TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA PENAL

AUTO SUPREMO Nº 702/2015-RRC-L

Sucre, 25 de septiembre de 2015


Expediente        : Santa Cruz 76/2011

Parte Acusadora        : Ministerio Público y otro

Parte Imputada        : Bertina Menacho Vidaurre

Delitos        : Asociación Delictuosa y otros

Magistrada Relatora        : Dra. Martiza Suntura Juaniquina


RESULTANDO


Por memoriales presentados el 19 y 21 de marzo de 2011, cursantes de fs. 871 a 876 vta. y fs. 877 a 881 vta., Bertina Menacho Vidaurre, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 31 de enero de 2011, de fs. 811 a 823 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el Banco Bisa S.A. representado por Luis Felipe de Mumbrum Seleme contra la recurrente, por los delitos de Asociación Delictuosa, Falsedad Material e Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Estafa Agravada, previstos y sancionados por los arts. 132, 198, 199, 203 y 335 con relación al 345 bis del Código Penal (CP), respectivamente.


I. DEL RECURSO DE CASACIÓN


I.1. Antecedentes


a)  En mérito a la acusación pública (fs. 425 a 429) y acusación particular presentada por Luis Felipe de Mumbrum Seleme, en representación del Banco Bisa S.A. (fs. 462 a 464 vta.), desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Quinto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 46 de 8 de octubre de 2010 (fs. 731 a 742), por la que declaró a la imputada Bertina Menacho Vidaurre, absuelta de culpa y pena de los delitos de Asociación Delictuosa, Falsedad Material e Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Estafa Agravada, previstos y sancionados por los arts. 132, 198, 199, 203 y 335 con relación al 345 bis del CP, con costas a calificarse en ejecución de Sentencia; asimismo, dejó sin efecto las medidas cautelares impuestas en su contra.


b)  Contra la mencionada Sentencia, el Banco Bisa S.A. representado por Luis  Felipe de Mumbrum Seleme, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 777 a 779 vta.), resuelto por Auto de Vista de 31 de enero de 2011 (fs. 811 a 823), dictado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, por el que declaró admisible y procedente el recurso; en consecuencia, revocó la Sentencia apelada y declaró a la imputada Bertina Menacho Vidaurre, autora y culpable del delito de Falsedad Material previsto y sancionado por el art. 198 del CP, condenándola a la pena de tres años y seis meses de reclusión a cumplir en el Centro de Rehabilitación Palmasola de la ciudad de Santa Cruz, con costas a ser reguladas en ejecución de Sentencia; al mismo tiempo, dispuso su absolución por los delitos de Asociación Delictuosa, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Estafa Agravada, previstos y sancionados por los arts. 132, 199, 203 y 335 con relación al 345 bis del CP, motivando el recurso de casación.


I.1.1. Motivos del recurso de casación


Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 495/2015-RA-L de 13 de agosto (fs. 903 a 906 vta.), se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del  Código de Procedimiento Penal (CPP).


1)   La recurrente denuncia revalorización de prueba, expresando que el Tribunal de Sentencia advirtió que no existe prueba suficiente para determinar que su persona fue quien falsificó el documento transaccional tachado de falso; sin embargo, el Tribunal de alzada señaló que los hechos denunciados y que constituyen base del juicio fueron demostrados plenamente por la prueba de cargo; es decir, revalorizó prueba que fue valorada por el Tribunal de juicio. Por otra parte, refiere que al revocar la Sentencia lo hizo con falta de objetividad, al no explicar de dónde sacó la certeza de que su persona fue quien elaboró el documento tachado de falso, puesto que ella no figura en el documento transaccional de julio de 2008, aspecto reconocido por la entidad querellante en apelación restringida, violentándose los principios de indubio pro reo, presunción de inocencia previsto en el art. 116 de la Constitución Política del Estado (CPE), dejándola en indefensión vulnerándose el art. 169 inc. 3) del CPP. Cita como precedentes contradictorios los Autos Supremos 69 de 20 de marzo de 2006, 251 de 22 de julio de 2005 y 111 de 31 de enero de 2007.


2)   Refiere también, falta de fundamentación de la ilegal Sentencia emitida por el Auto de Vista, conforme el art. 124 del CPP, lo que constituye defecto absoluto de acuerdo al art. 169 inc. 3) del mismo Código, contraviniendo el Auto Supremo 86 de 18 de marzo de 2008, debido a que no fundamentó fáctica y jurídicamente, señalando cuáles son los argumentos legales para declararla autora y culpable del delito de Falsedad Material, dejándola en indefensión.


3)   Expresa que no existe adecuación de su conducta al tipo penal de Falsedad Material; por cuanto, ella no intervino ni firmó el documento transaccional privado de 14 de julio de 2008; sino, los que firmaron fueron Remberto Vaca Gayte, Gary Henry Soraide Morales, Oscar Romero Vargas y Lider Suárez Guzmán; agrega que, tampoco utilizó el referido documento en el proceso interdicto de recuperar la posesión al no ser parte en el mismo, pese a ello, la condenan violentando el principio de igualdad y el debido proceso; por otra parte, el documento tachado de falso, no es un documento público; por lo que, la acusación no cumple mínimamente con las exigencias del tipo penal previsto en el art. 198 del CP, en el caso, el documento transaccional es privado y fue adjuntado en fotocopia simple sin valor probatorio conforme el art. 1311 del Código Civil (CC), del que no se puede hacer un estudio pericial; en consecuencia, el Tribunal de apelación interpretó de manera errónea la ley sustantiva.


4)   Asimismo, en el memorial de 21 de marzo de 2011, denuncia que el Auto de Vista carece de fundamentación legal y base de sustanciación, limitándose a expresar que el Tribunal de Sentencia no aplicó correctamente la ley sustantiva con relación al art. 198 del CP; empero, no efectúa una explicación de hecho y de derecho en que consiste la aplicación errónea, no realizó ninguna fundamentación y base legal.


5)  Manifiesta que el Auto de Vista incurrió en inobservancia de la ley sustantiva; por cuanto, su persona no forjó el documento acusado de falso, no firmó en el mismo y tampoco se demostró en el proceso con ninguna prueba documental o testifical que su persona hubiese alterado el documento; es decir, no participó en él, no fue presentado por ella desconociendo el mismo; es más, el estudio grafológico elaborado por Juan Carlos Pacheco Guzmán en etapa preparatoria no fue introducido al juicio oral.


6)   Denuncia revalorización de prueba, refiriendo que el Tribunal de Sentencia fue consecuente en su absolución; sin embargo, el Auto de Vista revocó la Sentencia haciendo simple citas de artículos del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal y de Autos Supremos, en el caso, la revalorización de las pruebas y la incorporación de nuevos elementos no se encuentran en el juicio oral y fueron inventadas por el Vocal relator.         


I.1.2. Petitorio


La recurrente solicita se declare admisible y procedente el recurso de casación; por ende, se revoque el Auto de Vista recurrido y se confirme la Sentencia de primera instancia.


I.1.3. Admisión del recurso


Mediante Auto Supremo 495/2015-RA-L de 13 de agosto, cursante de fs. 903 a 906 vta., este Tribunal determinó la admisión del recurso de casación para su análisis de fondo.

II. ACTUACIONES PROCESALES VINCULADAS AL RECURSO


De la atenta revisión de los antecedentes venidos en casación se concluye lo siguiente:


II.1. De la Sentencia.


El Tribunal Quinto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció Sentencia absolutoria en favor de la imputada Bertina Menacho Vidaurre, por los delitos de Asociación Delictuosa, Falsedad Material e Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Estafa Agravada, previstos y sancionados por los arts. 132, 198, 199, 203 y 335 con relación al 345 bis del CP, con base a los siguientes fundamentos: i) No se probó objetivamente que la imputada sea autora del delito de Falsedad Material, porque no se pudo establecer el origen del documento tachado de falso y que la imputada hubiese elaborado y utilizado dicho documento, tampoco se acreditó que se hubiere causado perjuicio a la parte querellante; ii) No se demostró que la imputada sea autora del delito de Falsedad Ideológica; por cuanto, el tipo penal exige que el documento acusado de falso sea público, lo que no ocurre en el caso, por ser un documento privado en fotocopia simple. Añade que la prueba 26, consistente en un informe pericial, se refiere a un documento privado y por ende sin valor, porque no se puede realizar un estudio pericial sobre la base de una simple fotocopia, tampoco concurrió el perito para explicar la pericia realizada; iii) No se acreditó que la imputada hubiere incurrido en el delito de Estafa Agravada, debido a que no existe una relación entre el acusador particular Banco Bisa S.A. y la imputada, tampoco existen víctimas múltiples, además los testigos de cargo no denunciaron que hubiesen sido víctimas; asimismo, no se demostró que la imputada sea autora del delito de Asociación Delictuosa; toda vez, que la norma exige para la concurrencia del tipo penal necesariamente la participación de cuatro o más personas, en el caso, es sólo una la imputada.


II.2. De la apelación restringida.


Luis Felipe de Mumbrum Seleme, en representación legal del Banco Bisa S.A., por memorial de fs. 777 a 779 vta., interpuso recurso de apelación restringida con los siguientes argumentos:


Denunció defectuosa valoración de la prueba, debido a que el Tribunal de juicio, no tomó en cuenta que las testigos Margarita Roda Flores y Arminda Flores Moreno, evidenciaron que fueron inducidas en error por la imputada haciéndolas creer que era propietaria de terrenos de propiedad del Banco Bisa, de ese modo les sonsacó dinero para beneficio propio, tampoco se valoró la prueba pericial que demostró que las firmas no son auténticas y la declaración de la Notaria de Fe Pública Dorys Barros de Muñoz, lo propio con las abundantes certificaciones extendidas que demostraron que el documento es falso y que la imputada utilizó para la venta de terrenos, concluyendo que se dicte nueva Sentencia sin necesidad de repetir el juicio. 


II.3.Del Auto de Vista.


La Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista de 31 de enero de 2011, que declaró admisible y procedente el recurso de apelación restringida formulado por el Banco Bisa S.A. y revocó la Sentencia apelada declarando a la imputada Bertina Menacho Vidaurre, autora y culpable del delito de Falsedad Material previsto y sancionado por el art. 198 del CP, condenándola a la pena de tres años y seis meses de reclusión a cumplir en el Centro de Rehabilitación Palmasola de la ciudad de Santa Cruz, con costas a ser reguladas en ejecución de Sentencia; asimismo, dispuso su absolución por los delitos de Asociación Delictuosa, Falsedad Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado y Estafa Agravada, previstos y sancionados por los arts. 132, 199, 203 y 335 con relación al 345 bis del CP, con los siguientes argumentos:


El Tribunal de juicio al dictar el fallo procedió de forma incorrecta y apresurada, incurriendo en los defectos de Sentencia previstos en los incs. 1) y 6) del CPP, errónea aplicación de la ley sustantiva y defectuosa valoración de la prueba; luego de transcribir la relación fáctica del hecho acusado, agregó que la Sentencia absolutoria, no valoró correctamente la prueba producida en el juicio, bajo los principios establecidos por los arts. 329, 330, 333, 334, 349, 350 y 355 del CPP; asimismo, realizó una explicación doctrinal del delito de Falsedad Material y refirió que el Tribunal de Sentencia, aplicó de manera errónea el art. 198 del CP, puesto que los requisitos del tipo penal no exigen que se produzca el resultado dañoso; sino, más bien y únicamente con la acción del agente se genere la posibilidad del mismo. Por otra parte, señaló que analizada la tipificación de los delitos querellados, evidenció que se inobservó y aplicó erróneamente la ley sustantiva, debido a que no se tomó en cuenta las pruebas de cargo que informaron claramente que la imputada Bertina Menacho Vidaurre, es quien falsificó materialmente el documento de transferencia de los lotes de terreno de propiedad del Banco Bisa S.A., ubicados en la zona de Guapilo denominada “Arboleda de Fátima”, transfiriendo los lotes a más de 150 personas, documento que fue inserto en un documento transaccional definitivo que fue presentado en un proceso interdicto de recobrar la posesión seguido por el Banco Bisa S.A., delito que fue descubierto y corroborado por el estudio grafológico efectuado por el perito Cap. Juan Carlos Pacheco Guzmán, que concluyó que las firmas que aparecen en el documento transaccional definitivo de compromiso de transferencia de lotes de terreno en cuanto a Remberto Vaca Gaythe no son auténticas. Extremo que constó en el acta de juicio oral, siendo judicializado conforme a procedimiento, pruebas que llevan a la firme convicción sobre la responsabilidad penal de la acusada en la comisión del delito de Falsedad Material, concluyendo que el Tribunal de Sentencia no verificó que existen pruebas físicas que demuestran la realidad de los acontecimientos, contraviniendo los arts. 71, 171 y 172 del CPP, determinando que la valoración de la prueba sea incorrecta.     


III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS POR LA RECURRENTE


Conforme el Auto Supremo de admisión, los motivos primero, segundo, sexto y cuarto, corresponden ser analizados en el fondo del recurso, ante la invocación de precedentes invocados y los motivos tercero y quinto por la concurrencia de los presupuestos de flexibilización, por lo que al advertirse la similitud entre los agravios denunciados, por razones metodológicas serán agrupados en tres según el eje temático planteado por la recurrente, a los fines de establecer la existencia de contradicción conforme las previsiones del art. 419 del CPP y en su caso la vulneración a los derechos y garantías constitucionales.


III.1. Sobre la denuncia de vulneración del principio de presunción de inocencia y revalorización de prueba.


La recurrente en los motivos primero y sexto, denuncia revalorización de la prueba, expresando que el Tribunal de alzada señaló que los hechos denunciados y que constituyen base del juicio, fueron demostrados plenamente por la prueba de cargo; es decir, revalorizó prueba que fue valorada por el Tribunal de juicio. Por otra parte, refiere que al revocar la Sentencia lo hizo con falta de objetividad, al no explicar de dónde sacó la certeza de que su persona fue quien elaboró el documento tachado de falso, puesto que ella no figura en el documento transaccional de julio de 2008, aspecto reconocido por la entidad querellante en apelación restringida, violentándose los principios de in dubio pro reo y presunción de inocencia, previstos en el art. 116 de la CPE, dejándola en indefensión, en vulneración del art. 169 inc. 3) del CPP, incorporándose además nuevos elementos que no se mencionaron en el juicio oral, los que fueron inventados por el Vocal relator.


Como precedente, invocó el Auto Supremo 69 de 20 de marzo de 2006, que  deviene del juzgamiento de los ilícitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes y Estelionato, evidenciándose en casación que el Tribunal de Alzada revalorizó la prueba vulnerando el principio de inmediación; en el análisis del recurso, se evidenció que el Tribunal de Apelación nuevamente valoró la prueba vulnerando los principios que rigen el juicio, en esencia los de inmediatez y de contradicción, el primero que facilita al Tribunal de Sentencia la percepción y comprensión de la prueba y el segundo que hace intervenir en forma contradictoria a las partes en la producción de las pruebas, incurriendo en una actividad jurisdiccional que constituye defecto absoluto porque vulnera el principio de igualdad de las partes, el derecho a la defensa y el debido proceso; en consecuencia, la extinta Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el Auto recurrido y emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “El Tribunal de Alzada no se encuentra legalmente facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo en consecuencia, circunscribir sus actos a los asuntos que fueron objeto de la apelación restringida, conforme el Art. 419 del CPP que establece: ´Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley y o su errónea aplicación, el tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o tribunal´; toda vez que al tribunal de apelación no le está permitido revalorizar la prueba...”


También invocó el Auto Supremo 251 de 22 de julio de 2005, que emerge de un proceso seguido por los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, a través del cual, la entonces Corte Suprema de Justicia, evidenció la contradicción jurídica que incurrió el Tribunal de alzada argumentando que no se encuentra facultado para valorar la prueba, por no existir segunda instancia en el nuevo sistema procesal penal, emitiendo la siguiente doctrina legal aplicable: “El Tribunal de Alzada no se encuentra legalmente facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo en consecuencia, circunscribir sus actos a los asuntos que fueron objeto de la apelación restringida; en caso, de no encontrar vicios en la sentencia o defectos absolutos durante el desarrollo del proceso penal, deberá declarar la improcedencia del recurso de apelación restringida, debidamente fundamentada; confirmando la sentencia apelada.


Que, en caso de existir vulneración a las reglas de la sana crítica que regulan la valoración de la prueba el Tribunal de Alzada, deberá pronunciar el respectivo Auto De Vista con el fundamento que corresponda al artículo 124 con relación a los artículos 173, 359 y 370 inciso 6) in fine del CPP; en consecuencia, aplicará el artículo 413 del indicado código penal adjetivo”.


En este motivo, la parte recurrente también invocó el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, pronunciado en un proceso seguido por los delitos de Peculado, Falsedad Material e Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, advirtiéndose en casación que el Tribunal de alzada se basó en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación a las normas procesales aplicables, emitiendo una resolución sin la debida motivación, por lo que se dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado y se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “El Tribunal de Alzada no se encuentra facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo circunscribir sus actos a los motivos que fueron de la apelación restringida, el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal establece que: "Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley y o su errónea aplicación, el tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal".


Cuando el Ad Quem advierte que en el proceso se han pronunciado fallos sustentados en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando la previsión del articulo 173 y 339 ambos del Código de Procedimiento Penal, incurriendo así en una de las formas defectuosas previstas en artículo 370-6) de la referida norma adjetiva, se hace evidente que el fallo no contiene los elementos de prueba necesarios para subsanar el defecto en que incurrió el juez de grado, por ello corresponde conforme prevé el art. 413 del Código de Procedimiento Penal, anular la sentencia totalmente y disponer la reposición del juicio por otro tribunal, a efecto de garantizar que las partes en conflicto, puedan someter nuevamente el conocimiento, discusión y valoración de la prueba ante otro juez o tribunal, quien observando los principios de inmediación y contradicción que rigen el proceso y el circuito probatorio, dictará nueva resolución en base a un nuevo criterio de valor emergente de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica”.

Ingresando al análisis del motivo en cuestión, conforme se tiene anotado en el acápite II.3 del presente Auto Supremo, el Tribunal de alzada revocó la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia con el argumento esencial de que en el juicio se demostró la responsabilidad penal de la acusada en el delito de Falsedad Material, para este ejercicio, afirmó que la imputada Bertina Menacho Vidaurre, es quien falsificó materialmente el documento de transferencia de los lotes de terreno de propiedad del Banco Bisa S.A., documento que se encuentra inserto en un documento transaccional definitivo que fue presentado en un proceso interdicto de recobrar la posesión seguido por el Banco Bisa S.A., delito que es corroborado por el estudio grafológico efectuado por el perito Cap. Juan Carlos Pacheco Guzmán, que concluye que las firmas que aparecen en el documento transaccional definitivo de compromiso de transferencia de lotes de terreno respecto a la firma de Remberto Vaca Gaythe, no son auténticas y que este aspecto constaría en el acta de juicio oral que fue judicializado conforme a procedimiento.


De la revisión de la Sentencia de grado (fs. 731 a 742), en el apartado V destinado a la valoración de la prueba (fs. 736 y vta.), se evidencia que la entidad acusadora incorporó al juicio oral prueba documental consistente en: 1 denuncia que motivó la investigación; 8 y 11 certificación extendida por la Notario de Fe Púbica Nº 69, que acredita que en esa Notaría no se realizó el reconocimiento de firmas del documento transaccional definitivo de compromiso de transferencia de lotes de terreno de 14 de julio de 2008, en el que no interviene la acusada Bertina Menacho Vidaurre; 10 declaración de la testigo Dorys Barros de Muñoz; 14 certificación extendida por el Consejo de la Judicatura; y, 26 estudio pericial de un acuerdo transaccional definitivo de compromiso de transferencia de lotes en una fotocopia simple, cuyo original se encontraría en un proceso civil; asimismo, en el acápite VI de Fundamentos de Derecho inc. a) VII.1 (fs. 735) señala: “… que este documento falso ha sido utilizado por varias personas, entre ellas la imputada, sin embargo esta situación en juicio no se ha acreditado, es más no se tiene nexo causal entre la víctima y la imputada…ni los mismos acusadores han presentado el acuerdo transaccional presuntamente falso pese a que ellos han manifestado que el mismo fue presentado en  un juicio civil…” (sic).


De la relación de la prueba documental y la valoración efectuada por el Tribunal de Sentencia, se advierte que el Banco Bisa S.A. (acusador particular), no judicializó el documento base de la acusación (cuerpo del delito) consistente en un acuerdo transaccional en el que presuntamente participó la imputada; por otra parte, el estudio pericial fue realizado sobre la base de una fotocopia simple en un proceso civil; en consecuencia, el Tribunal de apelación ingresó a un nuevo análisis del hecho acusado y revalorizó prueba inexistente y otorgó valor probatorio y credibilidad a un informe pericial que simplemente refiere que las firmas no serían auténticas, lo que significa que esta prueba por sí sola no puede acreditar certeza que la imputada sea la autora del ilícito de Falsedad Material; al margen de ello, el Auto de Vista no fundamentó de manera adecuada y motivada de qué forma la imputada hubiese falsificado materialmente el referido documento, lo que implica que la conclusión a la que arribó es eminente subjetiva, sin respaldo probatorio, vulnerándose así los principios de inmediación, contradicción y presunción de inocencia, postulados rectores del proceso penal acusatorio, máxime si el Tribunal de alzada está impedido de revalorizar la prueba judicializada en el juicio oral, contraviniendo los precedentes contradictorios invocados por la recurrente, que de manera uniforme establecieron en  sus doctrinas que el Tribunal de apelación no se halla facultado para valora total o parcialmente la prueba, razón por la cual este motivo deviene en fundado.


III.2. Respecto a la denuncia de falta de fundamentación del Auto de Vista.

   

En lo referente a los motivos segundo y cuarto, la recurrente denuncia que la nueva Sentencia emitida por el Tribunal de alzada, carece de fundamentación conforme el art. 124 del CPP, porque no fundamentó fáctica y jurídicamente el fallo, omitiendo señalar los argumentos legales para declararla autora y culpable del delito de Falsedad Material, dejándola en indefensión, lo que constituye defecto absoluto. 


En esta denuncia la recurrente invocó el Auto Supremo 86 de 18 de marzo de 2008, a través del cual en el examen del recurso de casación, se advirtió que el Auto de Vista impugnado, carecía de motivación o fundamentación, por cuanto no estableció de manera específica porqué llegó a la conclusión de que en la Sentencia apelada existía una incorrecta valoración de la prueba o en que parte de la resolución recurrida se encontraba la inadecuada valoración de la prueba, concluyendo que se vulneró el derecho al debido proceso, por lo que se dejó sin efecto el fallo recurrido y se emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “El derecho al debido proceso exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; la autoridad que pronuncia una resolución debe necesariamente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte resolutiva o dispositiva del fallo. Esta exigencia se torna aún más relevante cuando el juez o tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades que dictaron la sentencia, pues dichas resoluciones deben estar suficientemente fundamentadas y exponer con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y permitan establecer que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido, proviene de una correcta y objetiva valoración de las pruebas y consideración de los argumentos expuestos por las partes, por cuanto en la medida en que las resoluciones contengan los fundamentos de hecho y derecho, los sujetos procesales ( acusador y acusado) llegarán a la convicción de que la decisión adoptada es justa”.


En el caso de autos, como se explicó en el acápite anterior, el Tribunal de alzada emitió nueva Sentencia declarando autora y culpable a la imputada Bertina Menacho Vidaurre, de la comisión del delito de Falsedad Material previsto en el art. 198 del CP; sin embargo, no motivó ni fundamentó adecuadamente la Resolución, limitándose a señalar que el Tribunal de Sentencia, aplicó de manera errónea la ley sustantiva y que no valoró correctamente la prueba incorporada en el juicio oral, la que demostraría que la imputada falsificó materialmente el documento de transferencia de terrenos de propiedad del Banco Bisa S.A.; no obstante, no fundamentó jurídicamente cómo, cuándo, dónde y de qué forma la imputada hubiese falsificado el documento que hace referencia, sustentando el fallo con la simple cita de los Autos Supremos 87 de 1 de marzo de 2006, 359 de 26 de junio de 2009 y 219 de 16 de agosto de 2008; lo que significa, que el citado fallo, no expuso con claridad las razones y fundamentos legales que sustentan su decisión y que permitan concluir que la determinación es justa, lo que vulnera el debido proceso en su componente de fundamentación y motivación, constituyendo a su vez defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 3) del CPP, en contradicción con el Auto Supremo invocado como precedente. 


Por otra parte, debe tenerse presente que con relación a la acreditación de los delitos de falsedad que atentan el bien jurídico protegido como es la fe pública, la Sentencia Constitucional 0797/2010-R de 2 de agosto, estableció el siguiente entendimiento: “Los delitos de falsedad material, falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, se encuentran tipificados en los arts. 198, 200 y 203 del CP, como atentatorios a la fe pública, utilizándose en la mayoría de los casos como instrumento para ejecutar o encubrir otros delitos, o como una forma de conseguir de manera más segura y rápida sus objetivos, en los que se observan dos fenómenos, por un lado, la confianza del público en un instrumento de materialización, como es el documento; y por otro, la fragilidad que éste presenta a la hora de ser alterado en su contenido, debido a que el  documento se emplea como principal medio de prueba de las relaciones jurídicas. De ahí que, el documento, basándose en su relevancia probatoria, permita garantizar un mínimo de seguridad jurídica en las relaciones lícitas.


Con la intervención del órgano representante de la sociedad y del Estado, se pretende compensar la alta seguridad que presenta el documento, frente a la relativa facilidad con la que puede ser objeto de manipulación ilícita; pues el bien jurídico protegido en el delito de falsificación de documentos, es la fe pública. En consecuencia, uno de los medios para determinar la existencia de falsedad de documentos es la prueba pericial practicada, ya sea en el proceso penal, civil u otro, y, más aún, la valoración que se otorga a estos medios probatorios, ya que sólo a través de este medio, se podrá determinar si existió o no alteración de un documento privado o público”

   

III.3. En cuanto a la denuncia de inobservancia de la ley sustantiva.        


En los motivos tercero y quinto, la recurrente denuncia que su conducta no se adecua al tipo penal de Falsedad Material, alegando que no intervino ni firmó el documento transaccional privado de 14 de julio de 2008, siendo firmado por Remberto Vaca Gayte, Gary Henry Soraide Morales, Oscar Romero Vargas y Lider Suárez Guzmán; agrega que, tampoco utilizó el referido documento en el proceso interdicto de recuperar la posesión al no ser parte en el mismo; por otra parte, el documento tachado de falso, no es un documento público, sino un documento privado transaccional que fue adjuntado en fotocopia simple sin valor probatorio, sin cumplirse con las exigencias del tipo penal previsto en el art. 198 del CP;  finalmente, no se demostró en el proceso con ninguna prueba que su persona hubiese alterado el documento y el estudio grafológico elaborado por Juan Carlos Pacheco Guzmán en etapa preparatoria no fue introducido al juicio oral, vulnerándose los principios de igualdad y el debido proceso.


La recurrente en estos motivos, cuestiona principalmente el juicio de tipicidad, o lo que es lo mismo la subsunción del hecho a la norma penal sustantiva respecto al delito de Falsedad Material; al respecto, la Sentencia en el caso de autos, expresó que no se probó objetivamente que la imputada sea autora del delito de Falsedad Material, porque no se pudo establecer el origen del documento tachado de falso y que la imputada hubiere elaborado y utilizado dicho documento, tampoco se acreditó que causó el perjuicio a la parte querellante; sin embargo, el Tribunal de alzada refirió que el Tribunal de Sentencia, aplicó de manera errónea el art. 198 del CP, puesto que los requisitos del tipo penal no exigen que se produzca el resultado dañoso, sino más bien y únicamente con la acción del agente se genere la posibilidad del mismo; por otra parte, afirma que no se tomó en cuenta las pruebas de cargo que informan claramente que la imputada Bertina Menacho Vidaurre, es quien falsificó materialmente el documento de transferencia de los lotes de terreno de propiedad del Banco Bisa S.A., ubicados en la zona de Guapilo denominada “Arboleda de Fátima”, transfiriendo los lotes a más de 150 personas, documento que se encuentra inserto en un documento transaccional definitivo que fue presentado en un proceso interdicto de recobrar la posesión seguido por el Banco Bisa S.A.


Ahora bien, el ilícito en análisis se encuentra en el título IV de delitos contra la fe pública, el art. 198 del CP expresa: “El que forjare en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación de libertad de uno (1) a seis (6) años”.   


Del artículo transcrito, se advierte que los elementos constitutivos del tipo penal son el forjar en todo o en parte un documento público falso o alterar uno verdadero y que pueda resultar perjuicio; es decir, la falsedad material recae necesariamente sobre un documento público, que de acuerdo al art. 1287 del CC,  es el extendido con las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública; en el caso en análisis, el presunto documento acusado de falso a decir de la Sentencia es un documento privado de acuerdo transaccional de 14 de julio de 2008, que fue incorporado al juicio como prueba Nº 26, consistente en un informe pericial en fotocopia simple; en cambio, para el Tribunal de alzada, el documento falsificado materialmente es un documento público de transferencia de lotes de terreno de propiedad del Banco Bisa S.A., lo que implica que el Tribunal de alzada no realizó una correcta aplicación de la ley sustantiva, confundiendo inclusive en el análisis del documento incriminado de falso, sin observar los elementos objetivos y subjetivos del delito en examen, puesto que conforme el principio de  intangibilidad de la prueba, el Tribunal de Sentencia concluyó que en el documento privado transaccional, no participó la imputada, menos se acreditó con prueba pericial u otro medio probatorio que ella hubiese sido la autora de la falsedad; en definitiva, el Tribunal de apelación al revocar la Sentencia absolutoria, no advirtió que la sentencia realizó una correcta labor de subsunción fundamentando que no se demostró objetivamente, que la conducta de la imputada no se adecuó al delito de Falsedad Material, al no cumplir con el marco descriptivo de la ley penal; es más, no se demostró el origen del documento tachado de falso y que la imputada hubiere elaborado y utilizado dicho documento, pese a que la carga de la prueba conforme el art. 6 del CPP, corresponde a la parte acusadora, lo que denota que se vulneró el debido proceso y el principio de legalidad.


En cuanto al juicio de tipicidad, que no fue observado por el Auto de Vista impugnado, este Tribunal en el Auto Supremo 206 de 9 de agosto 2012, expresó el siguiente entendimiento: “El debido proceso, garantía, derecho y principio, reconocido así por la Constitución Política del Estado, halla su máxima expresión en el ejercicio pleno de las partes procesales de sus derechos y garantías previstas en la normativa suprema, convenios y tratados internacionales y la Ley; ejercicio que debe ser garantizado por el Estado en todas las etapas del proceso penal hasta su conclusión, cuidando que se desarrollen en el marco del respeto a los derechos fundamentales de la persona, sea aquella el acusador particular o público, y el acusado; mandato del que proviene el derecho a la seguridad jurídica, que obliga al órgano jurisdiccional a brindar a las partes la seguridad de que las decisiones asumidas, se enmarquen en los preceptos establecidos en la Ley.


El principio de tipicidad, que debe ser observado a momento de emitir la Sentencia, en resguardo al derecho a la seguridad jurídica y por ende al debido proceso, en materia penal, establece la obligación impuesta a los Jueces, Tribunales de Sentencia y excepcionalmente los Tribunales de Apelación, de aplicar debidamente la ley penal sustantiva encuadrando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en violación de garantías constitucionales, subsunción que debe encontrarse debidamente motivada, explicando las razones por las que la conducta de uno o más imputados, se adecua al tipo penal por el que se le sanciona; la calificación errónea del marco descriptivo de la ley penal deviene en defecto absoluto insubsanable, más aun si se condena por hechos no cometidos y de caracteres y participación diferente a la acusada y probada .


Siendo el sujeto activo uno de los elementos constitutivos del tipo penal, el delito de homicidio, exige que éste sea debidamente identificado o individualizado, y no como sucedió en el caso de autos, donde el Tribunal de Alzada subsumió la conducta de los imputados al tipo penal de homicidio, cuyo accionar no fue debidamente fundamentando por ese Tribunal, púes al señalar que éstos hubieran sido identificados en Sentencia como autores del tipo penal de homicidio en riña o a consecuencia de agresión, no es suficiente argumento legal para modificar el tipo penal a homicidio, que exige que el autor se encuentre debidamente identificado, sin cumplir con la obligación de establecer de manera precisa que uno u otro, o ambos de manera conjunta, fueran responsables de ocasionar la única herida que provocó el deceso de la víctima; pues los delitos para ser considerados como tales, deben reunir todas las condiciones exigidas para cada tipo en el Código Penal y ser probado en juicio oral, público, contradictorio y continuo, y en la fase de subsunción legal, se debe tener el cuidado de describir el accionar desplegado por cada uno de los imputados y que ese accionar sea el que se enmarque en la descripción del tipo penal adecuado, lo contrario vulnera el debido proceso, el principio de legalidad, el derecho a la seguridad jurídica y el principio de tipicidad y el derecho a las resoluciones debidamente fundamentadas…”.


Por todo lo expuesto, se concluye que los reclamos efectuados por la recurrente son evidentes y tienen mérito, correspondiendo a esta Sala dejar sin efecto la Resolución impugnada, con las consecuencias previstas en el art. 419 del CPP.


POR TANTO


La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de 31 de enero de 2011, cursante de fs. 811 a 823 vta. y determina que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420 del CPP, remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.


Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Firmado


Magistrada Relatora Dra. Maritza Suntura Juaniquina

Magistrada Dra. Norka N. Mercado Guzmán

Secretario de Sala Cristhian G. Miranda Dávalos

SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA