicio oral, más allá del tiempo máximo establecido por ley, por sí mismo no puede considerarse como un quebrantamiento al principio de continuidad, siendo imprescindible analizar las causas que provocaron la interrupción del juicio oral, por ello, el Auto Supremo 93/2011 de 24 de marzo, estableció el siguiente entendimiento: “A fin de evitar la desnaturalización del proceso y desconocimiento de principios que rigen nuestro actual sistema procesal penal deberán los Tribunales de Justicia en relación al principio de continuidad del juicio oral establecer correctamente los motivos que justifican la determinación de recesos de la audiencia del juicio oral de las causas que motivan la suspensión de la misma, pues los efectos son distintos para cada una de las razones de interrupción de la audiencia del juicio oral”, razonamiento ratificado por el Auto Supremo 167/2013-RRC de 13 de junio, entre otros.  


En consecuencia, el razonamiento expuesto por el Tribunal de alzada, y de la jurisprudencia glosada del Auto Supremo anotado supra, este Tribunal concluye que actuó conforme a derecho, no siendo evidente el quebrantamiento de los principios de continuidad y celeridad de la audiencia de juicio oral, puesto que no es concebible sustentar en casación la vulneración al principio de continuidad con el argumento de que el Tribunal de apelación aplicó erróneamente la doctrina legal establecida de un Auto Supremo que no tiene supuestos fácticos similares, en contraposición al precedente invocado; es decir, no es posible la aplicación a ultranza el principio de continuidad si no existe una verdadera y comprobada afectación material a los intereses legítimos de alguna de las partes, máxime si como en el caso de autos, la recurrente no observó en el momento procesal oportuno la presunta violación a los principios que ahora cuestiona; en su caso, ante la negativa de la autoridad jurisdiccional, sostener reserva de apelación en los términos del art. 407 del CPP, al no haber activado los mecanismos procesales para la protección de su derecho a la defensa en su momento, no es posible retrotraer la actividad jurisdiccional, anulando la Sentencia y disponer la reposición del juicio, por lo que, el motivo deviene en infundado.


III.2. Respecto a la vulneración del art. 124 del CPP.


La recurrente cuestiona que el Tribunal de alzada, mediante una argumentación escueta, sostuvo que el Juez de Sentencia realizó un análisis preciso de la prueba, concluyendo que la imputada otorgó en garantía, un bien inmueble sin el consentimiento de su esposo; y por tanto, gravó un bien del cual era propietaria sólo del 50%, sin mencionar cuál es la norma legal inobservada. Invocó el Auto Supremo 0207/2004 de 9 de febrero.


No obstante, a que el motivo fue admitido para el análisis de fondo, revisada la base de datos del Tribunal Supremo de Justicia, el precedente invocado no existe; por otra parte, en el recurso de casación se invocó como precedente la Sentencia Constitucional 0207/2004 de 9 de febrero, el mismo que por disposición expresa del primer párrafo del art. 416 del CPP, no constituye precedente contradictorio, por tal razón, no corresponde ingresar a la labor de contrastación.


III.3. Respecto a la violación de los arts. 173 y 370 inc. 6) del CPP.


En este motivo, el reclamado se circunscribe a la supuesta falta de respuesta de parte del Tribunal de alzada, a la denuncia referida al conocimiento que tenía la querellante que el bien dado en garantía tenía la calidad de bien ganancial y respecto a la supuesta falta de valoración probatoria de la prueba signada como PAC 3, PAC 2 y PAC 4 por el Tribunal de Sentencia. Cita el Auto Supremo 314 de 25 de agosto de 2006. 


En cuanto a este motivo, conforme se tiene referido en el acápite II.4 de la presente Resolución, el Tribunal de alzada sostuvo que no tiene competencia para revalorizar prueba producida en el juicio oral, al ser atribución exclusiva del Juez de instancia en virtud al principio de inmediación; el hecho de que la acusadora conocía que la imputada era casada, no desvirtúa el hecho típicamente antijurídico de haber gravado un bien inmueble con garantía hipotecaria sin ser propietaria exclusiva del bien, por cuya circunstancia, no es aplicable el art. 370 inc. 6) del CPP. 

 

El precedente invocado, deviene del juzgamiento por los delitos de Calumnias e Injuria, en el recurso de casación se denunció que no se valoró la prueba presentada, vulnerándose los artículos 171 y 173 del CPP y errónea aplicación de la ley sustantiva; la extinta Corte Suprema de Justicia expresó que la valoración de la prueba debe contener una fundamentación probatoria, descriptiva, intelectiva y jurídica, en el análisis del recurso, se observó deficiencia de la Sentencia en su parte descriptiva, lo que no permitió ingresar en la consideración del análisis de la Sentencia en su fundamentación intelectiva a efecto de considerar la defectuosa valoración de la prueba, incurriendo en el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, la extinta Corte Suprema de Justicia, dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, emitiendo la siguiente doctrina legal aplicable: “Considerando, que a tiempo de interponer un recurso, es obligación del recurrente cumplir los requisitos formales, que son a la vez que un instrumento, un filtro que evita que un instituto procesal, concebido para proveer justicia se desnaturalice y se convierta en un medio dilatorio del proceso; es también, una obligación de los administradores de justicia, en resguardo de la garantía constitucional y procesal a la segunda opinión, que a tiempo de dictar sus resoluciones, provean en sus fallos todos los elementos que objetivicen la aplicación efectiva del método de la Sana Crítica en cuanto a la valoración de la prueba, realizando una completa descripción de los medios de prueba, refiriendo qué elementos de prueba rescata de cada medio de prueba, asignándoles el valor correspondiente, relacionando estos elementos en su conjunto y finalmente realizando una fundamentación jurídica coherente, aspectos que hacen al debido proceso y al derecho fundamental a la seguridad jurídica.


La motivación es una parte estructural de las resoluciones y su ausencia hace presumir que el juzgador ha asumido una decisión de hecho y no de derecho, vulnerando la garantía del debido proceso y dando razonables motivos a las partes, para dudar de la correcta actividad del titular del órgano jurisdiccional, al desconocer cuales son las razones para que se declare en tal o cual sentido….”.


Ahora bien, en lo referente al reclamo denunciado por la recurrente, se advierte que la Sentencia en el primer considerando, concretamente en el apartado referido a la prueba de cargo, realizó la descripción de la prueba literal ofrecida, entre ellas, las signadas como PAC 2, 3 y 4, consistentes en el folio real del inmueble otorgado en garantía hipotecaria, testimonio notarial 266/2004 que corresponde a la escritura pública de préstamo de dinero y el comprobante de caja de Derechos Reales, en el que se observó la falta de firma de consentimiento, documentos que fueron valorados en la conclusión segunda conforme las reglas de la sana crítica; por otra parte, si bien el Tribunal de alzada no realizó expresamente una relación descriptiva de la prueba cuestionada por la recurrente, cumplió con su labor de ejercer el control de valoración de la prueba efectuada por el juzgador, expresando que, el hecho de que la querellante conocía que la imputada era casada, no desvirtúa la comisión del delito de Estelionato, al no ser propietaria exclusiva del inmueble.


Por todo lo expuesto, este Tribunal concluye que el Tribunal de apelación, otorgó respuesta a todos los motivos que fueron objeto de apelación restringida, ejerciendo su competencia conforme la atribución contenida en el art. 398 del CPP; en consecuencia, no es evidente que hubiese incurrido en incongruencia omisiva, tampoco existe contradicción alguna con el precedente invocado, sino más bien, se cumplió con la motivación del fallo que no necesariamente debe ser ampuloso, sino preciso, claro y concreto.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Hortensia Romero de Valloton, de fs. 557 a 571.


Regístrese, hágase saber y devuélvase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA